EL PAR ¿POR QUÈ?

Hace pocos días que se ha celebrado la fiesta de la Comunidad Valenciana y, lamentablemente, nadie habla de lo que representa la Generalidad Valenciana en términos de balance político y social desde que rige buena parte de los recursos de los habitantes de las tres provincias que la componen. Y es especialmente significativo el hecho de que desde precisamente Alicante permanezca pasiva ante lo que constituye un fracaso absoluto de la Generalidad Valenciana en su principal objetivo: gobernar para todos por igual para lograr la igualdad entre todos los habitantes de su territorio, para hacer converger la renta de sus habitantes, para, en definitiva, lograr un alto nivel de bienestar de sus ciudadanos independientemente de Provincia a la que pertenezcan. Al contrario, las políticas desarrolladas por la Generalidad Valenciana han abierto brechas cada vez más grandes entre el nivel de renta de sus habitantes en función de la provincia a la que pertenezcan. No es una opinión, es un hecho.

Y, por ello, el Partido Alicantino Regionalista, el PAR, es hoy un partido más necesario que nunca, porque no es posible seguir callando y asumiendo como algo natural que Alicante sea la Cenicienta de la Comunidad Valenciana.

https://youtu.be/A37SMBELV_8?si=uCsPv35ZR6GBgNKH

El PAR, el Partido Alicantino Regionalista, no es un partido político más en medio de este ambiente tan crispado y polarizado en el que nos tienen metidos los de siempre. El PAR es el único partido creado para defender los intereses de nuestra Provincia, los intereses y el progreso de los alicantinos. Es el único partido que no depende de lo que otros decidan en Madrid, en Valencia o en Barcelona. Queremos que Alicante recupere el puesto que le corresponde por historia, por población y por economía y salvaguardar la identidad de nuestra Provincia. Y sí, hay datos y números que avalan nuestras pretensiones y que justifican plenamente nuestra existencia. Véanlos y juzguen ustedes mismos.

Alicante es la provincia más pequeña de la Comunidad Valenciana, ocupa el  25,01 % de su territorio. No obstante, es la cuarta provincia más poblada de España, con casi 2 millones de habitantes, es la quinta en densidad de población y la más densamente poblada de la Comunidad Valenciana.

De los casi 2 millones de habitantes,452 630 son extranjeros, un 23 % de la población, siendo la provincia de España con mayor porcentaje de extranjeros y la tercera en total de extranjeros.

Un 13 % de la población alicantina es europea occidental y un 10% (casi 200.000 personas) procede  mayoritariamente de Iberoamérica, Europa del Este y norte de África.

Alicante ocupa el puesto 8º del ranking provincial español por PIB total (hace poco ocupaba el 5 puesto), aportando alrededor del 2,3 % del PIB nacional, 37.688.297 miles de euros.

La inversión del Estado en Alicante es un 0.7% de la inversión total en obra pública. En 2023, la inversión por habitante en Alicante fue de 84,5 euros, la más baja de todas las provincias de España. Alicante tan solo recibe del Estado la mitad de lo que le correspondería en relación con los impuestos que recauda el Estado en nuestra Provincia.

Desde el año 2000 la renta media de los alicantinos ha ido descendiendo, ocupando nuestra provincia ahora el puesto 44 en el ranking nacional. Hoy la renta media anual de un alicantino es de 21.622 €, mientras que la renta media española es de 28.748 €  y la de un valenciano 28.800 €.

La renta de un Valenciano en 1990 era de unos 5.400 € anuales. Ahora es de 28.800 €. La renta de un alicantino era en ese año de 5.100 €. Ahora es de 21.622 €.

Esto significa que desde que la Generalidad Valenciana “funciona” la brecha entre la renta media de un alicantino y un valenciano no solo no ha disminuido, sino que se ha agrandado enormemente. En 1990 la renta media de un valenciano era un 6% superior a la de un alicantino, ahora es un 33 % superior. La Generalidad Valenciana es un fracaso como administración pública pues en lugar de promover la convergencia de la renta de los habitantes de sus territorios, ha agrandado sus diferencias. Son datos irrebatibles.

Y hay aún más datos que no conviene olvidar: En España hay 6,33 médicos por cada 1000 habitantes, en la Comunidad Valenciana 5,9 y en Alicante, 4,95. ¿Casualidad? La pensión media de jubilación en España se sitúa en aproximadamente 1.508,7 euros y la pensión media de jubilación en Alicante es de 1.289,13 €, un 17% inferior a la media nacional. Tampoco salimos bien parados en cuanto al empleo: La tasa de desempleo en la provincia de Valencia para la población de 16 a 64 años se situó en el 12,1% al finalizar 2021, en Alicante se sitúa en el 13,31%.

La lista desfavorable para la provincia de Alicante puede ser muy larga. Estos son solo algunos ejemplos que demuestran que poco hay que celebrar cada 9 de octubre. Todos los políticos de los partidos tradicionales callan y cuando no lo hacen solo rompen su silencio para culpar al de enfrente, aunque todos son cómplices y partícipes de la misma farsa. Alicante no puede ir, año tras año, para atrás, como los cangrejos. Y el PAR lo va a seguir denunciando y combatiendo hasta que esta tendencia suicida acabe.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

EL BASURAZO DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE.

Están llegando con cuentagotas, pero al final llegando que es lo que importa, las notificaciones para el pago de la nueva tasa por la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, la tasa municipal de la basura. Y el palo que el Ayuntamiento de Alicante nos está dando a los vecinos es escandaloso, un atraco injustificado y, además, ilegal.

No, no se trata de una nueva Tasa, sino una reforma perpetrada en 2024 de la Ordenanza existente modificando las tarifas, antes basadas en criterios de zonificación, y ahora basadas  en el valor catastral y la superficie de la vivienda. En 2024, en zonas consideradas de rentas bajas, el recibo mínimo era de 22,72 € anuales. En 2025, con la modificación de la ordenanza fiscal el importe mínimo anual asciende a 69,85 € para las viviendas iguales o menores de 60 m² y valor catastral igual o inferior a los 300 € y el importe máximo anual puede alcanzar los 144,94 € para las viviendas de 90 m² o superiores y un valor catastral igual o superior a 500 €. Estos cambios representan un aumento entre 3 y 4 veces el importe para la mayoría de los casos, llegando en algunos casos a multiplicarse el importe del recibo hasta por 6. Este incremento supone una subida del 156 % al 213 % dependiendo del tipo de inmueble. 

¿Y por qué de esta brutal subida?

El gobierno municipal y sus defensores alegan falsamente que esta subida es culpa de la aprobación de la Ley 7/2022, por parte del gobierno socialista y sus socios, que adapta una directiva europea exigente, la (UE) 2018/851: los ayuntamientos deben ajustar los ingresos por residuos a los costes reales del servicio. Algo que, por cierto, ya estaba recogido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La izquierda, por su parte, señala a la exigente Directiva Europea cuando la realidad es que ya nuestra legislación desde hace muchos años vincula las tasas al coste real de los servicios prestados.

Lo cierto es que la brutal e ilegal subida de la Tasa de las basuras perpetrada por el Gobierno Municipal y consentida por la incompetente oposición municipal cuyos sueldos también pagamos todos responde a una voracidad recaudatoria ilimitada, a una parcial e insuficiente interpretación de la Directiva Europea y a una increíble pereza administrativa que ha empujado al Gobierno Municipal a optar por una formula fácil, injusta e incompatible con los objetivos propios de una gestión medioambientalmente sostenible.

Para empezar, la directiva europea 2018/851 obliga a que los costes de la gestión de los residuos municipales sean sufragados según el principio de “quien contamina paga”. Esto se traduce en que el coste solo debe recaer sobre los productores de residuos, es decir, sobre quienes generan efectivamente la basura.

Y el método elegido por el Ayuntamiento de Alicante no refleja el principio de “quien contamina paga”, porque no diferencia entre quien genera residuos y quien no lo hace. Es más, la ordenanza grava también las viviendas desocupadas y sin ocupantes, sin generación de residuos, lo que constituye una exacción sin hecho imponible y un impuesto encubierto sobre la propiedad (art. 31 CE). Vincular la tasa al tamaño de la vivienda (o a criterios similares) no respeta de forma estricta el principio de “quien contamina paga”, y se aleja de los modelos más incentivadores que la propia UE recomienda. De hecho, la Comisión Europea ha señalado que lo ideal sería avanzar hacia sistemas de pago por generación real de residuos, ya que los sistemas fijos por superficie, renta catastral o número de habitaciones no incentivan la reducción ni la correcta separación de basura. La Directiva Europea no impone un sistema único para calcular la tasa (puede ser una tasa fija, variable, sistemas de pago por generación —“pay as you throw”—, impuestos, etc.), pero sí recomienda que se incentive la prevención y el reciclaje, evitando que los costes se repartan de manera indiscriminada. Algo que el Ayuntamiento de Alicante también aborda de manera claramente insuficiente. Los países europeos más avanzados en este campo han optado por introducir el coste del servicio en el precio de las bolsas de basura municipales. Un método sencillo, justo y eficiente. 

En definitiva, entre un Gobierno Municipal chapucero y una oposición incompetente y perezosa nos han impuesto una Tasa que vulnera, no solo la Directiva de la Unión Europea, sino también el  Art. 14 CE (igualdad ante la ley) y el art. 31 CE (justicia tributaria): la ordenanza genera desigualdad entre contribuyentes y es un tributo regresivo.

Por ello, el PAR, Partido Alicantino Regionalista va a iniciar todas las acciones legales a su alcance y ofrece el asesoramiento legal preciso a cuantos vecinos de Alicante quieran recurrir las notificaciones para el pago de la Tasa que están recibiendo. Hay que pararles los pies y evitar que nos sigan exprimiendo.

Santiago de Munck Loyola

Y ¿ahora qué? 2

Estamos en medio de un panorama político tremendamente cambiante. Las noticias sobre nuevos escándalos que afectan al Gobierno de España y al PSOE se suceden a diario solapándose unas con otras. Es indudable que Pedro Sánchez debe dimitir o ser sustituido mediante los mecanismos constitucionales. Pedro Sánchez es el único responsable de esta situación porque fue él quien eligió a los responsables de la trama corrupta que infecta al PSOE y al Gobierno y porque era él quien debía vigilar la actuación de estos individuos. Se equivocó al elegirlos y se equivocó al no cumplir con su responsabilidad de vigilarlos. Y, tal y como él le decía en su día a Rajoy, no basta con pedir disculpas por estos dos garrafales errores, sino que hay que dimitir.

Exigir su dimisión y la simultánea convocatoria de unas elecciones generales, como sostienen algunos, no es suficiente porque no hay seguridad de que dichas elecciones se puedan desarrollar con las máximas garantías de transparencia y limpieza. Los españoles, por tanto, estamos ante cuatro posibilidades reales.

La primera, que Pedro Sánchez se enroque hasta 2027 pagando a sus socios parlamentarios lo que éstos exijan para ello. Ya lo hizo en 2023. Habiendo perdido las elecciones generales frente al PP, difundió el bulo, comprado por los medios de comunicación generosamente untados, de que existía una mayoría parlamentaria “progresista”. Y ya me dirán lo que tienen de “progresistas” los racistas y xenófobos independentistas catalanes o los sucesores de Sabino Arana, otro meapilas racista, o los Bildu etarras. ¿El precio? Indultos a etarras, anexión de Navarra al País Vasco, una Hacienda catalana, la cesión de la Seguridad Social a los independentistas, abandonar la OTAN,…¡Vaya usted a saber! Lo que pidan.

La segunda que Pedro Sánchez dimita sin más. Entonces el Rey deberá abrir una ronda de consultas y proponer al Congreso un candidato con posibilidades de obtener una mayoría parlamentaria. Y ahí quizás esté la clave de la reunión celebrada el pasado viernes entre Pedro Sánchez y Salvador Illa quien, al parecer, es el candidato promovido por el siniestro Zapatero y, por ende, apoyado por la narco dictadura bolivariana muy interesada en reconstruir su clandestino negocio de tráfico petrolífero vía República Dominicana. Illa, aunque bajo sospecha por los mega contratos de mascarillas de la pandemia y responsable de la tardía y pésima reacción sanitaria frente a la misma, contaría con el apoyo de los independentistas de la cámara baja. Y así los socialistas y sus socios podrían intentar llegar hasta 2027 o hasta que las encuestas reales, y no las CIS, les concedieran una mínima posibilidad de poder ganar unas elecciones.

La tercera, que Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas. Esta posibilidad ya la ha descartado el interesado no una, sino muchas veces, aunque el valor de la palabra de Pedro Sánchez es de sobra conocido. Sería un salto al vacío que ni él ni su partido se pueden permitir.

Y la cuarta sería que triunfe una moción de censura. Es la opción que he sostenido en mi anterior artículo cuya difusión, por cierto, en un grupo de WhatsApp de Unión Municipalista del que formaba parte como representante del Partido Alicantino Regionalista me ha costado la expulsión y la del PAR.

Según D. Salvador Marcet, Secretarío de Organización Estatal de la Confederación de Partidos Locales Unión Municipalista, campeón de la libertad de expresión, ex miembro primero del PSOE y después de Compromis, “La postura de la Confederación ya se ha hecho pública solicitando la dimisión del Gobierno y convocatoria de Elecciones. Pero, sin compartir en ningún caso, una moción de Censura del PP ya que entraríamos en quítate tú para ponerme yo”.  Según el Señor Marcet, no se puede apoyar una moción de censura porque el PP no es un partido de Gobierno ya que  “ha hecho más bien todo lo contrario por sus ciudadanos en los acontecimientos que hemos vivido, en el sueldo mínimo, en las pensiones, en el Convenio en  la Filomena, el volcán, el Covid, la guerra y aunque intentes decirnos que ya han pagado , no es así, en el covid el hermano de la Presidenta Ayuso se forró con las mascarillas mientras ella miraba para otro lado...”, “Los ciudadanos pasaron un calvario en sus casas con el Covid , mientras la Sra. AYUSO disfrutaba de un super ático en Madrid propiedad de su pareja, defraudador de hacienda  confeso según su abogado. O por último para no hacerlo más extenso, que te parecería si la moción de Censura que propones en tu reflexión, la encabezará y presentara Carlos Mazón, que mientras comía y disfruta supuestamente de un rato de placer, le colgaba el teléfono hasta en 3 ocasiones a la Consellera de emergencias mientras morían 229 personas de nuestra Comunidad. Que te parece? Sería acertado?”  Puro argumentario sociata, made in Moncloa. Y remata su mensaje diciendo que “Hace tiempo solicité que no se adoptaran posturas ideológicas en los comunicados y medios de Municipalistas”. Como han podido leer, su mensaje no era ideológico, no, es una profunda y sesuda reflexión sobre la oportunidad o no de la utilización de un mecanismo constitucional. En fin.

Volviendo a lo importante. La moción de censura es quizás el único mecanismo constitucional que puede devolver la palabra al pueblo para que juzgue el presente y decida el futuro. La moción de censura solo debe tener, a mi juicio, una finalidad: dar la palabra a los votantes y hacerlo en condiciones democráticas impecables. Considerando el alto grado de corrupción y de infiltración en las instituciones, considerando las sospechas de manipulación en el voto por correo,

las evidencias de la manipulación del CIS, el papel electoral de INDRA en el proceso electoral, la manipulación en los medios de comunicación nacionales de titularidad pública, la existencia de “fontaneros” por todas partes, las prisas del Gobierno por interferir en la instrucción de las causas penales o la pertinaz opacidad en los canales oficiales de transparencia, es imprescindible que unas nuevas elecciones generales queden libres de sospechas y que un nuevo Gobierno de perfil técnico, tras depurar todos los mecanismos institucionales que de una u otra forma deben velar por la limpieza, la objetividad y la transparencia de todo proceso electoral, proceda a convocar y a gestionar dichas elecciones generales. Pero, con las cuadrillas con que el PSOE ha colonizado las instituciones no es posible hacerlo.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

 

 

Y ahora ¿qué?

Cada día que pasa y cada nuevo titular periodístico hacen que la situación política española se complique más y más. Es evidente que nuestra cultura democrática no es homologable aun a la de las viejas democracias europeas en la que, por ejemplo, haber copiado parte de una tesis doctoral conlleva la dimisión de un ministro o el no haber contratado a la niñera. Baste recordar como en 1974, el canciller alemán Willy Brandt dimitió al descubrirse que uno de sus asistentes personales, Günter Guillaume, era un espía de la Alemania Oriental. Brandt dimitió asumiendo su culpa “in vigilando”.

España es muy diferente. Somos demasiado tolerantes no solo ya con los errores políticos, sino también con el alcance de las responsabilidades éticas y políticas. Ninguna democracia europea soportaría un panorama político como el nuestro: un Presidente cuyo entorno familiar más próximo está bajo sospecha judicial, un Presidente del Gobierno cuyo ex Ministro de Fomento y nº 2 de su partido, junto con su asesor personal, están imputados por cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal y un nuevo nº 2 de su partido “dimitido” por presuntamente encabezar una red de corrupción cuyo alcance real aún se desconoce.

Y lo anterior no es más que una parte pequeña de los escándalos que rodean a este Presidente. Pedro Sánchez es doblemente culpable: es culpable “in eligendo” y culpable “in vigilando”, como poco. No tengo ninguna duda, en ningún país europeo un Presidente del Gobierno duraría más de 24 horas en estas circunstancias. O bien habría dimitido por dignidad o bien habría sido sustituido por su propio partido o por el Parlamento. Ningún ciudadano medianamente inteligente o con algún escrúpulo moral se habría conformado con la patética comparecencia de un Pedro Sánchez tan esforzadamente compungido como la de ayer.

En esta situación la oposición no tiene más que un camino: el de promover una moción de censura con un solo objetivo: devolver la palabra al pueblo español para que se pronuncie en unas elecciones generales. Es de tal gravedad la situación que no es admisible entrar en cálculos partidistas a la hora de plantear la moción de censura. No presentarla alegando que sería inútil porque no se cuenta con los votos para que prospere y que supondría darle un balón de oxígeno, no son más que excusas baratas impropias de una oposición responsable ante una situación excepcionalmente grave.

Se pierda o se gane, la moción de censura servirá para poner negro sobre blanco la excepcional situación en la que se encuentra España. No estamos ante bulos, fango o noticias de “pseudomedios”. Esa cantinela gubernamental se acabó.

Estamos ante una organización criminal que, emboscada en el partido del gobierno y al amparo del mismo, se ha dedicado, entre otras cosas, a asaltar los contratos públicos millonarios de diferentes ministerios para enriquecerse. Y hay que evitar que quienes han consentido, amparado o protegido a los culpables siga moviendo los hilos del Estado para terminar enterrándolo todo.

La oposición debe intentar la moción de censura y solo con un fin, el de convocar inmediatamente elecciones generales. Sé que muchos pensaran que la corrupción pasada del PP le inhabilita para encabezar una moción de censura, pero también estoy convencido de que, al margen de los tribunales, el PP ya ha pagado en las urnas su pasado. Son precisamente los que piensan eso quienes hoy en día se dedican a inundar las redes sociales con recordatorios de esos casos junto con “inventadas”, que diría el Sr. Sánchez, pero que son incapaces de realizar la más mínima critica sobre el estercolero monclovita. Callan sobre la prostitución pagada por los contribuyentes, sobre la traición a los saharauis, sobre la venta de armas a Israel, sobre los millones de euros repartidos en comisiones a costa de encarecer los contratos públicos, etc. Callan sobre todo lo que a ojos de la mayoría es inaceptable. Sus tragaderas son inversamente proporcionales a sus principios éticos y políticos y, por tanto, su credibilidad es nula.

Es hora de retratarse y de actuar, no solo con sentido común, sino también con altura de miras y con patriotismo.

Fdo. Santiago de Munck Loyola 

¡Bravo por Ayuso! ¡Pinganillos fuera!

La Presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido una vez más en la diana mediática por poner negro sobre blanco el ridículo y absurdo asunto de los pinganillos durante la reciente reunión de la Conferencia de Presidente autonómicos celebrada en Barcelona. Lo advirtió y lo hizo: Si alguien utilizaba en la reunión un idioma cuya comprensión requiriese el uso de intérpretes y de los correspondientes pinganillos, ella abandonaría la reunión. Dicho y hecho para escándalo de la progresía y la patulea independentista: que si ha sido una falta de respeto a las “lenguas oficiales”, a los catalanes, a los vascos, que si lo ha hecho para dar la nota o para satisfacer su ego, etc.

Pero, en realidad, lo que ha hecho Ayuso ha sido dar visibilidad al desprecio y a la persecución que el español sufre de manos de politicuchos mediocres y de los odiadores profesionales de todo lo español. No en balde, los que más ladran ante este gesto son los que impiden a los niños en sus regiones estudiar en su lengua materna, el español, los que multan por rotular sus establecimientos en español o los que coaccionan a los niños y a sus familias para que no usen el español en los patios de los colegios. Y son los comentaristas y periodistas que callan y ocultan los pogromos antiespañoles promovidos por independentistas y aplaudidos por la izquierda bastarda.

El Estado español no tiene más lengua oficial que la lengua castellana. Asi lo dispone el  Artículo 3.1 de la Constitución: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, señala el apartado 2 del Articulo 3.

La Conferencia de Presidentes Autonómicos es un órgano deliberativo y consultivo de ámbito estatal en el que, como es lógico, el idioma de comunicación es el oficial, el idioma español, la lengua castellana. Y no hay más que discutir, ni hay que caer en la sandez del ministro Torres de que como su reglamento no prohíbe el uso de otras lenguas se pueden usar las lenguas regionales, pagando eso sí, intérpretes y sistemas de traducción simultánea. Que más da, al fin y al cabo, somos los contribuyentes quienes pagamos la factura para que cuatro descerebrados hagan el payaso.

En una reunión de Presidentes autonómicos que todos sin excepción comparten y conocen el idioma oficial del Estado y que lo usan para comunicarse con los ciudadanos de sus regiones no es necesario utilizar su lengua regional y no lo es por muchas razones: por sentido común, por educación, por cortesía, por respeto a la lengua común hablada por más de 600 millones de personas, por economía procesal y monetaria y, sobre todo, porque no necesitan reivindicar sus peculiaridades lingüísticas de sobra conocidas y apoyadas.

En Hispanoamérica y en muchos países europeos no entienden cómo es posible que en determinadas partes de España se desprecie y se persiga el idioma español y menos aún cómo es posible que el propio Gobierno de España refuerce ese desprecio en las propias instituciones del Estado cediendo a las pretensiones de los enemigos de un idioma universal como el nuestro.

¡Bravo por Ayuso!

Santiago de Munck Loyola 

CRÓNICA DE UNA DESASTROSA CHAPUZA.

En el último Pleno del Ayuntamiento vimos como el Portavoz de Vox, Rafael Náñez, puso contra las cuerdas a la inefable Maribel de las Nieves Antón, concejala de Contratación y Patrimonio, Servicios Sociales, Juventud e Infancia, Igualdad, Administración Electrónica y Transparencia que no supo responder a la cuestión planteada, ¿cuánto ha tenido que pagar el Ayuntamiento en concepto de intereses por renunciar a la subvención concedida por la Generalidad Valenciana para “rehabilitar las casas de los maestros”? La Sra. Concejala con su habitual gracejo y elegancia mintió afirmando que los intereses pagados habían sido 2.752 € y el Portavoz de Vox la dejo en ridículo al exhibir un decreto del 19-11-2024 del Alcalde ordenando el pago, por ese mismo concepto, de casi 10.000 €. 

Pero más allá de esto; más allá de que la señora concejala escudase la inacción del Ayuntamiento en la rehabilitación de estas viviendas esgrimiendo que la competencia en materia de viviendas era de la Generalidad Valenciana ignorando, como no podía ser de otra forma habida cuenta su preparación para el cargo, que el Articulo 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local señala que “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación”; más allá  de que culpase a la guerra de Ucrania del incremento en un 55% de los materiales construcción, cuando lo cierto es que los costes de construcción en edificación residencial han aumentado según el INE un 23,5% desde entonces; más allá de cualquier otra peregrina excusa lo cierto es que el Gobierno Municipal solicitó una subvención incumpliendo los requisitos para obtenerla (la propiedad de los bienes) y, además, fue absolutamente incapaz de gestionar el propio Ayuntamiento para funcionar al ritmo que los plazos legales exigían. Basta con observar la cronología de las actuaciones municipales para darse cuenta de ello. Veamos.

Plazo para ejecutar las obras a partir del 30-12-2021			730 días
Fecha	Concepto	Tiempo empleado	Quedan
11-4-2022	El Ayto. inicia expediente contratación	101 días	629 días
28-11-2022	El Ayto. adjudica el expediente	231 días	398 días
5-12-2022	El Ayto. firma contrato con adjudicatario	7 días	391 días
3-3-2023	Adjudicatario entre 28 días tarde el proyecto	88 días	303 días
5-7-2023	Adjudicatario entrega nuevo proyecto con precios revisados	124 días	179 días
6-7-2023	El Ayto. lo informa favorablemente	1 día	178 días
28-7-2023	La junta de Gobierno aprueba el proyecto	22 días	156 días
3-10-2023	Ayto. nombra responsable de las obras	67 días	89 días
23-10-2023	Ayto. firma acta de replanteo	20 días	69 días
16-11-2023	Ayto. renuncia a la subvención	24 días	45 días

 

A la vista está que ni añadiendo a los 45 días una posible prórroga de seis meses ( 182,5 días, prevista en las Bases de la subvención) habrían podido ejecutar una rehabilitación cuyo plazo era de un año y medio (547 días). Putin no tiene la culpa de que el Gobierno Municipal tardase 101 días en iniciar el expediente de contratación; los empleados municipales tampoco tienen la culpa de que la empresa adjudicataria emplease 212 días, en vez de 60, en terminar el proyecto, ni la fachosfera es culpable de que el Sr. Alcalde, que se había tomado un período de descanso nada más tomar posesión del cargo, tardase más de dos meses en nombrar al responsable de las obras.

Son los miembros del anterior y del actual Gobierno Municipal los únicos responsables de este desaguisado, de esta chapuza infecta y desastrosa que está costando miles de euros a todos los monfortinos. Sí, los mismos que han estado dedicando ingentes esfuerzos y dinero de los contribuyentes para perseguir en los tribunales a sus adversarios políticos, los mismos que han desengrasado la maquinaria administrativa municipal acosando a decenas de empleados, los mismos que han empleado su tiempo en enriquecerse bien “pillando” subvenciones para ellos mismos, como la citada concejala o bien usando los servicios municipales para despojar de sus bienes a una indefensa anciana. Son los mismos que van a convertir a Monforte del Cid en un páramo fotovoltaico. Inútiles, incompetentes, mentirosos y corruptos. Ya está bien.

Fdo. Santiago de Munck Loyola