Y ¿ahora qué? 2

Estamos en medio de un panorama político tremendamente cambiante. Las noticias sobre nuevos escándalos que afectan al Gobierno de España y al PSOE se suceden a diario solapándose unas con otras. Es indudable que Pedro Sánchez debe dimitir o ser sustituido mediante los mecanismos constitucionales. Pedro Sánchez es el único responsable de esta situación porque fue él quien eligió a los responsables de la trama corrupta que infecta al PSOE y al Gobierno y porque era él quien debía vigilar la actuación de estos individuos. Se equivocó al elegirlos y se equivocó al no cumplir con su responsabilidad de vigilarlos. Y, tal y como él le decía en su día a Rajoy, no basta con pedir disculpas por estos dos garrafales errores, sino que hay que dimitir.

Exigir su dimisión y la simultánea convocatoria de unas elecciones generales, como sostienen algunos, no es suficiente porque no hay seguridad de que dichas elecciones se puedan desarrollar con las máximas garantías de transparencia y limpieza. Los españoles, por tanto, estamos ante cuatro posibilidades reales.

La primera, que Pedro Sánchez se enroque hasta 2027 pagando a sus socios parlamentarios lo que éstos exijan para ello. Ya lo hizo en 2023. Habiendo perdido las elecciones generales frente al PP, difundió el bulo, comprado por los medios de comunicación generosamente untados, de que existía una mayoría parlamentaria “progresista”. Y ya me dirán lo que tienen de “progresistas” los racistas y xenófobos independentistas catalanes o los sucesores de Sabino Arana, otro meapilas racista, o los Bildu etarras. ¿El precio? Indultos a etarras, anexión de Navarra al País Vasco, una Hacienda catalana, la cesión de la Seguridad Social a los independentistas, abandonar la OTAN,…¡Vaya usted a saber! Lo que pidan.

La segunda que Pedro Sánchez dimita sin más. Entonces el Rey deberá abrir una ronda de consultas y proponer al Congreso un candidato con posibilidades de obtener una mayoría parlamentaria. Y ahí quizás esté la clave de la reunión celebrada el pasado viernes entre Pedro Sánchez y Salvador Illa quien, al parecer, es el candidato promovido por el siniestro Zapatero y, por ende, apoyado por la narco dictadura bolivariana muy interesada en reconstruir su clandestino negocio de tráfico petrolífero vía República Dominicana. Illa, aunque bajo sospecha por los mega contratos de mascarillas de la pandemia y responsable de la tardía y pésima reacción sanitaria frente a la misma, contaría con el apoyo de los independentistas de la cámara baja. Y así los socialistas y sus socios podrían intentar llegar hasta 2027 o hasta que las encuestas reales, y no las CIS, les concedieran una mínima posibilidad de poder ganar unas elecciones.

La tercera, que Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas. Esta posibilidad ya la ha descartado el interesado no una, sino muchas veces, aunque el valor de la palabra de Pedro Sánchez es de sobra conocido. Sería un salto al vacío que ni él ni su partido se pueden permitir.

Y la cuarta sería que triunfe una moción de censura. Es la opción que he sostenido en mi anterior artículo cuya difusión, por cierto, en un grupo de WhatsApp de Unión Municipalista del que formaba parte como representante del Partido Alicantino Regionalista me ha costado la expulsión y la del PAR.

Según D. Salvador Marcet, Secretarío de Organización Estatal de la Confederación de Partidos Locales Unión Municipalista, campeón de la libertad de expresión, ex miembro primero del PSOE y después de Compromis, “La postura de la Confederación ya se ha hecho pública solicitando la dimisión del Gobierno y convocatoria de Elecciones. Pero, sin compartir en ningún caso, una moción de Censura del PP ya que entraríamos en quítate tú para ponerme yo”.  Según el Señor Marcet, no se puede apoyar una moción de censura porque el PP no es un partido de Gobierno ya que  “ha hecho más bien todo lo contrario por sus ciudadanos en los acontecimientos que hemos vivido, en el sueldo mínimo, en las pensiones, en el Convenio en  la Filomena, el volcán, el Covid, la guerra y aunque intentes decirnos que ya han pagado , no es así, en el covid el hermano de la Presidenta Ayuso se forró con las mascarillas mientras ella miraba para otro lado...”, “Los ciudadanos pasaron un calvario en sus casas con el Covid , mientras la Sra. AYUSO disfrutaba de un super ático en Madrid propiedad de su pareja, defraudador de hacienda  confeso según su abogado. O por último para no hacerlo más extenso, que te parecería si la moción de Censura que propones en tu reflexión, la encabezará y presentara Carlos Mazón, que mientras comía y disfruta supuestamente de un rato de placer, le colgaba el teléfono hasta en 3 ocasiones a la Consellera de emergencias mientras morían 229 personas de nuestra Comunidad. Que te parece? Sería acertado?”  Puro argumentario sociata, made in Moncloa. Y remata su mensaje diciendo que “Hace tiempo solicité que no se adoptaran posturas ideológicas en los comunicados y medios de Municipalistas”. Como han podido leer, su mensaje no era ideológico, no, es una profunda y sesuda reflexión sobre la oportunidad o no de la utilización de un mecanismo constitucional. En fin.

Volviendo a lo importante. La moción de censura es quizás el único mecanismo constitucional que puede devolver la palabra al pueblo para que juzgue el presente y decida el futuro. La moción de censura solo debe tener, a mi juicio, una finalidad: dar la palabra a los votantes y hacerlo en condiciones democráticas impecables. Considerando el alto grado de corrupción y de infiltración en las instituciones, considerando las sospechas de manipulación en el voto por correo,

las evidencias de la manipulación del CIS, el papel electoral de INDRA en el proceso electoral, la manipulación en los medios de comunicación nacionales de titularidad pública, la existencia de “fontaneros” por todas partes, las prisas del Gobierno por interferir en la instrucción de las causas penales o la pertinaz opacidad en los canales oficiales de transparencia, es imprescindible que unas nuevas elecciones generales queden libres de sospechas y que un nuevo Gobierno de perfil técnico, tras depurar todos los mecanismos institucionales que de una u otra forma deben velar por la limpieza, la objetividad y la transparencia de todo proceso electoral, proceda a convocar y a gestionar dichas elecciones generales. Pero, con las cuadrillas con que el PSOE ha colonizado las instituciones no es posible hacerlo.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

 

 

Y ahora ¿qué?

Cada día que pasa y cada nuevo titular periodístico hacen que la situación política española se complique más y más. Es evidente que nuestra cultura democrática no es homologable aun a la de las viejas democracias europeas en la que, por ejemplo, haber copiado parte de una tesis doctoral conlleva la dimisión de un ministro o el no haber contratado a la niñera. Baste recordar como en 1974, el canciller alemán Willy Brandt dimitió al descubrirse que uno de sus asistentes personales, Günter Guillaume, era un espía de la Alemania Oriental. Brandt dimitió asumiendo su culpa “in vigilando”.

España es muy diferente. Somos demasiado tolerantes no solo ya con los errores políticos, sino también con el alcance de las responsabilidades éticas y políticas. Ninguna democracia europea soportaría un panorama político como el nuestro: un Presidente cuyo entorno familiar más próximo está bajo sospecha judicial, un Presidente del Gobierno cuyo ex Ministro de Fomento y nº 2 de su partido, junto con su asesor personal, están imputados por cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal y un nuevo nº 2 de su partido “dimitido” por presuntamente encabezar una red de corrupción cuyo alcance real aún se desconoce.

Y lo anterior no es más que una parte pequeña de los escándalos que rodean a este Presidente. Pedro Sánchez es doblemente culpable: es culpable “in eligendo” y culpable “in vigilando”, como poco. No tengo ninguna duda, en ningún país europeo un Presidente del Gobierno duraría más de 24 horas en estas circunstancias. O bien habría dimitido por dignidad o bien habría sido sustituido por su propio partido o por el Parlamento. Ningún ciudadano medianamente inteligente o con algún escrúpulo moral se habría conformado con la patética comparecencia de un Pedro Sánchez tan esforzadamente compungido como la de ayer.

En esta situación la oposición no tiene más que un camino: el de promover una moción de censura con un solo objetivo: devolver la palabra al pueblo español para que se pronuncie en unas elecciones generales. Es de tal gravedad la situación que no es admisible entrar en cálculos partidistas a la hora de plantear la moción de censura. No presentarla alegando que sería inútil porque no se cuenta con los votos para que prospere y que supondría darle un balón de oxígeno, no son más que excusas baratas impropias de una oposición responsable ante una situación excepcionalmente grave.

Se pierda o se gane, la moción de censura servirá para poner negro sobre blanco la excepcional situación en la que se encuentra España. No estamos ante bulos, fango o noticias de “pseudomedios”. Esa cantinela gubernamental se acabó.

Estamos ante una organización criminal que, emboscada en el partido del gobierno y al amparo del mismo, se ha dedicado, entre otras cosas, a asaltar los contratos públicos millonarios de diferentes ministerios para enriquecerse. Y hay que evitar que quienes han consentido, amparado o protegido a los culpables siga moviendo los hilos del Estado para terminar enterrándolo todo.

La oposición debe intentar la moción de censura y solo con un fin, el de convocar inmediatamente elecciones generales. Sé que muchos pensaran que la corrupción pasada del PP le inhabilita para encabezar una moción de censura, pero también estoy convencido de que, al margen de los tribunales, el PP ya ha pagado en las urnas su pasado. Son precisamente los que piensan eso quienes hoy en día se dedican a inundar las redes sociales con recordatorios de esos casos junto con “inventadas”, que diría el Sr. Sánchez, pero que son incapaces de realizar la más mínima critica sobre el estercolero monclovita. Callan sobre la prostitución pagada por los contribuyentes, sobre la traición a los saharauis, sobre la venta de armas a Israel, sobre los millones de euros repartidos en comisiones a costa de encarecer los contratos públicos, etc. Callan sobre todo lo que a ojos de la mayoría es inaceptable. Sus tragaderas son inversamente proporcionales a sus principios éticos y políticos y, por tanto, su credibilidad es nula.

Es hora de retratarse y de actuar, no solo con sentido común, sino también con altura de miras y con patriotismo.

Fdo. Santiago de Munck Loyola 

¡Bravo por Ayuso! ¡Pinganillos fuera!

La Presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido una vez más en la diana mediática por poner negro sobre blanco el ridículo y absurdo asunto de los pinganillos durante la reciente reunión de la Conferencia de Presidente autonómicos celebrada en Barcelona. Lo advirtió y lo hizo: Si alguien utilizaba en la reunión un idioma cuya comprensión requiriese el uso de intérpretes y de los correspondientes pinganillos, ella abandonaría la reunión. Dicho y hecho para escándalo de la progresía y la patulea independentista: que si ha sido una falta de respeto a las “lenguas oficiales”, a los catalanes, a los vascos, que si lo ha hecho para dar la nota o para satisfacer su ego, etc.

Pero, en realidad, lo que ha hecho Ayuso ha sido dar visibilidad al desprecio y a la persecución que el español sufre de manos de politicuchos mediocres y de los odiadores profesionales de todo lo español. No en balde, los que más ladran ante este gesto son los que impiden a los niños en sus regiones estudiar en su lengua materna, el español, los que multan por rotular sus establecimientos en español o los que coaccionan a los niños y a sus familias para que no usen el español en los patios de los colegios. Y son los comentaristas y periodistas que callan y ocultan los pogromos antiespañoles promovidos por independentistas y aplaudidos por la izquierda bastarda.

El Estado español no tiene más lengua oficial que la lengua castellana. Asi lo dispone el  Artículo 3.1 de la Constitución: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, señala el apartado 2 del Articulo 3.

La Conferencia de Presidentes Autonómicos es un órgano deliberativo y consultivo de ámbito estatal en el que, como es lógico, el idioma de comunicación es el oficial, el idioma español, la lengua castellana. Y no hay más que discutir, ni hay que caer en la sandez del ministro Torres de que como su reglamento no prohíbe el uso de otras lenguas se pueden usar las lenguas regionales, pagando eso sí, intérpretes y sistemas de traducción simultánea. Que más da, al fin y al cabo, somos los contribuyentes quienes pagamos la factura para que cuatro descerebrados hagan el payaso.

En una reunión de Presidentes autonómicos que todos sin excepción comparten y conocen el idioma oficial del Estado y que lo usan para comunicarse con los ciudadanos de sus regiones no es necesario utilizar su lengua regional y no lo es por muchas razones: por sentido común, por educación, por cortesía, por respeto a la lengua común hablada por más de 600 millones de personas, por economía procesal y monetaria y, sobre todo, porque no necesitan reivindicar sus peculiaridades lingüísticas de sobra conocidas y apoyadas.

En Hispanoamérica y en muchos países europeos no entienden cómo es posible que en determinadas partes de España se desprecie y se persiga el idioma español y menos aún cómo es posible que el propio Gobierno de España refuerce ese desprecio en las propias instituciones del Estado cediendo a las pretensiones de los enemigos de un idioma universal como el nuestro.

¡Bravo por Ayuso!

Santiago de Munck Loyola