Don Juan Carlos I, Rey de España.

Al conocer el constante goteo de noticias y comentarios sobre el Rey Juan Carlos I, sus manejos económicos y su amiga Corinna, la falsa princesa y peculiar “empresaria”, surgen inevitablemente sentimientos contradictorios para la mayoría de los españoles. Pocas veces, además, se ha hecho más evidente el viejo dicho de hacer leña del árbol caído, un deporte nacional, y, entiéndase por caído, el hecho de que ya no sea el Jefe del Estado sin entrar en otras cuestiones. La lista de nuevos leñadores es impresionante y se nutre de muchos periodistas cortesanos, comentaristas antes juancarlistas y políticos oportunistas tan escasos de principios como de luces intelectuales. Algunos hasta parecen sorprendidos con el hecho de que el Rey Juan Carlos I tenga una más o menos cuantiosa fortuna o de que reciba o haya recibido regalos de los monarcas árabes cuando lo cierto es que ya en los años 90 algunas informaciones, pocas es cierto, se hacían eco de préstamos o donaciones de Kuwait y de negocios de amigos del Rey en torno a las torres Kio.

Al día de hoy, parece conveniente situar las informaciones en sus justos términos y no sacar conclusiones precipitadas ni dar por cierto todo lo que se lee o escucha. Y ello, porque hay un contexto político evidente. Tenemos un gobierno formado por socialistas y comunistas y una parte de él tiene como objetivo prioritario derribar la monarquía parlamentaria. Y, como es evidente, van a usar todos sus terminales mediáticos para explotar este asunto y erosionar al actual Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, cuya conducta constitucional está siendo impecable.

Ayer mismo el vicepresidente segundo del gobierno, el Sr. Iglesias, afirmaba que vamos hacia una “república plurinacional”. En este contexto es dónde hay que analizar cada noticia y cada comentario. 

Hay que destacar que la mayor parte de las informaciones o más bien afirmaciones provienen de grabaciones de la Sra. Corinna quien se dió “a conocer en los salones y eventos de la jet set europea, presentándose como princesa. Alega dedicarse a los negocios y mantiene una intensa vida social.

Es la directora general de Boss & Co. Gunmakers, una armería fundada en Londres en 2000 y es cofundadora de “Auténticos” una fundación dedicada a sensibilizar contra las redes de banqueo de dinero, cárteles de la droga, paramilitares y el trabajo infantil” (no se ría el lector, por favor, la descripción está publicada en Wikipedia). ¿Y a quién le hizo todas esas escandalosas declaraciones la falsa princesa Corinna? Al comisario Villarejo, un policía que está en prisión en espera de juicio, protagonista de varios escándalos de espionaje, amigo del exjuez Baltasar Garzón y la exministra de justicia reprobada por el Congreso y actual Fiscal General del Estado, Mª Dolores Delgado, miembro según Pablo Iglesias de las “cloacas del Estado", en fin, una joyita de mucho cuidado que, cuando la mierda que airea les afecta carece de toda credibilidad para los políticos y periodistas izquierdistas y para quienes se convierte en una fuente fidedigna cuando las heces aireadas atañen a la derecha o, como en este caso, al Rey Juan Carlos I o a la institución monárquica. Por todo ello, cualquier persona con un mínimo de sensatez y objetividad tiene que poner en cuarentena cualquier información.

Y si hay algo que cualquier ciudadano comprometido con los valores y derechos establecidos en nuestra Constitución debe hacer, especialmente si se trata de un político, es respetar la presunción de inocencia que vale para todos los españoles sea cual fuere su posición social. A muchos se les ve el plumero de lejos, sobre todo a los políticos que ya se han apresurado a pedir la retirada del nombre del Rey Juan Carlos I de Avenidas, Calles, parques o de cualquier edificio público. A los pancatalanistas de Compromis les ha faltado tiempo para exigir la retirada de un busto en el Ayuntamiento de Alicante.

Y para qué mencionar a tanto imbécil que en las redes sociales exige que Don Juan Carlos devuelva a los españoles el dinero que dicen ha recibido fuera. ¿A quien tiene que devolver esos supuestos bienes? ¿A los jeques árabes que dicen que se lo regalaron? ¿Cómo es posible que atribuyan los 65 millones de euros de los que se habla a comisiones recibidas por el AVE a la Meca cuando las informaciones sitúan ese regalo 6 años antes de que se formalizara dicho contrato? 

Parece más que evidente que la vida privada del Rey Juan Carlos I no ha sido ejemplar. Y entre otros muchos aspectos el hecho de que pudiera tener dinero en paraísos fiscales no lo es, como no lo eran sus cacerías y su tren de vida en plena crisis económica. Pero no existe ni coherencia ni legitimidad alguna para que esa crítica y ese reproche social lo traten de instrumentalizar quienes han recibido regalos económicos de Irán o de Venezuela utilizando igualmente cuentas en paraísos fiscales.

Pero lo que sí es evidente es que el reinado de D. Juan Carlos I ha sido la mayor etapa de libertad y prosperidad para los españoles de los últimos siglos. Es un hecho que no puede ser borrado que D. Juan Carlos hizo posible una transición pacífica de la dictadura a la democracia admirada y estudiada en innumerables cátedras universitarias de todo el mundo. Es un hecho innegable que en 1981 un golpe de estado no triunfó por su decisiva intervención. Y es un hecho innegable que durante su reinado España ha alcanzado las mayores cotas de bienestar social de su historia. Y es por ello, por todo ello, por lo que se le han rendido honores y reconocimiento público y no por su vida privada, no por ser buen marido, padre, amante o administrador de su patrimonio. Si se demuestra que en el ámbito de su vida privada ha infringido las leyes, deberá responder por ello si nuestra legislación lo permite. Pero de ahí a tratar de borrar su legado político hay un verdadero abismo que, con una nueva memoria histórica ad hoc, parece ser el objetivo de tanto inconsciente, advenedizo y miserable que pulula en los medios de comunicación y en la política.

No se puede borrar el papel histórico y constitucional de D. Juan Carlos y menos aún intentar espuriamente imputar responsabilidades al Rey Felipe VI que, aunque no les guste a los podemitas y a sus conmilitones socialistas, está desarrollando su tarea de forma constitucionalmente impecable. Que la pareja del Sr. Iglesias, la Ministra Montero  vea "muy difícil" separar de la institución monárquica "los casos de corrupción, algunos presuntos y otros contrastados, de la familia Borbón" no deja de ser una generalización y una apelación a la genética impropia de alguien que debería contar con la suficiente formación intelectual para formar parte del gobierno de España. ¿Son ahora los hijos responsables de los errores de los padres? ¿Hablamos entonces de los ancestros del Sr. Iglesias?

La Monarquía española es hoy más que nunca absolutamente necesaria para garantizar los derechos y libertades de los españoles. Y lo es no sólo porque durante los últimos 45 años ha demostrado su valía para construir una sociedad democrática y próspera, sino porque, además, la alternativa encarnada por personajes de la talla moral y política del Sr. Iglesias o del Sr. Sánchez Castejón es realmente pavorosa.

Santiago de Munck Loyola

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Occidente morirá de éxito (1).

Nos han declarado la guerra y parece que no hemos terminado de enterarnos. Cada atentado terrorista que se produce en nuestras ciudades es un acto de guerra y, sin embargo, nuestra respuesta como sociedad, como cultura y modo de vida, ni es unánime, ni es eficaz. Ésta no es una guerra convencional, una lucha entre ejércitos y entre estados. Es una guerra declarada expresamente por musulmanes radicales contra cualquier ciudadano inocente. El objetivo de los terroristas no es necesariamente las fuerzas armadas o de seguridad de un estado concreto, sino el ciudadano de a pie, usted o yo, que somos culpables por el simple hecho de estar en un momento dado en el lugar inadecuado. No importa la profesión, la religión, el sexo o la edad de las víctimas.

Después de cada atentado próximo geográfica o culturalmente, porque parece que los que a diario se producen en Irak, Irán o Afganistán nos afectan menos, se enciende una momentánea indignación casi generalizada que se adormece al cabo de una o dos semanas. Indignación, rabia y dolor que nos impulsan a realizar gestos de solidaridad con las víctimas o que provocan que se alcen voces con propuestas radicales para acabar con el terrorismo y poco más. A más dolor más radicalidad.

Imposición de la Sharia en Londres.

Da igual la justificación que los terroristas utilicen en cada caso. No deberíamos ni molestarnos en escucharlas ni en difundirlas porque solo encubren un fanatismo de carácter religioso y cultural. Hoy dicen que nos castigan por Siria, pero antes fue por Afganistán, por Irak, por caricaturizar a su profeta, por ser infieles o por lo que se les antoje en el momento. Y, de igual modo que sus justificaciones deberían ser pasadas por alto, tampoco habría que dar pábulo a quienes entre nosotros tratan de justificar o de encontrar explicaciones sociológicas o políticas detrás de cada atentado terrorista. Nos dicen que en una gran parte de los casos, los terroristas que en estos tiempos siembran el terror pertenecen a la segunda generación de emigrantes musulmanes, criada en guetos, entre falta de oportunidades y marginación, que se han radicalizado y que cargan su odio y frustración contra la sociedad que acogió a sus padres. De los cientos de miles de Españoles hijos de nuestros emigrantes, nacidos en Francia, Bélgica o Alemania, ¿Cuántos se han criado en guetos? ¿Cuántos no se han integrado en la cultura del país de acogida? ¿Cuántos se dedican a cometer atentados? Ninguno ¿por qué? Porque nuestras raíces culturales eran comunes y no necesitaban autoexcluirse en guetos para preservar identidades incompatibles con las sociedades de acogida.

El problema del terrorismo actual es extremadamente complejo y ni hay explicaciones absolutas ni soluciones fáciles. El principal caldo de cultivo del terrorista no está en las condiciones socioeconómicas de su entorno, como se nos quiere hacer creer desde una interpretación materialista, sino en el poso cultural y religioso que les convierte en potenciales receptores de la radicalidad y del fanatismo. La multiculturalidad en las sociedades occidentales es un mito inalcanzable cuando no se sustenta en principios y valores compartidos.

Las sociedades occidentales, abiertas y tolerantes, son el resultado de una larga y dura evolución que atravesó dos momentos cruciales, el renacimiento y la ilustración. Ambos fenómenos supusieron un cambio de los principios y valores que nos permitieron gradualmente construir sociedades y Estados sustentados en un común denominador ideológico aglutinador de la mayoría de los ciudadanos. De la religión común impuesta pasamos a la tolerancia, a la libertad religiosa y desembocamos en la primacía de la Ley civil, inspirada en gran medida en los valores cristianos, sobre la conciencia religiosa. Del soberano ungido por Dios pasamos a la soberanía nacional. De los privilegios de los estamentos pasamos a la igualdad de derechos. De la primacía del varón a la igualdad de sexos. Y así sucesivamente hasta conformar un sustrato común que nos permite nuestro actual modo de vida. Sin embargo, el mayor obstáculo con el mundo musulmán es que éste no ha evolucionado como el mundo de origen judeocristiano. Ni han pasado por un período como el Renacimiento, ni mucho menos como el de la Ilustración. No hay un sustrato común compartido con las sociedades occidentales y, por ello, es francamente difícil que puedan aceptar y, menos aún, defender nuestro modo de vida abierto y tolerante.

Si hay algo que tenemos que tener claro los occidentales es que con la actual evolución demográfica en nuestros países y con la defensa a ultranza del principio democrático, nuestra apertura y tolerancia van a acabar con nuestra sociedad. Nuestros valores y principios pronto serán minoritarios y consiguientemente erradicados por la mayoría que impondrá a sangre y fuego los suyos. Vamos a morir de éxito si no somos capaces de afrontar con decisión soluciones, para algunos, políticamente incorrectas.

Santiago de Munck Loyola

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La responsabilidad de la oposición.

“El poder desgasta sólo a quien no lo posee”. La frase es de Giulio Andreotti,  siete veces primer ministro de Italia, ocho veces ministro de Defensa, cinco veces ministro de Exteriores, tres veces ministro de Administraciones Públicas, dos veces ministro de Finanzas, de Industria, una vez ministro de Economía, de Interior, de Cultura y de Políticas Comunitarias y senador vitalicio quien, dejando al margen su proverbial cinismo, parece que algo sabía de política. No le faltaba razón a este gigante italiano de la política en la que supo navegar desde 1948 hasta su muerte en 2013. Ser o ejercer la oposición desgasta y desgasta mucho. Y lo que es una evidencia casi generalizada en el plano de la política nacional lo es también, aunque con matices muy peculiares, en el ámbito de la vida municipal. Las reglas políticas generales aplicables a la gran política se van distorsionando a medida que su ámbito de aplicación se reduce. O dicho de otra forma, a menor tamaño de un municipio más se distorsionan, suavizándose o agravándose, los principios y reglas del juego político.

A menor tamaño de un municipio entran en juego una serie de factores que no suelen estar presentes en ámbitos políticos mayores: las relaciones entre grupos familiares, el conocimiento público de la vida privada de los agentes políticos, los intereses inmediatos de grupos, clanes o individuos con capacidad para incidir en las decisiones municipales, el temor a la libre expresión frente al poder local, odios ancestrales, venganzas personales y un largo etcétera que no es posible obviar a la hora de intentar comprender las claves de la política municipal.

Es muy posible que, debido a estos factores de ámbito local, la máxima general de Andreotti adquiera especial importancia y que su formulación general se agrave especialmente en el ámbito de la política local. El poder desgasta pero ser oposición desgasta aún más. Y ¿Por qué? La primera razón es simple, quien ejerce el poder nunca, salvo en el caso de idealistas puros (especie prácticamente extinguida), ejerce al poder para todos, sino que lo hace especialmente en favor de quienes le han aupado al poder. Con ello consolida la “coalición” de intereses que lo sustenta y pone los cimientos para volver a ganar.

La segunda razón responde a cómo se ejerce la oposición. Muchas veces quien abandona el gobierno, aunque haya ganado las elecciones, lo hace noqueado y tarda tiempo en asumir su nuevo papel. Durante esa transición, que a veces nunca se completa favoreciendo con ello que el nuevo gobierno se consolide y repita victoria, la oposición no termina de comprender cuál es su nuevo papel y qué responsabilidades conlleva. La oposición va dando tumbos, se deja machacar, actúa como si temiera algo y olvida algo fundamental: que está en la oposición porque ya ha depurado todas sus responsabilidades políticas en las urnas. No hay más juez político que las urnas, la sentencia está dictada (ser oposición) y ahora ya no es, ni puede ser, rehén de su pasado. Ser oposición es también un gran honor porque supone ser garantía del funcionamiento democrático de la institución municipal, la oposición representa a los vecinos para equilibrar el juego democrático. Sin una oposición libre, sin ataduras y sin complejos, no hay democracia posible.

La oposición solo tiene dos enormes responsabilidades: de una parte, controlar y criticar la acción del gobierno municipal y, de otra, proponer alternativas. Y no hay más. Traspasar esa línea supone adulterar el juego democrático y enviar un mensaje equívoco a los vecinos, a los electores, porque en definitiva supone quebrar la esencia del funcionamiento del sistema democrático que se basa en el binomio gobierno-oposición. O se está en el gobierno o se está en la oposición, o se está embarazada o no se está, pero estar medio embarazada es imposible. El gobierno municipal debe estar controlado y la mejor crítica constructiva es la denuncia de cada error o ilegalidad del gobierno. Y, simultáneamente, la oposición debe presentar alternativas, explicar a los vecinos que hay otras políticas posibles y mejores. Sólo así se puede construir una alternativa de gobierno.

En no pocas ocasiones, la oposición suele caer en las trampas del gobierno y al hacerlo destruye su capacidad de ser alternativa. Es bastante frecuente que mientras un gobierno municipal se dedica, más que a gobernar a tratar de destruir a la oposición restregándole un pasado que ya ha sido juzgado por las urnas, haga simultáneamente apelaciones a la colaboración para tratar de resolver asuntos complejos o para los que no se encuentra suficientemente capaz. Apela entonces al bien del pueblo, a intereses de todos y utiliza toda clase de cantos de sirena. Si la oposición cede por un mal entendido concepto de responsabilidad sólo el gobierno gana: el éxito sólo será del gobierno y el fracaso no será compartido, sino de la oposición. La oposición habrá traicionado a su función, habrá hecho dejación de sus responsabilidades para asumir una, la de la supuesta colaboración, y habrá cavado un poco más su hoyo electoral.

No hay medias tintas. Ser oposición es un gran honor y una enorme responsabilidad y caer en las redes del gobierno asumiendo responsabilidades que no le corresponden, conociendo además que el adversario no es políticamente honesto sino que usa permanentemente la técnica del palo en público y la caricia en privado, es la mejor manera de suicidarse políticamente de sufrir un desgaste innecesario sin las protecciones que el ejercicio del poder otorgan. Ni se puede estar medio embarazada, ni ser medio oposición. Cada parte tiene sus obligaciones y si la oposición incumple cualquiera de sus dos principales responsabilidades dejándose seducir por la apelación a supuestos intereses superiores, solo merecerá seguir en la oposición mucho más tiempo. Parafraseando también a Andreotti, hay dos tipos de locos: los que se creen Napoleón y aquellos que se creen capaces de colaborar lealmente con un gobierno socialcomunista sin salir escaldados.

Santiago de Munck Loyola

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¿PP vs PODEMOS?

Es tal la cantidad de mensajes y noticias que se ponen en circulación a diario que es preciso ponerlas entre paréntesis, hacer un alto y analizarlas con detenimiento para poder tener una visión más sosegada y objetiva de la realidad. Vivimos tiempos de cambios y los cambios siempre asustan  a quienes ven peligrar sus intereses y radicalizan muchos planteamientos. Este fin de semana, nos han “bombardeado” con la Convención del Partido Popular, con las constantes apariciones de Pablo Iglesias y “Podemos” y con las elecciones griegas. En los tres casos, el miedo, la radicalización y el caos son ideas que pueden reconocerse fácilmente en los mensajes que nos trasladan a los ciudadanos. Hay quienes parecen empeñados en convertir la política en algo muy alejado del debate y del contraste racional de ideas, del diálogo; algo muy alejado de esa noble actividad humana en la que la Libertad del individuo responsable y racional encuentra su máxima expresión y la reducen a una vulgar competición en la que la simplificación de las ideas llega al absurdo y en la que el temor a lo desconocido busca la adhesión y, en definitiva, el voto.

De un lado y de otro tratan de levantar el miedo, intentan plantearnos disyuntivas excluyentes que, en el fondo, encierran un profundo desprecio a la inteligencia de la gente y destilan un tufo totalitario. “No hay políticas alternativas a la nuestra”, “sólo nosotros vamos a frenar a los populismos” o “nosotros o el caos” nos gritan desde las filas del Partido Popular. Y desde las antípodas populistas proclaman que “el PP o PODEMOS” en un mensaje perfectamente coincidente. Tratan de hacernos creer que no hay más que dos opciones políticas: el PP o PODEMOS. Y los dos discursos se cimentan en el miedo y en el odio. Quieren convertir la política y las elecciones en un plebiscito, en un referéndum en el que las posibilidades de elegir se reduzcan a dos opciones y nada hay más peligroso para la convivencia democrática que la radicalización del voto, el “o conmigo o contra mi”.

El voto político, en el fondo, no es otra cosa que un contrato basado, como todos los contratos, en la existencia de la confianza, un contrato entre el elector y el candidato. Si el camino que algunos elijen para demandar el voto del ciudadano se sustenta, no en la confianza, sino en el miedo y si, además, para conseguirlo se apoya en la mentira lo único que se logra es pervertir y corromper la esencia de la democracia, la confianza entre el votante y el candidato. No está de más recordar que un contrato suscrito mediante la falsedad o bajo la coacción es un contrato nulo.

Es falso que la competencia política se reduzca a solo dos opciones y lo saben quienes así lo proclaman. Y es francamente despreciable que se busque el voto, la adhesión ciudadana apelando al miedo que es el peor enemigo de la memoria, de la inteligencia y de los sentimientos más elevados. Hay que combatir las falacias que unos y otros tratan de vendernos. Hay que desterrar la resignación que tanto beneficia a quienes aspiran a mantener sus privilegios y a quienes enarbolan la bandera de la utopía sin ofrecer una sola propuesta viable. En definitiva, hay que recuperar para la política la ética que entre tanto oportunista ha desaparecido de la práctica diaria.

Los ciudadanos podemos y queremos elegir en absoluta libertad y los que la condicionan o amenazan con sus mensajes y discursos simplistas y excluyentes no son dignos de recibir adhesión alguna. Los ciudadanos podemos y queremos transformar la realidad a través de la política y no debemos permitir que nos sigan alejando de ella. La pluralidad, la diversidad, los matices, las diferentes perspectivas enriquecen y permiten el ejercicio de la libertad de elección con más plenitud. En nuestras manos está cambiar todo aquello que no nos gusta, todo aquello que entorpece nuestro desarrollo personal y colectivo. Todo depende de nuestra propia responsabilidad.

Vivimos en una gran provincia, Alicante, que no ha sido tratada con justicia durante décadas. No pueden decirnos ahora los responsables de su estado de postración que no hay alternativa. Y tampoco pueden decirnos quienes solo saben promover el “los de abajo contra los de arriba” que ellos son la única salida. Hay otra forma de entender la política, de protagonizarla por parte del ciudadano, de defender nuestra provincia, de proponer soluciones sin renunciar a los principios y a los valores. Esperanza Ciudadana es la opción del cambio, la alternativa al miedo, a la resignación y al odio. Esperanza Ciudadana representa más sociedad y menos impuestos, más libertad y menos intervencionismo, más solidaridad y menos recortes, más eficacia y menos despilfarro, más Alicante y más España. Nos importa la persona y sus problemas. Creemos en su capacidad para afrontar la vida. Y entendemos la  política como un simple instrumento al servicio del progreso individual y colectivo. Creemos firmemente en las inmensas capacidades y en el enorme potencial de Alicante y sabemos que sin su defensa permanente ni unos ni otros serán capaces de sacarnos adelante. Es hora de pasar página y de apostar por el cambio.

Santiago de Munck Loyola

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Se puede si se quiere.

Si la política nunca ha sido una actividad especialmente apreciada por la mayoría de los ciudadanos hoy, desgraciadamente, lo es aún menos. Pocas cosas pueden resultar en nuestros días menos atractivas para mucha gente que la política. La conducta de buena parte de la clase política y los malos hábitos y vicios de los partidos y demás instituciones están en el origen de ello. Se palpa un absoluto desengaño y hastío hacia la política, los partidos, los políticos y las instituciones. Existe un hartazgo generalizado y, sin embargo, casi todo el mundo en un momento u otro del día habla de la situación política de nuestro país y opina sobre unos u otros. No es infrecuente escuchar frases como “todos son iguales”, “todo son mentiras” o “para qué molestarse, van a seguir haciendo lo que les dé la gana”. En los encuentros familiares, en las reuniones de amigos, en la compra o en el trabajo se escuchan estas frases que, en el fondo, no hacen otra cosa que expresar una desconfianza profunda hacia la política y sus actores. Mucha gente no quiere saber nada de la política, pero no puede sustraerse a sus efectos porque la política está presente, querámoslo o no, en todas las facetas de nuestra vida.

Y este estado anímico alcanza incluso a la gente más próxima de quienes aún creemos que la política, con todos sus defectos e imperfecciones, es una noble tarea por la que merece la pena luchar. Las advertencias o los consejos en los círculos más próximos se suceden: “no te esfuerces tanto que las cosas no van a cambiar”, “¿Para qué te molestas? ¿No has aprendido todavía que todos los partidos son iguales y que no quieren gente preparada y con iniciativa?”, “¿Para qué te esfuerzas? Sin padrinos o amigos no vas a llegar a ningún sitio…” Y me resisto a aceptarlo. Me resisto a tirar lo toalla a pesar de las muchas desilusiones que a lo largo de más de 30 años de activismo político he sufrido.

Es cierto que el mundo de la política y todo lo que en ocasiones le rodea no es muchas veces precisamente ejemplar, pero no es menos cierto que se diferencia muy poco del ambiente que puede existir en el mundo laboral, empresarial o sindical. El mundo de la política no es un mundo aislado, no es una burbuja desconectada de la realidad social, sino que se nutre de ella para lo bueno y para lo malo. Las lealtades personales cambiantes, la desconfianza, las meteóricas carreras de los medradores profesionales, las traiciones, el incumplimiento de los compromisos o de la palabra dada, el amiguismo, el favoritismo o el acoso son algunos de los comportamientos que, si bien se resaltan mucho cuando hablamos del mundo político, también están a la orden del día en el mundo de la empresa o en el de las relaciones personales. Se trata de conductas propias de la condición humana y sobre todo de conductas íntimamente relacionadas con los valores y principios rectores de las conductas individuales.

La corrupción, por ejemplo, no es un mal exclusivo de la política ni de los políticos, sino que se encuentra presente en todas las esferas de la vida social. Se tiende a magnificar y a subrayar sus manifestaciones en la política porque, al fin y al cabo, la política es una esfera pública y porque en un sistema democrático todos los ciudadanos somos o deberíamos ser los “dueños” de la política y, por tanto, estamos o deberíamos estar más que legitimados para denunciarla y exigir las responsabilidades a que hubiere lugar. Los ciudadanos somos los accionistas de una gran empresa que se llama España y como tales tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones que el accionariado de una empresa para exigir resultados y demandar responsabilidades.

Sin embargo, la política no es mala por si misma, son malos muchos de sus protagonistas y si conservan su protagonismo es porque la mayoría de los ciudadanos les dejan, por acción o por omisión. La política es una noble tarea, la única cuya razón de ser es la transformación pacífica de la sociedad. Es desde la acción política, desde el compromiso activo, donde el ciudadano puede invertir la situación. La vida política es patrimonio de todos los ciudadanos. Quejarse, lamentarse o conformarse dando por sentado que nada puede cambiar no conduce a nada, tan solo sirve para reforzar la situación de quienes con su conducta manchan diariamente la vida política. Abstenerse o votar a los de siempre tampoco servirá para que la política recupere la limpieza y el brillo que debería tener. Hoy más que nunca los ciudadanos disponemos de formación e información permanente para poder actuar, para poder influir de forma decisiva en la transformación de nuestro entorno. No hay sistemas políticos eternos, no hay poderes infranqueables, no existen partidos políticos imbatibles y los ciudadanos disponemos de más y mejores instrumentos para que nuestra voluntad sea la que haga de la política un bien al servicio exclusivamente de las personas. Si queremos, podemos.

Santiago de Munck Loyola

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¿Hacia una República excluyente?

El 82 aniversario de la proclamación de la II República se ha celebrado en muchas ciudades españolas con una afluencia de público sensiblemente superior a las conmemoraciones de años anteriores. A ello ha contribuido, sin duda, el mal momento que la Monarquía española está atravesando ante la opinión pública, tal y como señalan las últimas encuestas, como consecuencia del comportamiento poco ejemplar del Rey y de algunos miembros de la familia real. Es evidente que en medio de una crisis como la que venimos padeciendo en la que la sensibilidad social está a flor de piel aquellos que encarnan la Institución Monárquica no han sabido estar a la altura que de ellos cabía esperar.

Sin embargo, la celebración de hoy no puede ser compartida, ni muchos menos, por quienes siendo republicanos no se sienten identificados con un modelo republicano como el del año 31 construido por media España contra la otra mitad y que fue un absoluto fracaso de convivencia. Una buena parte de la izquierda española, sobre todo la más radical, postula el advenimiento o la instauración de una tercera República en España sobre la base y la nostalgia del modelo republicano de 1931, con todo lo que ello conlleva de identificación con los errores y aciertos de mismo. Así, una vez más, se vuelve a cerrar la puerta política a quienes aspiran a la construcción de un modelo republicano desde posiciones de centro, de derechas o de izquierda moderada.

España cuenta hoy con la Constitución más abierta y democrática de su historia. Una Constitución nacida al amparo de la Monarquía, cuya contribución a su nacimiento es innegable, en circunstancias políticas y sociales tremendamente difíciles y que ha permitido a la sociedad española alcanzar niveles de convivencia pacífica y cotas de bienestar social nunca antes logradas. Sin embargo, es muy probable que la Monarquía, en las actuales circunstancias, haya agotado su papel en el desarrollo político de nuestra sociedad. Es evidente que una situación coyuntural no puede servir de argumento para un cambio de modelo tan profundo como podría ser el paso de la Monarquía hacia la República. Las tendencias de opinión fluctúan enormemente en breves espacios de tiempo y más hoy con la influencia de las redes sociales. Pero sí podría ser aconsejable reflexionar serenamente sobre la vigencia del papel de la Monarquía y sobre todo sobre su utilidad a la sociedad española. Lo que no cabe duda es que este debate debería plantearse sobre criterios de objetividad y no sobre criterios emocionales, sobre planteamientos de objetivos de futuro y no sobre nostalgias y planteamientos trasnochados.

Y si algo en las celebraciones del día de hoy podría poner en guardia a cualquier demócrata, sea republicano o monárquico, es el desfile paramilitar que se ha celebrado en Madrid para rememorar la II República. Banderas de la II República (que no republicanas ya que la I República mantuvo la bandera de España) con una estrella roja en el centro eran portadas marcialmente en paralelo con banderas comunistas. Esta identificación entre la II República, y al parecer con la futura III República, y la ideología comunista es todo un síntoma, un peligroso síntoma del triste fin que tendrían las libertades públicas que hoy disfrutamos, esas “libertades burguesas” que según los comunistas sólo son respetables en cuanto transitorias y como mero instrumento para la consecución del poder.

Bandera de España II República.

Bandera de España I República.

La identificación de una futura III República con el comunismo y con lo peor de la II República sólo puede servir para que los republicanos demócratas confíen en que dure mucho la Monarquía y las libertades consagradas en la Constitución de 1978. La legítima aspiración de cambiar la forma del estado español pasando de una Monarquía a una República no puede construirse mirando hacia atrás, sino hacia el futuro, no puede sustentarse sobre modelos excluyentes y sectarios como pocos, sino con una visión integradora de toda la sociedad española, no debe reclamarse adjetivando a la República con términos como popular o socialista, sino con la capacidad de permitir la alternancia política sin más limitación que la que imponga en cada momento el electorado en las urnas. Mal se empieza cuando la reclamación de una nueva República se simboliza tratando de imponer la bandera de un régimen concreto sobre la de la Nación, cuando se trata de identificar al futuro régimen con una ideología partidista y excluyente y cuando se justifica desde la nostalgia de un pasado muchas veces inexistente y no sobre convicciones políticas racionales y de integración nacional

Santiago de Munck Loyola

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El fin no justifica los medios.

Siempre me he manifestado desde estas páginas muy crítico con la actuación de la clase política en torno a la dación en pago de la vivienda, a su actitud ante a las entidades financieras y al drama de de los desahucios, Nuestra clase política ha reaccionado tarde y mal ante una situación que afecta gravemente a miles de ciudadanos españoles y no ha sabido ni prevenir, ni corregir a tiempo los graves problemas sociales que su propia ineptitud e insensibilidad ha venido generando durante los últimos años. Dicho esto no queda más remedio que denunciar también determinados comportamientos totalitarios promovidos por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y su representante mediática Dª Ada Colau.

Hace unos meses la Sra. Colau ya anunció en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que su organización iba a hacer que sus Señorías se enterasen bien de lo que su organización pretendía, de sus objetivos, y que, para ello, les iban a “informar” detalladamente. ¡Y vaya que se están enterando! A nadie se le escapaba que ese anuncio no era otra cosa que la señal de partida de una campaña, no de información sino de coacción para intentar determinar el voto de los representantes de los ciudadanos en las instituciones. Y esta campaña informativa se ha convertido, como era de esperar, en la coacción sistemática y el acoso personal y familiar que están sufriendo los representantes del Partido Popular por parte de grupos de la Plataforma. Ahora bien, el desarrollo de esta campaña coactiva lo que plantea, en primer lugar, es el interrogante sobre su oportunidad. ¿Por qué ahora y no hace unos meses o unos años? ¿Simple casualidad? El 22 de febrero de 2011, con un Gobierno Socialista, el Pleno del Congreso rechazó por amplia mayoría la propuesta de IU e ICV para que las hipotecas pudieran ser saldadas mediante la entrega de la vivienda al banco ( http://www.diarioinformacion.com/economia/2011/02/22/congreso-rechaza-saldar-hipoteca-entregando-piso/1098025.html ) y no queda más remedio que preguntarse dónde estaba la Sra. Colau y sus partidarios y por qué no iniciaron entonces una campaña de acoso y coacción sobre todos los diputados, incluidos los socialistas, que se opusieron a la dación en pago. ¿Movilizarse contra un gobierno “progresista”? Pues fue que no. En marzo del mismo año, el Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero volvió a oponerse a la dación en pago (http://youtu.be/1jS637PH82Q) y en repetidas ocasiones manifestó que la aprobación de la misma en los términos defendidos por sus promotores pondría en peligro la estabilidad del sistema financiero. ¿Y dónde estaba entonces la Sra. Colau y sus partidarios? ¿Se movilizaron para “informar” en los domicilios de los dirigentes socialistas? ¿Los acosaron con la misma violencia verbal con que acosan hoy a los diputados del PP? Evidentemente no.

En segundo lugar, cabe también preguntarse sobre la validez y la naturaleza democrática de estas “campañas informativas” promovidas por la Sra. Colau. Es evidente que la finalidad de estas campañas no es la de informar. Por más que lo repita la Sra. Colau es una burda mentira. Los diputados están sobradamente informados. El objetivo es señalarlos, criminalizarlos y coaccionarlos para que modifiquen su intención de voto en torno a las propuestas de la Plataforma, propuestas que, incluidas hace poco más de un año en el programa electoral de algunos partidos, no alcanzaron en las urnas el voto mayoritario de los ciudadanos españoles. Admitir la validez de estos métodos coactivos sería admitir que cualquier otra causa pudiera ser promovida y defendida con métodos idénticos para conseguir que los parlamentarios se dobleguen por miedo a las pretensiones de sus promotores. Por muy noble que pueda ser un determinado fin no se puede alcanzar a través de cualquier medio. Es un principio elemental que define la esencia de la democracia.

Hay quien defiende estas actitudes coactivas argumentando que no pasa nada, que la gente tiene que desahogarse, que los afectados sufren más violencia institucional y financiera que los diputados, etc. Pero son argumentos falaces. La violencia estructural, como ellos la definen, no se combate con otro tipo de violencia, ni la soberanía popular puede expresarse a través de otros medios distintos a los constitucionalmente señalados. No entran en el fondo del asunto que no es otro que el de admitir o no el uso de cualquier medio, incluido el uso de la coacción y de la violencia moral, para la consecución de un determinado fin. Admitirlo es abrir una peligrosa puerta para la ruptura de la convivencia y del estado de derecho. Y quien no quiera verlo así, creo, sinceramente, que se equivoca.

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

Democracia avanzada.

Hace unos días, un amigo me envió un interesante enlace de Internet (http://demo4punto0.net/) en el que se formula una propuesta sobre la participación directa del ciudadano en la toma de decisiones públicas. Se trata de una iniciativa presentada en junio de 2010,  por Juan Moreno Yagüe, un abogado sevillano y que desde noviembre del 2010 duerme el sueño de los justos, como era de esperar con esta clase política, en un cajón de la Comisión de garantías constitucionales del Congreso de los Diputados. La propuesta de este abogado afecta directamente a las nociones de soberanía nacional, la representación política y a la participación directa del votante y supone la formulación práctica de una evidencia real: la superación de las teorías políticas tradicionales sobre las que se fundamenta nuestro esquema político, el de todas las democracias representativas.

En síntesis, la propuesta formulada plantea que los electores podamos intervenir, si así lo decidimos, en la toma de decisiones, en las votaciones que se desarrollan en el Congreso de los Diputados y, se entiende que, por extensión, en cualquier cámara representativa en la que los electores hayan delegado su voluntad. Se propone, por tanto y en relación al Congreso, que los 35 millones de electores representados por 350 diputados tengan la posibilidad de descontar la pequeña cuota de representación de cada uno (una treinta y cinco millonésima parte) votando cuando quieran a través de Internet. A todos los diputados se les restaría una pequeña parte de soberanía, la correspondiente a la cuota de soberanía del número de personas que decidiesen utilizar su derecho a votar.

Es un hecho evidente que las posibilidades que hoy en día ofrecen las nuevas tecnologías suponen una superación radical de las teorías políticas elaboradas en los últimos tres siglos y la concreción de las mismas en los modernos sistemas políticos.

Del mismo modo que el concepto político de la soberanía evolucionó a lo largo de los siglos desde el autoritarismo de Thomas Hobbes para quien la soberanía radicaba de forma exclusiva en el soberano, pasando por Rousseau que atribuyó la soberanía al pueblo, generador de la voluntad colectiva que era transferida al soberano, hasta llegar a Sièyes que matiza el concepto y lo transforma en el de soberanía nacional, ampliando los sujetos depositarios de la misma, el concepto de representación política también ha sufrido una evolución paralela pero su construcción intelectual, hoy por hoy, no se ajusta ni a las posibilidades técnicas, ni a las necesidades de una sociedad moderna en la que la información y la capacidad de decisión de individuos pueden hacerse efectivas en tiempo real.

El ejercicio práctico de la soberanía nacional se ha venido desarrollando a través del concepto de la representación política. Los ciudadanos ejercen su soberanía eligiendo a unos gobernantes o a unos representantes en los que delegan la misma para que actúen en su nombre durante un período determinado de tiempo transcurrido el cual podrán ver renovada o retirada la confianza. Los representantes hablan y actúan en nombre de los representados durante un período determinado de tiempo. Los partidos políticos se han venido convirtiendo, además, en instrumentos canalizadores de la soberanía nacional y en filtros que han matizado mucho la vinculación entre los representantes y los representados. Distorsionándole en ocasiones hasta extremos insospechados.

Hoy no existe ningún inconveniente técnico que impida al elector estar presente, si así lo desea, en la toma de decisiones políticas. Vivimos en una sociedad en la que la información, requisito esencial para un ejercicio efectivo de la libertad, circula a velocidad de vértigo y los ciudadanos no sólo tenemos acceso fácil a la misma, sino que, además, disponemos de los medios técnicos para poder manifestar nuestra voluntad de forma inmediata. Del mismo modo que podemos recibir notificaciones oficiales del Ministerio de Hacienda, pagar impuestas con nuestra firma digital a través de Internet o realizar compras a distancia podríamos poder emitir nuestro voto en determinadas circunstancias cuando así lo decidamos. Hace pocos días hemos visto como el Congreso (http://www.abc.es/20110721/espana/abci-congreso-cambia-reglamento-para-201107211401.html) ha adoptado las medidas necesarias par que una Diputada pudiera votar de forma telemática. Si sus señorías pueden hacerlo ¿por qué no el conjunto de los ciudadanos?

A la posibilidad técnica de hacerlo se añade además una necesidad evidente derivada del comportamiento fraudulento de los partidos políticos que, por una parte, nos imponen a los candidatos a representarnos sin permitirnos ningún tipo de vinculación que permitiese responsabilidades y exigencias ante los electores, y que, por otra, nos engañan en la oferta electoral que nos hacen a la hora de recabar nuestro voto y  que, una vez elegidos, no respetan sus compromisos electorales.

La recuperación de la soberanía por parte de los ciudadanos a través del voto digital no supondría la desaparición de los representantes políticos, instrumentos imprescindibles a la hora de elaborar, negociar y acordar la mayor parte de las tareas legislativas o gubernamentales, pero sí supondría una importantísima matización de su mandato, de su poder y, sobre todo, de su sintonía “on line” con el sentir del soberano, es decir, de nosotros mismos, en cada momento.

Santiago de Munck Loyola

El PP local de Alicante: suma y sigue.

Hoy, 30 de abril de 2012, a pesar de las distintas maniobras de los dirigentes populares alicantinos para evitarlo, se han celebrado las elecciones a compromisarios para el Congreso Regional. Las elecciones se han celebrado sin haber resuelto la impugnación presentada en fecha por incumplimiento de las Bases que habían de regir este proceso, en concreto, la no remisión a todos los afiliados de la ciudad de Alicante de la preceptiva carta señalándoles su derecho a presentar candidatura y los plazos y modo de hacerlo. El proceso seguido hasta llegar a la votación de esta tarde ha sido, cuando menos, curioso y merece la pena ser relatado para que cada cual saque sus conclusiones.

El jueves pasado unos afiliados, a pesar de no haber recibido la convocatoria, presentamos nuestra candidatura. El viernes por la mañana recibí la llamada, en nombre del PP provincial, de un concejal de apellido Zaplana. Su objetivo era persuadirnos amablemente para que retirásemos la candidatura. La conversación telefónica se desarrolló ante testigos. Dijo que la ciudad de Alicante contaba con 51 plazas de compromisarios, que dichas plazas ya estaban asignadas porque se había llegado a un consenso entre “las distintas familias y sensibilidades” del PP y que nuestras candidaturas sobraban porque si las manteníamos se verían obligados a realizar la votación.

La respuesta fue que no habían respetado las normas pues habían omitido las cartas a los afiliados, que no era la primera vez que ocurría, que un anuncio en prensa no era lo establecido en las normas y que el mencionado consenso no era tal, era simple pasteleo entre los de siempre y que, por tanto, no íbamos a retirar la candidatura. El interlocutor argumentó que era muy caro enviar tantos miles de cartas, que el consenso era tan democrático como la votación y que reconsiderásemos nuestra postura. Se le contestó que no, que íbamos a ejercer nuestros derechos y, de paso, que queríamos la relación de los 51 agraciados por el divino consenso. Se negó a enviarnos la relación de candidatos.

Hoy por la mañana, mi jefa, la Alcaldesa de cuyo Ayuntamiento soy funcionario, ha recibido la llamada de un alto cargo para “interesarse” por el asunto, ya se sabe, por si se me podía presionar por ahí. Casualmente se trata de un alto cargo del PP alicantino con el que la Alcaldesa lleva mucho tiempo tratando de contactar para resolver asuntos municipales y que nunca está disponible. Pero, mira por donde, para este asunto sí tenía tiempo.

Bueno, sin cartas a los afiliados, se han realizado las votaciones. Varios afiliados colapsaban la entrada al edificio para entregar la papeleta “oficial” a los votantes, es decir, una papeleta con los nombres de la “lista pastel” con su cruz impresa y en blanco los nombres de los “disidentes”. Como a los “disidentes” no se nos quiso entregar la relación de todos los candidatos no hemos tenido la oportunidad de imprimir papeletas con las cruces ya marcadas. Mientras un servidor deambulaba por la sede, ha escuchado como una diputada, al percatarse de mi presencia, mandaba a uno de los repartidores de papeletas que no hiciera dentro del local. Para colmo, al interventor de los “disidentes” no se le han facilitado los listados de los afiliados por lo que no ha podido ejercer sus funciones. Tan sólo un 6 % de los miles de afiliados del PP de la ciudad de Alicante ha acudido a votar, es decir, a los que desde la provincial se supone que han movilizado vía telefónica.

Creo en la participación y en la democracia interna, pero este proceso y esta votación me plantean muchas dudas e interrogantes. Ni la impugnación del proceso de febrero para el Congreso Nacional, ni la formulada para este viernes han sido contestadas. Agotada la vía interna toca acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y solicitar como medida cautelar la suspensión del Congreso Regional. Misión casi imposible y más conociendo el funcionamiento de la Justicia, pero cuando se tratan de derechos básicos y elementales en una organización política no queda otra vía. Es cuestión de principios.

Santiago de Munck Loyola

La invasión de los tecnócratas: todo para el pueblo, pero sin el pueblo.

Los mercados internacionales decidieron que había que acabar con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, cuyo partido, el Polo de la Libertad, había ganado las últimas elecciones generales, y sustituirlo por un técnico, Mario Monti. Tras tiras y aflojas, Mario Monti ha sido nombrado primer ministro, ha compuesto un gobierno sin políticos y en breve habrá de someterse a la cámaras para obtener el respaldo de los partidos políticos, es decir, de los representantes de la soberanía popular. Esta complicada operación parece reunir todas las formalidades exigibles por la Constitución italiana, pero siendo un proceso técnicamente legal se plantean dudas más que razonables sobre su legitimidad y, por tanto, sobre la calidad de la democracia italiana. A lo mejor, con ello mejora la calificación de la deuda italiana, pero indudablemente empeora la calificación sobre la calidad democrática del sistema político italiano.

Los italianos no han sido consultados en las urnas sobre esta decisión que sus representantes han tomado para complacer a los mercados internacionales. El poder del dinero se ha impuesto sobre la soberanía popular. Hay quien saluda esta decisión y justifica la legitimidad de la misma argumentando que los parlamentarios son los legítimos representantes de los ciudadanos y, por tanto, los únicos con capacidad decisoria al respecto. Una vez más, se confunde la legitimidad de origen con la legitimidad de ejercicio. Los parlamentarios lo son porque fueron elegidos presentando un programa a los electores que, en virtud del mismo, les confirieron el voto. Ninguno de esos programas electorales contemplaba una eventualidad como ésta y, por tanto, los parlamentarios carecen de mandato alguno de los electores para adoptar una decisión tan trascendental como ésta.

A esta circunstancia hay que sumar otra que resta aún más legitimidad al nuevo gobierno italiano. Ninguno de los nuevos ministros propuestos por el Profesor Monti son políticos, ninguno ha comparecido ante las urnas y ninguno de ellos, por tanto, ha recibido mandato alguno de los votantes.

Las democracias reales, las democracias serias no funcionan así. Nos encontramos ante una recuperación del viejo principios del absolutismo ilustrado de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Es muy posible que los italianos eligieran mal en las últimas elecciones y que el gobierno surgido entonces haya resultado un desastre, pero es lo que eligieron y si ahora es preciso rectificar el rumbo debería ser la propia ciudadanía la que tomase una nueva decisión.

Las reglas de juego básicas en cualquier democracia pasan porque los ciudadanos elijan un programa de gobierno y un determinado gobierno o que adopte decisiones que permitan a los partidos políticos llegar a determinados acuerdos para hacerlo cuando no hay un mandato claro al respecto. En este caso, estas reglas no se cumplen.

Es muy posible y lo hemos visto recientemente en España que un gobierno no esté compuesto precisamente por personas preparadas para abordar situaciones tan difíciles como las actuales pero ese error, si así lo aprecian los ciudadanos, se debe pagar en las urnas. Si los llamados tecnócratas tienen que gobernar un país deben recibir el mandato de los ciudadanos para ello, es decir, deben presentarse a las elecciones con las siglas de su preferencia (no nos engañemos, por muy técnicos que sean cada uno tiene su ideología política) o formalizar programas y candidaturas independientes. Pero si los tecnócratas llegan al poder por vías diferentes estamos ante una auténtica prostitución de la democracia y ante una estafa legal a los ciudadanos. De seguir con esta vía, cualquier día nos quitan las elecciones y convocan oposiciones a Presidente del Gobierno. Y, si no, al tiempo.

Santiago de Munck Loyola