Si alguien pensaba que el resultado de las pasadas elecciones autonómicas celebradas en Galicia y el País Vasco iba a servir para desbloquear la situación política y facilitar la formación de un Gobierno para España se ha equivocado. Del resultado de estas elecciones se han sacado tantas lecturas como comentaristas políticos existen y cada cual ha tratado de arrimar el ascua a su sardina. Sin embargo, tras diez meses sin gobierno y tras los resultados de estas elecciones sí que es posible confirmar dos peculiaridades de nuestra cultura democrática.
La primera es que hemos perdido o, mejor dicho, nuestra clase política ha perdido toda capacidad de diálogo, de acuerdo o de consenso, que tan importante fue en nuestra transición, en unos momentos especialmente difíciles para el conjunto de la Nación y, en especial, para millones de españoles cuya supervivencia económica se encuentra en un estado dramático. Nadie o muy pocos hablan ahora de los más de 4 millones de desempleados, de los miles de desahucios que anualmente se siguen produciendo, de las míseras pensiones de muchos ciudadanos, de la subsistencia de todos los privilegios de la clase política, de los riesgos del terrorismo islamista o del avance del proceso de ruptura de nuestra Nación. Todo lo más se habla y como arma arrojadiza de la corrupción que pesa sobre los grandes partidos y sobre las corruptelas de los recién llegados.
La segunda peculiaridad es la inexistencia de asunción de responsabilidades políticas por los resultados electorales. En los países europeos con más larga tradición democrática, que deberían servirnos de espejo para asimilar sus mejores conductas, no se concibe que tras un fracaso electoral un líder, un candidato, no presente su dimisión. Ya tras las elecciones generales del pasado mes de diciembre, la lógica democrática exigía que quien siendo Presidente de Gobierno con una mayoría aplastante de 186 diputados la deja en 123 escaños hubiese presentado su dimisión. Es evidente que muchos justificarán aquel resultado pero los hechos son los que son. Y también entonces un líder de la oposición que no sólo no fue capaz de rentabilizar el desgaste del gobierno y deja a su partido con 20 escaños menos, pasando de 110 a 90, debía igualmente haber presentado su dimisión, como debería haberlo hecho seis meses después al lograr pasar de 90 a 85 diputados. Todo un récord. Y esta peculiaridad, incomprensible para nuestros vecinos europeos, se ha visto reforzada tras las elecciones autonómicas del pasado domingo. ¿Ha dimitido alguien en el PSOE? ¿Ha dimitido alguien en el PP del País Vasco por empeorar unos resultados anteriores ya de por si malos? Nadie.
Es evidente que los resultados de las pasadas elecciones autonómicas no ayudan a despejar el panorama nacional. Todo lo contrario. La situación, a la luz de los últimos acontecimientos se complica enormemente. De una parte, el PSOE se ha convertido en una olla a presión y su Secretario General está forzando la maquinaria interna para sostenerse en el poder. De otra parte, el Partido Popular, tan necesitado de una profunda regeneración, ha decidido posponer cualquier movimiento en esa dirección y limitarse a observar la posible “voladura” del PSOE. Ciudadanos no ha terminado de asimilar que el batacazo en Galicia y País Vasco limita enormemente y quizás de forma definitiva su proyección como partido de ámbito nacional. Y Unidos Podemos, tras fagocitar completamente a Izquierda Unida, contribuye interesadamente a agitar las aguas de Ferraz rompiendo, de momento, los pactos de gobernabilidad que mantenía con el PSOE en Castilla la Mancha y en Extremadura a costa, sin ningún rubor, de la necesaria gobernabilidad para los ciudadanos de esas dos regiones. Todo vale con tal de primar los intereses partidistas por encima de los intereses de los ciudadanos.
Eso sí, podemos estar tranquilos. Todos los partidos han manifestado por activa y por pasiva que lo último que desean es que tengamos que celebrar unas terceras elecciones generales, pero, por si acaso, sí se han puesto de acuerdo para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral por el procedimiento de urgencia para que esas indeseadas terceras elecciones se celebren el próximo 18 de diciembre, recortando una semana la campaña electoral, y que así no tengamos que votar en día de Navidad. Para que luego digamos que esta clase política no piensa en el bienestar de los españoles.
Santiago de Munck Loyola
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