Por qué me fui.

Conversando hoy con Marisa, la Presidente del PP de Rivas-Vaciamadrid, me he dado cuenta de que desconocía muchas cosas sobre las causas de mi dimisión como Presidente del Partido a finales del año 2003. Y al igual que ella, la mayoría de los afiliados de entonces no llegaron a saber las razones que me impulsaron a tomar aquella decisión. Bien es cierto que entonces no quise dar demasiadas explicaciones considerando la tensión que existía en el Partido, pero transcurridos ya siete años y calmadas las aguas creo que debo saldar aquella deuda y aclarar las cosas para quienes aún me preguntan de vez en cuando.

Tras las elecciones de 1999 en las que el Partido Popular se estancó en los resultados electorales repitiendo prácticamente los de 1995, entendí que, tanto para el Partido, como para mi mismo, sería buena una renovación de la candidatura para las siguientes elecciones. Yo ya había sido candidato en 1991, 1995 y 1999 y aunque entonces tenía 41 años pensé que era hora del relevo. Como decía Aldo Moro “el Gobierno desgasta pero la oposición mucho más”. Así que en compañía del Secretario General Local y amigo, José María García y del concejal y amigo también, César Rubio mantuve una reunión con el Secretario Regional, Ricardo Romero de Tejada. Le trasladé mi deseo de no volver a repetir candidatura y de formar parte de la lista para la Asamblea en 2003. Romero de Tejada con quien no me llevaba bien aceptó encantado la propuesta y acordamos que José María, si era respaldado por los afiliados, sería candidato en 2003 y que yo iría en las listas de la Asamblea. Y con ese propósito seguimos trabajando en el Ayuntamiento y en el Partido. A finales de 2002 designaron a Esperanza Aguirre como candidata a la Comunidad. Me llamó al Senado y me preguntó qué iba a hacer. Le dije que no iba a ser candidato y que quería ir en las listas de la Asamblea si ella no tenía inconveniente. Me dijo que quería tener gente de su confianza en los pueblos y me pidió que encabezase de nuevo la lista. Le señalé que Romero de Tejada no me quería de candidato y le conté el acuerdo al que habíamos llegado. Me respondió que ella se ocuparía de Romero de Tejada.

Nada más volver de dicha reunión le conté a José María la conversación y le noté muy raro. No le gustaba en absoluto. Dos días después me llamó Romero de Tejada, me recriminó en tono jovial que le hubiese dicho a Esperanza que no nos llevábamos bien y me dijo que me apreciaba tanto que iba a ser candidato de nuevo. Y ahí saltó la sorpresa: me enteré entonces de que al día siguiente de habernos reunido los tres con Ricardo éste había llamado a José María García y le había dicho que fuera organizando su equipo discretamente y que se olvidase de mi, que no iba a ser diputado. Mi gran amigo José María hizo exactamente eso y me ocultó la faena que me estaban preparando en la regional. El problema estaba en que la designación de Esperanza había roto todos los esquemas. José María no se resignó. Planteó su candidatura ante el Comité Ejecutivo y perdió por 9 votos frente a 12. Impugnó la votación, se repitió y entonces solo obtuvo 3 votos. Después declaró públicamente que no quería ir en mi lista, a continuación que sí quería y más tarde que si era detrás de una mujer no iría. Y así fue, no fue en la lista. Ni él ni los pocos que le apoyaban aceptaron los resultados, dividieron al partido y llegamos a la campaña hechos unos zorros. Aún en marzo, Esperanza Aguirre, plenamente consciente de la presión a la que me estaban sometiendo, me ofreció en un acto electoral en Arganda del Rey, delante de varias personas, ir en la lista autonómica y abandonar la candidatura municipal, pero a esas alturas no podía aceptar su ofrecimiento. El mismo día de las votaciones algunos de los seguidores de José María, como Nicolás Rodríguez, se dedicaron a insultar a los apoderados e interventores del Partido Popular y a repartir papeletas del PP nulas. A la barriobajera y dura campaña de la izquierda ripense a lomos del “no a la guerra” había que añadir la no menos suave de algunos “compañeros” de Partido.

Al día siguiente de las elecciones presenté mi renuncia como Portavoz municipal y como Presidente del partido a Pío García Escudero. Como Portavoz se pudo hacer efectiva automáticamente, sin embargo, como Presidente aún tuve que esperar hasta noviembre por expreso deseo de Romero de Tejada.

14 años como Presidente Local y 12 años como Portavoz Municipal eran más que suficientes. Y no es que me faltasen ideas y ganas para seguir adelante, pero, por una parte, el Partido necesitaba ya un nuevo liderazgo y por otra sí que me faltaba ilusión y fuerzas para enfrentarme con un sector minoritario del Partido cuyos cabecillas, hasta hacía poco habían sido presuntamente mis amigos, y de pronto se habían convertido en fieras capaces de amenazar e insultar a mi y a mi familia. Recuerdo con tristeza la última Asamblea que convoqué para evaluar los resultados electorales y anunciar mi renuncia. No podré olvidar los insultos y gritos de personas como José Alfonso Díaz Blázquez o Gema Rodríguez Casero que siempre habían contado con mi afecto. Tanta mezquindad y tanta traición eran difíciles de soportar.

Me fui porque creí que era lo mejor para el Partido, para mi familia y para mi. Y me hace gracia que, a estas alturas, haya algún individuo, como Miguel Ángel García Nieto cuya carta de presentación al afiliarse en Rivas fue ofrecer comisiones del 3%, se haya atribuido algún “mérito” en mi marcha como consecuencia de sus inexistentes relaciones en Génova. Pero, en fin, bufones los hay en todos sitios.

Cerré entonces una intensa y emocionante etapa de mi vida y emprendí un nuevo rumbo profesional como Secretario de un Ayuntamiento. No me arrepiento aunque quizás debería haber sido más explícito con el conjunto de los militantes, con tantas y tantas buenas personas que me otorgaron repetidamente su confianza. A todas ellas, gracias una vez más.

Santiago de Munck Loyola.

DONDE LAS DAN LAS TOMAN.

Si hay algo que en política resulta especialmente repudiable es el transfuguismo, sea cual sea la cusa que lo origine. El tránsfuga secuestra la voluntad popular y al amparo de la ley se erige en salvador de la democracia. En todos los casos conocidos de transfuguismo siempre hay algo oscuro y repugnante tras la decisión de ignorar el mandato de las urnas y robar un escaño al partido político que lo obtuvo en las elecciones. Los tránsfugas siempre se envuelven en nobles ideales para justificar su despreciable decisión, pero son sólo palabras grandilocuentes que sirven para esconder móviles miserables y una bajeza moral y política intolerables. Nos guste o no, el mandato representativo lo reciben los partidos políticos a través de la elección de unas listas cerradas y eso es lo que los ciudadanos votan y lo que cualquier demócrata ha de respetar. Y cuando el cargo electo discrepa de forma irreconciliable con la formación política que lo ha aupado al escaño sólo tiene una salida digna para salvar su conciencia: dimitir y dejar el escaño para que lo ocupe el siguiente en la lista.

El pacto antitransfuguismo vigente en la década de los noventa señalaba, entre distintas medidas a adoptar en el caso de los tránsfugas, practicar el aislamiento social de los mismos y adoptar las medidas necesarias para impedir que fuera rentable practicar el transfuguismo, es decir, impedir que un tránsfuga recibiera más fondos públicos por hacerse tránsfuga que por seguir en su formación política. Pues bien, cuando en el PP de Rivas se produjo el caso de transfuguismo de Ana Martín Bermúdez la izquierda local, la gobernante y la instalada en los medios de comunicación, hizo caso omiso del citado pacto. Dado que se trataba de un claro perjuicio para el Partido Popular, el Gobierno Municipal y los medios de comunicación locales se dedicaron a jalear, a aplaudir y a potenciar a la tránsfuga Martín Bermúdez. De pronto, la tránsfuga pasó de percibir unas 30.000 Ptas. mensuales del ayuntamiento en concepto de dietas a más de 100.000 Ptas. al mes por haber constituido el Grupo Mixto (lo de Grupo tiene su guasa tratándose de una sola persona). Es cierto que la citada “señora” se apresuró a señalar en algún medio de comunicación local que todo lo que percibiera de más por ser tránsfuga lo donaría a una ONG. Ningún medio local se ha preocupado de conocer el destino de esos fondos públicos. Supongo que habrán ido a parar a “Tránsfugas sin fronteras” o a la “Asociación de Amigos de la Martín Bermúdez”. La TV local se deleitó dándole toda la cancha posible en su programación e incluso sigue sermoneando al respetable desde la aséptica e imparcial Revista-Anuncio de la comarca, la Revista del Este. Lo del asilamiento social no iba con la izquierda de Rivas. Todos los progres desde el bueno de Paco de Pablo hasta el último bendijeron esta caso de transfuguismo.

Pero la vida da muchas vueltas y como dice el dicho popular a cada cerdo le llega su San Martín. Mira por donde llegaron las elecciones municipales y autonómicas de 2003. Ganó la Comunidad Esperanza Aguirre pero sin mayoría absoluta. Fausto Fernández ya se veía como Vicepresidente de la Comunidad. Aún recuerdo una conversación en el despacho del Secretario del Ayuntamiento en el que Fausto se jactaba de lo bien que le iban las negociaciones con el PSOE, ya pensaba en el coche oficial de la Vicepresidencia, se pensaba quedar con urbanismo y, para que no dijeran nada, también con la María (sic) asuntos sociales, entre otras cosas. Y salta la sorpresa, al PSOE le salen dos tránsfugas (Tamayo y Sáez) y Fausto se queda sin nada, teniendo que devolver el traje de Vicepresidente. Gran indignación de la izquierda madrileña y en especial de la ripense, incluidos los periódicos locales. Los que durante 4 años habían estado alentando y aplaudiendo a la tránsfuga del PP ahora estaban indignados hasta la médula por los tránsfugas Tamayo y Sáez. Ahora el transfuguismo les parecía repugnante y detestable. ¡Vaya cuadrilla de hipócritas! Y es que como dice el refranero donde las dan, las toman.

Santiago de Munck Loyola

POLÍTICOS Y PRINCIPIOS (2ª PARTE).

Dentro de 9 meses los españoles tendremos una nueva cita con las urnas, elecciones municipales y autonómicas. Hasta entonces seremos bombardeados con toca clase de propuestas, mensajes, críticas y programas. Asistiremos a un espectáculo político encaminado a obtener nuestro voto y presenciaremos el empleo de toca clase de trucos y tácticas, decentes e indecentes, para lograrlo.

De los programas electorales poco se puede esperar. Pocos los leen y los políticos no se esfuerzan demasiado en hacerlos llegar a los ciudadanos. Les basta con enunciar cuatro o cinco propuestas estrellas y poco más. Pesa mucho aún en la conciencia colectiva la máxima del profesor Tierno Galván de que “los programas están hechos para no cumplirlos”. Por tanto, poco puede esperarse de los contenidos programáticos a la hora de determinar el voto.

Junto a los programas aparecen los candidatos, los políticos que se esforzarán por mostrar su cara más amable y se pasearán pos plazas y mercados mezclándose con los ciudadanos para aparentar cercanía e identidad, aunque no sepan cuanto cuesta un café con leche.

Si los programas pueden ser solo aproximadamente indicativos del rumbo que los políticos pretenden tomar, se puede y se debe tomar como referencia los antecedentes del candidato y lo que es más importante, lo que realmente piensa, es decir, sus principios y valores. Los antecedentes del candidato, su experiencia, su vida pueden claramente anunciarnos cómo se va a desenvolver cuando asuma responsabilidades de gobierno. Sin embargo, siendo quizás mucho más importante, hoy en día es mucho más difícil saber qué piensa un candidato, en qué cree y en qué no cree.

Gobernar es liderar desde unos determinados presupuestos ideológicos y, paradójicamente, en la era de la comunicación global los ciudadanos tenemos muy difícil saber qué presupuestos ideológicos tiene un determinado político. A grandes rasgos y en sintonía con su partido político podemos imaginarlos, pero no los podemos conocer a ciencia cierta. Y ello es así porque lamentablemente los principios y los valores de un político y de los partidos quedan relegados en función de las tendencias del mercado electoral. Hoy es infrecuente encontrar políticos que ejerzan un verdadero liderazgo, es decir, que expresen públicamente sus principios y valores para, desde los mismos, convencer y ejercer de guías de la sociedad. Al contrario, lo que prima son las tendencias y corrientes de pensamiento que las encuestas señalan como mayoritarias en la sociedad. Al fin y al cabo, el político quiere el poder y si para lograrlo tiene que ocultar lo que realmente piensa sobre cuestiones fundamentales lo hará. Manda el mercado, mandan las encuestas y manda lo políticamente correcto. Por ello, quizás las diferencias entre los partidos políticos parecen cada vez menores, todos tratan de nutrirse del mismo granero de votos y la victoria electoral se consuma en un estrecho margen de votos que raramente supera el 5 % del electorado. Por tanto, hoy es muy difícil saber qué principios y valores defiende cualquier político en temas muy importantes. Hay una cierta uniformidad en el catálogo de políticos y aspirantes realmente preocupante.

Aún siendo difícil la tarea de tratar de conocer quién es un determinado aspirante, qué piensa realmente sobre inmigración, paro, terrorismo, aborto, familia, impuestos, etc. y qué va a hacer en caso de resultar elegido, hay ciertas líneas rojas que en el caso de ser traspasadas pueden servir para descartarlo cuando llegue el momento de elegir. En el ámbito de la política local es quizás mucho más fácil poder establecer los parámetros en los que un candidato se mueve, pues la proximidad y la cercanía facilitan su conocimiento.

Cuando el interés del candidato no se centra en las necesidades del vecino, en la persona, en el ser humano que tiene problemas y necesita ayuda y su discurso se pierde en grandes objetivos e ideales lejanos, es descartable. Cuando la vida privada del candidato es ostensiblemente incoherente con los principios y valores que se supone debe representar, es descartable. Cuando el candidato centra sus esfuerzos en la consecución de determinados objetivos con independencia de los medios para alcanzarlos, es descartable. Y cuando el discurso del candidato huye permanentemente del compromiso y cambia plegándose en la dirección del viento dominante es claramente descartable. Sé que es difícil determinar en muchas ocasiones la concurrencia de estas cuatro situaciones, pero yo, al menos, lo tengo claro a pesar del peso que puede tener la fidelidad a unas determinadas siglas. Prefiero no votar, antes que tener que otorgar mi confianza a alguien que ha traspasado claramente alguna de las líneas anteriores.

Santiago de Munck Loyola

POLÍTICOS Y PRINCIPIOS.

Hace unas semanas mantenía una conversación con unos amigos de Monforte del Cid. Hablábamos sobre las elecciones y los políticos y mi amiga Inés sostenía que ella no podía confiar, ni votar, a un político cuya vida privada fuera escandalosa y citaba el ejemplo de las “juergas” de Berlusconi en su villa privada captadas por los teleobjetivos de los periodistas. Yo opinaba que del mismo modo que cuando uno se tiene que operar busca al mejor cirujano sin cuestionarse si es o no un mujeriego o si es infiel a su pareja, con los políticos pasaba lo mismo, es decir, que lo importante es que gobernasen bien, con independencia de lo que hagan en su vida privada. Y creo que me equivoqué en gran parte porque al hablar de “gobernar” me estaba quedando en el plano de lo material, de los resultados, de la gestión pura y dura. Gobernar es mucho más que eso.

Por una parte hay que tener en cuenta la sociedad en la que vivimos, sus problemas, necesidades y los valores imperantes. En la sociedad anglosajona en la que prevalece cierto puritanismo derivado del protestantismo, el nivel de exigencia es mucho mayor que en nuestra sociedad y así nos luce el pelo. Allí, mentir a la opinión pública o tener a un empleado sin dar de alta lleva aparejado la dimisión del político que es pillado. Aquí no. Pero es evidente que, sin llegar a los extremos de ese, a veces, exagerado comportamiento no nos vendría nada mal un mayor nivel de exigencia en el comportamiento y en la coherencia de nuestros gobernantes.

Por otra parte hay que valorar qué es realmente un político, un gobernante y qué es lo que se le puede y se le debe exigir. Cuando contratamos los servicios de un profesional, sea un fontanero, un arquitecto o un médico, siempre buscamos la mejor cualificación profesional, no necesitamos saber qué ideas o creencias tiene, ni cómo se comporta en el ámbito de su vida privada. Nos basta con que, establecida la mejor relación calidad precio, sepa hacer bien su trabajo y satisfaga nuestra necesidad. Pero ¿qué ocurre con el político? No hay una titulación profesional de político, ni pruebas objetivas que sirvan para conocer su capacidad y su profesionalidad. Las titulaciones habituales entre los políticos, derecho o economía, ayudan pero no son suficientes para calificar la profesionalidad de un político. El político no puede exhibir ante el elector un título que lo habilite porque no lo hay. Y cuando hablo de político me refiero a cualquier nivel de la política desde la que se desarrolla en el ámbito municipal hasta la nacional.

El político es un ciudadano con vocación transformadora de la sociedad en la que participa de acuerdo a unos principios y con un programa a modo de contrato a suscribir con el resto de los ciudadanos. Desde una determinada creencia en unos ideales, valores y principios, más o menos recogidos en el ideario de un partido político, el político trata de ganar la confianza y el apoyo de los electores a los que ofrece un programa de gobierno. Por tanto, ante el elector el político no comparece exhibiendo una cualificación profesional, sino que lo hace exhibiendo unos valores, unas ideas y un programa. Su credibilidad estriba, fundamentalmente, en su persona, en su palabra y en su coherencia entre lo que dice y lo que hace. El político debe mantener esa coherencia entre el ideario personal y el del partido por el que se presenta, entre los valores que defiende y los que practica en su vida pública y privada y entre el programa que ofrece y el del partido al que pertenece. A mayor coherencia entre esas facetas, mayor solidez del político y mayor credibilidad. Muchas veces el descrédito de la clase política viene precisamente por la falta de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen cuando, precisamente, es donde radica la mejor cualificación del político. Cuando un político de un partido que defiende los valores de la familia, del esfuerzo y el mérito personal vive de una forma promiscua y disoluta no tiene credibilidad. Cuando un político milita en un partido cuya bandera es la justicia social y la solidaridad y vive a todo lujo cobrando varios sueldos del Estado tampoco merece crédito alguno. Porque, en el fondo, gobernar no es solo gestionar y obtener buenos resultados económicos. Gobernar es decidir, elegir y eso solo puede hacerlo quien tiene capacidad de liderazgo. Y el liderazgo de un político solo puede provenir de su autoridad política y moral, no de su circunstancial posición de mando. Quien no es coherente con sus ideas y principios no está en condiciones de pedir o realizar exigencias al resto de los ciudadanos. Quien no sigue el camino al que sus supuestos valores e ideales deberían llevarle, en modo alguno está en condiciones de ejercer liderazgo alguno, de indicar cual es el camino a seguir por la sociedad. Asumir que da igual el color del gato con tal de que cace ratones sólo conduce a elevar lo material al pedestal más alto y a ignorar los valores que hacen grande al ser humano, a la persona.

Por eso creo que mi amiga Inés tenía buena parte de razón. El político no es un simple profesional más. El político, por modesto que sea, sólo puede “vender” su profesionalidad a través de su credibilidad y de su liderazgo. Y por sus hechos le conoceremos.

Santiago de Munck Loyola.

EL GOBIERNO MUNICIPAL EN TIEMPO DE CRISIS.

La política municipal es especialmente gratificante. La cercanía al ciudadano, a sus problemas y a sus aspiraciones permite al político comprobar de forma inmediata la eficacia de sus acciones. Pero, de igual modo, es la actividad política más arriesgada porque, simultáneamente, los errores también se ponen de manifiesto de forma evidente. Gobernar en tiempos de bonanza puede ser más o menos fácil, pero donde de verdad puede medirse la talla de un político es en tiempos de escasez y de crisis.

En los últimos tiempos son constantes las noticias sobre las tremendas dificultades económicas de muchos Ayuntamientos pequeños y medianos de nuestro país. Dificultades que afectan gravemente sobre todo a los pequeños proveedores de estos Ayuntamientos. Lamentablemente la actitud de la Administración Central y de las Autonómicas, en la mayoría de los casos, no está sirviendo para que los entes locales puedan capear la crisis con cierta facilidad. La prohibición de nuevos endeudamientos decretada por el Gobierno de la Nación puede resultar necesaria pero tendría que haber venido acompañada de los mecanismos legales suficientes para solucionar de una vez el espinoso problema de la financiación de los entes locales. Sin embargo, no ha sido así. Tampoco las autonomías, ahogadas en su propia crisis, están ayudando a los Ayuntamientos en esta difícil situación. Son los propios Ayuntamientos los que tienen que hacer frente a la misma y utilizar todos los recursos disponibles para poder funcionar y seguir prestando los servicios públicos imprescindibles para los ciudadanos.

Sin embargo, parece que la mayor parte de la clase política local no está a la altura de las circunstancias. Las reacciones ante la crisis han sido tardías, pese a que se vislumbraba, insuficientes o inexistentes. Sólo han sido noticias destacables las parciales y propagandísticas rebajas de sueldos de cargos públicos en algunos casos, en otros ni siquiera ese detalle de solidaridad con los vecinos se ha producido. Quizás la proximidad de unos comicios locales el año que viene está impidiendo a muchos políticos adoptar medidas imprescindibles en todo buen gobierno. Y se están equivocando. La sinceridad ante los vecinos y las explicaciones constantes sobre la realidad son la mejor manera de comparecer ante las urnas. Tratar a los vecinos como menores de edad a los que no hay que explicar la situación es un grave error electoral. Yo, desde luego, no votaría a un candidato del que sospecho que me trata de engañar.

No es fácil, pero en situaciones de auténtica y larga crisis como la que vivimos nuestros políticos municipales tienen la obligación moral y política de gobernar. Y gobernar es tomar decisiones, marcar prioridades y adoptar decisiones aunque puedan resultar aparentemente impopulares. Muchos políticos confunden gobernar con gestionar, desconfían por naturaleza de los técnicos y funcionarios y se ponen a realizar labores impropias de un gobernante. Los gestores, los técnicos están para gestionar. Los políticos para gobernar y eso implica el ejercicio de un liderazgo político. Resulta llamativo ver a tanto y tanto concejal metido a técnico, como si las urnas otorgasen conocimientos.

En todo caso, hoy los gobernantes municipales no pueden seguir como si no pasase nada. Tienen la obligación política de no empeorar con su inactividad o con sus decisiones erróneas el panorama municipal. Los Ayuntamientos han seguido durante años la tendencia a prestar progresivamente un mayor número de servicios a los ciudadanos, muchos de ellos fuera de sus competencias. Y lo han hecho con la fórmula del “café para todos”, como si los recursos fueran ilimitados y como si todos los vecinos tuviesen la misma capacidad contributiva. Con esta actitud han hecho competencia desleal, en muchas ocasiones, a los propios contribuyentes al ponerse a prestar servicios que ya cubría de forma satisfactoria la iniciativa privada y, por otra, han prescindido del principio de progresividad fiscal y de la propia ley prestando servicios no necesarios por debajo del coste real y al mismo precio para todos, desviando así importantes recursos que al final no llegan al que de verdad lo necesita. ¿Es lógico proporcionar clases de inglés casi gratis cuando hay instituciones educativas privadas que las imparten al mismo tiempo que no hay dinero para ayudar a parados de larga duración? ¿Es moralmente aceptable que con el dinero de todos se financie el 70% del coste de una plaza en una escuela infantil a alguien cuya renta es muy superior a la media mientras que hay niños que ni siquiera pueden pagar el comedor escolar? Las respuestas son evidentes.

Por tanto, los ajustes que un Ayuntamiento debe poner en marcha en tiempos de crisis son duros pero deben hacerse. Y hay que hacerlo con el concurso y la convicción de la mayoría de los vecinos. Recortar en gastos de personal para ajustar la maquinaria administrativa al descenso de la actividad que se produce en tiempos de crisis, suprimir puestos de confianza, eliminar gastos superfluos (atenciones protocolarias, viajes, propaganda, publicidad, etc.), congelar nuevas inversiones hasta que no se paguen las existentes, refinanciar la deuda municipal, mejorar y hacer más transparentes las contrataciones, revisar las ordenanzas fiscales, suprimir prestaciones no obligatorias, cobrar las tasas y precios públicos al coste real del servicio estableciendo exenciones concretas para los más desfavorecidos, controlar y recortar gastos corrientes, establecer fórmulas cooperativas para la prestación de servicios, disminuir las transferencias, aprobar planes de trabajo comunitario y muchas otras medidas similares deben adoptarse por simple sentido de la responsabilidad y de la solidaridad. Y la oposición debe estar más vigilante que nunca, arrimar el hombro y formular propuestas constructivas. Eso es gobernar. Lo demás, mirar de reojo constantemente a la próxima cita electoral, sólo puede conducir al desastre.

Santiago de Munck Loyola.

AYUNTAMIENTOS: DEUDA Y FINANCIACIÓN.

Una de las consecuencias lógicas del progreso y bienestar en nuestra sociedad ha sido el progresivo aumento de las competencias y servicios que prestan los Ayuntamientos, las administraciones más cercanas a los ciudadanos. Y no se trata tan sólo de un aumento cuantitativo de los servicios que se prestan, sino también de un aumento cualitativo de los mismos. Los ciudadanos, en su condición de vecinos, exigen a sus ayuntamientos unos niveles cada vez mayores de calidad en cuanto a los equipamientos públicos y las prestaciones municipales. Por otra parte, en no pocas ocasiones el incremento de las prestaciones viene impuesto por imperativo legal, por el desarrollo de leyes de carácter estatal o autonómico.

Este incremento de prestaciones públicas municipales no ha venido acompañado por una reforma legislativa que garantice la necesaria financiación de las mismas. El modelo de financiación municipal hace años que se ha quedado obsoleto y sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestro esquema institucional que ningún Gobierno ha conseguido, hasta ahora, aprobar.

El aumento de los gastos municipales ha venido siendo financiado por parte de las Corporaciones Locales fundamentalmente a través de dos vías: el urbanismo y la deuda. Estas dos vías han permitido durante los años de bonanza económica ampliar los servicios municipales y consolidar unas prestaciones en muchos casos de un alto nivel de calidad. Sin embargo, la financiación a través de ingresos vinculados al urbanismo ha provocado dos grandes problemas sociales. De una parte, una espiral inflacionista en torno al suelo y, consecuentemente, en torno a la vivienda. De otra, un incremento de los casos de corrupción cuya causa principal puede encontrarse en los altos niveles de arbitrariedad y subjetividad en los procesos recalificatorios de suelo. Es más que evidente que las continuas y, en ocasiones, frustradas reformas sobre la legislación del suelo en los últimos años no han frenado esta situación. Por otra parte, el recurso a la deuda bancaria para la financiación de nuevas infraestructuras ha venido funcionado medianamente bien mientras los ingresos ordinarios vinculados sobre todo a la construcción han venido fluyendo con regularidad, pero cuando la crisis los ha hechos disminuir considerablemente la deuda se ha convertido en una pesada carga en la mayoría de los casos.

Mientras que no se produzca la necesaria reforma legislativa que asegure, de una parte, la financiación regular de los servicios municipales a través de las aportaciones estatales y, de otra, la necesaria limitación de dichos servicios para impedir su proliferación desmesurada, los Ayuntamientos no tienen otra solución que utilizar y exprimir al máximo los recursos legales existentes con el fin de equilibrar los ingresos con los gastos. En este sentido, hay algunas prácticas que deberían ponerse en marcha, aunque ello pueda, en algunos casos, ser impopular:

- Plasmar en la tributación municipal con toda su intensidad el principio constitucional de progresividad fiscal. A más ingresos, mayor tributación. Con ello, quiero resaltar algo que debería ser evidente. Hoy más que nunca no puede aplicarse, por una cuestión de elemental solidaridad, el criterio de “café para todos”. En una situación de crisis no resulta justo que todos los vecinos usuarios de prestaciones o servicios públicos paguen lo mismo o nada por el uso de las los mismos. ¿Por qué han de financiar con sus impuestos todos los vecinos unas clases de informática a alguien que acude a la escuela municipal conduciendo un BMW último modelo? ¿O las clases de música al hijo de un alto directivo? No es de recibo que mientras con el dinero de todos se financian o subvencionan actividades a todo el mundo sin distinción de sus niveles de renta luego no haya dinero para atender a los más necesitados. No tiene lógica que un ayuntamiento subvencione clases de yoga mientras que hay vecinos que pasan hambre. Por tanto, lo lógico es que los Ayuntamientos establezcan distintas tarifas en sus precios públicos y en las tasas en función de los niveles de renta de los usuarios.
- Por otra parte, hay que señalar que la Ley exige que los precios públicos nunca sean inferiores al coste del servicio prestado y esto rara vez se cumple por lo que el déficit originado en la prestación de servicios municipales vuelve a recaer sobre el conjunto de los vecinos. Y esto vale también en otros casos pero con un resultado final diferente. Basta examinar el caso de las Tasas para los residuos sólidos. En la mayoría de los Ayuntamientos se vincula esta Tasa con el inmueble, independientemente del número de personas que residen en él y, por tanto, del volumen de residuos que generan. En otros países se aplica el principio de quien contamina, paga. Y paga según contamine. Por ello, esta Tasa se suele pagar por persona empadronada en una vivienda ya que se sabe perfectamente cuál es la media de Kgs de residuos diarios generados por individuo. Pagar la Tasa de residuos por vivienda, independientemente de que en la misma viva una persona o cinco es injusto, antieconómico y posiblemente ilegal.
- A todo ello hay que añadir una desmesurada voracidad de las administraciones municipales por asumir y prestar servicios que ya se prestan por parte del sector privado incurriendo siempre en una competencia desleal con dicho sector, que, por otra parte, es contribuyente municipal. ¿Qué pintan los Ayuntamientos, por ejemplo, organizando siempre de forma deficitaria (ya que nunca se cobra el coste real a los usuarios) cursos de inglés en las Universidades Populares o Centros Municipales cuando en la misma localidad hay empresas privadas que lo hacen? No vale la explicación de que así se da la oportunidad a todo el mundo para acceder a dichos cursos. Es mucho más barato el “cheque escolar” para el que no pueda acceder a una academia o institución privada. Y esto vale para multitud de servicios prestados por el Ayuntamiento. Por ello, resulta imprescindible una limitación a las actividades de las corporaciones locales o, al menos, un poco de sentido común.

Hay aún más medidas que es posible abordar para mejorar la situación de las corporaciones locales, pero todas requieren una decidida voluntad política que, hoy por hoy, parece muy lejos de las miras de la mayoría de nuestros gobernantes.
Santiago de Munck Loyola.

LA SENTENCIA SOBRE EL SECTOR UBZ-1, WALAIG.

La sentencia del TSJ de Valencia de 26 de abril de 2010, notificada el 24 de mayo del mismo año, confirma la anulación del PAI del Sector UBZ-1 Walaig, dando así la razón a SEPES. Esta sentencia se fundamenta en la presunta vulneración por parte del Ayuntamiento de Monforte del Cid del principio de publicidad en el trámite de publicación de dicho PAI, exigido por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El art. 78 del citado Real Decreto Legislativo señala la necesidad de publicar en el BOE, además de en otros diarios, la licitación de los contratos.

El Tribunal entiende que la naturaleza del PAI es la de un contrato de obras y para ello se basa en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencias de 5-2-2008, 27-2-2008, 9-12-2009, 27-1-2009 y 6-6-2007, por lo que consecuentemente entiende que había de publicarse la licitación en el BOE con el fin de garantizar la publicidad y la libertad de concurrencia. Sin embargo, según señalan los arts. 7.2 y 8 del Real Decreto Legislativo 2/2000, los contratos especiales se rigen por su regulación específica y la Ley Urbanística Valenciana, Ley 16/2005, de 30 de diciembre, conceptúa a los Programas de Actuación Integrada como contratos de naturaleza administrativa especial y dispone que han de publicarse únicamente en el DOGV y en el Diario de las Comunidades Europeas, requisitos cumplidos por el Ayuntamiento y que garantizan igualmente la publicidad y libre concurrencia. No hay por tanto, discrepancia entre el ordenamiento estatal y la legislación urbanística valenciana como pretende el sentenciador. Al contrario, en este caso lo que sí hay un error grave de apreciación por parte de la sala sentenciadora. En efecto, la Sala fundamenta su sentencia en la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo que cita a lo largo de la misma, sin embargo, todas las sentencias citadas recaen sobre recursos interpuestos antes de la entrada en vigor de la LUV, es decir, se refieren a procedimientos desarrollados con la LRAU, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.

Es evidente que la Jurisprudencia citada fundamenta sus sentencias en la propia naturaleza de los PAIs tal y como venían regulados en la LRAU. En efecto, la naturaleza de dichos contratos era la propia de un contrato de obras pues el agente urbanizador seleccionado ejecutaba las obras de urbanización. Sin embargo, esta naturaleza fue modificada sustancialmente con la nueva regulación de los PAIs y de la figura del urbanizador que efectúa la LUV. En esta Ley se distingue claramente al agente urbanizador del empresario constructor que es seleccionado mediante procedimiento público también (aquí si es necesaria la publicación en el BOE) para ejecutar las obras de urbanización. Por tanto, con la entrada en vigor de la LUV aparecen dos fases en el desarrollo de un PAI. De una parte, la selección del agente urbanizador que no puede por imperativo legal ejecutar la obra pública y que, por tanto, su contrato tiene claramente la condición de contrato especial y, de otra, la selección del empresario constructor que es el encargado de ejecutar la obra pública y cuyo contrato sí que es asimilable a la del contrato de obras.

Por tanto, nos encontramos ante una sentencia fundamentada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a procedimientos desarrollados durante la vigencia de la LRAU y aplicada sin sutilezas jurídicas sobre un procedimiento, el PAI del Sector UBZ-1, desarrollado al amparo y conforme a las prescripciones de una Ley diferente, la LUV. Esta cuestión es básica y fundamental y abre necesariamente la vía ante el Tribunal Supremo para un Recurso de Casación en Interés de Ley.