En ocasiones y sobre todo cuando
examinamos decisiones políticas parece que el sentido común brilla por su
ausencia. En otras, da la sensación de que resulta indiferente que gobierne la
derecha o la izquierda porque a la hora de tomar decisiones ni la ideología, ni
los principios, ni tan siquiera el sentido común se vislumbran por sitio alguno
y, menos aún, cuando don dinero anda por medio.
Vayamos por partes. Cuando
tenemos que tomar decisiones cotidianas como qué televisor comprar, qué colegio
elegir para nuestros hijos o qué ropa adquirir nos basamos en el sentido común
y el sentido común nos señala que hay que escoger la mejor relación posible
entre la calidad del producto o servicio y el precio. ¿Ocurre lo mismo cuando
las decisiones las toman los políticos? Pues lamentablemente en muchos casos no
es así. Recuérdese, por ejemplo, el famoso Plan E del Sr. Zapatero en el que se
dilapidaron miles de millones de euros en obras, muchas de las cuales fueron
inútiles. Baste citar, por ejemplo el aeropuerto de Huesca, que costó 40
millones de euros y recibió 1 pasajero cada cuatro días durante el año 2016. Y
así con otras 30 infraestructuras que costaron un total de 6.000 millones de
euros. ¿Sentido común? Evidentemente no. Pero no hace falta remontarse tanto en
el tiempo ni ceñirse al Estado.
¿Tiene sentido común que un pequeño
ayuntamiento como Monforte del Cid, con apenas 8.000 habitantes, en vez de
reponer los contenedores de residuos deteriorados se gaste decenas de miles de
euros en sustituir todos los existentes por otros más pequeños y que en el
plazo de dos años no servirán por no ajustarse a la normativa?
Tampoco parece que la ideología
del gobernante sirva para explicar determinadas decisiones que adoptan a la
hora de gestionar el dinero público, nuestro dinero. Nos hemos acostumbrado a
identificar a la izquierda con la gestión pública de los servicios públicos y a
la derecha por preferir la gestión privada de determinados servicios públicos.
Sin embargo la realidad es distinta. ¿Qué explica, por ejemplo, la decisión de
un gobierno municipal de izquierdas, como el de Monforte del Cid, de privatizar
servicios esenciales como los servicios jurídicos municipales? ¿Qué razón se
esconde para que este Ayuntamiento bata records con la contratación de falsos
autónomos para el desempeño de trabajos que deberían ser cubiertos por
funcionarios públicos? Y en este caso hablamos también de decenas de miles de
euros anualmente. No parece que sea por motivos ideológicos, ni por sentido
común.
Y si intentamos acudir a los
principios políticos que entonan muchos gobernantes para tratar de marcar su
sesgo político distintivo, entonces, apaga y vámonos. Hablan de transparencia,
de participación, de honestidad, de defensa de los más débiles o de adalides
del medio ambiente y, en la mayoría de las ocasiones, ni rastro de esos
supuestos principios a la hora de gestionar el dinero público.
Ni acudiendo al sentido común, ni
a la ideología, ni a los principios se encuentra una justificación razonable
para explicar el caso del rimo del agua potable en el Ayuntamiento de Monforte
del Cid. Veamos. El suministro de agua potable y la prestación del servicio de
alcantarillado son dos competencias básicas de cualquier Ayuntamiento. En la
mayoría de los casos, las administraciones locales deciden prestar dichos
servicios de forma indirecta, es decir, mediante concesión administrativa. El
agua potable es un bien de primera necesidad que es objeto de protección y
ordenación jurídica incluso a nivel internacional. No es un bien sobre el que
una administración pública pueda o deba especular para obtener beneficios
económicos. Sin embargo la realidad es muy distinta gobierne la derecha o la
izquierda. Tras dos intentos fallidos por prosperar recursos judiciales de
adjudicar el contrato con el ciclo integral del agua, es decir, comprendiendo
el suministro del agua potable y la red de alcantarillado, en 2015 el gobierno
de Izquierda Unida y sus socios en Monforte del Cid decidió volver a licitar
dicho concurso.
Volviendo al inicio de este
artículo cualquier persona normal y decente pensaría que la forma de adjudicar
dicho contrato para un período de 25 años sería hacerlo a la empresa que
hiciese la oferta con una mejor relación entre calidad y precio. ¿Precio? Sí, pero
no como cualquier persona normal y decente podría pensar. El precio es el canon
que la empresa ganadora debería pagar a Ayuntamiento para prestar el servicio
en su nombre. Contra toda lógica, tanto el PP con anterioridad como la
izquierda ahora, la preferencia a la hora de adjudicar es la empresa que preste
el servicio más caro, la que pague un canon más alto al Ayuntamiento. En
resumen, obtiene el contrato la que cobre más caro por suministrar el agua
potable. Y ello es así, porque la empresa adjudicataria cobrará el canon que
paga al Ayuntamiento a los consumidores, en sus recibos del agua. Un negocio
redondo para el Ayuntamiento: a cambio de adjudicar el servicio recibe el
canon, una forma de préstamo que no tiene que devolver el Ayuntamiento, sino
los consumidores que se ven sometidos así a una doble “fiscalidad” sobre un
bien de primera necesidad como es el agua potable. Como se ve, da igual la
derecha o la izquierda en este caso. Ambas han especulado con el agua. Pero en
la adjudicación del año 2017 realizada por IU, PSOE y tránsfugas se ha ido más
lejos, se ha vulnerado el Código Penal porque se ha amañado el concurso para
que resultase adjudicataria la empresa Aguas Municipalizadas de Alicante. La
Alcaldesa y el asesor de la misma negociaron con los directivos de AMAEM para
incrementar el canon prestablecido de 3.500.000 euros en un 1,5 millones de euros
de más de modo que el concurso se adjudicó por 5.000.000 de euros. Casi nada. 5
millones que los consumidores pagarán religiosamente en sus recibos hasta que
AMAEM los recupere. Así de sencillo y así de claro. La izquierda se ha
convertido en una máquina especuladora sobre un bien de primera necesidad, como
el agua, superando con ello al PP y pasándose el sentido común, la ideología y
los principios por el arco del triunfo. Éste es su modelo: adjudicar un
servicio público básico y esencial a la empresa más cara. Ver para creer.
Santiago de Munck Loyola
