La resaca del 9-N.

La resaca del sucedáneo de referéndum del 9-N está dejando a la vista toda clase de reacciones y de actitudes políticas y económicas que no hacen sino abrir aún más la incertidumbre sobre nuestro futuro. Es tal el cúmulo de tensiones que ni siquiera existe unanimidad dentro de los principales partidos políticos y los diferentes bloques ideológicos. En el campo de los independentistas la única coincidencia existente en torno al 9-N radica en valorar lo ocurrido en pasado domingo como un auténtico éxito de participación y en traducirla como el deseo unánime de los catalanes en votar en un auténtico referéndum para lograr la independencia. Su discurso no podía ser otro aunque la realidad sea tozuda y sea un ejercicio de ciencia ficción convertir el hecho de que ni siquiera uno de cada tres catalanes haya acudido a las urnas para reclamar su supuesto derecho a la independencia en una fiesta de participación ciudadana. Si hay algo claro en la sociedad catalana es que el mundo de la política está cada día más lejos del ciudadano porque ni la última reforma del Estatuto que no fue apoyada por más de la mitad de los votantes ni esta llamada a las urnas han logrado movilizar a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña que siguen manteniéndose al margen de una clase política empeñada en levantar conflictos, en generar victimismos que justifiquen su propia existencia y, con ello, su modus vivendi. Y, en este mismo campo, al margen de la interesada valoración de esta jornada, la división se manifiesta en la hoja de ruta que hay que abrir a partir del 9-N. Unos apuestan por unas elecciones plebiscitarias y constituyentes para imponer la ruptura mientras que otros se decantan por unas supuestas negociaciones, en realidad imposiciones, con el Gobierno de España para convocar un referéndum legal.

Pero donde más diferencias de opiniones y de estrategias se plantean es en el campo de los no independentistas. Desde posiciones como la de VOX cuya estrategia política parece que pasa exclusivamente por ir presentando querellas a diestro y siniestro, así consiguen algo de notoriedad en los medios de comunicación,  y por pedir el empleo de la fuerza si fuere necesario para impedir la seudovotación, estrategia judicial compartida en parte por UPyD aunque acompañada de un discurso diferente, hasta la actitud del Partido Popular que oscila entre la pasividad y la cobardía disfrazada de prudencia. Hay quien trata de justificar la aparente inacción popular como una forma de respuesta medida y calculada ante unos hechos carentes de soporte legal y, por tanto, de legitimidad. No ha habido un referéndum ilegal, ni una consulta y, por tanto, no hay que responder a lo que no existe, dicen. Pero lo cierto y verdadero es que, pactado o no con Arriolas de por medio, las urnas han salido a la calle, burlando la Ley y las resoluciones del Tribunal Constitucional, que se han utilizado medios públicos para ello y que cuantos han querido han podido participar en este simulacro. Y que ese hecho está suponiendo una fractura interna entre los populares que exigían más firmeza y quienes respaldan la actitud del Presidente del Gobierno. Sea cual fuere el grado de respuesta más adecuado, lo indudable es que una vez más los tres días de silencio del Presidente del Gobierno desde el día 9-N han desorientado a muchos ciudadanos y suponen una actitud inaceptable frente a unos hechos gravísimos. Es evidente que Mariano Rajoy nunca ha sido un líder ni pretende ejercer liderazgo político alguno, algo que resulta imperdonable en una situación tan convulsa como la presente.

Y si hay fractura interna ante esta cuestión en el partido del gobierno también la hay en el partido socialista. Hay destacados líderes socialistas que incluso han manifestado su apoyo a la suave actitud del Presidente del Gobierno. A pesar de ello, el mensaje oficial socialista no puede ser más desconcertante. Las manidas frases del “es hora de la política y no de los tribunales” no por tópicas dejan de ser peligrosas. Si con ello los socialistas quieren decir que ante la vulneración de la ley por los políticos independentistas los tribunales de justicia deben mirar hacia otro lado lo que están subrayando una vez más es que en España hay dos clases de ciudadanos, de una parte, los de la clase política con patente de corso para vulnerar la ley y, de otra, el resto al que nada ni nadie nos libra de responder ante la justicia si infringimos las leyes. Y si con ese mensaje están dando por supuesto que es el propio Gobierno el que maneja la justicia también están dando una sonora patada al Estado de Derecho. La justicia es y debe ser independiente y todos somos o debemos ser iguales ante la Ley, con cargo público o sin él. La aparente equidistancia socialista entre el Gobierno de España y los independentistas catalanes solo sirve para alentar a estos últimos en su desafío no sólo ya al Estado, sino a la propia soberanía del pueblo español que, les guste o no a algunos, existe y es el único depositario de la misma. Si los socialistas insisten en presentar como solución una reforma de la constitución hacia el federalismo se engañan a si mismos e intentan engañar a los ciudadanos. Saben o deberían saber que el federalismo no va a ser aceptado por los independentistas porque entre otras muchas cosas el federalismo supone la igualdad jurídica y competencial entre todas las regiones españolas, los hipotéticos estados federados. Empeñarse en que el Gobierno dialogue con quienes solo pretenden imponer sus propias tesis resulta inútil y absurdo. No se puede dialogar sobre cómo fraccionar o romper la soberanía del pueblo español.

Es cierto que es hora del diálogo, pero también de la Justicia. Pero no parece que los interlocutores existentes estén por la labor. Quizás haya que ir planteándose que el diálogo deba establecerse entre la propia sociedad, con otros agentes capaces de anteponer el interés general a los intereses partidistas pero para ello hace falta que los ciudadanos despertemos, reaccionemos y seamos capaces de enviar a sus casa a toda una clase política tan mezquina como inoperante. Estamos ante un grave problema generado por la clase política que no interesa, al parecer, a la mayoría de los ciudadanos catalanes si medimos ese interés por su afluencia a las urnas, pero que sí preocupa al conjunto de la sociedad española y de cuya solución o agravamiento depende, no nos engañemos, el nivel de bienestar social y económico del conjunto de los españoles. Buena parte de la clase política viene situando de forma prioritaria en su agenda el reparto y la ampliación de sus propias cuotas de poder y no la solución de los graves problemas que afectan a la mayoría de los ciudadanos y no hay ninguna duda de que terminarán pagando por ello.

Santiago de Munck Loyola

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Los disparates socialistas de Pedro Sánchez.

No parece que la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE haya supuesto, de momento, la consolidación de un nuevo proyecto político sólido y coherente. El socialismo español no termina de encontrar una hoja de ruta propia que le permita presentarse ante la sociedad española como una alternativa de gobierno creíble a pesar de los intentos por ofrecer la imagen contraria avalados por encuestas precocinadas como la que se acaba de publicar este fin de semana. Las últimas ideas o propuestas lanzadas por el dirigente socialista, bastante disparatas por cierto, no parecen responder a un sólido y elaborado programa de gobierno, sino que más bien se asemejan a globos sonda, a ocurrencias electoralistas o, lo que es más preocupante, a posicionamientos obligados quizás por la influencia de Podemos.

Hace unos días, el líder socialista, preguntado sobre qué Ministerio sobraría, respondió con rotundidad y sin matizaciones que sobraba el Ministerio de Defensa. Faltó tiempo para que saltaran todas las alarmas en Ferraz y para que se apresuraran a “matizar” esta afirmación señalando que lo que en realidad quería decir es que había que reducir su presupuesto. Pero, no nos engañemos, dijo lo que dijo y lo hizo sin matización alguna. Y si en Ferraz piensan de verdad que hay que reducir el presupuesto vamos listos los españoles.

Ya unos pocos días antes, el Sr. Sánchez había defendido que las víctimas de violencia de género tuvieran funerales de Estado, con todo lo que ello supone. Y también los “apagafuegos” de Ferraz habían tenido que salir a la palestra para aclarar semejante propuesta matizando que en realidad lo que quería decir es que en los oficios religiosos por esas víctimas debería haber alguna presencia gubernamental.

Ayer mismo, sin ir más lejos, el líder socialista anunció que en el caso de llegar al gobierno subiría el sueldo a los docentes y es de suponer que se estaba refiriendo de forma exclusiva a los docentes que dependen de las administraciones públicas. Constituye todo un misterio conocer la razón por la que sólo esta categoría de empleados públicos, los docentes, van a ser premiados con un incremento salarial y no así el resto de empleados públicos. Los mal pensados apuntan a que este guiño a los docentes públicos obedece a la indudable capacidad de los mismos de influir en las mentes de los escolares, pero es toda una incógnita la razón de fondo de esta inusitada promesa. Empleados públicos lo son también los médicos, los bomberos, los policías, los administrativos, etc. y todos ellos han venido sufriendo una pérdida salarial enorme durante los últimos años con congelaciones salariales y recortes retributivos impuestos primero por Zapatero y continuados después por Rajoy. No cabe pensar pues otra cosa que con este nuevo socialismo la igualdad es relativa y que depende de de la arbitrariedad del gobernante de turno.

Y, por si fuera, poco los socialistas y su nuevo líder andan todavía perdidos respecto al independentismo catalán. De una parte sus correligionarios en los ayuntamientos catalanes andan votando favorablemente las mociones a favor del referéndum ilegal presentadas por los partidos separatistas. De otra, sigue proponiendo, como lo venía haciendo su antecesor Pérez Rubalcaba, una reforma constitucional para hacer de España un estado federal como fórmula para acabar con las tensiones rupturistas de los independentistas. Sin embargo, el Sr. Sánchez y su partido no nos explican dos cuestiones básicas: de una parte qué entienden exactamente por un estado federal, si se trata de que todos los estados federados (las actuales comunidades autónomas) gocen de iguales competencias o no o si, por el contrario, se trata de resucitar esa peculiar idea del federalismo “asimétrico” y, de otra, si embarcarse en semejante reforma constitucional va a ser aceptada por los independentistas y, por tanto, va a servir para acabar con esta pesadilla rupturista. Si una cosa está clara es que promover una estructura federal a través de la reforma constitucional para no arreglar nada es un disparate político.

Es de desear que el nuevo líder socialista encarne un nuevo proyecto sólido y apto para el conjunto de España y que con el tiempo ocurrencias como las anteriores sean sólo el recuerdo de disparates transitorios y no el anticipo de una política que de hacerse realidad sería un desastre.

Santiago de Munck Loyola

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Por un nacionalismo español sin complejos.

Ha pasado una semana desde su celebración y aún no se han desvanecido los ecos de la Diada de Cataluña. Lo primero que destaca es el alcance de la manipulación histórica de los independentistas que se plasma en la incongruencia que supone que un patriota español como Casanova se haya convertido en símbolo central de las celebraciones de la Diada. Tras las valoraciones iniciales de unos y otros, no hay día que pase sin que se abra una nueva polémica en torno a esta celebración. Ayer, era Luis del Val el que levantaba su voz y su indignación, compartida por cualquier persona con sentido común, contra la manipulación de los niños en la Diada y su uso partidista en los medios informativos dependientes de la Generalidad catalana. Comparaba esta manipulación infantil con la que todos los partidos y regímenes totalitarios hacen desde siempre con los niños y jóvenes. La primera respuesta venía desde CiU alegando en su defensa que se trata de “pedagogía”, nada menos. La segunda respuesta y, por supuesto amenaza, vino del portavoz del gobierno catalán diciendo que no van a tolerar, como si en su boca tuviera algún significado la palabra tolerancia, que se realizasen semejantes comparaciones sobre la manipulación infantil, algo perfectamente legítimo para los independentistas.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que estamos viviendo una situación política tremendamente complicada y el panorama no es nada alentador. Buena parte de los políticos de una importante región española quieren la independencia de la misma, quieren romper España y llevan décadas poniendo todos los medios humanos y económicos necesarios y todo su empeño para conseguirlo. Lo que hoy vivimos no es un nuevo e improvisado problema, es el resultado de un largo proceso en el que políticos nacionales y regionales, los agentes sociales, los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad tiene su cuota de responsabilidad. Los partidos nacionales no han tenido inconveniente alguno en realizar cesiones con el fin de asegurarse mayorías parlamentarias y han sido incapaces de pactar un modelo de estado estable o de reformar una Ley electoral que sobre representa a los independentistas mientras penaliza a otras fuerzas minoritarias de proyección nacional. Buena parte de la antaño izquierda solidaria y con vocación internacionalista se ha reconvertido en independentista renunciando a sus propias señas de identidad sociales. La sociedad española en su conjunto ha permanecido pasiva mientras durante años los independentistas han ido tejiendo una red clientelar y difundiendo una versión falseada y victimista de la historia española. Hace tiempo que los sindicatos debieron decidir que ésa no era su “guerra” obviando la progresiva desigualdad de derechos entre los ciudadanos españoles en función del territorio y los evidentes peligros para el sostenimiento del estado de bienestar, incluida la caja común de las pensiones o de las prestaciones sociales.

Cataluña es hoy la comunidad autónoma más endeudada en términos absolutos y como tal carece de viabilidad económica sin las ayuda del Estado. Sus dirigentes no son capaces ni tan siquiera de aprobar el presupuesto anual y todo ello pese a haber sido los pioneros en los recortes sociales. No tienen dinero para luchar contra la desnutrición infantil, pero sí para seguir alimentando numerosos canales de televisión, pseudo embajadas o cualquier organización independentista. El actual gobierno catalán heredó una administración arruinada por el tripartito uno de cuyos socios lo es hoy del nuevo gobierno a nivel parlamentario. La presión independentista de los políticos catalanes ha aumentado paralelamente a la evidencia de su incapacidad de poner orden en las cuentas y de gestionar racionalmente las instituciones. Y del mismo modo, el ruido independentista catalán ha aumentado, coincidencia o no, en perfecta sincronía con la disminución del ruido de los asesinos de la ETA. En su agenda política la independencia está muy por delante de la satisfacción de las necesidades y de la solución de los enormes problemas de sus ciudadanos, lo que ofrece una clara idea de la ética que mueve a muchos políticos.

Los mal llamados nacionalistas, pues siempre han sido independentistas y así habría que denominarlos, han ido apretando las tuercas a los partidos nacionales, dando pasos, poco a poco, siempre encaminados hacia un mismo fin. Cada pequeña cesión del estado ha supuesto contribuir con un ladrillo más al levantamiento del muro independentista. La cesión de determinadas competencias a las comunidades autónomas supuso un tremendo error sobre todo cuando con ello se quebraba el sagrado principio de igualdad entre todos los españoles o cuando se dejaba en manos de los independentistas el cultivo de nuevas generaciones educadas en falsos mitos históricos y en el odio a España. Los nacionalistas – independentistas nunca han sido leales con el estado democrático. La reivindicación de las peculiaridades propias, el victimismo permanente o el simple chantaje parlamentario han servido para separar y construir el camino de la independencia. Desde la admisión de aquel engendro gramatical de “regiones y nacionalidades” hasta la aprobación del último Estatuto catalán que no fue respaldado ni por la mitad de los electores de la Comunidad, ninguna cesión ha servido para aplacar la sed de los independentistas. Por cierto que hay que recordar que cuando entró en vigor este último Estatuto, los socialistas se apresuraron a acusar a los populares de fallidos adivinos proclamando que ya había Estatuto y que no se había roto España. Ya, pues si no está rota está a punto. También la aprobación de ese Estatuto evidenció que las prioridades de la clase política catalana no son exactamente las mismas que las prioridades de los ciudadanos que no lo respaldaron mayoritariamente.

El derecho a decidir y, por tanto, a celebrar un referéndum ilegal para proclamar la independencia de Cataluña es el eje del debate diario. Los independentistas no tienen ningún reparo en asumir la involución ideológica que supone sustituir el concepto de soberanía popular por el de soberanía nacional. Ya la Constitución Española supuso una sustitución de las reivindicaciones de descentralización administrativa por la descentralización política y las competencias legislativas de los parlamentos autonómicos han supuesto en la práctica una fragmentación escalonada de la soberanía del pueblo español. Las instituciones catalanas cuya legitimidad se asienta en la Constitución Española y que son parte inherente del Estado español están siendo utilizadas para quebrar la soberanía que les otorgó y otorga su legitimidad. El problema que se plantea en el fondo es decidir quién tiene derecho a decidir y dónde se establece ese límite. ¿Son los españoles en su conjunto como determina la Constitución? ¿Son los catalanes? ¿Podrían los habitantes de cualquier Provincia o Municipio ejercer ese derecho a decidir? ¿Por qué los independentistas catalanes niegan a los habitantes del Valle de Arán el ejercicio del derecho a decidir?

Lo peor es que frente al desafío de los secesionistas el gobierno ofrece diálogo y negociación, pero no señala ni avisa sobre lo que no se puede negociar. Incluso algún Ministro ha manifestado que habría que buscar un nuevo estatus par Cataluña, algo que desde hace tiempo vienen repitiendo los socialistas quienes no saben en qué consistiría. Todos parecen ignorar que modificar una vez más las normas en la dirección deseada por los independentistas no va a aplacar sus ansias. Proponer machaconamente que la solución se encuentra en una estructura federal del estado es una falacia más. Los independentistas tampoco quieren una España federal que supondría la misma estructura organizativa para todas las regiones. Una España federal acabaría con la cursilada del hecho diferencial como justificación de sus pretensiones. Y para qué hablar del federalismo asimétrico que viene a ser como el círculo cuadrado.

Todo parece indicar que se avecinan tiempos mucho más revueltos y que nuestra clase política no está a la altura por su mediocridad y por la ausencia de un verdadero sentido de estado. Lo que los políticos no quieren o no saben hacer puede ser suplido, aunque sea mínimamente, por la actitud y los gestos diarios de los que nos sentimos españoles. Tan legítimo es ser nacionalista catalán como nacionalista español y tan legítimo es reivindicar dentro de la ley sus postulados como defender sin complejos y con gestos concretos la necesidad de una España unida e íntegra.

Santiago de Munck Loyola

La imprescindible reforma del Estado.

El año 2012 se ha ido pero no así muchos de los problemas que a lo largo del mismo se han ido poniendo sobre la mesa del debate político. Dos de estos problemas que figuran en lugar destacado de la agenda política del nuevo año son la crisis económica con todos sus efectos y medidas para intentar salir de ella y la reforma del estado auspiciada tanto por la propia crisis económica como por la necesidad de ofrecer una respuesta a la apuesta independentista enarbolada por los antaño nacionalistas moderados.

Parece un hecho incuestionable que nuestro actual modelo de estado es, tanto desde el punto de vista económico, como del político insostenible. Los resultados están ahí, sobre la mesa, y ponen de manifiesto que tenemos un estado muy caro de mantener y poco eficiente. Los distintos estudios de opinión hechos públicos en los últimos tiempos señalan que una gran parte de los ciudadanos cuestiona el actual modelo y su propia viabilidad. Y junto a ello sigue creciendo el rechazo hacia buena parte de la clase política que lo gestiona. Es indudable que cuatro y, a veces, cinco administraciones superpuestas son muy caras de mantener y, no sólo eso, sino que, además, obstaculizan la vida del ciudadano y su proyección y movilidad económica. Sin ir más lejos, la semana pasada se hacía público un estudio según el cual la maraña de legislaciones que se han ido tejiendo desde las diferentes administraciones supone una barrera para la creación de riqueza y de empleo y que el impacto sobre las empresas supone una pérdida anual de más de 40.000 millones de euros. Durante los últimos años, nuestro mercado interior se ha ido fragmentando gracias a la hiperproducción legislativa de las Comunidades Autónomas, siguiendo exactamente el camino contrario al emprendido en los procesos de armonización legislativa con la Unión Europea. A este enredo legislativo tenemos que añadir unas normas estatales que han demostrado su incapacidad para poner freno a la corrupción económica y política, permitiendo el nepotismo, el amiguismo y con ello la insolvencia profesional y técnica en buena parte de los encargados de hacer funcionar la gigantesca maquinaria administrativa. Miles de empresas públicas estatales, autonómicas o municipales, auténtico aparcamiento en su mayoría  de militantes partidistas o de familiares y amigos de las élites de los partidos políticos constituyen un enorme lastre para nuestra maltrecha economía del que es preciso desprenderse y que se suma a la prolija lista de administraciones públicas y sus infinitos apéndices de toda índole.

El Gobierno, desde el primer día, se ha puesto manos a la obra iniciando todo tipo de reformas pero que no abordan el problema de la configuración del estado desde una perspectiva global y desde el imprescindible acuerdo con el principal partido de la oposición que, por cierto, parece más ocupado en sus asuntos internos que en tratar de ofrecer respuestas a los desafíos y a los problemas que, en gran medida, se arrastran de su inefable gestión. El proyecto de Ley sobre Transparencia, los proyectos de reforma de las administraciones locales, ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades, o las distintas medidas adoptadas sobre reducción de entes públicos parecen parches o retoques de una estructura estatal que funciona mal y que no se puede sostener y da la impresión de que falta una idea clara de la arquitectura estatal, del proyecto que se quiere desarrollar, de la dirección hacia la que hay que encaminarse.

Una gran parte de los ciudadanos tenemos más o menos claro lo que queremos: iguales derechos y obligaciones para todos los ciudadanos con independencia del territorio en el que residamos, una sanidad, un sistema educativo y unas pensiones homogéneas, movilidad laboral y económica en toda España, mayor cohesión social y territorial, administraciones públicas más simples y eficientes, mayor representatividad de las instituciones democráticas, igualdad fiscal en todo el territorio nacional, menos cargos públicos, eliminación de las duplicidades, más transparencias en la gestión, menos discrecionalidad y menos corrupción,… Es decir, queremos lo que el sentido común dicta, pero nacen muchas dudas sobre si se trata de lo mismo que quieren nuestros dirigentes políticos. Con toda seguridad, alcanzar estas pretensiones resulta imposible con el actual e insostenible modelo de Estado y no cabe la menor duda de que esta incompatibilidad debe ser resuelta lo antes posible por la clase política.  Para lograrlo, los principales partidos parlamentarios, sobre todo aquellos con opciones de gobierno, deberían hacer un mayor esfuerzo por alcanzar acuerdos de Estado interpretando el sentir de la mayoría de los ciudadanos.

Si todo lo anterior lo ponemos además en relación con el desafío independentista lo cierto es que la situación es mucho más compleja. Y lo es fundamentalmente porque las aspiraciones del común de los ciudadanos chocan frontalmente con los objetivos de los movimientos independentistas cuya potente maquinaria propagandística lleva años difundiendo realidades virtuales que han ido calando en una buena parte de la población y siempre ante la pasividad, cuando no la complicidad, de los principales partidos políticos españoles y de una buena parte de los medios de comunicación. Tras la aprobación del último estatuto de Cataluña, que por cierto no fue refrendado por la mayoría de los electores catalanes, algunos políticos socialistas se apresuraron a preguntarse en público en qué quedaban los negros augurios de quienes afirmaban que se rompía España. Pues bien, aquí está el resultado: no ha pasado mucho tiempo y España se está rompiendo. El principal partido de la oposición, el PSOE no termina de adoptar una posición clara que sirva de referente a la hora de abordar el desafío independentista. De una parte, los socialistas catalanes respaldan la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña a pesar de que no sea legal. Desde Ferraz por una parte se afirma que el PSOE no apoya la celebración de esa consulta y, por otra, hoy mismo, el desmemoriado secretario de organización socialista acusa al Gobierno de inmovilismo respecto a la consulta ilegal. ¿Éso qué quiere decir? ¿Qué el Gobierno debe ser flexible y ceder ante una ilegalidad que atenta contra la soberanía del pueblo español? ¿A qué juegan los socialistas? Hoy por hoy, desgraciadamente el Gobierno no tiene un interlocutor sólido y fiable en la oposición porque no existe un proyecto de izquierdas para toda España.

Hace pocos días, los dirigentes socialistas han vuelto a proponer la vieja idea del federalismo como fórmula para reformar la estructura del estado. El federalismo tiene evidentemente sus ventajas y responde a situaciones concretas con bastante eficacia. ¿Pero piensan en serio que el federalismo va a servir para frenar las aspiraciones de los independentistas? ¿A quién quieren engañar con esa propuesta? Nuestro estado autonómico actual supone una descentralización política y administrativa muy superior a la de los estados federales existentes y si se copiase la fórmula alemana, por ejemplo, comunidades autónomas como la catalana perderían bastantes de las competencias que actualmente gestionan. Convertir las comunidades autónomas en estados federados con idénticas estructuras políticas e idénticas competencias es lo último que quieren los independentistas cuyos proclamados hechos diferenciales desaparecerían. Sacar a pasear por la plaza el toro del federalismo no pasa de ser un hecho anecdótico absolutamente improcedente a la hora de abordar en las actuales circunstancias los problemas de nuestro modelo estatal y del conjunto de los ciudadanos.

Gobierno y oposición tiene por delante una gran tarea para este año: lograr identificar las aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos e intentar ponerse de acuerdo con el modelo y las reformas que permitan alcanzarlas. Una gran responsabilidad para la que habrá que confiar en que estén a la altura nuestros dirigentes políticos, económicos y sociales.

Santiago de Munck Loyola