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martes, 31 de mayo de 2016

18 firmas, 18.


Sinceramente estoy indignado, muy indignado con todo el procedimiento legal y las trabas administrativas para poder presentar una candidatura a unas elecciones generales. Por si fuera poca la carga que supone la constitucionalmente dudosa reforma de 2011 de la Ley Orgánica Electoral que obliga a los partidos sin representación parlamentaria a reunir avales, el 0,1 % del censo de la circunscripción electoral (1.253 avales o firmas en la Provincia de Alicante) hay que añadir la carga de un sistema perentorio, arbitrario y sin garantías suficientes para llevarlo a cabo.

En las elecciones del 20 de diciembre pasado, la candidatura de Esperanza Ciudadana no fue proclamada por insuficiencia de avales. Presentamos entonces 1.397 firmas pero la Oficina del censo anuló 198 de las mismas por diversos motivos, duplicadas (sólo se puede avalar una candidatura, personas no censadas, menores, etc. Tras anular ese 14 % de firmas nos faltaban 51 y por tanto no pudimos a pesar de todos los recursos concurrir a las elecciones.

Pagada la novatada, en esta ocasión hemos hecho un esfuerzo complementario y hemos presentado 1.615 firmas, siendo el mínimo legal 1.253. Pues nada, sorpresa. La Oficina Provincial del Censo decidió el lunes 30 de mayo anular 380 de esas firmas declarando válidas 1.235 y dejándonos a 18 firmas válidas del límite legal. Nada menos que casi el 25 % de las firmas presentadas, una de cada cuatro han sido anuladas aduciendo como motivos, entre otros, que “las firmas no son legibles”.

Tras la decisión de ayer de la Junta Electoral Provincial de Alicante de no proclamar la candidatura de "Esperanza Ciudadana - Sí a la Libertad en la Educación" a la vista del certificado de la Oficina del censo Electoral me he personado hoy a primera hora en la Oficina Provincial del Censo de Alicante. Una vez allí he manifestado que venía a solicitar una revisión de las 380 firmas anuladas. Para mi sorpresa me responden que esa revisión debía pedirla en la Junta Electoral Provincial. Les contesto que no, que quien debe revisar es quien ha anulado las 380 firmas, o sea, la Oficina del Censo y que así se hizo con ocasión de las elecciones generales del 20-D. Me insisten en que no, porque la Oficina del Censo ya no tiene nuestras firmas, que las tiene la Junta Electoral Provincial. Entonces les digo que de todas formas quería registrar una solicitud formal de revisión individualizada a lo que, en principio, se negaban. Tras explicar que no se podían negar a admitir una instancia dirigida al Delegado Provincial de la Oficina del Censo, por fin la han admitido.

Me he marchado entonces con la copia de la solicitud de revisión a la Junta Electoral y allí he pedido la revisión individualizada de las firmas, tal y como me habían dicho en la Oficina del Censo. Y ¡oh, sorpresa! me dicen en la Junta que ellos no tienen las firmas, que las tiene la Oficina del Censo. Les digo que en la Oficina del censo me han dicho lo contrario y me responden que, bueno, que deben estar de camino y que me avisarán cuando lleguen. Les presento entonces una solicitud formal de revisión con copia de la presentada en la Oficina del Censo.

Y no acaba ahí el culebrón o el esperpéntico sainete. A última hora de esta tarde he recibido una notificación de la Junta Electoral ordenando a la Oficina del Censo que proceda a efectuar la revisión individualizada de las firmas que habíamos pedido. ¿En qué quedamos? ¿No decía la Oficina del Censo que ya no tenía las firmas y que las tenía la Junta Electoral Provincial? ¿No decía la Junta a su vez que aún no las tenía pero que me avisarían cuando llegasen para que pudiera asistir a la revisión? ¿Será que las firmas están paseándose por Alicante de la Oficina del Censo a la Junta Electoral y de la Junta Electoral a la Oficina del Censo? ¿Avisarán para que un representante de Esperanza Ciudadana pueda asistir y verificar la revisión de los casi 400 avales anulados?

Es para indignarse ¿o no? En primer lugar el incremento del porcentaje de firmas anuladas de las recogidas en noviembre pasado a las recogidas ahora es más que sorprendente, del 14 al 25 por ciento. En segundo lugar, un requisito como el de la necesidad de presentar firmas, supuestamente ideado para justificar cierta implantación social de los partidos, no puede imponerse de forma inflexible ¿acaso 18 firmas sobre 1.253 acreditan o no una mayor o menor implantación social? Y en tercer lugar, cuando se trata del ejercicio de derechos políticos básicos, de derechos constitucionales la administración tiene la obligación de facilitar su ejercicio y no erigirse como un muro o un obstáculo infranqueable. Si esto es una democracia moderna y participativa que venga Dios y lo vea.

Santiago de Munck Loyola
https://santiagodemunck.blogspot.com.es


lunes, 30 de mayo de 2016

ESPERANZA CIUDADANA PROPONE QUE OTEGI SEA DECLARADO “PERSONA NON GRATA” EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.

Nota de Prensa.
31-5--2016


Esperanza Ciudadana, partido político alicantino, propone que en los Plenos de los Ayuntamientos de la Provincia de Alicante sean aprobadas mociones, tal y como se ha hecho en varios municipios españoles, declarando a Arnaldo Otegi persona non grata.

El objetivo de estas mociones es dignificar la vida política, tan ensuciada por la visitas tanto a las instituciones catalanas como europeas por parte de un sujeto que se niega a condenar la violencia terrorista, así como rendir homenaje a la memoria de las cerca de mil españoles asesinados por la banda asesina etarra.


Es necesario que los ayuntamientos alicantinos se pronuncien rotundamente a favor de que ninguna institución pública contribuya a la proyección mediática de los que han sido condenados por pertenecer a organizaciones terroristas y a favor de que se promuevan las reformas legislativas necesarias para que, tanto en España como en las instituciones europeas, se impidan las invitaciones y la asistencia de sujetos cuya presencia atenta contra la memoria y la dignidad de las víctimas y de las propias instituciones democráticas.

domingo, 29 de mayo de 2016

Más España, garantía de libertad y de progreso.



Si nuestra democracia tiene una asignatura pendiente desde 1978 es precisamente la configuración del modelo territorial del Estado. El estado de las autonomías diseñado en la Constitución ha demostrado después de décadas que ha fracasado y es que no se pueden calificar de otra forma sus resultados: ineficiencias, duplicidades, despilfarros, ruptura de la solidaridad territorial o potenciación de las fuerzas disgregadoras contra la propia Nación. El modelo que se planteó como una respuesta integradora a las fuerzas nacionalistas sólo ha servido para que éstas adquieran más poder y para que la supervivencia del propio Estado esté en peligro. El modelo que se construyó con el objetivo de acercar más la administración a los administrados ha servido no sólo para descentralizar sino para crear nuevos centralismos periféricos y para fragmentar buena parte de la soberanía nacional a través de los parlamentos regionales. El modelo que se diseñó para incrementar la cohesión entre los españoles ha servido finalmente para que los españoles no gocemos de los mismos derechos y obligaciones según el territorio en el que vivamos. Un camino que se inició desde la perspectiva de la descentralización administrativa se transformó en descentralización política y ha desembocado en la disgregación del propio estado.

Los nacionalismos siempre han tenido claro su objetivo final, la destrucción de España como Nación y la independencia de sus territorios. Y para conseguirlo han desarrollado estrategias similares, paso a paso, con modulaciones en sus discursos, cobijados en el victimismo y envueltos en sus banderas territoriales como defensa ante cualquier denuncia contra sus abusos o corrupciones. Las continuas cesiones ante las permanentes reivindicaciones de los nacionalistas sólo han servido para alimentar a estos monstruos y para que sigan creciendo. Hoy los independentistas son más fuertes gracias a los débiles mecanismos del Estado, a la falta de visión de la clase política constitucionalista y, sobre todo, a la ausencia de un objetivo nacional compartido por los partidos políticos que dicen defender la unidad de España con su consecuente estrategia de desarrollo.

Hay que decir las cosas claras. Aquí sólo hay dos posiciones, dos objetivos antagónicos: la defensa de la unidad de España y la defensa de la independencia de partes de su territorio. No hay posiciones intermedias. No puede haber soluciones de compromiso entre ambas partes porque los nacionalistas-independentistas han demostrado hasta la saciedad que cada compromiso alcanzado sólo ha sido una cesión más en favor de su proyecto independentista, que no tienen lealtad constitucional porque no creen en ella y que no aceptan tan siquiera la existencia del pueblo español y de su soberanía. Cualquier idea es defendible democráticamente y, por tanto, del mismo modo que se ha venido aceptando la defensa de las tesis independentistas es hora de dejar de satanizar la defensa democrática y pacífica de las tesis contrarias, las que defienden la unidad de España y el reforzamiento del Estado español, las que defienden la soberanía única del pueblo español en su conjunto. Les guste o no a los independentistas, la Nación española existe y sólo ella puede decidir su futuro.

Frente a los objetivos de los independentistas, existe el objetivo de salvaguardar, proteger y seguir construyendo nuestra Nación. Una Nación sustentada en la soberanía de todos los españoles, en la que se promueva la igualdad de derechos y obligaciones de sus ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, con una Justicia, una Educación, una Sanidad, unas prestaciones Sociales o unas Fuerzas de Seguridad comunes a todos los españoles. Y para desarrollar este objetivo nacional es imprescindible romper con la estrategia que han venido desarrollando a lo largo de los últimos cuarenta años los partidos constitucionalistas y que sólo ha servido para alimentar y fortalecer a los partidos no constitucionalistas. La reforma del estado de las autonomías para corregir el rumbo disgregador seguido hasta ahora no puede pasar ni por más cesiones, ni por más autonomía, ni por el federalismo. Debe pasar, si no se quiere dinamitar definitivamente a España, por reivindicar y desarrollar la recuperación de todas las competencias en manos de las autonomías que quiebran el principio de unidad social o de mercado, de todas aquellas que limitan la igualdad entre los españoles o la solidaridad entre sus territorios. No hay otro camino. Desde el respeto a las reglas de la democracia, se puede y se debe defender la actualización del objetivo nacional de España y de una estrategia política coherente y decidida para lograrlo. Más España es más libertad y más progreso, no cabe ninguna duda.

Santiago de Munck Loyola





miércoles, 25 de mayo de 2016

Y están entre nosotros.

“Sí a la libertad en la Educación”.

“Vosotros ya no sois nada, vuestros hijos ya son nuestros”. Esta frase de Adolfo Hitler dirigida a los padres de los niños y jóvenes alemanes a propósito de la educación y de las escuelas de la élite nazi retrata perfectamente la finalidad del Estado nacional socialista: adoctrinar y moldear la mente de los educandos al servicio absoluto de su ideología. El individuo no importa, la familia no importa y solo el omnipotente Estado decide qué han de pensar e incluso sentir los niños puestos obligatoriamente bajo su tutela. Es evidente que este objetivo, el de modelar las mentes de los niños al servicio de una determinada ideología, no es exclusivo de los nazis sino que es común a todas las ideologías políticas totalitarias desde el fascismo italiano al comunismo soviético o chino. Da igual, la enseñanza pública, transformada en educación pública, es puesta al servicio de la ideología dominante para inculcar determinados valores o principios y sustrayendo ese derecho a la familia, a los progenitores.

Los términos enseñanza y educación se confunden y se suelen usar de forma indistinta. Enseñar es transmitir conocimientos evaluables y programados por etapas cuya responsabilidad recae principalmente en el profesorado. Educar es formar en valores, creencias e ideas, una responsabilidad de los padres principalmente. Sin embargo, no son pocos los padres los que suelen delegar gran parte de la educación en la escuela y no son pocas las ocasiones en las que se plantean verdaderos conflictos entre los valores y creencias familiares y los transmitidos por la escuela pública. Del mismo modo, hay una tendencia muy peligrosa a extender el ámbito de los contenidos de la educación en la enseñanza más allá de los valores constitucionales de la convivencia, adentrándose en el terreno de las ideologías partidistas.

Y a propósito del debate surgido en la Comunidad Valenciana en torno a los recortes a la enseñanza concertada impulsados por el tripartito, un portavoz podemita de Orihuela ha recordado, en defensa de su peculiar concepto de la libertad, el siguiente texto: se exigen ciertas políticas “en nombre de la libertad de los padres para elegir la enseñanza de sus hijos, como si la cuestión no fuera, más bien, exactamente la contraria: el derecho que deben de tener los hijos a librarse de los prejuicios y de la ideología de sus padres, gracias a un sistema de instrucción pública controlado por la sociedad civil mediante oposiciones y tribunales bien legislados." No, no se trata de un texto de Adolfo Hitler ni de Alfred Rosenberg. Es un texto de Carlos Fernández Liria, filósofo e ideólogo de Podemos, ese partido que en su programa sugería que los miembros del poder judicial deberían ser adictos a un hipotético régimen podemita bolivariano. Vamos, más claro el agua. La libertad en la enseñanza para esta nueva izquierda que cogobierna la Comunidad Valenciana consiste en “liberar” a los hijos de la ideología de sus padres, de sus valores éticos y religiosos, y moldearles la mente a su antojo utilizando la escuela pública, usando el dinero de todos los contribuyentes. Y de ahí que sea imprescindible para ellos recortar la escuela concertada. Si no se les paran los pies, lo harán, poco a poco, paso a paso. Todo ello acompañado con inmersión, perdón, imposición lingüística y pancatalanismo a cucharadas. No existe independentista, nacionalista o totalitario que no reclame en primer lugar el control absoluto sobre la enseñanza. Y en una generación, Alicante convertida en colonia de los países catalanes.

Se está acentuando un peligroso proceso dirigido contra las libertades. Un proceso que cuestiona la libertad de pensamiento, de creencias y que se plasma perfectamente en el campo de la educación como instrumento de dominio ideológico. No es momento de engañarse. Están entre nosotros y desprecian la libertad. No hay que subestimar el objetivo de estos supuestos “progres” que, a la hora de hablar de libertad seguramente compartirán la respuesta que Lenin dio a Fernando de los Ríos en 1920 cuando a la pregunta de cuándo permitiría su gobierno la libertad de los ciudadanos, le espetó "¿Libertad para qué?".

Santiago de Munck Loyola