Alicante sin representación colectiva del centro derecha.

Ayer el Comité Ejecutivo Provincial del PP decidió aprobar la creación de 5 Juntas de Distrito para sustituir la Junta Local del PP de la Ciudad de Alicante, dando así cumplimiento al acuerdo del 11 de octubre de 2012 que decía “Alicante, respecto de la cual el Presidente propone el acuerdo, que es aprobado por unanimidad, de sustituir el actual sistema organizativo de Junta Local, por el de Juntas de Distrito,…” Diez meses, nada menos, empleados en decidir el número de Juntas del PP que habrá en Alicante. 

Hay que señalar que es precisamente el acuerdo de octubre pasado el origen del conflicto que se ha saldado, de momento, con la suspensión cautelar de militancia de Antonio Sobrino y de un servidor y con la apertura de sendos expedientes disciplinarios para echarnos del PP. Entendimos y seguimos entendiendo que la decisión de dejar a la ciudad de Alicante sin Junta Local era y es ilegal porque vulnera el Artículo 19 de los Estatutos Nacionales del PP que facultan a la organización provincial para crear distritos (órganos de descentralización de una Junta Local grande) pero no para suprimir una Junta Local. Presentamos en su día los oportunos recursos. Primero ante el propio Comité Ejecutivo Provincial que no contestó, aunque sí lo hizo, atribuyéndose funciones que no le corresponden el Secretario Provincial quien, vulnerando de paso los Estatutos del Partido, se negó por escrito a entregar la documentación que le pedimos y desestimó el recurso alegando que no habían suprimido la Junta Local de Alicante. Ya me dirá alguien como se puede sustituir una cosa por otra y conservar ambas. Tampoco respondieron ni el Comité de Derechos y Garantías del PPCV ni el nacional. Eso sí, el primero nos ha abierto un expediente disciplinario y nos ha impuesto una medida cautelar, como si fuésemos delincuentes, de suspensión de militancia con el único fin de privarnos de nuestros derechos de cara a cualquier proceso electoral interno. Creo recordar que ni a Bárcenas le impusieron una medida similar ni, por supuesto, a ninguno de los numerosos cargos del PP imputados en procesos judiciales. En todo caso, ahora serán los tribunales de justicia serán los que decidan sobre la legalidad de esta decisión.

De otra parte, hay que resaltar y con ello no creo hacer otra cosa que describir la realidad, que esta decisión de suprimir la Junta Local de Alicante se ha tomado sin consultar a los miles de afiliados de la ciudad y ni tan siquiera se les ha comunicado por escrito. Los afiliados de Alicante nos limitamos a pagar nuestra cuota, que se la queda la Provincial, y a enterarnos por la prensa de lo que pasa y lo que deciden otros con nuestra organización local.

Pero en todo este asunto hay dos cuestiones importantes que reflejan la consideración que Alicante parece merecer para la cúpula provincial del PP. De una parte, la situación en la que quedan los afiliados alicantinos que en su día se afiliaron a una organización de y para toda la ciudad y no a una organización de barrio. Parece que los afiliados alicantinos no tenemos derecho a tener una organización política de nuestra ciudad, como la tienen los afiliados de Elche, de Torrevieja o de cualquier municipio. ¿No tenemos los mismos derechos? ¿Por qué los demás pueden tener una Junta Local y nosotros no? ¿Por qué no se deja decidir a los alicantinos? ¿Por qué los afiliados alicantinos no pueden tener una sede propia? ¿Por qué los afiliados alicantinos son los únicos cuyas cuotas íntegras van a parar a la Provincial? ¿Por qué no pueden tener un Presidente local que los represente ante la sociedad alicantina? Nadie da una respuesta satisfactoria estas preguntas. ¿No será que algunos dirigentes provinciales, que no son de la ciudad, pretenden controlarla y arrogarse la representación de las bases?

Y la segunda cuestión afecta a la ciudad en sí. Del mismo modo que se convierte a los afiliados alicantinos en afiliados de segunda, también la ciudad de Alicante parece ser tratada, una vez más, de la misma manera. Los problemas y las necesidades de una ciudad como la nuestra no van por distritos, por barrios, sino que la mayoría de los mismos son globales, tienen un carácter transversal y por tanto requieren un tratamiento unitario. El desempleo, los desahucios, la marginalidad, el turismo, los transportes, el Plan General, la promoción cultural, las infraestructuras comunitarias, por citar algunos asuntos, son cuestiones que afectan al conjunto de los alicantinos y su análisis, sus soluciones y su tratamiento debe hacerse desde una perspectiva global y no por distritos. Al igual que ocurre con las demás organizaciones políticas de la ciudad, el centro derecha debería tener una organización de y para la ciudad en su conjunto y no 5 organizaciones débiles coordinadas no se sabe muy bien por quién designado por no sabe tampoco por quién. La sociedad alicantina se merece, también en el ámbito del centro derecha, una organización para toda la ciudad, nacida de la voluntad de los afiliados del centro derecha y con un liderazgo nacido de las bases y no impuesto, ni tutelado. Alicante y sus vecinos no pueden ser tratados de diferente forma que los demás municipios de la provincia. Y si se hace, debería explicarse muy bien por qué.

Los hechos y la experiencia de los últimos años han demostrado que el PP de Alicante era una formidable máquina electoral, pero poco más. Unas siglas controladas por grupos y “familias”, pero no una organización dinámica, viva, participativa en la que los afiliados pudieran trabajar, proponer ideas, realizar propuestas o simplemente opinar sobre el programa electoral o sobre quienes deberían formar parte de las listas electorales. Y la solución más lógica y más democrática para superar esa situación no era otra que la de devolver la palabra a la militancia para que decidiese lo mejor sobre el futuro de su organización local. Pero no, no se ha optado por esa solución. Se ha optado por imponer a la militancia un modelo dudosamente legal desde la perspectiva de los Estatutos del partido Popular y por privar a la ciudad de Alicante de una interlocución única para el conjunto de la ciudad. Seguramente los demás partidos políticos estarán muy contentos con ello.

Santiago de Munck Loyola

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El PP expulsa a los afiliados alicantinos que piden honradez pero mantiene a Castedo.

Noticia aparecida hoy, 27 de julio de 2013, en el Diario El Mundo de Alicante. Me limito a reproducirla pero en los próximos días la iré analizando para tratar de explicar a los lectores lo que puede haber detrás. Hoy sólo adelantaré que coincide con la próxima convocatoria de elecciones internas y que se produce tras haber solicitado por segunda vez que rindan cuentas del dinero de la Junta Local de Alicante.

El futuro del centro derecha alicantino.

Cuando se analizan algunos discursos de ciertos dirigentes del Partido Popular de Alicante llama enseguida la atención la existencia de una interpretación de la realidad política muy diferente a la que percibe el ciudadano corriente y los propios afiliados de la organización política. Es muy probable que se trate de mensajes para el consumo externo, pero para quien sigue con cierto detenimiento la vida política y las vicisitudes del centro derecha en los diferentes municipios de la provincia estos discursos poco tienen que ver con la realidad. Estos discursos, estos mensajes deslizados en actos políticos de autocomplacencia se están lanzando en medio de una situación nada favorable, tal y como señalan las encuestas, para las expectativas electorales del Partido Popular. Nada habría que objetar si simultáneamente se estuviesen adoptando las medidas para recomponer la situación y tratar así de evitar lo que algunos anuncian ya, la voladura del proyecto popular en la Provincia. Pero todo parece indicar que no es así. No se vislumbra ninguna señal que anuncie un cambio de estrategia, ni de rumbo.

Algunos medios de comunicación están poniendo de relieve estos días la aparición de  escisiones en el Partido Popular. En varios municipios de la Vega Baja se han creado partidos locales y se han federado en una organización de ámbito regional. En Elche ya son dos, al menos, las escisiones del Partido Popular. En Benidorm parece que pronto se va a consolidar una segunda escisión y en Alcoy un buen número de afiliados del Partido Popular se ha dado de baja en el mismo. Y en Alicante las cosas tampoco van bien. La Junta Local, muerta hace tiempo, ha sido enterrada y va a ser sustituida por Juntas de Distrito no pedidas por los militantes e impuestas desde arriba mientras se amenaza con expulsar a quienes reclamamos más democracia, honradez, transparencia y participación. Así, mientras hay quien saca pecho obviando los problemas surgidos en el proceso de renovación de las Juntas locales tras el último Congreso provincial, lo cierto es que los problemas se multiplican y buena parte de los mismos tienen mucho que ver precisamente en las formas empleadas desde arriba al poner en marcha dichos procesos.

Cuando se habla de democracia interna es un error exhibir como un logro la ausencia de elecciones en muchos municipios. Se habla de alto grado de consenso cuando lo cierto es que, en no pocos casos, desde la provincial se ha presionado para evitar la concurrencia de varias candidaturas como en el caso, por citar sólo uno, de Torrevieja. La democracia interna exige, y así lo establecen los propios estatutos del PP, que exista una absoluta y escrupulosa neutralidad de los órganos superiores en los procesos electorales y ésta no ha sido la norma en todos los casos. Cuando se habla de candidatos “de la Provincial” para determinadas presidencias locales ya se quiebra esa neutralidad. Es curioso, por ejemplo, que esta forma de proceder esté perfectamente asumida hasta por los medios de comunicación que, a la hora de analizar el futuro de localidades como Alicante, barajan posibles candidatos como el preferido por la provincial, el bien visto en Madrid o el señalado por Valencia, pero lamentablemente nadie se pregunta ¿y quién es el preferido por los afiliados? Y es que nadie podrá negar, al menos de cara a la galería, que son los afiliados los que únicamente deberían contar en estos procesos, que su voluntad democráticamente expresada debería ser la única atener en cuenta. Pero no es así.

A nadie se escapa que muchas de las fugas de militantes o escisiones tienen su origen precisamente en la intervenciones superiores en los procesos electorales internos y en el ninguneo a la voluntad de la militancia. Los liderazgos locales tutelados nacen débiles y las consecuencias no se hacen esperar. Cuando se interfiere en la confección de las listas electorales para imponer amiguetes o para excluir a personas poco dóciles, cuando se confecciones las listas de espaldas a los afiliados, cuando se interfiere en las elecciones internas y se huye de la concurrencia plural para la aparición de liderazgos auténticos se termina cosechando lo que hoy puede verse. Es cierto que no ha sido esa la tónica general, pero basta que se haya producido en unos cuantos municipios para que se transmita la actual imagen de fractura. Igual que muchos corren para apuntarse los méritos de los éxitos políticos, alguien debería asumir la responsabilidad de algunos sonados fracasos.

Puede que se sienta la tentación de minimizar las futuras consecuencias de la actual situación, pero sería un grave error. Con las tendencias electorales en la mano, la más mínima fractura podrá en el futuro hacer que el Partido Popular pierda la Diputación Provincial o importantes Ayuntamientos como el de Alicante. No es correcto imputar la tendencia electoral a la bajo únicamente al desgaste del Gobierno de la Nación, a ello hay que sumar la valoración de la gestión autonómica y la grave preocupación por la corrupción entre los ciudadanos. Más de la mitad de los votos que ya han abandonado al Partido Popular anuncian su intención de voto futuro para UPyD.

En medio de este panorama debería ser un imperativo político para nuestros dirigentes un cambio de rumbo, un nuevo talante para tratar de restañar heridas, para rectificar errores pasados y tender puentes de diálogo con aquellos que se han visto obligados a marcharse. Los esforzados y sacrificados afiliados populares no se merecen todo lo que está ocurriendo. El centro derecha debe recomponerse lo antes posible porque las fracturas son más profundas de lo que algunos piensan y porque pueden seguir agrandándose. Una vez más, la necesidad de una profunda regeneración se hace evidente y si el Partido Popular no empieza a abrirse a su militancia y a la sociedad recuperando los valores de la democracia interna, la participación, la honradez y la transparencia no podrá remontar las tendencias electorales actuales. Lo veremos con el tiempo.

Santiago de Munck Loyola

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EL FORO ESPERANZA POPULAR METE LA CUÑA (Diario El País).

Para la dignidad del Congreso nada mejor que una moción de censura en fraude de ley.

Vaya por delante que un servidor cree que el Presidente Rajoy debería haber comparecido de motu propio ante el Congreso de los Diputados para ofrecer las explicaciones que fueren precisas sobre las nuevas revelaciones o nuevas versiones que el Sr. Bárcenas anda divulgando. Bien es cierto que el Congreso está para legislar y para controlar la acción del Gobierno y no para dilucidar otras cuestiones, pero dada la relevancia que han alcanzado las nuevas versiones del ex tesorero del PP parece que las explicaciones ofrecidas por Rajoy en febrero ya no son suficientes y que, por tanto, aplicar las técnicas arriolistas es más bien contraproducente. Más vale una vez colorado que ciento amarillo dice nuestro refranero y con la doctrina Arriola parece que el color amarillo va a permanecer largo tiempo en la faz del Presidente. Pero de ahí a comparecer en los términos solicitados por el PSOE, es decir “admitiendo su culpabilidad y de forma previa a su dimisión” hay un verdadero abismo. El PSOE no quiere que el Presidente comparezca ante el Congreso para dar explicaciones y conocer así su versión, no. El PSOE no quiere conocer ninguna explicación, ni ninguna versión. El PSOE cree ciegamente a Luis Bárcenas y ya ha dictado su peculiar sentencia: el Presidente es culpable, no se sabe muy bien de qué, y por tanto debe dimitir. Por tanto, es perfectamente comprensible que una comparecencia presidencial establecida en esos términos, con dimisión incluida, sea inaceptable para el Presidente y, por supuesto, para la mayor parte de los representantes de la soberanía popular. Pero dicho esto, no hay nada que impida que el Presidente comparezca en los términos que le señale la mayoría de la cámara y esa comparecencia serviría para dejar de alimentar la posición de una oposición sin liderazgo, sin legitimidad moral y sin proyecto para sacar a España de la crisis a la que ella misma la condujo en la anterior legislatura.

Es especialmente significativo que el Sr. Rubalcaba y su partido anuncien la presentación de una moción de censura en el caso de incomparecencia de Rajoy y que para ello apelen a la “dignidad” de la Cámara donde reside la soberanía popular. Una moción de censura requiere la presentación de candidato alternativo, con un programa concreto, que debe ser sometido primero a examen y después a votación. La moción de censura no obliga al Presidente censurado a comparecer ante la cámara para responder a ninguna cuestión. El que ha de responder es el aspirante. Y lo que llama la atención es que, de una parte, se intente usar un mecanismo constitucional para lograr un efecto, la comparecencia presidencial, que no está asegurado y, de otra, que apelando a la dignidad de la cámara, la que elabora y aprueba leyes, se intente usar un mecanismo legal en auténtico “fraude de ley”. ¿Tienen patente de corso los parlamentarios, en este caso los socialistas, para institucionalizar el “fraude de ley” en el propio parlamento? ¿Ésa es la base de la ejemplaridad y la dignidad de la cámara que predican?

Una ventaja añadida que proporciona la peregrina ocurrencia de esta moción de censura fraudulenta es que permite retratar mejor a los actores e ir poniendo a cada uno en su sitio. Los comunistas de IU no quieren ni oír hablar de la dichosa moción. Lo que a ellos interesa son elecciones anticipadas que para ello las últimas encuestas les favorecen. Los nacionalistas miran para otro lado, de una parte porque los grupos independentistas catalanes están metidos de lleno en casos de corrupción y de financiación ilegal de sus formaciones políticas y, de otro, porque una hipotética moción de censura solo les interesaría si con ello aseguran su proyecto secesionista. Y finalmente tenemos a UPyD que se ha retratado perfectamente. Rosa Díez y los suyos están dispuestos a avalar a Rubalcaba como candidato a la Presidencia del Gobierno y por consiguiente sí apoyarían la presentación de la citada moción. Bueno es que se sepa, así todos los ex votantes del PP que según las últimas encuestas estarían dispuestos a transferir su voto a la formación de Rosa Díez saben ahora que significaría votar, en última instancia, al PSOE. Ya ocurrió en Asturias por lo que nadie debería llamarse a engaño. Y es que la cabra siempre tira al monte.

Por el bien de nuestra democracia, por su estabilidad y, sobre todo, por au tan necesitada regeneración es imprescindible que se aclare la verdad sobre el asunto Bárcenas y sobre la posible financiación ilegal del Partido Popular como también lo es que se aclare la verdad y se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar en el otro escándalo, aún bajo investigación, y que afecta al principal partido de la oposición, el caso del ERES falsos que por su cuantía y por el origen de los fondos defraudados es de primera magnitud. No se trata de jugar al “y tú más” sino de que los dos principales partidos de España den la cara y asuman las responsabilidades que les corresponden. Porque así no se puede seguir.

Santiago de Munck Loyola

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Nuestro Bárcenas es su musa.

La incesante lluvia de noticias sobre el Partido Popular, sobre sus cuentas y sobre Bárcenas estará causando entre los votantes y, sobre todo, entre los militantes populares mucho desconcierto, desasosiego o indignación y más entre aquellos que llevan en el Partido Popular toda la vida, los que no provienen de otros partidos, porque seguramente se resistirán a creer lo que oyen o leen y porque no se identificarán con la imagen pública que se está creando. Hay que dejar cierto reposo y reflexionar bastante antes de otorgar credibilidad a lo que estamos escuchando.

Es cierto que esa supuesta contabilidad que se ha hecho pública y que nadie ha desmentido refleja gastos que no son acordes con lo que los populares hemos venido defendiendo como criterios de actuación política en el ámbito de las administraciones públicas. Esos gastos reflejados pueden desvelar muchas cosas, pero desde luego no se puede hablar ni de principios de austeridad ni de eficacia en el gasto cuando se analizan esas partidas: lencería, tabaco, ponis, comilonas, etc. No parece muy ético que la dirección provincial de Alicante se gastase tan sólo en el año 2011 más de 35.000 euros en comilonas, tal y como se ha publicado. Y más si se tiene en cuenta que un año después se pide un euro por afiliado para tapar un agujero de más de 100.000 euros sin explicarnos de dónde viene. ¿Qué militante daría el visto bueno a esos gastos? Más bien pocos. El dinero gastado de tan alegre forma provenía de subvenciones públicas, de donaciones y de cuotas de afiliados. Todo aquel que sienta que su dinero ha sido mal empleado, por usar un término suave, tendrá cuando menos el derecho a pedir las explicaciones que considere necesarias. Y el Partido Popular deberá darlas.

Pero el principal asunto que está ocupando las portadas y que tiene a todo el mundo en vilo es el asunto Bárcenas. Las últimas declaraciones del ex tesorero popular son de lo más inquietante y están siendo aprovechadas por la izquierda de forma bastante miserable, por cierto. Del asunto de los sobresueldos ahora se ha pasado a una presunta financiación ilegal del Partido Popular y se exige la comparecencia ipso facto del Presidente Rajoy tras cada nueva revelación, su inmediata dimisión y hasta la convocatoria de elecciones anticipadas. Bárcenas se ha convertido en el perfecto aliado de la izquierda  que da por ciertas todas y cada una de sus afirmaciones las pruebe o no, se contradiga o no con declaraciones anteriores. ¿De qué estamos hablando realmente? Hay dos asuntos importantes en todo este embrollo: de una parta las afirmaciones de Bárcenas relativas a que ha ido repartiendo en la cúpula popular sobresueldos, a que dichos sobresueldos han podido ser en B (es decir, engañando a hacienda) y a que algunos de ellos podrían haber sido percibidos por ministros de Aznar, entre los que se cita a Rajoy, teniéndolo prohibido y, de otra parte, relativas a la posible financiación irregular o ilegal del Partido Popular. Salvo el famoso cuaderno de Bárcenas reflejando una hipotética contabilidad B del Partido Popular no ha aparecido aún prueba alguna que sustente todas las acusaciones del “cabrón” de Luis. Se sabe que el Sr. Bárcenas posee una considerable fortuna y se sospecha que su origen no es el que él cuenta. Se sospecha, pero aún no se sabe, que ese dinero puede provenir de donaciones superiores a las legalmente permitidas que el Sr. Bárcenas podría haber repartido con un exceso de caridad hacia si mismo, ya se sabe, la mitad para él, la mitad para el partido. De momento hay declaraciones suyas contradictorias, un cuaderno con una supuesta contabilidad B que él ha fabricado y unos SMS que no comprometen legalmente, aunque puede que moralmente sí, al Presidente Rajoy. Y con estos ingredientes el PSOE la está montando. Hay que reconocer que el Sr. Bárcenas le ha venido muy bien a los socialistas. Y en esta ocasión, como en el 11M, el Partido Popular está gestionando muy mal, muy torpemente la crisis. Por cierto, Bárcenas no chantajea al Estado de Derecho, si está haciendo algún chantaje será, en todo caso, al Partido Popular y a sus dirigentes. Las cosas claras.

Con la munición de Bárcenas, el PSOE ha aprovechado para pedir que Rajoy comparezca, para pedir su dimisión, para romper relaciones con el Partido Popular (¡qué les importa el paro o la ruptura de España!) y para anunciar hasta una hipotética moción de censura condenada al fracaso de antemano. El PSOE con un candidato al que ni en su casa lo quieren como tal, sin acuerdos parlamentarios viables y creíbles y sin los votos necesarios para que prospere está dispuesto a usar el mecanismo de censura con total y absoluta irresponsabilidad, sólo para hacer ruido y para desgastar más al gobierno. No hace falta insistir, por cierto, que a los socialistas además de un candidato solvente, además de los votos, les falta legitimidad moral para poder articular una moción de censura y es evidente que los responsables y encubridores en estos momento del latrocinio de más de 1.000 millones de los ERES andaluces carecen de legitimidad moral alguna, al igual que sus cómplices encubridores de IU de Andalucía. Estos no quieren moción de censura, quieren elecciones anticipadas para aprovechar el tirón vaticinado por las últimas encuestas. Su motivación es sólo pragmatismo electoral.

No hay por ahora prueba alguna de la existencia de sobresueldos ilegales en la cúpula popular (hechos en B o estando vigente alguna prohibición expresa como en el caso de los ministros). Tampoco hay prueba de financiación ilegal. Pero aún en este supuesto no está de más alguna observación. La financiación ilegal de los partidos políticos no es un delito. Puede que la haya en el Partido Popular, aún no se sabe y habrá de demostrarlo, pero hasta el día de hoy sí ha habido partidos condenados por casos de financiación ilegal. Tenemos el caso reciente de Unión Democrática de Cataluña y tenemos el lejano caso del PSOE con FILESA, MALESA Y TIME EXPORT. ¿Dimitió Felipe González por aquello? ¿Dimitió por haber nombrado en los cargos orgánicos de su partido a los que organizaron aquel tinglado? Evidentemente no. No resulta por tanto muy coherente que quienes entonces defendieron la continuidad de González reclamen ahora con tanto teatro la doctrina contraria. Y esto no quiere decir, ni mucho menos, que quienes creemos en la regeneración democrática no pensemos ni vayamos a dejar de exigir que se depuren responsabilidades, caiga quien caiga, si se demuestran irregularidades en la financiación de Partido Popular. Pero haya que exigir cada cosa en su momento y hacerlo cuando se puede hacer, es decir, cuando se tiene legitimidad moral y política para hacerlo.

A pesar de la desazón, de la tristeza y de la incertidumbre que muchos puedan sentir desde sus ideales políticos, ahora puestos en cuestión, hay que tener la certeza de que de esta negativa experiencia, de esta oscuridad política saldrá algo positivo. Más luz, más transparencia y más democracia interna que digan lo que digan sigue siendo el mejor antídoto contra estas situaciones.

Santiago de Munck Loyola

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¿Llueve?... pues que dimita Rajoy (Cayo Lara y adjuntos)

Desde el minuto 0, desde el primer días que Mariano Rajoy pisó la Moncloa como Presidente de Gobierno, gran parte de la izquierda española, la que se sienta en las instituciones democráticas y la que no, está pidiendo la dimisión del mismo. Todo vale para esta estrategia permanente de descalificación y deslegitimación de un gobierno que goza de un amplio respaldo electoral. Y en este empeño cerril los socialistas siempre tienen como aliados a la variopinta amalgama de IU y a cualquier clase de movimiento antisistema. Los mismos que mintieron con el déficit público a los españoles y a la Unión Europea acusaban después al Gobierno de haber mentido en el programa electoral que, como es lógico, estaba previsto para una situación económica determinada y no para la encontrada tras descubrirse los engaños contables socialistas. Y a pesar de ello, la izquierda española se convirtió, de repente, en la mayor defensora del programa electoral del Partido Popular de noviembre de 2011, exigiendo su íntegro cumplimiento y la dimisión, como no, del Presidente Rajoy. Es decir, la súbita conversión a los postulados programáticos populares nos ha dejado una izquierda sedicente.

A esta izquierda le gustan las mareas y las concentraciones. La marea blanca, la marea verde, la marea roja,… y cada una con la guinda: una de concentraciones ante las sedes del PP y que dimita Rajoy. Una marea para cada reforma. Lo dejaron todo tan bien tras su paso por el Gobierno que, al parecer, cada iniciativa del nuevo gobierno es un sacrilegio, se rasgan las vestiduras y que dimita Rajoy.

Ahora, la izquierda cuenta con un nuevo profeta, un icono de la veracidad, Luis Bárcenas y ha caído rendida a sus pies. Bárcenas marca ahora el ritmo y la agenda de los socialistas y sus satélites. Cada palabra del ex tesorero popular provoca inmediatamente un indisimulado estímulo en las filas socialistas, cada frase del exportador de euros provoca corrientes de satisfacción y orgasmos, incluso golpistas, en buena parte de la izquierda española. Es tal la empatía con el Sr. Bárcenas que su credibilidad no es puesta en duda y sus revelaciones o sus mentiras marcan ya la agenda de la izquierda. Da lo mismo que ahora diga lo contrario a lo que hace unos meses afirmó, lo de ahora es lo que cuenta y que dimita Rajoy.

Ayer, sin ir más lejos, el Sr. Bárcenas sirvió de perfecta coartada para que los grupos de izquierdas se marcharan de la Comisión que estudia el proyecto de Ley de Transparencia. Los partidos, cuyos sindicatos no quieren someterse a esta Ley, encontraron en las revelaciones del Diario El Mundo del pasado lunes una buena excusa para abandonar la comisión. Tiene lo suyo que IU salga corriendo de esta Comisión y no esté dispuesta a abandonar al PSOE andaluz a pesar del asunto de los ERES. Se ve que tira más el dinero de Suiza que el de los parados andaluces.

Contrasta mucho esta actitud de la izquierda, sometiéndose a los dictados de un presunto delincuente y un comprobado mentiroso, a la que mantienen respecto a la Juez Alaya en el caso de los falsos ERES andaluces. En este caso, hasta el peinado de la Juez es cuestionable. Cualquier paso que de respeto a la instrucción de este enorme caso de corrupción es descalificado. No importa que se hayan esfumado más de 1.200 millones de euros destinados a los parados en un entramado organizado desde la Junta de Andalucía con el concurso de militantes socialistas, sindicalistas y empresarios afines. Allí nadie sabía nada. Y encima el inefable Óscar López tiene la cara dura de ir diciendo que la Junta fue la primera en investigar el asunto y que está colaborando con la Justicia justo cuando la Guardia Civil denuncia ante el Juzgado que dicha institución esta bloqueando las investigaciones al retrasar más de un año la entrega de determinados documentos.

La doble moral de esta izquierda es evidente: desprecio y acoso a la Juez Alaya y genuflexiones ante Bárcenas. Altavoz para el ex tesorero y sordina para la juez. Nadie, con un mínimo de imparcialidad, puede negar que el caso de los ERES falso es cualitativa y cuantitativamente mucho más grave que el caso Bárcenas y, sin embargo, no es ésa la percepción social y política existente. Esta irresponsable actitud de una buena parte de la izquierda sólo sirve consolidar la sensación de que todos son iguales y que lo que a muchos importa es únicamente que a los suyos no se les toque y poder utilizar la corrupción como una simple arma arrojadiza con la que desgastar al enemigo. Y como diría Cayo Lara, ese paladín de las libertades, “¿Llueve?... pues que dimita Rajoy”.

Santiago de Munck Loyola

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A escándalo por día.

No hay día que pase sin que se produzcan nuevas revelaciones en torno a las andanzas del Sr. Bárcenas, a la supuesta contabilidad del Partido Popular o a algún que otro escándalo que afecta al partido del gobierno. Y no es que a la vez no se produzcan también revelaciones tan escandalosas o más sobre el PSOE y su ristra charcutera de imputados por el caso de los EREs falsos y el latrocinio sistemático del dinero destinado a los desempleados, pero es evidente que estas revelaciones no alcanzan el mismo eco ni en los medios de comunicación que, salvo honrosas excepciones, utilizan sordina ni en las redes sociales en las que no pocos han dado rienda suelta a sus delirios y a sus instintos antidemocráticos apelando al golpismo de la peor especie.

Sin embargo, dejando al margen las informaciones sobre Bárcenas, que todavía no se sabe si mintió ante el juez cuando negó los sobresueldos o miente ahora cuando dice lo contrario aunque su palabra sea ahora dogma para la izquierda, y dejando también al margen el asunto de los ERES, el mayor latrocinio de la historia de la democracia aunque el robo a los parados no incite a la convocatoria de ninguna concentración ante las sedes socialistas, es preciso detenerse sobre las informaciones publicadas ayer en torno a la supuesta contabilidad oficial del PPCV porque son especialmente significativas para quienes hemos dedicado nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestro dinero al mismo.

Ayer, el Diario Información de Alicante se hacía eco de la publicación de la supuesta contabilidad oficial del PP en una página de Internet. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los datos publicados se refieren exclusivamente a la supuesta contabilidad de las direcciones provinciales y no de las Juntas Locales del PP que, al parecer, campan a su aire en estos temas de contabilidad con asociaciones paralelas donde se reciben ingresos y se cargan gastos. Por tanto, no se habla del dinero movido por ciudades tan importantes como Alicante o Elche, en el caso de nuestra Provincia. En el caso concreto de la Junta Local de Alicante la contabilidad es un auténtico misterio. Los afiliados no hemos recibido jamás la más mínima información, ni se nos ha rendido cuenta de qué se ha hecho con nuestro dinero y algo raro debe pasar porque se niegan a mostrar las cuentas a los afiliados que lo hemos solicitado. Se niegan a decirnos, por ejemplo, qué presupuesto extraordinario de campaña electoral se aprobó en 2011 y cómo se gestionó. Y lo más lamentable es que tendremos que ir a los juzgados para conocer esa contabilidad de la Junta Local de Alicante.

Pero dicho esto y en un primer repaso de la supuesta contabilidad publicada hay algunos datos que sorprenden enormemente. Primero que nuestros diputados se premien a si mismos en plena crisis con sobresueldos, eso sí aparentemente legales, por casi 500.000 euros en 2011, un año en el que por cierto tuvieron poco trabajo parlamentario. Y ésta no es una cifra supuesta, sino cierta. No hay que olvidar que los parlamentarios se fijan a si mismos sus retribuciones y que es de suponer que la cuantía estipulada es la justa por el trabajo que realizan. ¿Entonces por qué se asignan cantidades extras como gastos de representación? ¿Por qué se disfrazan las retribuciones de forma tan vergonzante? Segundo, aparecen reflejados gastos de desplazamientos de campaña electoral en el Grupo Parlamentario por importe de 113.500 euros. Una vez más algunos confunden el Partido con el Grupo Parlamentario y caen en lo mismo que en su día denunciaban a los adversarios políticos. Que el Presidente Zapatero acudiera a los mítines de su partido en un avión oficial estaba mal porque con dinero público se cubrían gastos electorales de partido y eso, se quiera o no, es lo mismo que pagar los kilometrajes de los mítines de los diputados.

Y hay que ver lo bien que tenemos alimentados a nuestros dirigentes políticos. Como a los pobres no les llega el sueldo y, al parecer, el trabajo les cunde mucho más mientras comen en un establecimiento público y no en su casa, pues nada les pagamos las comidas. Así, los miembros de la ejecutiva provincial de Alicante se sacrificaron en 2011 por la causa y se gastaron 35.000 euros en comidas. ¡Ahí es nada! Por la diferencia de gasto entre provincias se ve que los dirigentes alicantinos son más comilones o tienen más trabajo gastronómico que sus conmilitones regionales. Y para qué hablar ya de algunos otros gastos en lencería o en tabaco para las reuniones.

Al final de todo esto quedan algunas sensaciones y se fortalecen algunas convicciones. Queda cierta sensación de engaño, de estafa, porque queda patente que mientras muchos miles de militantes han sacrificado su tiempo, su esfuerzo y su dinero generosa y desinteresadamente por unos ideales, otros se han aprovechado de ello y han puesto el cazo. Unos pocos, pero bien situados, han manejado y siguen manejando toda una estructura de forma poco escrupulosa. Y se fortalece la convicción de que con más democracia interna no ocurrirían estas cosas con la frecuencia que se producen porque más democracia interna implica más control sobre los dirigentes y más responsabilidad de los mismos antes las bases. Se fortalece igualmente la convicción de que los partidos políticos sólo deben ser financiados por las cuotas de sus afiliados, de que hay que acabar con las subvenciones que riegan tan generosamente sus arcas. Y, sobre todo, crece la convicción de que tarde o temprano los que hoy nos hacen sentir vergüenza terminarán por pagarlo.

Santiago de Munck Loyola

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¿Fin del sistema bipartidista?

La encuesta publicada hoy por el Periódico de Cataluña confirma las tendencias que han venido señalando otros estudios demoscópicos anteriores. Se confirma una gran caída en intención de voto de los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE (aunque llamar ahora partido nacional al PSOE sea inexacto) y un notable incremento tanto de IU y UPyD. Según las proyecciones de esta encuesta el PP seguiría siendo el partido más votado y obtendría en torno a un 28 % de los votos, es decir, un 16 % menos que en noviembre de 2011 y el PSOE, incapaz de aprovechar el desgate del partido del gobierno, se situaría de nuevo en el segundo puesto alcanzando un 25,5 % de los votos, el peor resultado de su historia electoral. La suma de los votos de ambos partidos que tradicionalmente se ha venido situando en torno al 80 % se derrumba hasta un 53,6 % lo que es interpretado por muchos analistas como el preludio del fin del bipartidismo en España.

Según esta misma encuesta y confirmando la tendencia apuntada en las anteriores, el derrumbe de PP y PSOE es aprovechado por los comunistas de IU que superarían el 15 % de los votos y por los híbridos de UPyD, el personalista partido de Rosa Díez, que rebasaría el 12 % de los votos. Y estas expectativas de voto en medio de una abstención record en la historia de nuestra democracia, el 40 %, que evidencia claramente una profunda desafección de una buena parte de la población hacia el sistema democrático vigente.

Desde la perspectiva de la gobernabilidad de nuestro país, el panorama no es muy alentador. Tenemos antecedentes históricos más que suficientes como para sospechar que un sistema de partidos tan fragmentado no es precisamente lo mejor para garantizar la imprescindible estabilidad gubernamental y, menos aún, cuando la propia supervivencia del Estado está puesta en tela de juicio por los desafíos de los partidos independentistas.

Parece claro que la fuga de votos del PSOE se dirige fundamentalmente hacia su izquierda, es decir, a favor de IU. Entre las causas de esta creciente pérdida de peso electoral seguramente estarán el recuerdo de la desastrosa gestión de la crisis por parte del Gobierno de Zapatero, la inexistencia de autocrítica, la ausencia de renovación dentro del socialismo, la falta de credibilidad en las labores de oposición lastradas por un clamoroso oportunismo, la debilidad del liderazgo de Pérez Rubalcaba, la desaparición del sentido nacional del PSOE siempre dispuesto a ceder terreno a los socialistas catalanes y escándalos tan graves como el caso de los EREs de Andalucía.

En cuanto al PP, la encuesta proporciona un dato importante: la mitad de los electores que se marchan votarían a UPyD. Este dato es muy significativo porque evidencia que una buena parte de votantes populares desencantados están dispuestos a otorgar su voto a un partido cuyos orígenes están en la izquierda y que, aunque ideológicamente confuso, mantiene posiciones alejadas del ideario político del centro derecha. Es muy probable que, aunque UPyD pueda ser caracterizado como un partido de centro izquierda, una buena parte del votante de centro derecho esté dispuesta a darle su voto porque encuentra en su discurso tres elementos importantes que no termina de distinguir con la suficiente nitidez en el discurso popular:

• Una posición más beligerante y nítida a la hora de abordar el proceso para acabar con el terrorismo etarra.
• Una posición más contundente frente a los nacionalistas y los diferentes procesos independentistas puestos en marcha.
• Un discurso más radical respecto a la unidad del Estado y la reforma del sistema autonómico.

Si a esta peculiaridad se suma el evidente desgaste que toda acción de gobierno comporta y especialmente en una situación tan difícil como la que le ha tocado lidiar al Gobierno de Rajoy que ha derivado en graves incumplimientos del programa electoral y un profundo desencanto y bochorno por las continuas noticias sobre presuntos casos de corrupción que afectan al Partido Popular en todos los niveles y frente a los cuales no se transmite la imagen de una reacción contundente para acabar con los mismos, es fácil comprender esta fuga de votos. La política de comunicación del Gobierno no es buena y la del Partido Popular tampoco. Está pesando mucho más ante la opinión pública lo negativo que los logros del Gobierno que los hay y muy importantes. Es evidente que los resultados de la doctrina Arriola, “ponerse de perfil frente a los problemas”, no sirve o al menos así lo señalan las encuestas. El PP tiene delante una importante tarea si quiere seguir siendo un gran partido con capacidad de gobierno y en la casa deberían preguntarse quién se va, por qué se va y rectificar lo que haya que rectificar que no es poco.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es/

Contra la corrupción no valen las lágrimas de cocodrilo.

Durante las últimas semanas se han venido sucediendo distintas declaraciones de líderes del Partido Popular, Arantza Quiroga, Esperanza Aguirre, Ignacio González o Martínez Pujalte, por citar sólo a algunos, en las que manifiestan su asco, su vergüenza o bochorno por las continuas noticias relativas a presuntos casos de corrupción que afectan al Partido Popular. Todos ellos se hacen eco, de una forma u otra, del enorme disgusto o de la indignación que los casos de corrupción causan, no sólo entre los ciudadanos, sino también entre los militantes del partido que se sienten defraudados y, además, desorientados con las respuestas que estas informaciones reciben desde la dirección del Partido Popular.

Como decía Arantza Quiroga, el militante no puede comprender, ni acepta, que mientras su condición de militante exigía sacrificios económicos y personales, otros se lo estaban llevando crudo por el simple hecho de ostentar puestos orgánicos de responsabilidad, a saber, sueldos institucionales, más sueldos orgánicos en el partido más toda clase de gratificaciones o indemnizaciones. El militante no puede comprender, ni acepta, que compañeros del Partido que ostentan responsabilidades institucionales están incursos en diferentes procesos judiciales por corrupción sin que el Partido, en la mayoría de los casos, reacciones con firmeza apartándoles de los grupos populares institucionales alegando una supuesta defensa del derecho a la presunción de inocencia. Que se sepa, la defensa de este derecho no está reñida con la adopción de medidas cautelares como le ocurre a cualquier ciudadano no perteneciente a la clase política.

La falta de una reacción contundente y convincente por parte del Partido Popular sigue alimentando la desafección ciudadana en general y el profundo malestar en particular de los militantes populares. Bueno, lo de la falta de reacción no es del todo cierto, a algunos militantes se nos quiere expulsar del Partido por criticar conductas inadecuadas y por exigir más honradez. Y es que no basta con expresar públicamente sentimientos de indignación, de bochorno o de asco ante esta situación. La pública expresión de sentimientos está muy bien para copar los titulares de los medios de comunicación y para tratar de mostrar cierta empatía con el militante, pero no es suficiente. Los sentimientos deben traducirse en ideas y las ideas en acciones concretas que sirvan para corregir los problemas y para demostrar, con hechos, la firme actitud del Partido Popular ante el grave problema de la corrupción. Y eso solo puede lograrse combatiendo sus causas. Hacen falta hechos ejemplares, medidas eficaces y una eficaz comunicación ante los ciudadanos. El Partido Popular no es un partido de corruptos aunque haya en su seno algunos aprovechados y eso debería quedar bien claro. Pero ese mensaje no cuajará sin acciones concretas.

Algunos, además de denunciar este estado de cosas, no nos hemos venido limitando a ello, sino que hemos venido proponiendo la adopción de medidas concretas que podrían contribuir a combatir la corrupción y los negativos efectos que se están produciendo en la imagen del conjunto de la clase política. Tanto a título individual como desde el Foro Esperanza Popular Movimiento de Bases hemos defendido la necesidad de promover una regeneración democrática de las instituciones y de sus gerentes, los partidos políticos. Entre otras, proponemos las siguientes:

En el ámbito interno del Partido Popular: más democracia interna promoviendo el protagonismo que corresponde a los militantes e incluso la democracia participativa de los mismos a través de las redes sociales de modo que puedan elegir directamente a sus dirigentes territoriales y participar en la elaboración de las candidaturas; el establecimiento de rígidas incompatibilidades de los cargos públicos: una persona, un cargo; más transparencia de modo que los militantes conozcan las cuentas del partido, las fiscalicen y sepan en qué se emplea el dinero; la adopción de un nuevo código ético más concreto que las normas actuales; prohibición del acceso a cargos públicos de personas sin experiencia laboral previa; exclusión temporal del los grupos institucionales populares de todo cargo público imputado que voluntariamente no solicite su baja temporal de los mismos; limitación de los mandatos tanto orgánicos como de representación; más cauces de participación y debate internos; establecimiento de la figura del defensor del afiliado que impida las persecuciones políticas internas y garantice el libre ejercicio de los derechos políticos recogidos en la Ley de Partidos; rendición de cuentas de los cargos representativos en las instituciones ante los militantes del ámbito territorial respectivo; prohibición de percepción de retribuciones por el desempeño de cargos orgánicos.

En el ámbito externo:

• Elaboración de un Estatuto del Cargo Público que elimine los privilegios de la clase política: reducción de aforados, establecimiento del régimen fiscal general a todos los parlamentarios y el mismo régimen general de seguridad social a efectos de cotizaciones para las pensiones, eliminación de indemnizaciones por razón de cese, limitación de mandatos, limitaciones retributivas, limitación de puestos de libre designación en todas las administraciones públicas, nuevo régimen de incompatibilidades más severo, etc.
• Aprobación de una Ley sobre Retribuciones Públicas que afecte a cualquier retribución que tenga su origen en fondos públicos ya sea abonada por administraciones públicas o empresas y/o asociaciones subvencionadas y que suponga una limitación de las cuantías mediante el establecimiento de una tabla salarial cuya máxima cuantía corresponda a la Presidencia del Gobierno.
• Reforma de la Ley de contratación de las Administraciones Públicas de modo que se eliminen de la misma los criterios de discrecionalidad en la adjudicación de contratos.
• Reforma de la Legislación sobre el Suelo para reducir los criterios subjetivos o discrecionales en la tramitación de las aprobaciones del planeamiento.
• Reforma de las leyes procesales para agilizar la tramitación de los procedimientos penales.
• Reforzar la independencia judicial despolitizando la elección de los órganos de gobierno del poder judicial.
• Reforma de la financiación de los Partidos Políticos eliminando las subvenciones públicas de modo que se sostengan según la voluntad de su militancia y limitación y publicidad de las donaciones a los mismos.
• Reducción del límite de los gastos de campañas electorales y fiscalización inmediata de los mismos por una nueva Sección de las Juntas Electorales.

Éstas son algunas de las medidas que hemos venido proponiendo, pero hay aún más otras medidas que podrían adoptarse. No basta con lamentarse, no basta con quejarse. Es preciso actuar con medidas concretas si de verdad se quiere dar un paso más, si se desea convertir las palabras en hechos y volver a recuperar la confianza ciudadana. De lo contrario habrá quien piense que las lágrimas sólo son de cocodrilo.

Santiago de Munck Loyola

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