Hace
pocos días, Alfonso Rus, Presidente Provincial del PP de valencia, a propósito
de la sesión de control en Las Cortes Valenciana que se convirtió casi en un
monográfico sobre el diputado Rafael Blasco, defendió, por un lado, la presunción de
inocencia del parlamentario imputado en el “caso
Cooperación” y, por otro, dejó caer que no era libre en el PP para decir lo
que piensa al respecto. Así, manifestó que discrepa de los planteamientos del Presidente
Regional con su doctrina sobre los imputados y dejo que “Creo en la presunción de inocencia y hasta que el juez no diga lo
contrario creo que las personas son inocentes”.
Por
su parte, hoy lunes, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha
señalado que es "fundamental" una
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el consenso de todos los
partidos, para establecer que ninguna persona con "indicios" de haber cometido "delitos pueda estar presente en ninguna institución".
Según Fabra esta reforma debe garantizar que "esa necesaria tranquilidad pueda estar presente en la
sociedad" ya que ha constatado "la
desafección" que produce entre la ciudadanía con respecto a los
políticos los casos de corrupción. Ha insistido en que manteniendo el derecho a
la presunción de inocencia trata de establecer "una línea roja" en que la que "los imputados no tengan responsabilidades" en el partido.
Y ha insistido en que "el tema de
las imputaciones y de los procesados" debe abordarse "a nivel nacional".
Se
mire por donde se mire, lo cierto es que pocas herencias más envenenadas habrá
que la recibida por el Presidente Fabra. De una parte, una administración
autonómica sumamente endeudada a la que la crisis ha cogido con los “deberes”
sin hacer o mal hechos. De otra, un partido fracturado por viejas rencillas
personalistas, aún hoy soterradas, y un pavoroso panorama de escándalos de
corrupción repartidos entre distintas administraciones y empresas públicas que
culminan en un grupo parlamentario con nueve miembros imputados y algunos incluso
procesados. Es cierto que el Presidente Fabra está intentando abordar de forma
directa ambos frentes, el de la administración regional y el del partido, pero
no es menos cierto que estos esfuerzos no están encontrando el suficiente eco y
el reconocimiento público por parte de la mayoría de los electores, tal y como
señalan las encuestas.
No
es un tema fácil de abordar el de los políticos imputados o procesados en casos
de corrupción. Simplificar en exceso las soluciones supondría con seguridad un
error y una injusticia. Ambos líderes, Rus y Fabra, abordan el problema principalmente
desde una perspectiva jurídica. De una parte. Es indudable, de acuerdo con
nuestro estado de derecho, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre
lo contrario y, en sentido estricto, no le falta razón al Presidente Rus cuando
afirma que hasta que no exista una sentencia firme es preciso sostener la
presunción de inocencia. Pero, la aplicación de este principio equivaldría a
sostener que hasta que no se agote el último recurso procesal no se podría
exigir la renuncia, no ya de un imputado o procesado, sino de un condenado en
primera instancia. Cabría objetar que incluso el delincuente sorprendido in
fraganti es inocente hasta que no haya sentencia firme, aunque se le haya
encontrado junto al cadáver y con el cuchillo en la mano.
De
otra parte, el Presidente Fabra aboga por una reforma de la ley de
enjuiciamiento criminal, consensuada entre todos los partidos, para delimitar
el momento en que el imputado o procesado en un caso de corrupción debería
abandonar sus responsabilidades institucionales. Nuevamente, se trata de una
consideración de índole jurídica cuya resolución no se vislumbra, hoy por hoy,
muy cercana y, menos aún, con un amplio respaldo parlamentario.
Sin
embargo, no se trata de ofrecer hoy una respuesta jurídica porque lo que hay
delante es un problema esencialmente político, no jurídico. La desafección que
los ciudadanos muestran ante la clase política a causa de los casos de
corrupción es un problema de carácter esencialmente político, no jurídico, y
por ello requiere, en primer lugar, respuestas políticas. Y respuesta política
es la que el Presidente Fabra ha venido sosteniendo, aunque de forma
insuficiente, a este problema político al plantear el trazado de una “línea
roja” en virtud de la cual un imputado no puede ostentar responsabilidades
orgánicas dentro del Partido Popular. Sin embargo, esta respuesta política, que
en si misma ya es positiva, parece insuficiente a la hora de “visualizar” ante
los ciudadanos la persecución de conductas reprochables. No hace falta ninguna
reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal para reforzar esa línea roja y
ganar credibilidad. Se puede hacer excluyendo del los Grupos Populares
municipales o de las Cortes a aquellos cargos públicos que estén imputados o
procesados. No es fácil, pero hoy en día parece los más ejemplarizante que con
las normas existentes en la mano se puede hacer. Si alguien por su situación
procesal no es digno de ocupar un cargo orgánico del PP tampoco debería
permanecer en un Grupo Municipal del PP. Eso sería lo coherente. Y hay que
destacar que se hace un flaco favor a la política del Presidente Fabra hechos
como condicionar la democracia interna del propio partido, es decir, los
derechos de miles de militantes, a la situación judicial de personas concretas
como ocurre en la ciudad de Alicante. Eso es dinamitar las líneas rojas.
Santiago
de Munck Loyola