La agenda política y la agenda ciudadana.

No hay día que pase sin que conozcamos alguna noticia sobre la carrera independentista organizada por parte de la clase política catalana. Se van sucediendo las diferentes reacciones de los partidos y sus líderes en torno al anuncio del referéndum independentista organizado por CiU, ERC y sus socios de la versión catalana de Izquierda Unida y la CUP. Es cuando menos curioso observar como buena parte de la izquierda ha renunciado a su carácter internacionalista de tiempos pasado para anclarse en posiciones localistas de rancio abolengo. Izquierda Unida, sin ir más lejos, apoya la celebración de esa consulta independentista lo que significa que para esa formación la soberanía popular, la del conjunto de los españoles, es fraccionable a demanda. Es decir, que la soberanía popular, tal y como se recoge en nuestra Constitución, puede ser obviada, ignorada y transferida a sólo una parte del cuerpo electoral para que decida sobre el conjunto. Lo que nadie nos aclara, ni Izquierda Unida ni sus compañeros catalanes de aventura independentista es cual es límite hacia abajo en el que se puede ir fraccionando la soberanía popular. Si la soberanía popular puede, según ellos, ser amputada y ejercida sólo por una parte del cuerpo electoral, el catalán en este caso, ¿por qué no puede ser fraccionada aún más? ¿Por qué, por ejemplo, los ciudadanos de Badalona o del Valle de Arán no podrían a su vez ejercer el mismo derecho a decidir si quieren o no estar integrados en una hipotética Cataluña independiente? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para justificar el fraccionamiento de la soberanía popular? Una verdadera incógnita.

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, da por sentado que esa consulta independentista no se va a celebrar y se ampara en el respeto a la legalidad constitucional como garantía para ello. Por su parte, los socialistas del PSOE están tratando de reconstruir sus relaciones con los socialistas catalanes tras las evidentes discrepancias en este asunto reflejadas en la ruptura de su unidad parlamentaria. Hoy mismo, en la sesión celebrada en el Congreso de los Diputados el jefe de la oposición, Pérez Rubalcaba ha puesto de manifiesto su coincidencia con Rajoy a la hora de rechazar la celebración de un referéndum y de oponerse a una hipotética independencia de Cataluña. Y punto, porque a partir de esa coincidencia Pérez Rubalcaba ha aprovechado su turno para reiterar una vez más el discurso que en los últimos meses ha venido desplegando su partido, es decir, pedir el cambio de la Constitución y asegura, según él, al menos otros 35 años de convivencia entre todos los españoles en el marco de una España federal. Los socialistas, frente al desafío de los independentistas, son partidarios de reformar la Constitución de 1978 y dotar con ello a nuestro Estado de una estructura federal.

Es evidente que, tras 35 años de funcionamiento, nuestra Constitución necesita una revisión, pero es probable que dicha revisión no deba ir precisamente en la dirección que los socialistas señalan. La reforma constitucional no puede plantearse, porque es sencillamente falso, como una respuesta destinada a contentar a nacionalistas e independentistas, que tanto monta… Nacionalistas e independentistas sólo pueden justificar la razón de su existencia sobre la base de la confrontación permanente, de la reivindicación y del agravio comparativo. El desarrollo constitucional operado en las últimas décadas y plasmado en el modelo autonómico ha demostrado que a mayores cotas de descentralización estatal y autogobierno autonómico más independentismo. Cada cesión a los nacionalistas e independentistas lejos de atenuar sus reclamaciones ha servido para que suban un peldaño más en su escalada hacia la ruptura de España. Las llamadas al diálogo y al consenso de los nacionalistas e independentistas sólo sirven si con ellas “sacan tajada”, para ellos dialogar significa que el estado debe ceder a sus pretensiones, nunca a la inversa. Parece, por tanto, más que evidente que la solución de los socialistas, la reforma constitucional, al desafío de los separatistas peca de candidez y de aceptarse sería sumamente peligrosa para la unidad de España y para el modelo de Estado. Nadie puede creer sinceramente que la configuración de un modelo federal contentaría a los separatistas porque, por definición supondría la desaparición de los llamados “hechos diferenciales”. Y si lo que proponen es un desarrollo de eso que algunos denominaban el “federalismo asimétrico” no es necesario, porque eso es, en el fondo, la esencia de un estado autonómico, con competencias regionales diferentes en cada territorio.

Una gran parte de los ciudadanos vemos como un problema la actual articulación del Estado autonómico. Tiene graves defectos de funcionamiento que impiden fundamentalmente una auténtica igualdad de derechos y obligaciones entre todos los españoles y, además, comporta un grave lastre económico especialmente llamativo en tiempos de crisis como la presente. Una reforma constitucional debería quizás abordar la racionalización del estado, la redistribución y la delimitación precisa de las competencias cerrando, de una vez, el permanente proceso de incertidumbre.

Y siendo todo lo anterior tremendamente importante, da a veces la sensación de que la clase política está en juego bastante alejado de lo que hoy por hoy preocupa a la inmensa mayoría de los españoles. En medio de una recesión como la presente, con un paro atroz, con un crecimiento desorbitado de la pobreza y de las desigualdades sociales, con una caída del nivel de vida de los españoles y con un recorte permanente de nuestro Estado de Bienestar da la impresión de que la agenda de nuestra clase política está en otra cosa. La incapacidad de muchos políticos para resolver los problemas básicos de los ciudadanos queda difuminada tras iniciativas extemporáneas y sentimentalistas que terminan arrastrando al resto mientras los ciudadanos seguimos pagando las consecuencias de su fiesta. ¿No será mejor ocuparse ahora de resolver los graves problemas que asfixian a los ciudadanos? Yo creo que sí.

Santiago de Munck Loyola

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Por un nacionalismo español sin complejos.

Ha pasado una semana desde su celebración y aún no se han desvanecido los ecos de la Diada de Cataluña. Lo primero que destaca es el alcance de la manipulación histórica de los independentistas que se plasma en la incongruencia que supone que un patriota español como Casanova se haya convertido en símbolo central de las celebraciones de la Diada. Tras las valoraciones iniciales de unos y otros, no hay día que pase sin que se abra una nueva polémica en torno a esta celebración. Ayer, era Luis del Val el que levantaba su voz y su indignación, compartida por cualquier persona con sentido común, contra la manipulación de los niños en la Diada y su uso partidista en los medios informativos dependientes de la Generalidad catalana. Comparaba esta manipulación infantil con la que todos los partidos y regímenes totalitarios hacen desde siempre con los niños y jóvenes. La primera respuesta venía desde CiU alegando en su defensa que se trata de “pedagogía”, nada menos. La segunda respuesta y, por supuesto amenaza, vino del portavoz del gobierno catalán diciendo que no van a tolerar, como si en su boca tuviera algún significado la palabra tolerancia, que se realizasen semejantes comparaciones sobre la manipulación infantil, algo perfectamente legítimo para los independentistas.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que estamos viviendo una situación política tremendamente complicada y el panorama no es nada alentador. Buena parte de los políticos de una importante región española quieren la independencia de la misma, quieren romper España y llevan décadas poniendo todos los medios humanos y económicos necesarios y todo su empeño para conseguirlo. Lo que hoy vivimos no es un nuevo e improvisado problema, es el resultado de un largo proceso en el que políticos nacionales y regionales, los agentes sociales, los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad tiene su cuota de responsabilidad. Los partidos nacionales no han tenido inconveniente alguno en realizar cesiones con el fin de asegurarse mayorías parlamentarias y han sido incapaces de pactar un modelo de estado estable o de reformar una Ley electoral que sobre representa a los independentistas mientras penaliza a otras fuerzas minoritarias de proyección nacional. Buena parte de la antaño izquierda solidaria y con vocación internacionalista se ha reconvertido en independentista renunciando a sus propias señas de identidad sociales. La sociedad española en su conjunto ha permanecido pasiva mientras durante años los independentistas han ido tejiendo una red clientelar y difundiendo una versión falseada y victimista de la historia española. Hace tiempo que los sindicatos debieron decidir que ésa no era su “guerra” obviando la progresiva desigualdad de derechos entre los ciudadanos españoles en función del territorio y los evidentes peligros para el sostenimiento del estado de bienestar, incluida la caja común de las pensiones o de las prestaciones sociales.

Cataluña es hoy la comunidad autónoma más endeudada en términos absolutos y como tal carece de viabilidad económica sin las ayuda del Estado. Sus dirigentes no son capaces ni tan siquiera de aprobar el presupuesto anual y todo ello pese a haber sido los pioneros en los recortes sociales. No tienen dinero para luchar contra la desnutrición infantil, pero sí para seguir alimentando numerosos canales de televisión, pseudo embajadas o cualquier organización independentista. El actual gobierno catalán heredó una administración arruinada por el tripartito uno de cuyos socios lo es hoy del nuevo gobierno a nivel parlamentario. La presión independentista de los políticos catalanes ha aumentado paralelamente a la evidencia de su incapacidad de poner orden en las cuentas y de gestionar racionalmente las instituciones. Y del mismo modo, el ruido independentista catalán ha aumentado, coincidencia o no, en perfecta sincronía con la disminución del ruido de los asesinos de la ETA. En su agenda política la independencia está muy por delante de la satisfacción de las necesidades y de la solución de los enormes problemas de sus ciudadanos, lo que ofrece una clara idea de la ética que mueve a muchos políticos.

Los mal llamados nacionalistas, pues siempre han sido independentistas y así habría que denominarlos, han ido apretando las tuercas a los partidos nacionales, dando pasos, poco a poco, siempre encaminados hacia un mismo fin. Cada pequeña cesión del estado ha supuesto contribuir con un ladrillo más al levantamiento del muro independentista. La cesión de determinadas competencias a las comunidades autónomas supuso un tremendo error sobre todo cuando con ello se quebraba el sagrado principio de igualdad entre todos los españoles o cuando se dejaba en manos de los independentistas el cultivo de nuevas generaciones educadas en falsos mitos históricos y en el odio a España. Los nacionalistas – independentistas nunca han sido leales con el estado democrático. La reivindicación de las peculiaridades propias, el victimismo permanente o el simple chantaje parlamentario han servido para separar y construir el camino de la independencia. Desde la admisión de aquel engendro gramatical de “regiones y nacionalidades” hasta la aprobación del último Estatuto catalán que no fue respaldado ni por la mitad de los electores de la Comunidad, ninguna cesión ha servido para aplacar la sed de los independentistas. Por cierto que hay que recordar que cuando entró en vigor este último Estatuto, los socialistas se apresuraron a acusar a los populares de fallidos adivinos proclamando que ya había Estatuto y que no se había roto España. Ya, pues si no está rota está a punto. También la aprobación de ese Estatuto evidenció que las prioridades de la clase política catalana no son exactamente las mismas que las prioridades de los ciudadanos que no lo respaldaron mayoritariamente.

El derecho a decidir y, por tanto, a celebrar un referéndum ilegal para proclamar la independencia de Cataluña es el eje del debate diario. Los independentistas no tienen ningún reparo en asumir la involución ideológica que supone sustituir el concepto de soberanía popular por el de soberanía nacional. Ya la Constitución Española supuso una sustitución de las reivindicaciones de descentralización administrativa por la descentralización política y las competencias legislativas de los parlamentos autonómicos han supuesto en la práctica una fragmentación escalonada de la soberanía del pueblo español. Las instituciones catalanas cuya legitimidad se asienta en la Constitución Española y que son parte inherente del Estado español están siendo utilizadas para quebrar la soberanía que les otorgó y otorga su legitimidad. El problema que se plantea en el fondo es decidir quién tiene derecho a decidir y dónde se establece ese límite. ¿Son los españoles en su conjunto como determina la Constitución? ¿Son los catalanes? ¿Podrían los habitantes de cualquier Provincia o Municipio ejercer ese derecho a decidir? ¿Por qué los independentistas catalanes niegan a los habitantes del Valle de Arán el ejercicio del derecho a decidir?

Lo peor es que frente al desafío de los secesionistas el gobierno ofrece diálogo y negociación, pero no señala ni avisa sobre lo que no se puede negociar. Incluso algún Ministro ha manifestado que habría que buscar un nuevo estatus par Cataluña, algo que desde hace tiempo vienen repitiendo los socialistas quienes no saben en qué consistiría. Todos parecen ignorar que modificar una vez más las normas en la dirección deseada por los independentistas no va a aplacar sus ansias. Proponer machaconamente que la solución se encuentra en una estructura federal del estado es una falacia más. Los independentistas tampoco quieren una España federal que supondría la misma estructura organizativa para todas las regiones. Una España federal acabaría con la cursilada del hecho diferencial como justificación de sus pretensiones. Y para qué hablar del federalismo asimétrico que viene a ser como el círculo cuadrado.

Todo parece indicar que se avecinan tiempos mucho más revueltos y que nuestra clase política no está a la altura por su mediocridad y por la ausencia de un verdadero sentido de estado. Lo que los políticos no quieren o no saben hacer puede ser suplido, aunque sea mínimamente, por la actitud y los gestos diarios de los que nos sentimos españoles. Tan legítimo es ser nacionalista catalán como nacionalista español y tan legítimo es reivindicar dentro de la ley sus postulados como defender sin complejos y con gestos concretos la necesidad de una España unida e íntegra.

Santiago de Munck Loyola

PSOE y PSC, una relación imposible.

La votación en el Congreso, el pasado 26 de febrero, sobre la resolución a favor de la consulta independentista en Cataluña evidenció lo que muchos ya sospechaban desde hace tiempo que el PSOE ha dejado de ser un partido de ámbito nacional, de toda España, y, por tanto, ha dejado de constituir por si mismo una alternativa de gobierno. La ruptura del Grupo Socialista provocada por el alineamiento de los socialistas catalanes en el bando de los independentistas no es una buena noticia para la salud de nuestra democracia, todo lo contrario, se trata de un elemento más de preocupación y de estabilidad institucional que debería ser resuelto de la mejor manera y lo antes posible.

Pese a todos los intentos de edulcorar la posición de los socialistas catalanes manifestando que no están a favor de la independencia de Cataluña, sino sólo a favor de que se realice una consulta popular en Cataluña, y de que son partidarios de una España federal, lo cierto es que sus posiciones y sus actos coinciden milimétricamente con las estrategias rupturistas de los independentistas para quienes cualquier vulneración de la legalidad es válida siempre que se encamine hacia sus propósitos que no son otros que la independencia. Hoy, esta afirmación se ve confirmada por el hecho de que el Presidente de la Generalidad catalana, Artur Mas, ha decidido llevar a votación al Parlamento catalán, y a petición precisamente del Partido Socialista de Cataluña, la misma resolución a favor “del derecho a decidir” (es decir, de violentar la Constitución Española) que fue votada y rechazada por el Congreso de los Diputados la semana pasada y que evidenció la voladura intencionada del grupo socialista. Más claro el agua: los socialistas catalanes coinciden plenamente con las estrategias independentistas de Artur Mas y sus socios.

Es evidente que para los independentistas catalanes resulta indiferente lo que resuelva el Congreso de los Diputados porque, desde su perspectiva, no lo reconocen como depositario de la soberanía del pueblo. Parten de la existencia real, aunque aún no formal, de un sujeto político distinto y propio, de una nación diferente que excluye la existencia de cualquier otro sujeto político concurrente. Niegan por tanto la existencia del pueblo español como sujeto político soberano, tal y como se reconoce en el Artículo 1.2 de la Constitución Española, y consiguientemente de su representación institucional a través de las Cortes Generales, Congreso y Senado. Reclaman para si exactamente lo que niegan a los demás y lo hacen con el sentido propio de los movimientos excluyentes y totalizadores. Hay cierta involución conceptual en torno al alcance  del concepto de soberanía. Mientras las constituciones más modernas han ido sustituyendo el concepto de “soberanía nacional” por el de “soberanía popular o del pueblo”, los independentistas se aferran al concepto de nación y, por tanto, al de “soberanía nacional” estableciendo unos conveniente límites para sus intereses al mismo. El llamado “derecho a decidir” viene a ser un eufemismo para sortear el concepto de soberanía popular, la soberanía del pueblo español, establecido en Constitución de 1978 y del que emanan paradójicamente las actuales instituciones catalanas. Cabe preguntarse ¿quién tiene derecho a decidir? Y, sobre todo, ¿quién está legitimado para señalar quienes sí y quienes no tienen derecho a decidir? ¿Dónde se establece el nivel? ¿Tiene derecho a decidir el pueblo español? ¿El pueblo catalán? O una vez rota la delimitación constitucional ¿tendría derecho a decidir cualquier entidad local o provincial? ¿Tiene derecho una parte del pueblo soberano a excluir a otra parte del mismo en la toma de decisiones?

Parece claro que el acuerdo es prácticamente imposible si de lo que se trata es de romper unilateralmente las reglas de juego y de imponer unas nuevas reglas sin el consenso entre todos los participantes. Y parece aún más claro que los socialistas catalanes han apostado por “el derecho a decidir”, es decir, por la voladura de la soberanía del pueblo español en contra de las tesis y presupuestos ideológicos del PSOE. Por ello, parece difícil que la recomposición de los acuerdos que mantenías unidos a ambos partidos llegue a buen puerto. Son dos posturas irreconciliables por mucho que traten de “vender” otra cosa. Si el PSOE renueva algún tipo de acuerdo de colaboración con el PSC sin que éste renuncie a las tesis independentistas, el primero habrá dejado de ser de forma definitiva un partido de ámbito nacional o estatal como les gusta decir a ellos. Y ése es un lujo que España no se puede permitir.

Santiago de Munck Loyola

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La impunidad de los chorizos.

Aunque lo diga el mismo Rey, eso de que todos somos iguales ante la Ley es una simple mentira, una frase barata políticamente muy correcta pero socialmente poco creíble. La resolución que acabamos de conocer del caso Pallerols, la trama de financiación irregular de Unión Democrática de Cataluña, lo ha puesto de manifiesto con absoluta claridad, añadiendo de paso una palada más de estiércol sobre la deteriorada imagen de la clase política. Aquí hay dos justicias, dos leyes, una para los ciudadanos y otra para la clase dirigente entre la que destaca la clase política. Aquí resulta que se pueden llevar ilegalmente cientos de miles de euros de la caja pública para financiar a un partido y tras veinte años de instrucción judicial no pasa nada, nadie va a ir a la cárcel y nadie dimite en ese partido político. No hay que ir muy lejos para encontrar casos de ciudadanos normales y corrientes que por mucho menos y para cubrir necesidades vitales terminan a la sombra durante una larga temporada.

Durante años, los conmilitones del Sr. Durán Lleida, el veterano e independentista político democristiano catalán que no hace mucho se permitía el lujo de calificar de cloaca a la política española, organizaron toda una trama para recibir dinero público, proveniente de los fondos europeos, a través de una empresa dedicada a la formación que después desviaba buena parte de ese dinero a la caja del partido del Sr. Durán Lleida. Pillados con las manos en la masa han pasado veinte años de proceso judicial, que se dice pronto, y ahora resulta que los acusados hacen un trato con la fiscalía para devolver 380.000 euros al erario público y evitar una condena. 380.000 euros que estos sinvergüenzas van a devolver con una mano mientras con la otra reciben subvenciones públicas pagadas con el dinero de los contribuyentes a los que previamente habían sableado. Nadie va a ir a la cárcel. Muy ejemplar. Ni a Felipe II se la ponían así. Será muy legal, no lo dudo, que la fiscalía llegue a semejante trato, será muy práctico, sobre todo si tras veinte años de investigación no se tenían pruebas suficientes para concluir un proceso judicial con garantías de éxito para la Justicia, pero es, se mire por donde se mire, un infumable pasteleo, un sospechoso trato que en nada beneficia a la Justicia, a la ejemplaridad y a la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Y si indignante es este trato de lujo recibido por estos miembros de la casta política, indignantes son algunas de las reacciones escuchadas en las últimas horas por la sencilla razón de que pocos ponen el dedo sobre la llaga y menos aún los que proponen soluciones para evitar que lo mismo vuelva a repetirse en el futuro. La primera reacción indignante es la del propio jefe de los “presuntos chorizos” que en el año 2000 se comprometió a dimitir si se demostraba que había habido financiación irregular de su partido y que ahora dice que de lo dicho no hay nada. Gracias al tecnicismo legal y al trato por el que se evita una condena los independentistas de Unión entienden que no se ha demostrado que se hayan financiado ilegalmente aunque sí irregularmente y por eso deben devolver el dinero. ¿Alguien lo entiende?

El ex Portavoz del Consejo General del Poder Judicial, en plan contemporizador a ver si se le promociona al Tribunal Constitucional, venía esta mañana a aleccionar a los oyentes de una emisora explicando que este tipo de trato de la fiscalía con los presuntos delincuentes es muy habitual en el entorno anglosajón. ¿Y qué? No estamos en un país anglosajón, sino que nos regimos por un modelo continental que poco tiene que ver con aquél. Podría explicarnos también si en ese entorno se tardan también veinte años en instruir un caso a políticos corruptos ¿no?

Por su lado el Fiscal General ponía “el grito en el cielo” porque a su juicio se ha tardado veinte años en instruir este caso. ¿Y se ha enterado ahora? ¿Por qué no nos cuenta cómo un subordinado suyo ha pactado con los “presuntos chorizos” esta salida política? ¿Quién, en una estructura jerarquizada como la fiscalía, ha dado el visto bueno a su subordinado para pastelear de forma tan repugnante?

Los independentista de ERC, socios parlamentarios de Unión Democrática, han pedido, con boca pequeña, la dimisión de Durán, pero eso sí sin cuestionarse el seguir siendo socios políticos de estos corruptos aunque no depuren las correspondientes responsabilidades políticas.

Y por último, desde el PP, su Secretaria General ha pedido la dimisión del Sr. Durán y ha cuestionado su permanencia como Portavoz de Exteriores del Congreso de los Diputados. Pero uno no tiene más remedio que preguntarse ¿por qué el PP con mayoría absoluta en el Congreso ha colocado al Sr. Durán, un independentista, un político que trabaja por la voladura de España, un señor que califica de cloaca a la política española como representante internacional del Congreso de un país al que quiere romper? Y siendo así ¿a qué espera el PP para destituirlo? Hay cosas que sinceramente no se entienden y que indignan día tras día.

Y lo peor de todo es que ningún responsable político ha salido a palestra para explicar qué medidas se van a tomar para que estos escándalos no se vuelvan a producir o qué reformas legislativas van a impulsar para que un procedimiento judicial que afecta a la corrupción política no vuelva a dilatarse durante veinte años. Nada, ni una palabra. Si tomamos como cierto que todos somos iguales ante la Ley aquí tenemos un claro mensaje: cualquier ciudadanos se puede llevar de las arcas públicas hasta 380.000 euros con la seguridad de que en caso de ser pillado tendrá un juicio que durará veinte años y que no irá a la cárcel si pastelea como es debido con el fiscal de turno. Aunque mucho me temo que va a ser que no, que lo cierto es que todos somos iguales ante la Ley, pero unos más que otros.

Santiago de Munck Loyola

El idioma en la reforma educativa: loable objetivo, errónea solución.

Sinceramente, lo que pasa en España ocurre en pocos países de nuestro entorno. ¿Se imagina alguien que en Francia o en Gran Bretaña los niños no puedan recibir su educación escolar en francés o en inglés? ¿Alguien ha sabido de algún padre alemán que haya tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo alemán para lograr que su hijo pueda recibir la educación escolar en alemán dentro del territorio alemán? A que no. Pues eso es lo que ocurre en nuestro país en medio del silencio de buena parte de los medios de comunicación, de la mayor parte de la clase política y, por supuesto, de los sindicatos. Algo tan normal y tan lleno de sentido común como el que un chaval pueda estudiar en español, en su lengua materna, si así lo desea, es imposible en ciertas partes de España. Algo tan lógico como poder trasladarse de una parte a otra de España y seguir los estudios con normalidad, sin traumas y con continuidad tampoco es posible porque los contenidos o el idioma pueden variar sustancialmente. La movilidad de los españoles dentro del territorio nacional se va restringiendo cada vez más merced al progresivo fraccionamiento de la mayor parte de los elementos que caracterizan a una sociedad cohesionada. Las particularidades territoriales se traducen año tras año en fronteras invisibles, pero reales.

Hoy, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha presentado a los consejeros autonómicos una nueva propuesta de reforma educativa que pretende, entre otras cosas, garantizar a los alumnos que lo deseen poder recibir la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial. Para ello, las autonomías que no garanticen este derecho en los centros públicos o concertados tendrán que pagar la matriculación en centros privados que enseñen en castellano, según consta en el borrador. Ante esta propuesta, la consejera catalana en funciones, Irene Rigau, ha manifestado que el proyecto es "el mayor ataque al catalán desde 1978" y ha añadido que atenta contra el modelo de escuela porque autoriza a los padres a escoger la lengua vehicular.

Dejando a un lado el hecho de que resulte asombroso que el Gobierno de una Nación tenga que legislar para que pueda ser usado el idioma oficial en la educación en determinadas partes de su territorio, lo cierto es que la reacción de la consejera catalana era más que previsible. Es normal que alguien que odia tanto las libertades individuales y que forma parte de un gobierno regional que se pasa las sentencias del Tribunal Supremo por el arco del triunfo, demostrase su respeto institucional y su talante democrático marchándose de mala manera de la reunión que esta tarde mantenían el Ministro y los consejeros de educación autonómicos. Una prueba más de que es necesario reformar la educación, aunque carezca de efectos retroactivos para determinadas personas. Lo cierto es que al día de hoy, no una, sino muchas sentencias del Tribunal Supremo (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/26/barcelona/1340715538.html

http://www.larazon.es/noticia/5106-cuatro-sentencias-obligan-al-govern-a-escolarizar-en-castellano-a-cuatro-ninos

http://www.lavanguardia.com/politica/20120626/54316682030/supremo-anula-vehicularidad-catalan-educacion-infantil.html) han amparado el derecho de los padres a elegir el idioma en el que quieren que sean educados sus hijos y, no sólo eso, sino que, además, han anulado diferentes preceptos de la legislación catalana. ¿Y cual ha sido la respuesta de las autoridades catalanes? Pues decir que no piensan cumplir las sentencias del Supremo (http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/604278/mas-dice-que-mantendra-la-imposicion-del-catalan-caigan-las-sentencias-que-caigan). Así de sencillo. Aquí hay patentes de corsos. A algunos les basta con envolverse en su bandera regional para vulnerar reiteradamente, con premeditación y alevosía, las leyes o las resoluciones judiciales y no pasa nada. Hay ciudadanos de segunda y políticos. Y lo mismo les da que el máximo órgano de la soberanía legisle en un sentido o en otro, si no es a su gusto estos demócratas de postin rompen la baraja.

Siendo más que loable que el Gobierno de España trate de preservar la igualdad de derechos de todos los españoles en todo el territorio nacional en el ámbito de la educación, lo que constituye un desatino es que para conseguirlo, para solucionar el problema generado por los incumplidores de la ley, los delincuentes políticos, haya que poner dinero público con matriculaciones en colegios privados. ¿No sería más sencillo obligar a cumplir la Ley y las sentencias igual que se nos obliga al resto de los ciudadanos? ¿Para qué están los fiscales? ¿Por qué si un cargo público prevarica hay que poner dinero de los contribuyentes? Mucho me temo que los complejos y la cobardía están detrás de esta pintoresca propuesta. La Ley debe ser igual para todos. Dura lex, sed lex. Y si no se está dispuesto a cumplirla, cámbiese la Ley pero no sigan tirando del dinero del contribuyente. Bastaría con que recordasen y aplicasen alguno o todos los siguientes artículos del Código Penal:

Artículo 404.

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Artículo 410.

1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Artículo 511.

1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.

2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.

3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años.

Y los contribuyentes nos ahorraríamos un dineral, sí señor, además de limpiar algo la clase política.

Santiago de Munck Loyola

Cataluña: ir por lana y salir trasquilado.

Si una cosa ha dejado muy clara Artur Mas es su propia incompetencia como político. De una parte, ha demostrado su incompetencia para gobernar su autonomía en una situación económica desastrosa heredada del tripartito hasta el punto de adelantar dos años el fin de su mandato. Y, de otra, ha demostrado largamente su incompetencia como estratega a la vista de los pésimos resultados electorales que ha alcanzado. Trató de encubrir su incapacidad para lidiar con la crisis sacando a pasear el estandarte independentista y convocó elecciones autonómicas solicitando de los votantes una “mayoría excepcional”, es decir absoluta, para poner en marcha su proyecto secesionista y lo hizo en términos plebiscitarios.

Los resultados de esta doble incompetencia, como gestor y estratega, son evidentes:

1º Artur Mas ha conseguido que su partido pierda 12 escaños en el Parlamento catalán, de 62 a 50. Es decir, el logro de este “brillante” estratega ha sido perder un 20 % de representación parlamentaria.

2º Con su envite independentista, Artur Mas ha logrado que la representación parlamentaria de los partidos independentistas se reduzca en dos escaños pasando de 74 escaños a 72.

3º Ha conseguido radicalizar la posición del electorado independentista al propiciar un importante incremento de los radicales de ERC que pasan de 10 a 21 escaños y la aparición de la CUP con tres escaños, lo que contribuirá a dificultar la gobernabilidad y la estabilidad de la región.

4º Artur Mas ha logrado igualmente proyectar una imagen internacional negativa tanto para Cataluña como para el resto de España, transmitiendo una sensación de inestabilidad política sin precedentes lo que, sin ninguna duda, supone una pérdida de confianza de las instituciones internacionales y de los inversores extranjeros.

5º Ha hecho que el debate electoral sobre los graves problemas económicos y sociales que aquejan a Cataluña quede relegado a un segundo plano en beneficio del debate secesionista y en perjuicio del contraste electoral de diferentes opciones para resolver los graves problemas que diariamente afectan a los ciudadanos.

6º Ha dejado a Cataluña sin la aprobación de un Presupuesto para el próximo año cuya elaboración por el nuevo Gobierno que haya de constituirse tras estas elecciones se demorará muchos meses, precisamente cuando es más necesario que nunca comparecer ante las instituciones europeas con unas cuentas públicas rigurosas que avalen la recepción de fondos y ayudas para intentar salir de la crisis.

Éstos son algunos de los resultados obtenidos por la cobarde apuesta soberanista del Sr. Mas. En definitiva, no gobernar, no tomar decisiones solventes para solucionar los graves problemas de los ciudadanos a cambio de una aventura que se ha saldado con un estrepitoso fracaso electoral. Los sueños y los deseos no han podido con la dura realidad de la que intentaba evadirse el Sr. Mas. También ha conseguido poner sobre el tapete el espinoso asunto de la corrupción política, ésa que, de creer a la subvencionada prensa catalanista, no existe en el llamado “paraíso catalán”. Parece incomprensible que distintos informes policiales elaborados hace ya dos años en los que se alude a supuestas cuentas bancarias de dirigentes nacionalistas en paraísos fiscales no hayan salido a la luz hasta ahora. Es cierto que su filtración en estos momento ha respondido seguramente a intereses electorales, pero no lo es menos que resulta cuando menos curioso, sobre todo en un país como el nuestro en el que se filtran continuamente diligencias judiciales declaradas secretas, que hayan permanecido ocultos durante tanto tiempo. ¿A qué se debe este sigilo? ¿A que cuando se investiga a determinados políticos por supuestas irregularidades fiscales existe un mayor celo y sigilo que cuando se trata de ciudadanos normales? ¿No comunica la policía sus sospechas a los inspectores fiscales cuando se trata de políticos? ¿Hacienda no actúa con el mismo celo que con cualquier ciudadano cuando el sospechoso es un político? Se trata en todo caso de un grave asunto que no puede quedar en el anecdotario de una campaña electoral. Hacen falta luz y taquígrafos para que los ciudadanos sepamos la verdad. Tenemos derecho a conocer si se ha tratado de una simple sucia maniobra electoral o si, en realidad, existe una auténtica olla podrida, escondida durante tiempo por cierta prensa y determinados políticos, de la que se nutren partidos y dirigentes catalanes.

Como en todo proceso electoral, siempre hay consuelo para todos. Los socialistas aparentan cierto alivio por no haber perdido tantos escaños como pronosticaban las encuestas. Perder casi un 30 % de su representación parlamentaria y cosechar el peor resultado electoral de su historia es todo un éxito para algunos pensando que podía haber sido mayor la pérdida. Los populares catalanes satisfechos también porque, a pesar del desgaste producido por las duras medidas presupuestarias del Gobierno de la Nación,  han aumentado en un escaño su representación aunque ello signifique que no hayan alcanzado aún el porcentaje que en 1995 alcanzó Alejo Vidal Cuadras, el 13,1 %. Hay un dato curioso: en las generales del 2011, el PP obtuvo el 20,7 % de los votos en Cataluña (Ciudadanos no presentó candidaturas). Ahora, el PP ha obtenido el 12,99 % y Ciudadanos el 7,6 % de los votos. La suma de ambos porcentajes es casi idéntica al obtenido por el PP en solitario en las generales. En medio de tanta autocomplacencia popular no estaría de más que alguna cabeza pensante analizase este dato y realizase algún tipo de autocrítica para corregir o modular internamente determinados criterios porque hay un hecho evidente: más de un tercio del electorado popular en Cataluña no vota al PP en las autonómicas y prefiere hacerlo a un partido que no tiene complejo alguno respecto a su españolidad y a la crítica al actual sistema autonómico.

Ahora se abre un período mucho más difícil y posiblemente convulso que el terminado el pasado domingo. Ahora podremos comprobar cuales son las nuevas prioridades de la clase política catalana, si dan prioridad a la resolución de los graves problemas sociales y económicos de los ciudadanos o, por el contrario, la prioridad es otorgada a las metas secesionistas e identitarias. Es decir, si los políticos están con la gente o con su justificación existencial.

Santiago de Munck Loyola

El PSOE tiene un problema y los demás también.

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, el que no recordaba en campaña las tres razones por las que se debía votar al PSOE, afirmó hace un par de días que su partido "no está de acuerdo con el derecho a decidir", concepto incluido el jueves en una resolución impulsada por el PSC en el Parlamento catalán y que no prosperó. La que sí prosperó fue la resolución independentista de CiU con la abstención de los socialistas catalanes. 

Según el Sr. López "la posición de los socialistas de Cataluña es una posición que defiende la legalidad, la Constitución y que en España decidimos todos juntos". Debe ser por eso que los socialistas se han abstenido ante la resolución independentista del Sr. Mas. Auténticos malabares y toda clase de filigranas políticas están haciendo estos días los socialistas para tratar de explicar a los ciudadanos la posición de sus correligionarios en Cataluña.

Por su parte, el ex Presidente socialista extremeño se ha descolgado con una pintoresca propuesta: ha exigido a Cataluña que si se independiza devuelva a las 150.000 personas que "fueron sustraídas" de la comunidad, "más sus hijos y sus nietos". "El 'president' nos tendría que devolver antes lo que se llevó hace 30 o 40 años. No me refiero a las riquezas materiales, sino a seres humanos", ha escrito en su blog. Y se ha quedado tan ancho confirmando con ello lo que muchos sospechábamos  que cualquiera puede llegar a presidir una Comunidad Autónoma.

Más al sur, el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, aseguró que “no entendía la posición del PSC en relación con la abstención sobre la convocatoria del referéndum aprobado por el Parlamento catalán”. Según él, “lo ocurrido en el Parlamento de Cataluña es una huida muy peligrosa y un mensaje que no es de recibo en el momento que estamos viviendo y en el que está atravesando nuestro país”. El número dos del PSOE andaluz reclamó además una posición de los socialistas catalanes “más clara y más contundente en defensa de Cataluña, de España y de la Constitución” o sea, pedir peras al olmo. Esta petición responde, a todas luces, a la falacia permanentemente instalada en seno del PSOE de que sus colegas catalanes comparten criterios constitucionales. Sólo se engaña a si mismo quien desea permanecer en la ignorancia: el Estatuto catalán fue una muestra inequívoca de que los socialistas catalanes, con la bendición de Zapatero, no compartían los principios de cohesión territorial que tanto ha proclamado el PSOE. 

Y como para tapar estas vergüenzas propias no hay nada mejor que intentar señalar las ajenas, aunque para ello haya que inventárselas, el Sr. Rubalcaba, patriota donde los haya, y dispuesto a cerrar filas con el Gobierno de España ante un desafío independentista como éste se ha apresurado a equiparar la defensa de la Constitución que hace Rajoy con el desafío independentista de Mas. Para Rubalcaba, Mas es un irresponsable por promover la confrontación y Rajoy es otro irresponsable por defender la Constitución. ¡Toma ya!

Hay que recordar de paso que gracias a Rubalcaba y a Zapatero el Gobierno de España dispone de un instrumento menos para poner en su sitio a Mas. Fue el PSOE el que en 2005  anuló la ley que tipificaba como delito la convocatoria ilegal de referendos, aprobada por Aznar para parar los pies a Ibarretxe.

Hoy el PSOE tiene un problema y, además, grave. Ha dejado de ser un partido de ámbito nacional y sus principios no están representados en Cataluña. Los socialistas catalanes son un partido diferente al PSOE y como tal decidirá su propio rumbo. Pero si el PSOE se queda cojo en Cataluña es España la que tiene un problema añadido.

El desafío independentista constituye un gravísimo problema para todos los españoles y su solución no puede ser responsabilidad exclusiva del Gobierno, sino de todos los partidos, de todas las entidades y de todos los ciudadanos que creen en la Constitución y en la igualdad entre todos los ciudadanos. Y toda nuestra clase política ha sido y es la responsable de la actual situación: por haber diseñado un inadecuado modelo territorial en la Constitución y no haber tenido la valentía política para perfeccionarlo, por haber cedido siempre a las pretensiones de los independentistas, camuflados de nacionalistas a secas, por mantener un sistema electoral que prima a los independentistas, por haber cedido la educación para que fueran cultivando durante décadas sentimientos antiespañoles sustentados en manipulaciones de la historia, por ceder tributos a cambio de votos o por hablar catalán en la intimidad para lo mismo, por vender toda una herencia histórica a cambio de míseras y coyunturales cuotas de poder. El PSOE tiene un problema y el PP y Cataluña y España. Un enorme problema para el que nuestra clase política no parece estar preparada.

Santiago de Munck Loyola

¿Quién le pondrá el cascabel al estado de las Autonomías?

Buena la ha liado el Presidente de la Generalidad catalana, el Sr. Mas, con su apuesta independentista, que no “soberanista” (no existe en el Diccionario de la RAE) por mucho que con esa denominación la intenten dulcificar periodistas y políticos ignorantes. No es la primera ni la segunda vez que un dirigente catalán apuesta por un Estado catalán. Ya lo hizo el 14 de abril de 1931 Francesc Macià quien se dirigió a la multitud proclamando en nombre del pueblo de Cataluña, "L'Estat Català, que amb tota la cordialitat procurarem intergrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques”. Ya lo hizo de nuevo el 6 de octubre de 1934 Lluís Companys quien proclamó el "l'Estat Català de la República Federal Espanyola", proclamación que se saldó con 46 muertos y 3.000 encarcelados.

Es la vieja estrategia de siempre: ante la incapacidad propia para solucionar los problemas se inventa un enemigo exterior al que culpar de todos los males. El Sr. Mas y sus conmilitones, incapaces de adoptar las medidas necesarias para resolver el grave problema económico y social derivado del inmenso agujero heredado del tripartito, han encontrado al culpable: el resto de los españoles que les expoliamos fiscalmente y los hundimos en la miseria. No es nuevo. Llevan años hablando de una supuesta balanza fiscal siempre desfavorable para Cataluña, llevan años calentando el ambiente, fomentando un sentimiento antiespañol que les servía para exigir cada vez más financiación. Poco importa que reputados economistas demuestren la falacia de esa supuesta balanza fiscal desfavorable para los catalanes: una mentira mil veces repetida termina por convertirse en una verdad para quien no quiere analizar otras perspectivas. Argumentan que como contribuyen a la caja común con más dinero que el resto de los españoles tienen, no sólo derecho a recibir más, sino a separarse para gestionarlo ellos solos. Declaraba hoy en un diario nacional el ex Presidente de las Cortes, Sr. Bono, que cuando pagar más impuestos implica exigir más nos encontramos ante una metástasis en el estado. De aceptarse esta tesis independentista y trasladándola del ámbito de los territorios al de las clases sociales, habría que deducir que quienes más impuestos pagan, más deben recibir del estado. Y éso es algo que choca frontalmente con la solidaridad y la redistribución de la riqueza, características esenciales de todo estado social y democrático de derecho.

Y en este contexto ¿dónde está el límite? ¿Quién decide cual es el ámbito de decisión? ¿Quién es el pueblo soberano? ¿El pueblo español? ¿El pueblo catalán? ¿El pueblo barcelonés? Nos dicen que tras una manifestación de un millón de personas pidiendo la independencia es el pueblo catalán el que ha hablado. ¿Y los seis millones de catalanes que no se han manifestado? ¿No cuentan?

Hoy, no son pocos los ciudadanos y los analistas políticos y económicos que coinciden en que nuestro estado autonómico es en su formulación actual absolutamente inviable. La crisis económica lo ha puesto de manifiesto de una forma desgarradora. Hasta no hace mucho hemos venido cerrando los ojos ante una realidad evidente: el estado autonómico estaba rompiendo la igualdad de derechos y de oportunidades de los ciudadanos. El estado autonómico ha ido levantando poco a poco muchas barreras entre los españoles: en educación, en sanidad, en el mercado, en el derecho de propiedad, etc. Barreras que imperceptiblemente iban dificultando hasta la movilidad de los ciudadanos. Lo que en la transición se nos vendió como un acercamiento de la toma de decisiones hacia los administrados se ha ido convirtiendo en un complejo laberinto legislativo, en un complicado entramado de instituciones más al servicio de la clase política que de los intereses de los ciudadanos. Empezamos a verlo gracias a la crisis y otros, desde fuera, también lo ven. En un reciente artículo, Stefanie Claudia Müller, corresponsal alemana en Madrid y economista, escribía: España … “no puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.”

No parece pues que los problemas sociales y económicos que pesan sobre el conjunto de los ciudadanos puedan resolverse con más autonomía o con la independencia en el caso de Cataluña. No podemos sostener el actual estado autonómico y eso lo ve y lo sabe cualquiera. Es inviable económicamente y terminará por serlo social y políticamente si no se aborda su reforma inmediata. Es evidente que los últimos interesados en reformar la configuración del estado son los miembros de la clase política, los partidos políticos que han encontrado en el actual estado autonómico un inmenso coto en el que instalar y extender sus inmensas maquinarias burocráticas y en el que realizar su insaciable afán ocupador. Nos proponen ahora fórmulas federales cuando es evidente que a los nacionalistas no les interesan porque supondrían una igualdad entre territorios inasumible para ellos. Nos hablan de los derechos de los territorios y olvidan los derechos de las personas. Nos levantan barreras territoriales cada vez más costosas mientras que Europa transita por el camino contrario. Y mientras, los ciudadanos seguimos pagando los delirios de grandeza de tanto iluminado y de tanto cobarde.

Santiago de Munck Loyola