A
medida que se acercan las fiestas navideñas y se hacen más evidentes las
consecuencias de la supresión de la paga extra para los empleados públicos
crece la indignación, el cabreo y la impotencia de los afectados. Esta mañana,
sin ir más lejos, charlando con dos compañeros la irritación y la indignación
eran más que evidentes. El que más y el que menos contaba en su presupuesto
personal y familiar con la paga extra y ahora su supresión borra de un plumazo
muchas previsiones y desbarata las economías de millones de familias. Como es
natural se lanzaban muchas preguntas al aire ¿por qué tienen que pagar los
empleados públicos las consecuencias de la mala gestión de los políticos? ¿Por
qué se rebaja el sueldo a los empleados públicos año tras año y ahora se
elimina además la paga extra mientras que sigue habiendo gente que gana cientos
de miles de euros con cargo a los presupuestos públicos? ¿Por qué se consiente
que miles de políticos cobren de las arcas públicas más de un sueldo bajo el
disfraz de dietas y complementos? ¿Por qué la clase política, responsable de
esta crisis, sigue disfrutando de toda clase privilegios? ¿Por qué hay dinero
público para rescatar a los bancos y no lo hay para pagar con justicia el
trabajo de los empleados públicos? ¿Por qué los ciudadanos tenemos que ayudar a
los bancos hundidos por la pésima gestión consentida por los gobernantes? ¿En
qué clase de país vivimos que unos empleados públicos se quedan sen paga y
otros no según el territorio? La lista de preguntas era muy larga y el dedo
acusador señalaba como culpable, curiosamente, al actual Presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy. De poco valía intentar explicar que no era así porque
el afectado sólo ve al que ha suprimido, en este caso, la paga extra y no ha
quien nos ha conducido hasta aquí.
No
me cabe la más mínima duda de que la supresión de la paga extra a los empleados
públicos es profundamente injusta, sobre todo, porque no va acompañada de un
sacrificio similar para toda la clase política cuya ejemplaridad vuelve a
brillar por su ausencia. No basta con que los políticos hayan decidido
aparentar ser solidarios prescindiendo ellos también de dicha retribución. No
basta porque siguen conservando toda una clase de privilegios que se han
otorgado ellos a si mismos tales como ventajas fiscales para los
parlamentarios, coches oficiales, pagos en especie de toda clase, viajes
gratis, comidas subvencionadas, cotizaciones privilegiadas para el cobro de sus
pensiones, indemnizaciones injustas, percepciones retributivas públicas
simultáneas de diferentes administraciones o empresas públicas, cuantías
salariales inmorales e injustificables y todo un largo etcétera que define y
caracteriza perfectamente la existencia de una casta superior que impone
sacrificios a los demás mientras mantiene casi intacto su estatus. ¿Con qué
cara se puede pedir a un empleado público que asuma este sacrificio mientras
esa clase política permite que con dinero público se paguen sueldos de 100.000,
180.000, 750.000 ó 900.000 euros anuales? Porque estas cifras son ciertas y
reales. No se trata sólo de sueldos de alcaldes o presidentes de comunidades
autónomas, sino también de todos esos miembros de la casta partidista colocada
en empresas públicas o en cajas y bancos sostenidos con ayudas públicas que se
asignan tan estimulantes salarios. Ésa es una realidad incuestionable que ni
éste ni ningún otro gobierno ha querido o ha podido abordar. Y que no nos
cuenten que esas retribuciones tienen su justificación en las altas
responsabilidades que sus trabajos conllevan porque es un cuento chino. Más
responsabilidad tiene el Presidente del Gobierno o el Ministro de Hacienda y
ganan diez veces menos que el Presidente de Bankia, entidad nacionalizada a la
que van a parar miles de millones de euros públicos. Y para responsabilidad de
verdad la de cualquier cirujano de la seguridad social, por poner un ejemplo,
al que se le rebaja el sueldo y se le quita la paga extra en nombre de una
austeridad y una solidaridad que en el fondo sirve también para que los
intocables de la política se sigan forrando en nombre de España o de su sagrada
autonomía.
¿No
estábamos en la Champions League de las economías según Zapatero? ¿No teníamos
el sistema financiero más sólido de Europa según este nefasto personaje? ¿No
afirmaba sin el más mínimo rubor que hasta los franceses nos envidiaban? ¿No
decía que esto no era una crisis sino unos simples desajustes temporales? ¿Y
los brotes verdes? ¿Se los comió o se los fumó? Nada de nada. Y por dejarnos
semejante herencia, en lugar de comparecer ante la justicia como en Islandia,
ahí está, tan ricamente, cobrando 6.000 euros limpios al mes a costa de los
españoles. Y como él muchos otros, todos tan tranquilos, sus cómplices
sindicales y empresariales, sus palmeros subvencionados, sus socios políticos y todos los que por
acción u omisión nos han traído hasta aquí. Él fue el médico que no supo
diagnosticar ni tratar adecuadamente la infección y ahora Rajoy es el médico
que tiene que amputar y, por eso, se lleva la ira y el odio del paciente, entre
otras cosas, porque no explica claramente
el parte médico. Una vez más, los fallos en comunicación son mortales.
Eliminar
la paga de los empleados públicos es una chapuza con consecuencias inevitables
en la caída del consumo y en la recaudación del IVA. Es un parche, un
tratamiento sintomático poco eficaz porque sigue sin abordarse un tratamiento
radical, ejemplar y profundo del uso del resto del dinero público que sigue
siendo derrochado a manos llenas por una buena parte de la clase política,
siempre instalada en el País de las Maravillas.
Santiago
de Munck Loyola