El que no corre vuela... o lo intenta. Ayer el Presidente Alberto Fabra declaró que 'la Comunidad está lista para despegar y no nos van a parar'. Esta asombrosa declaración demuestra dos cosas: que, de una parte, tanto él como el PPCV necesitan autoconvencerse de que pueden quebrar las tendencias de las encuestas y, de otra, que estan torpe con la palabra como con el gobierno de nuestra Comunidad.
Tanto dinero público empleado en asesores, en un 'entrenador' personal, en gabinete de imagen y comunicación y no se le ocurre al inefable Presidente Alberto Fabra otra cosa que hablar de 'despegues' teniendo, como tiene, la Comunidad Valenciana una perla del derroche y la ineficacia del PPCV tan evidente y escandalosa como el aeropuerto de Castellón, tres años cerrado, sin ningún avión a la vista y con millones de euros invertidos y por invertir en su mantenimiento.
Si es que donde no hay, no hay... ¡Vaya liderazgo! Más vale que los votantes de centro derecha se apeen de un avión averiado cuyo comandante de vuelo, además, es el Sr. Fabra.
La profunda crisis
económica y política que atravesamos ha hecho, entre otras cosas, que se
subrayen determinados comportamientos y privilegios de la clase política que se
alejan mucho de la necesaria ejemplaridad que hoy habría que exigir a todos los
dirigentes políticos. Los partidos políticos se han convertido en
impresionantes máquinas burocráticas con una propensión permanente a invadir
todas las esferas y escalones del poder, viven del dinero público, no de las
cuotas de sus afiliados, y sirven de agencia de colocación de sus peones,
muchos de ellos sin preparación ni cualificación política o técnica. Así, han
terminado por copar las administraciones públicas desplazando en muchas
ocasiones a los propios profesionales de la administración sustituyéndoles por
los “enchufados”. Es casi una vuelta al sistema del siglo XIX, denunciado
magistralmente por Galdós, en el que la alternancia en el poder conllevaba el
inmediato relevo de miles de colocados en detrimento de la profesionalidad de
las administraciones públicas. A todo ello hay que sumar el abuso permanente de
buena parte de la clase política de los instrumentos legales a su disposición
atribuyéndose toda clase de privilegios fiscales, sociales, económicos y
jurídicos mientras la gente lo pasa francamente mal.
España necesita un Estatuto
de los Cargos Políticos que acabe con esta situación y que establezca unas reglas claras,
precisas y estrictas. Sería sin duda una saludable iniciativa democrática. Este
Estatuto debería impulsar reformar legislativas para:
- Encuadrar las pensiones de los parlamentarios nacionales y autonómicos en
el sistema general de pensiones, sin privilegio alguno. No existe ninguna razón
que justifique un sistema diferenciado.
- Establecer para los mismos un baremo de retribuciones transparente en el
que las dietas e indemnizaciones, perfectamente delimitadas y controladas, sean
las mismas que las asignadas en los PGE para los funcionarios de más alto
nivel.
- Modificar las pensiones vitalicias de Presidentes de Gobierno y
Presidentes Autonómicos, estableciendo límites e incompatibilidades con otros
ingresos. Incompatibilizar la percepción de dichas pensiones con el cobro de
retribuciones provenientes de empresas o consorcios que tengan o hayan tenido vinculación
con la actividad de las administraciones públicas.
- Suprimir los privilegios fiscales de los parlamentarios y demás cargos
públicos.
- Limitar el aforamiento a los miembros de las Cortes y del Gobierno.
- Incompatibilizar el desempeño simultáneo de dos puestos electivos, por
ejemplo, ser alcalde y diputado nacional o autonómico o senador. No se puede
pertenecer al legislativo y al ejecutivo de forma simultánea ni desempeñar
íntegramente dos cargos sin merma en la dedicación a uno de ellos o a ambos.
- Incompatibilizar la percepción de ingresos de carácter público o
semipúblico con las retribuciones de sus cargos. Es preciso terminar con la
práctica habitual por la que muchos cargos públicos perciben dos o más ingresos
públicos o de origen público como los provenientes de sus partidos políticos.
- Incompatibilizar el desempeño de un cargo público con actividades
privadas o de representación en consejos de administración incluso en empresas
públicas.
- Establecer una escala retributiva nacional para todos los cargos públicos
y directivos de empresas públicas o privadas cuyos ingresos provengan de
subvenciones públicas de modo que ninguna retribución pueda superar a la
percibida por el Presidente del Gobierno.
- Reducir de forma drástica el número de asesores y cargos de confianza en
todas las administraciones públicas, limitando su existencia exclusivamente a
tareas de comunicación e imagen, tareas que no suelen existir en las
organizaciones públicas.
- Exigencia de un mínimo de experiencia profesional previa, sea en el
ámbito privado o en el público, para el acceso a un cargo político, sea de
elección directa o de libre designación.
- Limitar a dos mandatos los cargos de representación electiva.
- Reducir ostensiblemente el número de coches oficiales en todas las administraciones
públicas y eliminar las tarjetas de crédito para gastos de representación.
- Limitar los gastos de representación.
Se trata de una relación de medidas perfectamente ampliable que podrán
contribuir a la exigencia de austeridad y ejemplaridad que, hoy por hoy, están
tan ausente en el quehacer diario de buena parte de nuestra clase política. Impulsar
un Estatuto de los Cargos Públicos en la dirección señalada sería, sin duda,
una muestra más de la existencia de una voluntad regeneradora de nuestro sistema
políticos, aunque mucho me temo que pocos partidos se atreverán a recoger un
guante como éste.
Quiero en primer lugar felicitar a los candidatos elegidos y, en especial, a nuestro Presidente, Alejo Vidal Cuadras, por su elección como cabeza de lista. Estoy seguro de que todos nos volcaremos para conseguir un sonado éxito en las elecciones europeas.
En segundo lugar quiero agradecer vuestra confianza a todos los que me habéis votado. No he salido elegido entre los diez primeros, pero sigo a vuestra disposición y a la de todos los compañeros del partido para hacer de nuestro proyecto una realidad cada día más sólida.
Y finalmente deseo expresar mi agradecimiento a VOX por esta oportunidad que nos ha brindado a los afiliados de poner en práctica algo tan básico y tan hermoso como la democracia interna y felicitar a los afiliados y a los técnicos que han trabajado para que estas elecciones fueran una realidad en un tiempo récord.
Tanto asesor para nuestros políticos, tanto dinero público
empleado en marketing político, en
técnicas de comunicación y en imagen para que luego algunos de nuestros
dirigentes desconcierten e indignen al personal con sus declaraciones o sus
actitudes públicas. El pasado domingo, en un acto político del PPCV celebrado
en Alicante el Presidente del Partido y de la Generalitat Valenciana, Alberto
Fabra, dejó de piedra a más de uno de los asistentes (que no obstante
aplaudirían de forma entusiasta como es habitual en este tipo de actos) y a los
ciudadanos de la calle cuando manifestó su respaldo a la plurimputada alcaldesa
de Alicante Sonia Castedo. “Estás fantástica, a punto, y ahí estaremos todos
ayudándote”. Sorpresa y aplausos entre los asistentes. Más de uno de los
actuales concejales que trabajan bajo cuerda para ocupar el sillón de la
alcaldesa se quedó helado. ¿Y qué hay de la línea roja de Fabra? ¿Dónde queda
esa línea discontinua según la cual los imputados deberían irse a casa? Al día
siguiente todos los medios de comunicación y los comentaristas políticos atónitos
también. ¿Qué ha pasado? ¿Ya no hay línea roja?
Y se monta tal revuelo que el
Presidente Fabra se ve obligado a salir a la palestra para rectificar y para
aclarar que su apoyo era de carácter personal y que se refería sólo al embarazo
de la alcaldesa. ¡Acabáramos! Alguien, alguno de esos múltiples asesores con
los que cuenta el Presidente Fabra y que costeamos los contribuyentes debería
haberle advertido que se trataba de un mitin, de una reunión política y no de
un encuentro entre amiguetes, ni de una charla del curso del parto sin dolor
por lo que debía medir muy bien sus palabras. Claro que, cuando todo un
Presidente de la Generalitat ve normal que su amiga cargue la factura del “arreglo
del cocido” al presupuesto público, es normal que pasen estas cosas.
Pero, claro, en el PPCV siempre hay “tiralevitas” dispuestos
a apoyar cualquier tontería por grande que sea que diga el jefe y a buscar cualquier
argumento que la refuerce. Es ése el caso de la Presidenta de la Diputación
alicantina, Luisa Pastor, que se apresuró a hacer unas declaraciones antes de
que se produjera la rectificación del jefazo. Y, así, con el pie cambiado dijo
al día siguiente del “apoyo comunitario al embarazo de la alcaldesa” que no hay
ningún inconveniente en que Sonia Castedo vuelva a encabezar la candidatura del
PP porque sólo está imputada por cuatro graves delitos y que no está condenada.
Semejante “perogrullada” cae por su peso. Evidentemente, ningún imputado es, de
momento, culpable de nada. Pero cuando se traza una línea roja, no se sabe muy
bien siguiendo qué criterio y se fija en el momento de la imputación, se hace,
se supone, por una exigencia pública de
ejemplaridad, aunque no lo sepa la Sra. Pastor. Tampoco Luis Bárcenas ha sido
condenado por nada y se sospecha que, pese a su valía financiera, la Sra.
Pastor no desea incorporarle en la próxima candidatura del PP de su pueblo ni
ofrecerle cargo alguno en la Diputación. ¿O sí?
Y por si fuera poca la ligereza con la que algunos políticos
se toman la necesidad de practicar la ejemplaridad y de combatir la corrupción,
ayer mismo fuentes próximas al Gobierno de España y al Ministro De Guindos,
experto fichando socialistas chaqueteros para altos puestos del Gobierno, hacen
saber que no hay ninguna prisa por promover la sustitución de la socialista
Magdalena Álvarez, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, imputada en
el caso de los ERES andaluces, el mayor caso de corrupción de la historia, y
para la que la Juez Mercedes Alaya acaba de imponer una fianza civil de
29.568.129 euros. Sospecha la Juez que la ex ministra de Zapatero fue la ideóloga
(algo difícil conociendo al personaje) del procedimiento de subvenciones que dio
lugar al latrocinio del dinero de los ERES en la Junta de Andalucía. Que los
socialistas sigan calladitos y que, por supuesto, no pidan la dimisión de sus
imputados es absolutamente normal. Pero que haga lo mismo el Gobierno y el
partido que lo sustenta ya no lo es tanto. Parece que ajuicio de nuestro
Gobierno y, en especial, del Sr. De Guindos este asunto no afecta a la imagen
de España. Total, que la vicepresidenta del banco europeo que maneja miles de
millones destinados a inversiones esté procesada por un caso de corrupción tan
escandaloso como éste carece de importancia. Es más, con no poco cinismo
algunos argumentan que se trata de un asunto que nada tiene que ver, por ser
anterior en el tiempo, con su trabajo en dicho banco como si en ese banco o en
la Junta andaluza no se manejasen fondos públicos y que estas cosas hay que
tratarlas con más delicadeza que la que los socialistas suelen emplear en
asuntos de corrupción mucho menos relevantes. Casi nada.
Hay quien ve algo más en esta tibieza gubernamental y “pepera”
frente a la ejemplaridad que una simple
falta de principios y apunta al hecho de que España es el principal cliente del
Banco Europeo de Inversiones, que en 2013 concedió al país préstamos por valor
de 10.656 millones de euros. España tiene 76.000 millones de euros de préstamos
vivos y espera que este año este Banco nos preste otros 10.000 millones, por lo
que, algunos entienden que es bueno que esta señora siga en su puesto en el
que, por cierto, cobra 23.000 euros al mes.
Ni principios, ni gestos, ni gaitas. El euro es el euro. Unos
no saben por dónde se andan entre tanto asesor, tana línea roja incumplida y
tantos casos de corrupción y otros saben demasiado bien por dónde transitan
aunque huela a cloaca. Y mientras tanto, los ciudadanos pasmados ante tanta
incompetencia y tanto espectáculo bochornoso.
Aburrido
y decepcionante, así fue el debate sobre el estado de la Nación celebrado la
semana pasada. Los datos publicados sobre el seguimiento que el debate tuvo
entre los ciudadanos ponen de manifiesto que la brecha existente entre los
ciudadanos y sus representantes cada día es más grande. La audiencia, que ya
era baja el año pasado, cayó a la mitad. Muy pocos españoles siguieron el mismo
y llama poderosamente la atención que sea así cuando la mayoría de los
españoles seguimos padeciendo, y lo que nos queda, los desastrosos efectos de
esa recesión en la que unos nos han mentido y otros no terminan de sacarnos.
Era
de esperar que el Presidente del Gobierno se aferrase a los datos
macroeconómicos tímidamente positivos que empiezan a conocerse y que, por
tanto, vendiera a bombo y platillo las supuestas bondades de su gestión que,
dígase lo que se diga, todavía no es perceptible en el bienestar de la
ciudadanía. Cuando sigue habiendo más de cinco millones de desempleados, cuando
la clase media está fiscalmente machacada y cuando los recortes en todos los
campos se hacen notar sobra cualquier autocomplacencia. Los esfuerzos para
salir de esta desastrosa situación los están llevando a cabo los ciudadanos, no
los políticos y entre tanto aplauso en las bancadas del congreso parece que
esto se olvida.
Y
era de esperar, cómo no, que el frágil líder de la oposición, el socialista
Pérez Rubalcaba ofreciese un discurso catastrofista, demagógico y, por
supuesto, exento de cualquier autocrítica o reconocimiento de su
responsabilidad en la grave situación que hoy padecemos. Es evidente que los
socialistas no pueden ofrecer alternativas políticas y económicas para señalar
un camino diferente al del Gobierno para salir cuanto antes de la recesión y de
la crisis. De una parte, no pueden plantear como alternativas las mismas
políticas que siguieron durante sus ocho años de Gobierno porque los resultados
de las mismas a la vista están. De otra, plantear alternativas diferentes a sus
políticas de los últimos ocho años sería tanto como reconocer que no lo
hicieron bien, que se equivocaron y que, por tanto, son los responsables del
desastre, algo que, por otra parte, percibe la inmensa mayoría de los electores
como indican todos los sondeos electorales que sitúan al PSOE en caída libre.
Pero es que, además, el PSOE sigue anclado en un especial síndrome de doble
personalidad, un síndrome disociativo de la personalidad que le impulsa a
mantener un doble discurso y una dualidad del comportamiento. Mientras en
Ferraz se desgañitan proclamando que con Bildu nada de nada, sus
correligionarios navarros beben los vientos por hacerse con el poder con los
votos de los defensores de los terroristas. Mientras que los portavoces
socialistas intentan por todos los medios que la E de sus siglas no se les
caiga y afirman con solemnidad su compromiso con la unidad de España, sus
socios catalanes realizan su doble juego respecto a la ilegal consulta
independentista. Mientras que los voceros socialistas sacan pecho hablando de
primarias y se exhiben como los campeones de la democracia interna, el dedazo
de Rubalcaba, al igual que el de Rajoy en el PP, designa a Elena Valenciano
¡vaya fichaje! como cabeza de lista para las elecciones europeas. Está claro
que por su banda izquierda, Rajoy puede estar tranquilo.
Y
de los demás grupos intervinientes en el debate para qué hablar. Rosa Díez
sigue encantada de haberse conocido. Y los independentistas catalanes y vascos
a lo suyo. Los primeros, erre que erre, insisten en que el Gobierno tiene que
mover ficha (algo que incomprensiblemente también propugnan los socialistas) y
dialogar. Ya se sabe que para los independentistas, aunque se disfracen de
nacionalistas moderados, dialogar o mover ficha es acatar sus propuestas, es
“cepillarse” la soberanía del pueblo español e ignorar la legalidad. Y los
vascos a lo suyo también, a dar carta de naturaleza, a elevar al rango de
tratado de paz la farsa del presunto desarme etarra. ¿Será que también cobran
de la misma fuente que paga a los farsantes de los autodenominados mediadores
internacionales?
Es
más que llamativo y de ahí quizás el desinterés ciudadano por este debate que
una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, los partidos políticos con
su corrupción, apenas ocupase tiempo en los discursos de los intervinientes y
que uno de los mayores problemas que enferma el estado de nuestra Nación, la
inviabilidad e insostenibilidad del estado autonómico, tampoco tuviese un lugar
preferente entre las preocupaciones del Gobierno y de la oposición. Está claro
que nuestro parlamento sigue instalado en su realidad virtual y que los
ciudadanos tenemos que sufrirlo.
Dice
la mayoría de los comentaristas políticos que el debate lo ganó Rajoy y el País
que el ganador por la mínima fue Rubalcaba. Y se centran en discutir quién ganó
o no, como si eso nos importase mucho a los ciudadanos. Pero la verdad es que,
una vez más, el perdedor del debate fue el pueblo español.