Esperanza Ciudadana solicita por segunda vez a la Generalidad Valenciana la declaración de Bien de Interés Cultural para la Romería de la Santa faz.

NOTA DE PRENSA.

21-4-2017.

Hace ya casi dos años, el Presidente del Partido Esperanza Ciudadana, Santiago de Munck Loyola,  presentó por registro ante la Generalidad Valenciana una solicitud para incoar el expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural a la Romería de la Santa Faz. Hasta el día de hoy, la Generalidad Valenciana no se ha dignado ni tan siquiera a contestar una iniciativa tan importante para la ciudad y Provincia de Alicante. Tal y como se señalaba en aquella solicitud “esta extraordinaria expresión cultural y religiosa alicantina merece la protección de la Generalidad Valenciana a través de su declaración como Bien de Interés Cultural inmaterial” y se recordaba que esta solicitud ya había sido formulada en el año 2002 por el Pleno del Ayuntamiento alicantino.

Ante el evidente desprecio hacia los alicantinos que implica la falta de respuesta del gobierno autonómico y ante la supervivencia de la necesidad de proteger y promover esta expresión cultural y religiosa netamente alicantina, el Partido Esperanza Ciudadana ha vuelto a presentar hoy una nueva solicitud para que sea incoado este expediente y finalmente la Romería de la Santa Faz reciba el tratamiento y la protección que se merece.

La pestilente lluvia fina.

Hace ahora 20 años que el entonces Presidente del Gobierno José María Aznar usaba el símil de la “lluvia fina” para defender el balance de su primer año de gobierno. La teoría de Aznar era que gestionar bien acaba calando en la sociedad y, a pesar de las encuestas por entonces adversas, lo cierto es que parece que la “”luvia fina” terminó calando y en el año 2000 logró la primera mayoría absoluta del centro derecha.


Mucho ha cambiado el panorama político desde entonces y lo cierto es que desde hace una década la “lluvia fina” de la corrupción ha ido calando entre los votantes hasta el punto de situarla en un lugar preeminente entre sus preocupaciones. Es indudable que los casos de corrupción afectan a todos los partidos como lo es también el hecho de que poderosos medios de comunicación solo resaltan los que afectan al Partido Popular, pero ello no puede servir de excusa para eludir las propias responsabilidades, para hacer una profunda autocrítica y poner todos los medios posibles para sanear una estructura partidista absolutamente carcomida.

Es cuando menos llamativo que, si uno se fija en la evolución ideológica del Partido Popular, existe una curiosa proporción: a menos definición ideológica más corrupción. Recuerdo perfectamente un acto con Rodolfo Martín Villa en Rivas. Decía “tenemos que construir un gran partido y por ello hemos de abrir las puertas. No debemos preguntar a los se incorporan de dónde vienen, sino a dónde quieren ir”. Muy bonito y generoso, pero poco realista porque, al final, resultaba que tampoco importaba el destino de los nuevos, lo que importaba es ser más, crecer. Y ese crecimiento rápido produjo un progresivo desarme ideológico y un abandono paulatino de los principios. El eclecticismo ideológico vino acompañado de la relajación ética. Y los resultados están más que a la vista. Los militantes fueron perdiendo peso y desde arriba se prefirió conformar cuadros y candidatos por cooptación que durante años han nutrido los cargos públicos.


En partido en el que los candidatos no son propuestos por las bases y que después de elegidos no existen mecanismos de control por las mismas es evidente que cuando salen ranas la responsabilidad de su designación recae en los superiores que los auparon al puesto y que a ello hay que añadir, cuando menos, otra responsabilidad por negligencia “in vigilando”. No puede ser casualidad la existencia de tanto batracio en cargos públicos, algo ha venido fallando y seguirá fallando, porque pocas medidas se han articulado para evitarlo. Y lo cierto es que las ranas se sienten a gusto y se multiplican con facilidad en ambientes húmedos, con la lluvia fina y persistente.


Quizás lo más doloroso de esta situación sea la profunda vergüenza, asco y decepción que deben sentir los militantes populares y los millones de votantes que cada día que se asoman a los medios de comunicación se mojan con una nueva dosis de fina y pestilente lluvia.

Durante los últimos años el Partido Popular ha optado por el pragmatismo ideológico y el eclecticismo ético con unas consecuencias desastrosas, no sólo para su supervivencia política sino para el conjunto de los españoles. Desaprovechó su mayoría absoluta para realizar profundas reformas, no económicas, sino políticas y desaprovechó su último congreso para asumir sus errores, para aprobar mecanismos que democratizaran profundamente su estructura y para cerrar el paso de forma tajante a cualquier atisbo de corrupción. Pero era lógico ¿cómo se iba a pedir a quienes por acción u omisión eran responsables de la actual situación que dieran un paso atrás y saldasen así su deuda con los militantes y votantes? Un pequeño lavado de cara y punto, no hubo más.


De aquellos polvos vienen estos lodos. El crecimiento de fuerzas populistas que ponen en peligro la estabilidad constitucional no es casual. Son un auténtico peligro para las libertades y tampoco son trigo limpio, pero ahí están, al acecho. Pero el miedo que generan es el contrapeso para que el Partido Popular se sostenga como mal menor, como la cesta del voto del miedo. Triste consuelo.


Mucho hay que cambiar y rápido. Todo parece señalar que de seguir así las cosas la lluvia fina de la corrupción terminará calando hasta en el votante más acérrimo y leal. Puede que el Sr. Rajoy se lo pueda permitir, pero España no.

Santiago de Munck Loyola

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El atraco eléctrico.

Parece ser que hay dos verdades incuestionables respecto al recibo de la luz: que es uno de los más caros de Europa y que prácticamente la mitad de los consumidores no entiende la factura eléctrica. Puede que no entender la factura de la luz no sea en el fondo tan malo como parece. Dicen que ojos que no ven corazón que no siente. Y permanecer en la ignorancia de lo que en el fondo estamos pagando con cada factura de la luz puede ayudarnos a no enfurecer con lo que a todas luces es un auténtico atraco al consumidor.

Voy a poner un ejemplo que me afecta. Se trata de las facturas de una vivienda en la que no se ha consumido electricidad durante el último año por estar cerrada. La lógica y el sentido común apuntarían a que uno tendría que pagar sólo el consumo habido y el alquiler del equipo (supongo que el contador). Si el consumo ha sido 0 y el alquiler asciende a 1,34 € por mes estaríamos hablando de una facturación anual de 16,08 + IVA. Pues no, aquí ni la lógica ni el sentido común funcionan. La facturación de esta vivienda con un consumo de 0 KWh  asciende en el último año a 348,24 euros. ¿Es posible? Pues sí, todo por obra y gracia de estos políticos  cuya mayor aspiración parece ser sentarse en el consejo de administración de una compañía eléctrica al acabar su mandato.

Nada que objetar a las explicaciones contenidas en las facturas, pero una cosa es que los conceptos de facturación estén bien explicados y otra muy distinta es que sean comprensibles. Veamos. El mayor bloque de facturación que asciende a 245,88 euros al año se denomina costes regulados y comprende tres conceptos distintos:
Los incentivos a energías renovables, cogeneración y residuos...92,52 €/año.
Costes de redes de transporte y distribución…94,20 €/año.
Otros costes regulados (incluida la anualidad del déficit)…59,16 €/año.

Los incentivos a la producción de electricidad a partir de renovables, cogeneración y residuos ascendieron al cierre del año a 6.587 millones de euros que pagamos los consumidores en nuestra factura. Producir energía es un negocio reservado, sobre todo, a grandes empresas. Papá Estado decidió que había que incentivar la producción de energía eléctrica con sistemas medioambientalmente sostenibles y hasta ahí perfecto. Lo que ya no parece tan perfecto es que esos incentivos los tengamos que pagar los sufridos consumidores, consumamos o no energía. ¿Por qué tenemos que subvencionar usted y yo a Endesa, Iberdrola, Gas Natural, E-on, etc.? ¿No ganan suficiente? ¿No sería más claro y limpio que los incentivos los promueva el Estado directamente con la política fiscal? Y ¿por qué hay que subvencionar la producción de energías renovables y no, por ejemplo, la producción de la agricultura ecológica?

El segundo concepto incluido en los costes regulados son los costes de redes de transporte y distribución. La red de transporte que traslada la electricidad desde donde se genera hasta los puntos de consumo pertenece mayoritariamente a Red Eléctrica de España, empresa con un 20% de capital del Estado. La red de distribución suministra la electricidad hasta los  contadores de los hogares, comercios o industrias. Las grandes empresas eléctricas son las propietarias de casi toda la red de distribución. ¿No sería más claro y limpio incluir estos costes en el precio del Kilovatio que contratamos? Cuando adquirimos cualquier otro producto tiene un precio final al que solo se añade el IVA, no nos cobran a parte el coste de su transporte. Pero es que, además, ¿Por qué alguien que no consume energía debe pagar los costes de redes de transporte y distribución? ¿De qué transporte y distribución estamos hablando cuando el consumo es 0? ¿De la nada? No, nos dirán es que usted paga por la posibilidad de consumir usando esas redes aunque no lo haya hecho. Es como si a cualquier ciudadano le cobrasen el impuesto sobre circulación de vehículos aunque no tenga uno. ¡Haberlo tenido!

Y el tercer gran concepto, otros costes regulados, es el cajón de sastre donde cabe todo, entre otras cosas, los pagos por anualidades del déficit de actividades reguladas, la retribución específica para sistemas no peninsulares (para compensar el sobrecoste que supone generar electricidad en las Islas Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla),  los costes de pagos por capacidad (se retribuye que estén disponibles algunas centrales), la moratoria nuclear y la tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El segundo bloque de facturación corresponde al coste de producción de electricidad y el margen de comercialización que en este caso 25,80 euros al año. Pero, vamos a ver, si no he consumido electricidad ¿por qué tengo que pagar el coste de producir la energía que no consumo? Cuando uno paga un café en el bar ¿tiene que pagar un suplemento por el coste de producción de los cafés que no se ha tomado? Absurdo.

Y el tercer bloque de la factura corresponde al IVA. En este caso de consumo cero el IVA asciende a 60,48 euros al año. Y el colmo es que se tenga que pagar el IVA sobre peajes y tasas lo que constituye una clara fiscalidad doble, tributar sobre lo tributado simultáneamente.

En resumidas cuentas, las facturas de una vivienda sin consumo eléctrico se componen en un 96% de impuestos, tasas y peajes. Los consumidores nos vemos obligados a contratar un bien esencial como la electricidad en un oligopolio del que el Estado se beneficia y beneficia a las grandes empresas. Todo vale con tal de sostener un sistema tremendamente injusto y todo se envuelve en una complejidad destinada a esquilmar al consumidor. En muchos casos se traslada al mercado y al consumidor los costes de decisiones políticas o económicas cuya plasmación y desarrollo debería hacerse a través de la política fiscal y de los presupuestos generales del Estado. La electricidad es un bien esencial. Las compañías eléctricas son empresas fabricantes cuyo éxito no debe depender de la intervención estatal, sino del libre juego de la oferta y la demanda en un mercado libre, no intervenido y francamente oscuro. Si esto no es un atraco que venga Dios y lo vea.

Santiago de Munck Loyola

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IU y PSOE DE MONFORTE DEL CID AVALAN EL TRANSFUGUISMO.

Los hechos.

Martes 4-4-2017. Diario Información:

Ciudadanos expulsa a sus dos concejales de Monforte por gobernar con EU y PSOE. María Teresa de las Nieves y José Carlos Martínez tienen hasta el viernes para recurrir la decisión de la dirección nacional del partido. “…En todo caso, si finalmente no prospera el recurso que tienen previsto enviar al Comité de Garantías de C’s antes del viernes, ninguno de los dos concejales tiene intención de renunciar a sus actas. No descartan en convertirse en concejales no adscritos y seguir en el Ayuntamiento”.

Miércoles 5-4-2017. Diario Información:

EU y PSOE mantendrán en el gobierno a los dos ediles de Cs aunque sean expulsados. La alcaldesa María Dolores Berenguer elogia la gestión de ambos y les muestra su apoyo tras criticar la decisión adoptada por el partido de Rivera. María Dolores Berenguer, de EU, como el primer teniente alcalde Vicente García, del PSOE, han querido mostrarles públicamente su apoyo sea cual sea la decisión que adopte Ciudadanos. 

Es decir, los mantendrán en el ejecutivo local si finalmente son expulsados y deciden mantener sus actas de concejal en el grupo (POR CIERTO, ES ILEGAL QUE LOS NO ADSCRITOS SE CONSTITUYEN EN GRUPO MUNICIPAL) de No Adscritos. Algo que, en principio, es lo que han anunciado que piensan hacer.

Definición:

“ACUERDO SOBRE UN CÓDIGO DE CONDUCTA POLÍTICA EN RELACIÓN CON EL TRANSFUGUISMO EN LAS CORPORACIONES LOCALES”.

ACUERDOS.

Primero.- A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por tránsfugas a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo -manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad.

Medidas a adoptar según el pacto firmado por PSOE e IU.

Tercero.- En consecuencia, los concejales tránsfugas no adscritos:

a) no podrán ejercer los derechos atribuidos por la regulación aplicable a los grupos políticos en el desarrollo de las sesiones plenarias, sin perjuicio de los derechos que constitucionalmente le corresponden como concejal.

b) no podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo municipal de origen en cuanto a su participación en las Comisiones, de tal manera que un nuevo reparto proporcional en la composición de las Comisiones ni puede perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón de transfuguismo, ni beneficiar al concejal no adscrito más de lo que suponía su situación anterior.

No existe, pues, un derecho del concejal no adscrito a participar en todas las Comisiones plenarias, y el grupo municipal que sufre merma por la acción del tránsfuga no deberá ver reducida su participación en las mismas, sin que, como en el apartado anterior, implique vulneración alguna de los derechos individuales del concejal.

c) no podrán participar en la Junta de Portavoces, pues la referida Junta sólo puede ser constituida por los portavoces de los grupos políticos municipales.

d) En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, en modo alguno son reconocibles en favor del concejal no adscrito; toda asignación por concepto de grupo político no es aplicable bajo ningún concepto al concejal tránsfuga no adscrito, ni en su importe fijo, ni en su componente variable por razón del número de concejales.

Asimismo, el grupo político perjudicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad. Por tanto, no se asignará al concejal no adscrito otras ventajas económicas y materiales por el hecho de tener tal condición. La condición de concejal no adscrito no es equiparable en ningún caso al grupo político por cuanto comporta una violación de la Ley reguladora de las bases del régimen Local.

Igualmente, los Partidos Políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de Gobierno municipal a miembros de la Corporación que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, y rechazan la posibilidad de que por parte del Alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas.

Finalmente, se comprometen a no nombrar a los concejales tránsfugas representantes del Ayuntamiento en Entidades Empresariales o Financieras, Fundaciones, Cajas y demás Entidades de las que el Ayuntamiento forme parte.

Cuarto.- Suscrito este Acuerdo, los supuestos de incumplimiento o desobediencia por alguno de los grupos locales integrantes de los partidos firmantes, habrán de ser explícitamente rechazados. Para ello los partidos políticos firmantes asumen la obligación de, mediante la aplicación de sus propios Estatutos, incoar los correspondientes expedientes disciplinarios y expulsar de la organización al concejal tránsfuga, o a aquéllos que violenten el citado compromiso instrumentalizando o apoyándose, en su provecho, en los concejales tránsfugas.

A la vista de lo anterior, algunos podrán desarrollar toda clase de juegos florales y dialécticos para justificarse, pero la realidad es tozuda: todo parece indicar que se ciernen negros y sucios nubarrones sobre el horizonte de la ética política en Monforte del Cid.

Santiago de Munck Loyola

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Gobierno y oposición tiran con pólvora del rey.

Tras asistir la semana pasada a uno de los espectáculos parlamentarios más bochornosos de los últimos tiempos, la no convalidación en el pleno del Congreso del real decreto ley que regula la liberalización de los estibadores  que había aprobado el consejo de ministros del 24 de febrero, hoy se han reanudado las conversaciones en la mesa de negociación entre sindicatos, patronal y Gobierno.

Y sí, lo de la semana pasada fue un espectáculo bochornoso por parte de todos los partidos. De una parte un Gobierno débil que lleva a convalidar al Congreso un decreto con dos años de retraso. Un decreto que debía y podía haber aprobado cuando gozaba de mayoría absoluta para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 y que obligaba a España a liberalizar el sector portuario para acabar con una legislación que impide que las empresas estibadoras puedan contratar libremente a sus trabajadores, permitiendo, además, la entrada de estibadores de la Unión Europea en el mercado español.

De otra parte, una oposición que rechaza la convalidación de un decreto sin más objetivo que dar una patada al gobierno, pero en el trasero de todos los españoles. Lo que hicieron las llamadas fuerzas de progreso o del cambio fue, ni más ni menos, que apoyar a un monopolio laboral, a una casta privilegiada y bastante machista, por cierto, que se empeña en mantener unos privilegios económicos y sociales impensables para el resto de los trabajadores españoles. El rechazo al decreto supuso apostar por la continuidad de un sistema de contratación cerrado a la libertad de contratación y de circulación de trabajadores de la UE, así como apoyar la consiguiente falta de competitividad de nuestros puertos cuyos costes de carga y descarga son los más elevados de Europa. Y todo ello a costa del bolsillo del contribuyente. Y para guinda del pastel, la abstención de Ciudadanos que a pesar de haber comprometido con anterioridad su apoyo a la convalidación del decreto finalmente optó por no mojarse para evitar salpicarse en una derrota parlamentaria y, todo ello, a pesar de que seguramente este partido no comulga con actual sistema portuario.

Pero si bochornoso fue el espectáculo parlamentario con esa demostración plenaria de falta de patriotismo y de absoluto desprecio por el interés general, menos edificante es comprobar la ligereza con la que nuestros políticos manejan el dinero de todos los contribuyentes. A unos les importa muy poco que España deba pagar 134.000 euros diarios de multa por no liberalizar el sector de los estibadores portuarios y a otros parece que les importa también muy poco el agravio comparativo y el desprecio al contribuyente que conlleva realizar ofertas increíbles a la casta de los estibadores con tal de que no hagan huelga y paralicen los puertos españoles. Todos disparan con pólvora del rey. Y los demás a pagar.

Es moralmente inaceptable que el Gobierno, y con él la oposición, negocie y ofrezca a este colectivo auténticos privilegios absolutamente inalcanzables para el resto de los ciudadanos españoles:  Un plan de prejubilaciones voluntarias al para los trabajadores que tengan al menos 50 años de edad, que se retirarán con el 70% del sueldo medio que hayan percibido por todos los conceptos de retribución en los seis meses anteriores a su baja (hay que recordar que el sueldo medio en este colectivo supera los 65.000 euros anuales) o la garantía de mantenimiento del empleo del colectivo de 6.150 estibadores.

Que los estibadores luchen por el mantenimiento de su privilegiada situación es comprensible y lógico. Pero no lo es que nuestra clase política ofrezca mantener, en contra de la legislación europea, una situación de privilegio que no está al alcance del resto de los ciudadanos y que cargue su coste precisamente sobre ellos. Gobierno y oposición merecen un rotundo suspenso por su actuación irresponsable en la gestión de este conflicto.

Santiago de Munck Loyola

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Los simplones peligrosos.

Vivimos en una época llena de contradicciones. Hoy, los ciudadanos tenemos a nuestro alcance más fuentes de información que nunca, más posibilidades de formar nuestra opinión contrastando las diferentes fuentes de información. Y, sin embargo, cuantos más medios de comunicación hay a nuestro alcance más se empeñan algunos en simplificar sus mensajes hasta el absurdo. Vivimos una época en la que la hipérbole, la exageración o las simplezas se han adueñado de los mensajes, especialmente entre los políticos. Tergiversan y manipulan la realidad hasta límites que ponen en duda su respeto hacia la inteligencia del ciudadano. Nos toman por tontos en muchos casos y lo peor es que sus iniciativas políticas terminan, en muchos casos, por parecerse a su forma de comunicarse, es decir, sus propuestas terminan por ser basura demagógica. La crítica, la discrepancia o la simple exigencia del respeto a la ley pueden servir de excusa para que pases a engrosar la burda bolsa de fachas, retrógrados, franquistas o catalanófobos. Vivimos una época sin matices, o blanco o negro, o conmigo o contra mí. Y lo peor es que ese discurso reduccionista y simplón termina calando en mucha gente.

Fruto de ello es que a fuerza de exagerar muchas palabras son devaluadas y terminan por perder su verdadero significado. En su técnica goebbeliana resulta que “genocida” lo es igual Adolfo Hitler que José Mª Aznar. Ah, pero no Stalin. ¿A que nadie ha oído hablar a un podemita del genocida Stalin? Ahora parece que torturadores lo son tanto tipos como el Doctor Mengele, o Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, el mayor símbolo de la tortura franquista, como los organizadores de un Belén viviente con animales. Se aplica la palabra asesino, el que mata a una persona con circunstancias agravantes, a los toreros cuando es evidente que conceptualmente solo es posible asesinar a personas, a seres humanos. Sin embargo, nunca se referirán a una mujer que aborta como asesina de fetos humanos. Se trata, en definitiva, de manipular el alcance y significado de las palabras para ponerlas al servicio de su causa y con ello tratar de insertar mensajes a modo de eslóganes.

Estos días estamos asistiendo a un verdadero despliegue de simplezas y esperpénticos eslóganes en torno a la condena a Arturo Más por su participación en el seudo referéndum del 9-N. De un lado se han posicionado los partidos constitucionalistas. De otro, los independentistas de todo pelaje, Podemos y los filoetarras de Bildu. Tanto Pablo Iglesias como Echenique se han manifestado en contra de la sentencia condenatoria, una sentencia por cierto más que benévola. Pablo Iglesias ha dicho: "Mas es el heredero del pujolismo; una de las peores expresiones de la Trama, pero que le condenen por poner urnas es una vergüenza". Y Echenique ha señalado por su parte que Podemos rechaza que se "judicialice" la democracia: "No nos parece que poner urnas tenga que ser delito”. Vamos a ver. Un poco de seriedad por favor. Al Sr. Más el TSJ no le ha condenado por poner urnas, entre otras cosas, porque poner urnas no es un delito. El TSJ le ha condenado por haber cometido un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, al igual que le ocurriría a cualquier ciudadano de a pié que se le ocurriese desobedecer a un tribunal. Lo paradójico es que los señoritos de Podemos defiendan que a un miembro de lo que ellos llaman “casta” no reciba el mismo tratamiento que cualquier vecino de la calle y que para hacerlo tengan que falsear la realidad inventándose un delito y una condena inexistentes.

Sin ir muy lejos, en Alicante estamos viviendo estos días, salvando las distancias, una situación parecida en la que la realidad y la verdad son falseadas y elevadas a la categoría de dogma progre. Me refiero al cambio de nombres de calles “franquistas”. Un juzgado, a instancias del PP, ha ordenado la reposición de las antiguas calles. ¿Por qué? Pues sencillamente por el tripartito que desgobierna la ciudad de Alicante se ha saltado el procedimiento legal para poder llevar a cabo el cambio del nombre de las calles. Que se sepa, en ningún momento el PP ha defendido que las calles se llamen de una u otra forma, ni ha reivindicado la permanencia de nombres “franquistas”. Lo que el PP ha hecho, tal y como es la obligación de cualquier partido democrático, es defender que se cumpla la Ley, que se sigan los procedimientos legalmente establecidos. Y no es posible olvidar ni en este caso, ni en el catalán que sin respeto a la Ley no hay democracia posible. 

Es más, desconozco si el PP lo habrá esgrimido, pero lo cierto es que algunos de los cambios introducidos por el tripartito ni siquiera respetan lo establecido en la propia Ley de Memoria Histórica al llevarse por delante nombres como el de Calvo Sotelo, asesinado por lo gobierno republicano antes del inicio de la guerra civil. Y, sin embargo, ha faltado tiempo para que la patulea podemita, con lagrimitas incluidas, haya puesto el grito en el cielo acusando al PP de franquista, de facha, de querer perpetuar los nombres de los franquistas,… A cada eslogan le ha sucedido otro aún más exagerado y falso. No señores, no. No se trata de eso. A ver si lo entienden de una vez y se dejan de pamplinas: se trata de respetar la Ley y de seguir los procedimientos legales. Así de sencillo y de democrático. Menos eslóganes y más respeto a la inteligencia de los ciudadanos.

Vivimos en una época convulsa y políticamente ruidosa. Es muy posible que tanta exageración y tanto eslogan pueda producir réditos electorales fáciles y baratos. Pero no hay que olvidar que la demagogia es un boomerang peligroso, sobre todo para quienes están cegados por su soberbia y auto complacencia.

Santiago de Munck Loyola

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Imaginemos.

Imaginemos por un instante una residencia de ancianos pública. Durante años, las cuidadoras se han limitado a trabajar lo imprescindible con los residentes, sin estimularlos, sin ofrecerles otra cosa que no sean los cuidados básicos y punto. Incluso sólo se han ocupado del aseo personal de los ancianos  cuando llegaba la hora de que los vieran sus familiares. De pronto se incorporan a la plantilla dos nuevas cuidadoras, llegan con ganas de trabajar, aman su profesión y empiezan a introducir cambios mejorando el cuidado y aseo personal de los residentes, sacándolos a pasear por los jardines de la residencia, organizándoles actividades novedosas para estimularlos, cuidando con esmero la calidad de su alimentación, etc. Pronto surgen las discrepancias entre las antiguas que defienden el “aquí siempre se ha hecho así y no hay por qué cambiar nada” y las nuevas. Poco a poco la envidia y el rencor se extiende entre las antiguas cuidadoras que se ven obligadas a seguir las técnicas de las nuevas para no quedar en evidencia. Aparecen algunos conflictos entre antiguas y nuevas y en alguna ocasión los responsables municipales de los que depende la residencia se ven obligados a poner orden. Poco más.

Imaginemos que se celebran unas elecciones municipales y cambian los responsables municipales. A los pocos meses, la nueva concejala de servicios sociales y el nuevo concejal de personal que en la primera reunión con las empleadas de la residencia les pide que le apeen el tratamiento de Don (como si alguien hubiera tenido intención de otorgárselo) deciden introducir cambios en los horarios de las empleadas, sin consensuarlos, que perjudican claramente a las cuidadoras innovadoras. Como no son del pueblo que se jo… Sin embargo, una de ellas protesta porque no puede conciliar su vida laboral y familiar con ese cambio de horario. ¡Sacrilegio! ¡Ha protestado! Se va a enterar.

Imaginemos entonces que al mes le abren un expediente sancionador por haber faltado presuntamente a trabajar un día. Ella alega que sí fue a trabajar pero que se dejó la tarjeta de fichar en el coche. Las compañeras dicen que sí fue a trabajar, aunque después dirán que se les obligó a decirlo. No obstante parece que nadie avisó de que los ancianos a cargo de esta cuidadora estaban desatendidos ese día lo que induce a pensar que efectivamente sí acudió a su trabajo. A pesar de todo, el Ayuntamiento le impone una sanción basándose en que en la hoja de control de fichajes de la citada cuidadora no aparece ese día. Y para colmo del disparate resulta que en personal tienen dos hojas de control con dos números distintos asignados a la misma cuidadora. ¿Por qué? Mientras ésto ocurre la concejala de servicios sociales llama a una amiga y le dice vete despidiéndote de tu actual trabajo que te voy a meter a trabajar en la Residencia.

Imaginemos ahora que a las pocas semanas, la cuidadora recibe una notificación de sus jefes: ahora la van a expedientar por presuntos malos tratos continuados a los ancianos a su cargo y a sus compañeras y preventivamente la suspenden de empleo y sueldo. Cuando consigue ver la documentación que figura en ese expediente resulta que se encuentra con una serie de testimonios de “sus compañeras” y de algún familiar de los ancianos diciendo que durante años ha maltratado a los ancianos obligándoles a comer, hablándoles mal o zarandeándolos. Pero hay cosas raras en el expediente: los testimonios están redactados por la misma persona, en un mismo ordenador, repitiendo las mismas frases y ningún testimonio ha sido recogido ante un fedatario público. Hay incluso un testimonio que acusa a profesionales del centro de salud del pueblo de no activar los protocolos ante unos posibles malos tratos a un anciano desvalido. Increíble. La psicóloga de la residencia, que ha sido la encargada de recabar esos testimonios y que resulta que antes de que se le encargase esa misión ya había hablado con gente sobre el asunto, emite un informe en el que especula sobre las consecuencias que podrían derivarse de ser ciertas las acusaciones y concluyendo que tras examinar esos testimonios no puede probar que sean ciertos. Con ese chapucero informe se abre el expediente sancionador, se nombra a la psicóloga que previamente había emitido su informe pericial como instructora, se tramita el expediente sin practicar ni una sola prueba y se propone sancionar a la cuidadora con el despido, declarando probados unos hechos que nadie ha ratificado. Y, para colmo, se traslada ese bodrio de expediente a la fiscalía que termina por citar a la cuidadora denunciada y a otra cuidadora, su amiga, en el juzgado. Todo ello ocultando que el Concejal responsable de la Residencia en las legislaturas pasadas declara por escrito que nunca nadie ha denunciado ningún hecho similar ante el Ayuntamiento y que el testimonio de la Directora del Centro es falso. Pero su testimonio no se incorpora al expediente. A alguien no le interesa.

Cualquier persona normal se preguntaría en un hipotético caso como éste ¿cómo es posible que, de ser ciertas las acusaciones, las denunciantes, “las compañeras envidiosas”, no hayan denunciado antes estos presuntos maltratos? ¿Cómo es posible que, de ser ciertos esos presuntos malos tratos, los hayan ocultado durante años? Si llegara a probarse que ha existido algún maltrato resultaría que las “compañeras” ahora denunciantes habrían sido durante años cómplices y encubridoras del mismo ¿No? Y, en consecuencia, el Ayuntamiento debería denunciarlas a su vez ¿No? Y si no se probasen los  presuntos malos tratos resultaría que las “compañeras” ahora denunciantes habrían cometido un delito de calumnias ¿No? Y, en este caso, también deberán ser denunciadas en el juzgado ¿No? La conclusión es meridianamente clara, tanto si han existido los presuntos malos tratos como si no, las “compañeras” ahora denunciantes han cometido un delito (o bien de encubrimiento o bien de calumnia) por el que deberán responder, sí o sí, ante la justicia y, evidentemente, no están en condiciones éticas y morales para continuar en sus puestos de trabajo. Claro que curiosamente, semanas después de haber presentado esas denuncias las “compañeras” ahora denunciantes pidieron por escrito al Ayuntamiento que las hiciera funcionarias. ¡Toma ya! ¿En pago de los servicios prestados?

Y como todo este relato imaginario lo estamos situando en un pequeño pueblo  imaginario podemos también imaginarnos fácilmente las consecuencias. Sería la comidilla del pueblo y se escucharían toda clase de versiones y sandeces. Hay quien por ejemplo diría que el Gobierno anterior eliminó las pruebas de los presuntos malos tratos, sin darse cuenta de que semejante majadería significaría para empezar que sin pruebas no se puede sancionar nada, aparte de significar una grave acusación que debería ser probada en los tribunales. Otros familiares no dirían nada, para qué meterse en líos. Y sólo unos pocos, valientes y sin tener que someterse a ningún poder, se informarían previamente y hablarían libremente negando, como no puede ser de otra forma, cualquier credibilidad a semejante montaje.

Imaginemos que en esta sociedad avanzada del Siglo XXI hay gente que actúa de forma tan miserable e irresponsable. Daría asco ¿verdad? Menos mal que cualquier parecido con la realidad sería sólo pura coincidencia ¿no?

Santiago de Munck Loyola.

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¿Nazis? ¿Estalinistas? No, mala gente.

No sé cómo expresar lo que siento sin cometer algún exceso verbal. Como muchos sabéis desde hace año y medio estoy siendo sometido por el Gobierno Tripartito de Monforte del Cid a toda clase de humillaciones profesionales, discriminaciones y, en fin, a un auténtico acoso laboral. Ahora han rebasado los límites que cualquier persona normal puede tolerar. Hoy, mi hija Belén, educadora desde hace 13 años en la Escuela Infantil de Monforte del Cid, ha recibido una notificación del Juzgado en la que se la cita como imputada y en la que figura como denunciante/querellante el Ayuntamiento de Monforte del Cid. 

Parece ser que ésto deriva de un expediente disciplinario alucinante e injusto que el Gobierno Municipal ha incoado a otra educadora infantil por supuestos malos tratos a niños. Y quiero decir muy alto que Belén es una magnífica profesional, entregada en cuerpo y alma a su trabajo y al cuidado de los niños, que no deja de estudiar y de formarse permanentemente, a diferencia de sus compañeras, para trabajar mejor cada día, que ha llegado a poner dinero de su bolsillo (sin que el Ayuntamiento se lo haya reembolsado) para compara juguetes y material escolar para sus alumnos y que siempre ha recibido el afecto y gratitud de los niños a los que ha cuidado y de sus padres. 

Y quiero dejar constancia de que en los 14 años que llevo en el Ayuntamiento de Monforte del Cid sólo se recibió una denuncia por supuestos malos tratos que fue archivada contra una educadora que no era ni Belén ni la compañera ahora expedientada. Me avergüenzo de esta gente capaz de intentar destruir la vida profesional de los demás por pura soberbia, ignorancia y sectarismo ideológico. Y me avergüenzo de unos representantes sindicales sólo atentos a ver cómo ganan más y trabajan menos. Aunque a los que se les tendría que caer la cara de vergüenza es a los responsables políticos que promueven y consienten esta ignominia. Les auguro un prolongado paseo judicial. Ánimo Belén Sánchez Boyer. Te quiero.

Santiago de Munck Loyola

El triunfo del marianismo sobre la ideología.

Hace tres meses, ante la convocatoria del recientemente celebrado Congreso del Partido Popular escribí “El Partido Popular se encuentra ante una gran oportunidad para recuperar la credibilidad y el liderazgo en la sociedad, pero para ello ha de apostar decididamente por un cambio profundo, por una revolución o refundación interna que acabe de una vez con todos los obstáculos y hábitos que lo han alejado de sus propias bases y del electorado. Conformarse con seguir siendo el mal menor o el último refugio electoral ante la izquierda sería un triste y seguro final político”.


Y a la luz de los resultados de este Congreso publicados por los medios de comunicación todo parece indicar que el Partido Popular ha perdido esa gran oportunidad que suponía la celebración de su Congreso. Pocos cambios y mucho incienso para Mariano Rajoy. No en balde se ha considerado este Congreso como la consagración del “marianismo”, una estrategia política basada en la renuncia a cualquier reforma profunda, en el desgaste del adversario, en el soslayo de los debates sobre los problemas reales del ciudadano y, en especial, del contribuyente y en un conformismo político que elude enarbolar el liderazgo político y social. Pocos cambios en la dirección del partido reflejo de la máxima del líder “no se cambia lo que funciona”, algo que refleja unos niveles de autocomplacencia inéditos ¿Cómo se puede decir que funciona bien una dirección del Partido y una estrategia que ha conducido a perder la mayoría absoluta, a fragmentar el voto del centro derecha y a incumplir reiteradamente el Programa Electoral?


Salvo algunas pinceladas y retoques, el cónclave de los populares no ha abordado el principal problema de la organización, el déficit de democracia interna que es clave en el origen de muchas conductas corruptas. Es más, antes de apagar las luces del Congreso, el propio Mariano Rajoy lanzaba un consejo-advertencia: confiaba en que no hubiera más de un candidato en los próximos congresos regionales del Partido. Exactamente lo mismo que se aconsejaba, hace 4 años, desde la Dirección Provincial del Partido Popular de Alicante respecto a los congresos locales y todos sabemos cuáles fueron los resultados electorales y judiciales de estas políticas tendentes a eliminar la libre concurrencia de los afiliados a aspirar a cargos orgánicos.


Poco ha avanzado también el PP respecto a las incompatibilidades y el máximo exponente de ello ha sido la ratificación de que se puede ser sin problema Ministra de Defensa, Secretaria General del partido y Presidenta Regional del mismo en Castilla la Mancha. Todo un récord para publicitar seguramente que el PP no necesita cuotas porque cuenta con “superwoman”.


Pero quizás lo más preocupante es la ausencia de tomas de posición claras sobre muchos de los problemas que están encima de la mesa por la actualidad y de otros asuntos que interesan especialmente a los tradicionales votantes de centro derecha. ¿Alguien ha escuchado o leído un posicionamiento claro del Partido Popular sobre la vigencia de la Ley de la Memoria Histórica cuya aplicación por los Ayuntamientos podemitas tanto está dando de hablar? ¿Y sobre los trasvases y el Plan Hidrológico Nacional? ¿Alguien ha percibido alguna propuesta concreta sobre la inmigración? ¿Y sobre la posición de España respecto a los refugiados? ¿Va a reformar el PP la vigente ley sobre interrupción del embarazo, el aborto? ¿Alguna propuesta novedosa del Partido Popular sobre los desahucios? ¿Sobre la corrupción? ¿Sobre el desempleo? ¿O para los autónomos? ¿Y sobre el problema de Cataluña? Porque a parte de repetir que van a cumplir y a hacer cumplir la Constitución, faltaría más, ¿Hay alguna propuesta concreta que no sea lo de dialogar? ¿Y sobre la política fiscal o sobre el endeudamiento de las administraciones públicas? ¿Del impuesto sobre sucesiones o sobre el Patrimonio, alguna novedad? ¿Alguna propuesta concreta del Partido Popular para reconducir el estado autonómico de modo que los españoles tengamos los mismos derechos sanitarios, sociales o educativos independientemente de la taifa a la que pertenezcamos? ¿Y alguna medida para agilizar nuestro sistema judicial?


Desgraciadamente da la sensación de que el Partido Popular ha renunciado a renovarse internamente, a abrirse como organización y a intentar volver a ser la casa común de la “mayoría natural”. Ha renunciado a liderar a la sociedad porque ha optado por un perfil ideológico de tono bajo y prefiere conformarse con ser un parapeto, un mal menor al que el miedo ideológico le conservará ciertas cuotas de poder. Pero así no se transforma España, así no se resuelven los problemas, sólo se aplazan.


Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com.es

EL PARTIDO ESPERANZA CIUDADANA DE MONFORTE DEL CID PRESENTA UNA MOCIÓN PARA BAJAR EL IBI.

15-2-2017.

NOTA DE PRENSA.

El Partido Esperanza Ciudadana de Monforte del Cid ha presentado hoy en el Registro Municipal una propuesta de moción dirigida a todos los Grupos Municipales con el fin de modificar los tipos aplicables al Impuesto sobre Bienes Inmuebles e impedir así que este año la subida del impuesto termine siendo 6 veces superior a la inflación registrada en 2016.

A instancias del Ayuntamiento de Monforte del Cid a la Dirección General del Catastro formulada antes del 31 de mayo de 2016, la Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, por la que se establecía la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2017, aprobó en su artículo único la relación de municipios solicitantes, entre los que figuraba Monforte del Cid.

Aprobada la solicitud del Ayuntamiento de Monforte del Cid para actualizar los valores catastrales de los bienes inmuebles, dichos valores se multiplicarán por el coeficiente 1,04 recientemente aprobado y a estos nuevos valores se les aplicará el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles lo que supondrá un incremento del 4% de las cuotas del IBI para el año 2017, mientras que la inflación del año 2016 se ha situado en torno al 0,7 %. En estas circunstancias, el Partido Esperanza Ciudadana considera imprescindible no incrementar las cargas fiscales de los monfortinos y proceder de forma urgente a la congelación del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Alicante: de mal en peor.

No hay peor ciego que el que no quiere ver y eso es precisamente lo que le ocurre a muchos de nuestros conciudadanos de la Provincia de Alicante. Hay quien se empeña en no querer ver la realidad bien porque le da miedo, porque no le gusta o porque está más cómodo con sus propias fantasías.

Cada vez aparecen más voces de la sociedad civil que se suman a la denuncia del maltrato presupuestario que nuestra provincia viene sufriendo desde hace décadas por parte del Estado y, sobre todo, de la Generalidad Valenciana quien, en vez de cohesionar la población de su territorio, ha ido ensanchando la brecha de desigualdad entre sus habitantes en función de la provincia de que se trate. Los alicantinos siempre vienen recibiendo menos de lo que les corresponde y eso hace que, año tras año, la diferencia entre alicantinos y valencianos sea mayor, en perjuicio de los primeros. Pero con los políticos alicantinos no pasa lo mismo que con otros sectores de la vida alicantina. Han venido usando y usan esta anómala situación como arma arrojadiza pero han sido y son incapaces de ofrecer una respuesta política que suponga el fin de la misma. El Partido Popular tras gobernar 20 años la Generalidad Valenciana carece de legitimidad moral para denunciar una discriminación que él mismo ha practicado. Alzan ahora alguna tímida voz denunciando una discriminación que persiste con el tripartito de izquierdas, pero lo hacen sin mucha convicción y escasa credibilidad. Y lo mismo pasa con los políticos alicantinos de izquierdas. Son sus correligionarios los que ahora en la Generalidad Valenciana practican esa tradicional discriminación hacia nuestra Provincia y sus antiguas reivindicaciones provinciales han sido olvidadas.

Por si esto no fuera suficiente, desde hace año y medio hay que sumar al agravio comparativo un sistemático ataque a la propia identidad de nuestra Provincia y a las libertades básicas de los ciudadanos desarrollado desde el gobierno de izquierdas de la Generalidad Valenciana. El tripartito de Valencia no ejerce un gobierno de y para los alicantinos, ni siquiera para los valencianos o castellonenses. La Generalidad Valenciana se ha convertido en un apéndice de los proyectos pancatalanistas dispuesto a facilitar el desarrollo de una ficción política como lo es la fantasía de “los países catalanes”. Nada es casual. 

El tripartito está desarrollando todo un plan sistemático destinado a catalanizar a la Comunidad Valenciana. Los ataques continuos a la libertad en la educación, la política en medios de comunicación, los continuos ataques a la Diputación provincial, la importación de un proyecto de comarcalización ajeno a la tradición política alicantina, la progresiva imposición del catalán en las administraciones públicas, la persecución del uso del español, la imposición del catalán en la educación, los recortes a la libertad de elección de la lengua vehicular, las desaforadas subvenciones a entidades procatalanistas, separatistas e impulsoras de la ruptura de la unidad de España son solo un pequeño ejemplo, quizás el más visible, de este proceso de inmersión social al que someten a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y no queda más remedio que preguntarse ¿qué pinta la Provincia de Alicante en medio de todo esto? ¿Qué hace Alicante en una Comunidad Autónoma que además de perjudicarle económicamente pretende ahora borrar su propia identidad histórica?

Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña. Alicante tiene identidad propia, personalidad única y diferente. La Provincia de Alicante tiene entidad política propia, anterior a la artificial Generalidad Valenciana y capacidad económica, social y cultural suficientes para ejercer su propia autonomía. ¿Qué ventaja obtienen los alicantinos del hecho de que las decisiones sobre la educación, la sanidad, el turismo o la política territorial se decidan en Valencia y no en Alicante? Ninguna.

Alicante, la quinta provincia española en población, con casi dos millones de habitantes censados, suma tanta población como las autonomías de Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra juntas. Y, sin embargo, está condenada a ser una provincia de segunda dentro de una autonomía sin tradición histórica que ni es leal con los alicantinos ni con el proyecto común que es España.

Es hora de abrir los ojos, de reconocer la realidad y de ofrecer soluciones antes de que sea demasiado tarde. Y una solución posible es que la Provincia de Alicante se separe de la Generalidad Valenciana y se constituya en Comunidad Autónoma uniprovincial. No se trata de una propuesta sencilla, pero jurídicamente es posible, económicamente es razonable, políticamente es deseable y socialmente necesaria. No hay otra fórmula para defender la identidad y personalidad propia de nuestra Provincia. No hay otra vía para reducir el enorme peso de la burocracia administrativa que costeamos los ciudadanos. No hay otro medio para que las decisiones que afectan a nuestra Provincia se tomen en Alicante y no en Valencia. No hay, en definitiva, otra posibilidad para evitar que Alicante sea incorporada a un proyecto político independentista y para impedir la importación de una fractura social que desde hace décadas crece en las provincias catalanas. Si se quiere, se puede.

Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com.es