La
decisión del Gobierno de España de reducir las ayudas directas a la industria
del carbón ha puesto en pie a los mineros afectados y, de paso, ha resucitado a
la farándula progre y a algunos atrevidos portavoces socialistas. Es
compresible desde un punto de vista humano la lucha y las reivindicaciones de
los mineros y de sus familias y hay que reconocer su tesón aunque no se puedan
compartir el uso esporádico de medios violentos con que algunos han querido
subrayar sus reclamaciones. También resulta comprensible, aunque por otros
motivos, la resurrección de los zejateros que siempre andan a la caza de un
motivo para lucir sus resabios decimonónicos y trasnochados para cargar contra
el legítimo Gobierno de España siempre que éste lo ostente el Partido Popular.
Poco les importó no hace mucho que el Gobierno anterior destruyese empleo,
despilfarrase o mintiese impunemente, un día sí y otro también, a los
ciudadanos y si les importaba lo disimularon bien no fuera que su subvencionado
pesebre sufriese alguna merma. Lo que ya resulta menos comprensible es la
impúdica exhibición de cinismo de diferentes dirigentes socialistas exigiendo
en un tono bastante desabrido que el
Gobierno ponga para la minería el dinero que ellos se han “cepillado”.
El
anuncio gubernamental de un recorte de 200 millones de euros a las subvenciones
al carbón ha sido el detonante de estas movilizaciones. Según las cifras que
estos días se vienen manejando en los medios de comunicación, el carbón español
cuesta a los contribuyentes 620 millones de euros al año de los que 320
millones corresponden al pago de las prejubilaciones. ¿Por qué pagamos los
contribuyentes los otros 300 millones de euros año en subvenciones al carbón?
Porque el parecer la industria del carbón español no es rentable, hay que
subvencionarla para que sigan abiertas las empresas explotadoras de las minas.
Así que como estas empresas son deficitarias, los contribuyentes las sostenemos
con nuestros impuestos. Este carbón se emplea fundamentalmente para generar
electricidad en las centrales térmicas cuya producción supone el 7 % del
conjunto de la electricidad producida en España y, simultáneamente, constituye
la mayor fuente de emisión de gases tóxicos, de contaminación, de las
industrias generadoras de electricidad.
Pero
al mismo tiempo existe otra importante fuente generadora de electricidad que
también es deficitaria en mucha mayor medida que las sustentadas en el carbón.
Son las llamadas renovables. De ellas, la energía fotovoltaica, por ejemplo,
supone el 3 % del conjunto de la producción eléctrica española. Siendo las
energías renovables unas industrias también deficitarias, los contribuyentes,
nos guste o no, también las subvencionamos con nuestros impuestos. ¿La razón?
Pues que tenemos que cumplir con los compromisos internacionales de España
sobre la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, hay
que subvencionar a las empresas eléctricas para que generen electricidad no
contaminante con unos sistemas que no son rentables y que sin dinero público
serían empresas inviables en el mercado. De cada 100 euros que pagamos en el
recibo de la luz, más de 22 euros son subvenciones a las energías renovables.
Más de 6.000 millones de euros al año se van así a los bolsillos de las grandes
empresas generadoras de electricidad.
No
existe pues ningún criterio económico que justifique racionalmente el
sostenimiento de empresas deficitarias. En una economía libre, en un mercado
normal, no intervenido, sólo pueden subsistir aquellas empresas que por si
mismas se sostienen, las que son rentables. Aquí no, aquí los contribuyentes
nos vemos obligados a consumir la electricidad más cara de Europa porque, en
primer lugar, no nos dejan comprarla a quien queramos, no podemos comprarla a
una empresa francesa o alemana porque el Gobierno no quiere liberalizar la
distribución y sostiene al oligopolio de las empresas eléctricas, y, en segundo
lugar, porque nos vemos forzados a subvencionar a empresas deficitarias, a
empresas ruinosas que sin la ayuda pública se hundirían rápidamente.
Este
es desolador panorama para el consumidor español que se ve obligado a
subvencionar anualmente de un lado a los productores de electricidad más
contaminantes y de otro a subvencionar a
los productores de electricidad menos contaminantes para reducir los efectos de
la contaminación de los primeros. ¿Usted lo entiende?
Partiendo
del principio de que no se debe utilizar el dinero del contribuyente para
subvencionar ninguna empresa ruinosa, pero aceptando desgraciadamente que
nuestra realidad es la que es, uno no puede por menos preguntarse ¿por qué hay
6.000 millones para subvencionar a las renovables (Endesa, Hidroeléctrica,
Unión Fenosa, etc.) y no hay 200 millones para subvencionar al carbón? O para
todos o para ninguno. Y puestos a ello, a subvencionar a empresas deficitarias,
con aumentarnos otro poco el recibo de la luz, la parte que se llevan las
renovables, se tendría resuelto el problema del carbón.
Santiago
de Munck Loyola