PPCV y UGT a la par.

Dos importantes noticias de esta semana subrayan la importancia del nivel de degeneración de parte de la clase dirigente de nuestro país, tanto en su vertiente política como sindical. El PPCV, personificado en Carlos Fabra, y la UGT, en su versión andaluza, aunque no sólo allí, son los protagonistas de las noticias en torno a la catadura moral de quienes “lideran” nuestra sociedad. Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón y ex muchas otras cosas, amasador de fortunas inexplicables y progenitor de la insigne y culta diputada popular, Andreita “que se jodan”, ha tomado el relevo en los titulares periodísticos de su conmilitón popular Pedro Hernández Mateo, ex alcalde de Torrevieja y ex diputado popular. El primero, tan agraciado él con las loterías del Estado, ha sido declarado culpable de cuatro delitos contra la hacienda pública, aunque ha sido absuelto de los delitos de tráfico de influencias y cohecho y habrá que esperar a la resolución de los recursos pertinentes que confirmen o no esta condena. El segundo, condenado ya por el Tribunal Supremo y declarado, por tanto, delincuente, diga lo que diga al respecto el Presidente del PP de Valencia Sr. Rus cuyas aportaciones jurídicas seguramente pasarán a la historia, está a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre la petición de indulto, que tan entusiásticamente ha solicitado la inmensa mayoría de los diputados del Partido Popular, para entrar o no en prisión.

Por su parte, diversas informaciones están poniendo de relieve la peculiar forma de buena parte de la clase sindical de administrar los fondos públicos que reciben de los contribuyentes. Al mayor caso de corrupción de la historia de España, el caso de los EREs falsos, protagonizado por sindicalistas de UGT, empresarios y miembros del PSOE andaluz que supuesto el saqueo de casi 1000 millones de euros hay que añadir ahora el incesante goteo de informaciones del tinglado montado por el sindicato socialista, y no sólo en Andalucía, para financiarse con dinero público y para desviar esos fondos hacia fines no precisamente altruistas. Tiene lo suyo que un sindicato pague con fondos destinados a la formación de desempleados cenas multitudinarias, mariscadas o viajes al Caribe para la “formación” de centenares de sindicalistas pero que, además, encargue bolsos falsificados hechos por mano de obra explotada en países asiáticos pone perfectamente de relieve la catadura moral de estos sindicalistas. Y qué decir de los globos a un euro comprados y cargados a cuenta de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Alcorcón y pagados sin rechistar por el Alcalde de entonces, hoy senador socialista. 

Si a alguien le sorprende todo esto es porque quiere o porque la memoria es frágil. Después de la que montaron los de UGT con aquella famosa promotora de viviendas, la PSV, que tanto dinero costó a los contribuyentes ¿a quién le puede extrañar que sigan haciendo de las suyas con el dinero que no es de nadie, como diría la Sra. Salgado? Se comprende perfectamente que los sindicatos españoles sean tan reacios a ser incluidos en la Ley de Transparencia. En cuanto se les pide la más mínima explicación sobre el uso del dinero público o, incluso de algo tan sencillo como el uso de los créditos sindicales que muchos representantes usan para su beneficio particular, ponen el grito en el cielo alegando que se pretende atentar contra la libertad sindical.

El PPCV y la UGT comparten unos mismos “méritos”: con sus acciones contribuyen al desprestigio de la actividad política y sindical, ambas organizaciones ensucian la vocación de servicio público que debía primar en su seno y ambas necesitan una profunda regeneración porque las dos cuentan con miles de afiliados honestos que sienten una profunda vergüenza por la actuación o la pasividad de sus dirigentes. Las declaraciones de los líderes de ambas formaciones no se corresponden con la realidad tozuda de los hechos. No es posible pintar líneas rojas y convertirlas en discontinuas a capricho, no cabe proclamar con cada caso de corrupción que se trata de casos aislados cuando por su proliferación es evidente que hay algo interno que los facilita, no es admisible tratar de circunscribir responsabilidades alegando que existe autonomía interna y no vale esconderse denunciando la existencia de campañas de acoso contra los sindicatos o para encubrir otros casos como el de Bárcenas.

El PPCV de Fabra y Ciscar y la UGT de Méndez son el ejemplo perfecto de por qué nuestro país necesita una profunda regeneración democrática. Son el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando las organizaciones políticas y sindicales desconectan de sus bases, controlan y limitan la democracia interna, ahogan el debate interno, impiden la autocrítica y se enquistan en las redes del poder y de la administración de tal modo que para subsistir necesitan retorcer la Ley, tolerar comportamientos abusivos y alimentar parásitos políticos con redes clientelares. Más claro el agua.

Santiago de Munck Loyola

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El fiestorro de parte de la clase dirigente.

Si hay una práctica verdaderamente extendida en nuestro país se trata de las llamadas comidas de trabajo o de negocios. Muchas veces da la sensación de que no se termina de traspasar el umbral de la relevancia empresarial o política, en su caso, si no se celebran estos encuentros gastronómicos. Todo empresario o político que se precie ha de tener en su agenda un importante número de citas semanales para desarrollar esta peculiar forma de abordar asuntos que se suponen serios e importantes. A más ágapes, más relevancia social del comensal. Al margen de las dudas que cada cual pueda albergar sobre la eficacia y la conveniencia de estos eventos gastronómicos para la conclusión de operaciones mercantiles, lo cierto es que no son pocas las que terminan por frustrarse o por concluirse al calor de los manteles de los restaurantes. No son pocos los empresarios que utilizan estas comidas para agasajar e intentar impresionar a sus invitados o, simplemente, para conocerles un poco mejor en un ambiente diferente al estrictamente profesional. Cada empresario es muy libre de emplear su dinero como mejor le parezca y si considera conveniente hacerlo en nutrir a su invitado y posible socio comercial está en su derecho. Se trata de una inversión más que podrá o no terminar por reflejándose de forma positiva en su cuenta de resultados.

Esta costumbre de las comidas de trabajo o de negocios se ha introducido sin ninguna dificultad en el ámbito de la vida pública, en el de las administraciones, de los partidos políticos o los sindicatos. Lo cierto es que su celebración tiene más difícil justificación en muchos casos. Cuando se realizan con ocasión de la concertación de contratos entre particulares y las administraciones, procedimientos perfectamente reglados, no tiene ningún sentido que políticos o técnicos participen en las mismas con los empresarios “contratandos” o contratados. Pero no son éstas las únicas que se celebran. Hay muchas otras en las que entre los comensales no hay ni va a haber ningún vínculo económico, sino que se trata de encuentros entre políticos o entre éstos y otros sectores sociales encaminados a la negociación y a la consecución de acuerdos con repercusiones públicas.

Y nada habría que objetar a esta práctica en la vida pública si no fuera por un detalle sustancial que se produce cuando las facturas de estos encuentros gastronómicos las terminan pagando los contribuyentes. El dinero del contribuyente no está para pagar comidas en restaurantes, la mayor parte de ellas innecesarias, a gente que, además, recibe un sueldo público más que suficiente para atender a sus necesidades básicas, incluidas las comidas. La clase política y sindical está sostenida económicamente por los presupuestos públicos. Les pagamos para trabajar por la sociedad y no por comer por ella en restaurantes de lujo.

A lo largo de los últimos años se ha producido un tremendo relajamiento de los principios éticos y del concepto del servicio público que ha llevado a que no pocos de los miembros de la clase dirigente lo confundan con servirse de lo público. Hace pocos meses era noticia la cafetería-restaurante del mismo Congreso de Diputados en la que, al igual que en otras cámaras legislativas autonómicas, los contribuyentes subvencionamos a sus señorías hasta los cubatas que se atizan en nombre de la Patria. 

El pasado mes de julio se hacía pública parte de la contabilidad del PP y en la misma figuraban gastos escandalosos que no han sido desmentidos. El PP que como los demás partidos se sostiene gracias al dinero público gastó en la Provincia de Castellón parte de ese dinero en “lencería y tabaco para reuniones” y en la Provincia de Alicante sus dirigentes gastaron en 2011 más de 35.000 € en comidas de trabajo, síntoma evidente de la existencia o de mucho trabajo o de mucha hambre o de mucha cara dura. Ahora se comprende por qué no dejan votar en las elecciones internas a los afiliados que no pagan su cuota.

Y en estos días veraniegos estamos conociendo el no va más del “fiestorro” permanente de la clase dirigente de nuestro país, en su vertiente político-sindical. Al escandalazo de los cerca de 1.000 millones de euros que la Junta de Andalucía ha dilapidado en el caso de los EREs falsos, se suman ahora algunas revelaciones sobre el uso de fondos europeos de formación a los parados que ponen de manifiesto la catadura moral del socialismo español en su vertiente sindical. Más de 12.000 euros gastados en marisco, tapitas y alcohol en la Feria de Sevilla en la caseta de UGT a cuenta de los contribuyentes y todo ello, como no, disfrazado con la manipulación de facturas bajo el concepto de comidas de trabajo de la negociación colectiva. ¡Hombre! Hay que reconocer que bajo los efectos etílicos de una buena cogorza de fino se debe negociar con más soltura. Y cuando no se trata de comilonas, se encubren otros gastos como los correspondientes a movilizaciones para la huelga bajo otros conceptos pero siempre malversando fondos públicos destinados a la formación de los desempleados andaluces.

Es evidente que aquí no funcionan con eficacia los controles sobre el uso del dinero público. Las supuestas comidas de trabajo se han convertido en un auténtico coladero en unas ocasiones para encubrir las facturas de encuentros gastronómicos particulares y en otras para colar juergas de unos desaprensivos que usan el dinero público como si fuera suyo o como si no fuera de nadie. Y todo ello en un país donde la desnutrición infantil y las enfermedades asociadas a la misma han hecho aparición en no pocas localidades.

Dado que confiar en el buen juicio de la clase dirigente, honrada en su mayor parte, no evitará que se sigan produciendo semejantes abusos mucho más sencillo y práctico sería confiar en el sentido común y que cada uno se pague de su bolsillo lo que coma. Con dinero público, ni una comilona de trabajo más.

Santiago de Munck Loyola

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Y España no se ha parado.

Ni ríos de huelguistas inundando las calles de los pueblos y ciudades de España, ni mareas democráticas, ni gaitas… La huelga general del 29 de marzo ha tenido la respuesta que todos hemos podido ver en nuestro entorno y en los medios de comunicación, no la que nos quieran o pretendan hacernos ver los líderes sindicales. No sólo se trata de la percepción que cada cual ha tenido sobre el impacto y alcance de la huelga general, sino de la valoración de los datos objetivos que sirven para apreciar con cierto rigor el éxito o fracaso de la una convocatoria de este tipo.

España no se ha parado. El país ha seguido funcionando con más o menos normalidad salvo excepciones perfectamente localizadas en tramos horarios, en zonas geográficas y en sectores productivos. El paro no ha sido general ni uniforme a lo largo del día, variando según la mayor o menor presencia de los piquetes coactivos que han venido circulando por el país. Es evidente que sin la presencia de los piquetes coactivos la incidencia de la huelga general habría sido aún menor que la que los datos objetivos nos indican. Tanto el transporte público, como el comercio, los centros sanitarios, las administraciones públicas, los sectores agrícolas y ganaderos, la hostelería, los servicios profesionales o, en menor medida, los centros educativos han venido funcionando con normalidad en la inmensa mayoría del país. Parece que sólo en los sectores industriales la incidencia de la huelga ha sido mayor. En todo caso, a estas horas, todos los datos apuntan que la incidencia de esta jornada de huelga ha sido inferior a la producida en la huelga general de 2010.

La convocatoria de una huelga general fracasa cuando no consigue paralizar un país ni consigue mover las posiciones del adversario, en este caso el Gobierno de la Nación. Y en esta huelga general los sindicatos no han conseguido ni paralizar el país ni doblegar la postura del Gobierno en torno a la reforma laboral. Por tanto, no es aventurado afirmar que la huelga general ha fracasado. Y el fracaso de la huelga no se debe tanto a las razones que la han motivado, el rechazo al contenido de la reforma laboral, sino, con toda seguridad, a otros factores diferentes. Es muy posible que a una gran parte de los ciudadanos no nos guste esta reforma laboral pero nos gustan menos las alternativas a la misma o, mejor dicho, la ausencia de alternativas. A ello hay que añadir el rechazo a los convocantes cuya actitud servil durante los últimos años, su pasividad frente a las políticas destructoras de empleo, su complicidad frente al despilfarro y la corrupción o su carácter de “apéndices del Estado, en palabras de Julio Anguita, aleja a muchos ciudadanos de la posibilidad de secundar sus llamamientos a la huelga.

Del mismo modo que muy pocos secundarían una manifestación convocada, por ejemplo, por Julián Muñoz en contra de la corrupción, muchos no queremos secundar los llamamientos de unos sindicatos como éstos. Su pasado reciente les resta credibilidad y legitimidad. Y del mismo modo que no secundar un llamamiento de Julián Muñoz contra la corrupción no significa estar a favor de la misma, no secundar un llamamiento de estos sindicatos contra la reforma laboral no significa estar de acuerdo con todo el contenido de la misma. Socialistas y comunistas han perdido las últimas elecciones generales y de ello no hace tanto tiempo, por lo que no debe sorprender que el sindicato socialista y el comunista tampoco hayan ganado esta jornada para su causa. Y si a ello se suma el rechazo a la desconfianza que estos tienen en las libertades de los ciudadanos representada por el uso de los piquetes coactivos, se explica mejor el fracaso de esta huelga.

Santiago de Munck Loyola

Yo no haré huelga.

Sólo quedaba que anunciaran el día de la Huelga General y hoy, los sindicatos mayoritarios, lo han hecho: será el próximo viernes 29 de marzo. ¡Qué mejor que empezar las vacaciones de Semana Santa con una huelga general, sobre todo, para los escolares! Nada nuevo bajo el sol, salvo la fecha. Estaba cantado que al Gobierno del PP le montasen una huelga general los sindicatos con ésta o con cualquier otra reforma laboral. No hay que olvidar que los sindicatos españoles no tienen buen perder y que “los suyos” perdieron las elecciones generales el pasado 20 de noviembre, por tanto, todos a la calle y a presionar al gobierno.

Los líderes sindicales acusan al Gobierno de ser el responsable de la huelga “por sus formas y por su imprudencia” al abordar una reforma laboral sin el consenso de los sindicatos. Todos hemos visto cómo los sindicatos y patronos se han estado reuniendo durante meses sin alcanzar un acuerdo que poner encima de la mesa del Gobierno a pesar de la gravísima situación económica del país. El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha manifestado hoy que la convocatoria de la huelga es una respuesta a “la reforma laboral más regresiva de la historia de la democracia en España”. Uno pensaba que la mayor regresión posible en materia laboral es quedarse sin trabajo, en la p. calle, con muchos derechos laborales y sindicales bajo el brazo, pero sin un puñetero euro en el bolsillo con el que pagar la hipoteca, pero no, parece que desde la óptica sindical no es así y que, por éso, ante cinco millones de parados, sin perspectiva en el horizonte próximo de encontrar un trabajo, es más que razonable que los sindicatos españoles ni siquiera se planteasen montar una huelga general al anterior gobierno que con tanta dedicación les venía inyectando suculentas subvenciones.

Un servidor no va a hacer huelga el próximo 29 de marzo por muchas razones. En primer lugar porque no creo en unos sindicatos vinculados ideológicamente a ciertos partidos que son los que acaban de perder las elecciones generales y entre los que está el partido responsable en gran parte del desastre socio económico de España. Es tal la afinidad entre esos sindicatos y esos partidos que la legítima defensa de los derechos de los trabajadores se confunde con la defensa de postulados partidistas. En segundo lugar, porque no me siento representado por unos sindicatos que, en el terreno más cercano, en mi ámbito profesional, no lo hacen bien. Algunos de mis representantes sindicales tienen una actuación vergonzosa. No todos, es verdad, pero sí una pequeña parte de ellos cuya forma de proceder no se cuestiona. Hay algunos representantes sindicales, mis representantes, que se toman invariablemente las 15 horas mensuales preferentemente los lunes o viernes, que para actividades sindicales les pertenecen por ley, y que se niegan sistemáticamente a decirnos a los trabajadores, a aquellos a quienes se suponen nos representan, dónde están, o a qué dedican esas horas. Porque una cosa es cierta, ni asisten a las mesas de negociación convocadas los días que ellos disponen de las horas sindicales, dejándonos sin representación, ni es posible encontrarlos para demandarles su ayuda sindical. Todo ello con la bendición de sus superiores de la UGT comarcal de la Comarca del Vinalopó. Así que, si no puedo confiar en mis representantes sindicales directos ¿cómo lo voy a hacer con la cúpula del rolex?

Y, en tercer lugar, no voy a hacer huelga el día 29 porque España no está para “bromas”. Un seguimiento de la huelga general de un 70 % de media supondría un coste de unos 2.200 millones de euros según los estudios publicados. Puede que a los sindicatos convocantes no les parezca significativa esa cantidad o que simplemente no les importe, pero a mí sí me importa. Con la situación que vivimos es un auténtico despilfarro que nuestra sociedad no se puede permitir.

Por todo ello, el día 9 de marzo iré a trabajar y, por cierto, sin necesidad de que ningún piquete “informativo” vaya a coaccionarme, perdón, a informarme de las razones por las que hay que hacer huelga. Las conozco, no las comparto y en uso de mi libertad actúo en consecuencia.

Santiago de Munck Loyola

Los sindicatos-patronos pasados de rosca.

Según Pérez Rubalcaba los sindicatos en España no pueden ser  criticados y quien se atreva a ejercer eso que se llama libertad de expresión y haga públicas sus objeciones sobre los sindicatos se le incluye en esa “campaña repugnante” orquestada por el PP contra los pobres sindicalistas. Los sindicatos pueden criticar y opinar sobre todo lo humano y lo divino ¡faltaría más! Pero ¡ay! del que se atreva a poner en tela de juicio algunas de sus actitudes o comportamientos. Lo lleva claro.

Que los líderes sindicales critiquen y reprueben la reforma laboral emprendida por el nuevo gobierno es lo normal y  lo que se esperaba, como también lo es que sean mucho más duros con este Gobierno que con el anterior. Su trayectoria durante los últimos años es de sobra conocida y, por tanto, sus reacciones son más que previsibles. Siempre que el PSOE se encuentra en situación de debilidad, y no sólo de debilidad parlamentaria, los sindicatos CCOO y UGT han sabido suplir esa debilidad para convertirse en catalizadores del descontento popular. Al contrario, cuando el descontento y el desencanto se han extendido gobernando el partido socialista los sindicatos mayoritarios han servido de eficaces anestésicos sociales.

Del mismo modo que la acción de gobierno es y debe ser objeto de legítimas críticas, la actuación de los sindicatos también puede serlo y sin que por ello se esté incurriendo en ningún tipo de “repugnante campaña”, cuya existencia sólo puede tener cabida en la mente de quienes no tiene la conciencia muy tranquila a la vista de los resultados obtenidos tras su paso por el gobierno.

Dejando al margen el papel constitucional atribuido a los sindicatos, que nadie discute, sí que hay una serie de cuestiones que pueden ser criticadas públicamente. De una parte parece criticable el doble papel que, tanto UGT como CCOO, desempeñan en tanto que organizaciones sindicales y empresarios simultáneamente. Es francamente difícil mantener un mínimo de credibilidad cuando, en tanto que organizaciones sindicales, se oponen duramente a cualquier iniciativa legislativa que suponga una limitación o recorte de los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo, en cuanto que empresarios, se aprestan a aplicar esas normas en los despidos o regulaciones de empleo de sus propios empleados. No hay que olvidar que entre CCOO y UGT cuentan con más de 5.200 empleados a través de más de 100 sociedades que se dedican a diversas actividades como el comercio al por menor y de materias agrícolas, a servicios financieros, a la gestión de fondos de pensiones, a la enseñanza o al alquiler inmobiliario. Despidos, ERES y toda clase de incidencias, como en las empresas de la CEOE, y aplicando en los últimos casos despidos con indemnizaciones de 20 días por año trabajado. Esa doble personalidad de sindicatos – patronos conduce inevitablemente a la incoherencia entre lo que se predica y lo que se practica y, por tanto, a la pérdida de credibilidad.

De otra parte, también es criticable la opacidad y la falta de transparencia en cuanto a la financiación de los sindicatos y organizaciones empresariales. Tan sólo el recorte del 20% de las subvenciones destinadas a sindicatos y patronales anunciado el pasado 30 de diciembre supuso un ahorro de 55 millones de euros para las arcas públicas. A estos 275 millones de euros anuales de subvenciones estatales, compartidos con las organizaciones empresariales hay que añadir las autonómicas y las locales, cantidad imposible de conocer. Súmese el coste de los “liberados sindicales”, que es un pago en especie para los sindicatos, los ingresos derivados de las empresas y entidades participadas al 100 % por los sindicatos, las comisiones que se llevan por cada ERE, los beneficios de las operaciones inmobiliarias promovidas por las cooperativas sindicales, los ingresos por cuotas sindicales (los menos) y podrá hacerse una idea del volumen económico de los sindicatos mayoritarios, pero sólo una idea aproximada porque no obtendrá de ellos unas cuentas exactas y transparentes de lo que su dedicación a la defensa de los derechos de los trabajadores supone en euros contantes y sonantes.

Y sin irse tan lejos y tan alto para encontrar motivos de crítica a la actitud de los sindicatos, basta que uno mire a su alrededor, en su propia empresa, y los podrá encontrar. Cuando en una pequeña empresa los representantes sindicales se toman mecánicamente las 15 horas mensuales para la realización de supuestas labores sindicales y se niegan, con el amparo de la UGT comarcal, a explicar a sus propios compañeros, a los que se supone que representan, a qué dedican esas horas, realmente algo huele muy mal. Ejemplos cercanos no faltan y sólo sirven para restar credibilidad a unas organizaciones necesarias, pero ciertamente “pasadas de rosca”.

Santiago de Munck Loyola.

1º DE MAYO, DÍA DEL FRACASO SINDICAL.

La tasa de desempleo en España alcanzó en el primer trimestre de 2011 el 21.3 %, récord para la eurozona y la mayor en el país desde 1997, con más de 4.900.000 desempleados. La provincia de Alicante sobrepasa ya los 210.000 parados y su capital los 36.000 desempleados. A todo ello hay que añadir un dato más que preocupante y cuya solución exigirá toda clase de cautelas: el 70 % de los parados alicantinos trabaja en negro, según los sindicatos http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=798814.

En medio de este desolador panorama, las tradicionales manifestaciones del 1º de mayo han sido un total y absoluto fracaso en toda España. Y Alicante no ha sido una excepción. Tomando los cálculos más optimistas de los sindicatos convocantes no ha llegado a uno de cada 20 parados los que han acudido a la manifestación sindical. http://www.diarioinformacion.com/alicante/2011/05/01/miles-alicantinos-reclaman-empleo-derechos/1122032.html

Claro que si tomamos como referencia el número de personas ocupadas el saldo es aún peor para los sindicatos. Sin duda, el 1º de mayo se ha convertido en la máxima expresión del sindicalismo español.

Aunque la situación es de extrema gravedad, lo cierto es que los sindicatos carecen de credibilidad, al igual que gran parte de la clase política, y, por tanto, de capacidad de convocatoria. No podía ser de otra forma porque estamos ante unos sindicatos que han estado más atentos a “hacer política” que a la defensa de los derechos de los trabajadores y de quienes se encuentran en el paro. Estos sindicatos han colaborado en el gran fraude electoral de 2008 ayudando a enmascarar lo que era una realidad negada por el PSOE, la existencia de la crisis. Son los mismos sindicatos que se embolsan cientos de millones de euros anuales provenientes de las arcas públicas. Los mismos que convocan una huelga general vergonzante y los que convocan manifestaciones al cobijo de la bandera de la II República, excluyendo así, de facto, a quienes no comulgan con aquel régimen. Los mismos que suscriben el argumentarlo socialista culpando de los 5.000.000 de parados a la política del Gobierno que cesó en mayo de 2004, hace ya 7 años. Paradójicamente, si se tira de hemeroteca, se puede comprobar que los mismos que abominan de aquellas políticas, las hacían propias en 2007 para atribuirse el mérito de los récords de afiliación en la Seguridad Social y, por tanto, no hicieron ni una sola reforma para sustituir el denostado modelo productivo.

Lo cierto es que negada la existencia de la crisis, reconocida después tarde y mal, despilfarrados los recursos públicos en políticas incoherentes hoy España sigue creando paro mientras que nuestros vecinos europeos no. Ellos crecen. 

D. ª Consuelo Navarro, secretaria general de CCOO en L'Alacantí-Les Marines, acaba de señalar que "la reforma más urgente, la que puede sentar las bases para un nuevo crecimiento económico que genere empleo de calidad es el cambio de modelo productivo, que debe seguir siendo una prioridad en la política de los gobiernos." Olvida que los modelos productivos no se imponen ni se crean por ley. Obedecen a reglas económicas complejas, a factores humanos, territoriales, legislativos, sociológicos y económicos dispares que no dependen de la simple voluntad política de los gobiernos. Se trata de las reglas del mercado y está demostrado que a más intervencionismo menor crecimiento y menor bienestar social.

Prioritario debería ser para los sindicatos replantearse su función, reformar sus estructuras y ordenar sus prioridades para servir de verdad y con honestidad a los legítimos derechos de los trabajadores. De lo contrario, podrán sobrevivir instalados en el pesebre del dinero público, pero seguirán cosechando fracaso tras fracaso cada día 1 de mayo.

Santiago de Munck Loyola

¿REFORMA DE LAS PENSIONES? SÍ, PERO LAS DE LOS POLÍTICOS PRIMERO.

Ayer, 15 de diciembre, se reunió la Comisión del Pacto de Toledo y según apuntan casi todos los medios informativos parece que hay un amplio consenso para introducir dos importantes modificaciones en el actual sistema de pensiones: Por una parte, retrasar la edad de jubilación lo que parece indicar que, si bien no se han atrevido a concretar una edad, es muy posible que se retrase la jubilación hasta los 67 años, por otra, ampliar el período de cotización computable pasando de los 15 años actuales a 20 o 25 años.

Sobre este asunto parece que hay dos cuestiones fuera de toda duda: la necesidad de abordar una reforma del actual sistema de pensiones para garantizar su viabilidad futura y la legalidad y legitimidad política de quienes deben llevar a cabo tal reforma.

Sostengo que nuestros parlamentarios y nuestro gobierno carecen de la legitimidad moral suficiente para abordar esta reforma que implica necesariamente un retroceso en los derechos sociales adquiridos por los ciudadanos. Y ello es así por la sencilla razón de que nuestros políticos están anclados en privilegios que blindan su situación personal en lo relativo a las pensiones, indemnizaciones y subsidios de toda índole una vez que cesan en su actividad pública. Es de cajón que quien no está dispuesto a renunciar a sus privilegios, quien no está dispuesto a asumir sacrificios carece de toda legitimidad moral para exigirlos a los demás. Y eso es precisamente lo que le pasa a la clase política española.

El Art. 14 de la Constitución de 1978 señala que los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por su parte, en el Capítulo III, bajo el epígrafe “DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA.”, el Art. 50 determina que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Y, en cuanto a los Parlamentarios, el Art. 71 de la C.E. establece la inviolabilidad por sus opiniones y la inmunidad parlamentaria, como únicas diferencias para garantizar el ejercicio de sus funciones. Nada señala nuestra Constitución sobre la existencia de privilegios económicos de los parlamentarios por el ejercicio de su cargo, ni establece un Régimen Especial de previsión social para los mismos. Es evidente que los parlamentarios españoles se ha dado a si mismos un trato especial y diferenciador en materia de pensiones que vulnera directamente el principio constitucional de igualdad y que supone una grave afrenta comparativa con el resto de los ciudadanos, los contribuyentes.

Estos parlamentarios que ahora mismo debaten sobre si nos retrasan o no la jubilación a los demás, pueden jubilarse a los 60 años si han cotizado a la Seguridad Social durante 40. Estos mismos parlamentarios que ahora discuten sobre si nos amplían el período de cálculo para la determinación de la cuantía de la pensión de 15 a 20 o 25 años tienen garantizada la pensión máxima (2.466,20.- €) con 11 años de actividad parlamentaria. Estos mismos parlamentarios son los que tiene regulados toda una serie de disposiciones que permiten complementar, vía Presupuestos públicos, las cantidades necesarias para lograr la pensión máxima en el caso de no contar con los 11 años señalados. Y no son éstos los únicos privilegios con los que cuentan como las indemnizaciones por transición, cuando dejan el escaño, o las indemnizaciones por cese.

Para qué hablar de las indemnizaciones o “pensiones” de cargos públicos como los 129.000.- € anuales del ex - presidente de la Generalidad Catalana, de los ex – presidentes del Gobierno de la Nación o las pensiones e indemnizaciones de los cargos públicos regionales, diputados autonómicos, etc. Estos privilegios económicos de los políticos se justifican siempre o bien aludiendo a la necesaria homologación con los políticos europeos (como si al resto de los ciudadanos ya estuviéramos homologados en cuanto a salarios, pensiones o derechos sociales) o la dificultad de reintegración al mercado laboral una vez terminada la dedicación política. A nadie se le obliga a asumir responsabilidades políticas y ya el propio desempeño de las mismas conlleva suficientes privilegios como para que sea necesario su prolongación una vez concluidas. La dedicación a la política no puede justificar el establecimiento de cómodos colchones de por vida.

Hoy por hoy, nuestros parlamentarios, nuestros gobernantes carecen de autoridad moral, de legitimidad moral para exigir sacrificios al conjunto de los ciudadanos. Es condición indispensable y previa que renuncien a sus privilegios económicos, que hagan realidad el principio constitucional de igualdad ante la Ley y que se sometan al Régimen General en materia de pensiones, indemnizaciones o subsidios al igual que el resto de los ciudadanos. En cualquier tiempo y momento la ejemplaridad es la mejor pedagogía política, pero en tiempos de crisis lo es aún más. Sólo así podrán conseguir que la clase política no sea considerada cada vez más como un problema por parte de la ciudadanía, en lugar de la solución a los problemas que nos agobian.

Santiago de Munck Loyola

LO QUE LOS CIUDADANOS NO DAN, QUE NO LO DÉ EL ESTADO.

La fortaleza y vitalidad de una sociedad democrática puede medirse por la variedad, independencia y fuerza del tejido asociativo que la compone. Hay una gran diferencia entre la pluralidad e independencia de los movimientos y asociaciones que se generan y desarrollan en las sociedades anglosajonas y el tejido asociativo que sobrevive en nuestra sociedad. Muchas veces, a lo largo de la historia, los movimientos asociativos en aquellas sociedades han servido de contrapeso al poder político, controlándolo y moderándolo gracias, fundamentalmente, a su enraizamiento social y a su independencia.

Sin embargo, en España, la tendencia que se manifiesta en la mayoría de las ocasiones es la inversa: es el poder político, en cualquiera de sus niveles, el que intenta moderar y controlar al movimiento asociativo. Y lo hace principalmente a través del control económico del mismo, a través de la subvención. La ausencia de una identificación fuerte entre las asociaciones y los ciudadanos, la tendencia al crecimiento burocrático de esas organizaciones y la falta de una auténtica conciencia social asociativa conduce a una evidente debilidad estructural de las mismas que les impide funcionar sin ayudas económicas externas y, por tanto, a depender económicamente del poder político para poder subsistir. Papá – Estado pone el dinero de los ciudadanos, que evidentemente no quieren voluntariamente asociarse, al servicio del funcionamiento de esas mismas asociaciones y movimientos ignorados por los contribuyentes. Y así cientos de millones de euros salen de las arcas públicas para subvencionar todo aquello que los contribuyentes no quieren mantener en su vida cotidiana.

Claro que quienes dirigen el Estado padecen el mismo problema. Lo mismo pasa con aquellas entidades que debían ser la columna vertebral de la participación y la democracia: los partidos políticos y los agentes sociales. Recién estrenada nuestra democracia y recién salidos de la clandestinidad podría considerarse no sólo normal, sino absolutamente necesario, que partidos políticos y agentes sociales recibiesen ayuda económica para funcionar y poder consolidar un régimen político participativo. Pero, transcurridos más de 30 años ¿sigue siendo necesario? Los partidos políticos han recibido del Estado en 2010 cerca de 84 millones de euros y en 2011 recibirán más de 131 millones de euros. A esas cantidades hay que sumar, además, las percibidas de las CCAA y de los Ayuntamientos que financian a los grupos municipales (y hay más de 8.000 ayuntamientos en España) ¿Cómo es posible que un Partido como el PP que dice contar con más de 700.000 afiliados necesite del dinero del contribuyente para sobrevivir? ¿Es que el PSOE, el PP, IU y los demás partidos no pueden vivir sin dinero público? Si después de 30 años, los ciudadanos no quieren mantenerlos voluntariamente es que algo se ha hecho muy mal en nuestra democracia. Sus lujosas sedes, sus desaforados gastos electorales, sus cientos o miles de empleados deberían ser sostenidos exclusivamente con el esfuerzo y el compromiso de sus afiliados. Y deberían ajustar sus estructuras y gastos a su capacidad de movilización de adhesiones y, por tanto, de financiación. Lo demás es una farsa a costa del contribuyente.

Y otro tanto cabe decir de sindicatos y organizaciones empresariales. UGT y CCOO, ellas solas, han manejado 193 millones de euros de fondos públicos en 2009. En el presente año, CEOE recibirá 13, 29 millones de euros de subvenciones para fines como el capítulo de formación; las ayudas destinadas a apoyar la promoción de las empresas en el exterior o en concepto de representación institucional de la patronal. ¿No deberían sostenerse con las cuotas de sus afiliados? Yo creo que sí. ¿Qué clase de empresarios tenemos que necesitan del dinero de los contribuyentes para mantener su asociación? Estos empresarios que se reparten miles de millones de euros de beneficios de sus empresas, que viajan en aviones privados, que disfrutan de enormes fortunas ¿necesitan del dinero recaudado a los asalariados para mantener sus lujosas sedes? ¿Qué clase de estado mantenemos que da dinero a los millonarios cuando hay tantas necesidades básicas sin cubrir?

Y qué decir de las mutimillonarias ayudas entregadas a las entidades financieras. Las cifras son tan escandalosas como la ausencia de transparencia sobre el procedimiento seguido.

Lo cierto es que partidos políticos y agentes sociales no cuentan con el respaldo popular suficiente como para autofinanciarse y usan el estado para hacerlo. La brecha entre su posición y la realidad social es cada vez mayor. Pero, claro, ahí no acaba la cosa. La regla imperante es que todo aquello que no es respaldado por el ciudadano recibe del Estado lo que los ciudadanos le niegan. Que la gente no ve películas españolas, pues no pasa nada, a tirar de subvenciones. Así, el 40 % de las películas que se ruedan en nuestro país no se estrenan o tienen menos de 100 espectadores. El Ministerio de Cultura en 2008 repartió 85 millones de euros, 87 en 2009 y en 2010 estaba previsto subir la cifra hasta los 89,4 millones de euros. Es decir, las entradas de cine que no pagan los ciudadanos porque el cine hecho no les gusta son pagadas con creces por el Estado. Ah, y 600.000 euros para los guionistas en 2010. Luego resulta que según la Inspección Tributaria el cuarto grupo de profesionales que más defrauda a Hacienda es el de los Artistas. ¿Por qué hay que subvencionar al cine que los ciudadanos no quieren ver? ¿Se subvenciona a los escritores, a los pintores, a los escultores o a los compositores? ¿Por qué unos sí y otros no?

Y hablando de subvenciones se podría seguir extendiendo la lista de beneficiarios. Hay muchos. Pero lo cierto es que los recursos son cada vez más escasos y que es preciso de una vez decir basta ya. No se puede seguir ordeñando más la vaca estatal porqué está exhausta. Y existen sectores sociales mucho más necesitados que los partidos políticos, los agentes sociales o los artistas. Es hora de que el Estado y los que lo dirigen sean de verdad solidarios y justos. Así no se puede seguir.

Santiago de Munck Loyola

LA HUELGA GENERAL.

El próximo día 29 de septiembre, los sindicatos han convocado una huelga general para protestar, fundamentalmente, por la reforma laboral recientemente aprobada por el PSOE en el Parlamento. Ante esta convocatoria cabe plantearse muchas cuestiones para decidir si se secunda o no este llamamiento. Otra cosa bien distinta es que la libertad de elección de cada ciudadano pueda realmente llevarse a la práctica ante la habitual violencia de los piquetes “informativos” sindicales.

El llamamiento a la huelga lo realizan las organizaciones sindicales que hace poco más de dos años contribuyeron al triunfo electoral de Rodríguez Zapatero, unas veces con llamamientos explícitos para apoyarle, otras mediante el cómplice silencio ante los embustes del candidato que, por activa y por pasiva, negaba la existencia de una grave crisis económica de la que eran muy conscientes los líderes sindicales. Son los mismos que contribuyeron al triunfo de Zapatero los que hoy llaman a la ciudadanía a la huelga general contra las medidas adoptadas por su entonces candidato. Pero hacen este llamamiento como “sin querer”, a medio gas, meses después de haberse anunciado las medidas antisociales del Gobierno y una vez que ya han sido aprobadas y ratificadas por el Parlamento, es decir, a toro pasado. Al contrario que los sindicalistas europeos que se han venido movilizando de forma inmediata ante cada anuncio gubernamental de medidas económicas, los sindicalistas españoles se lo han tomado con mucha calma, quizás, por eso del diálogo social. En el caso de la UGT parece que la convocatoria no se realiza contra el Gobierno, no, en su diana están los empresarios y el PP, por supuesto, y el Gobierno de refilón. Por otra parte, en las declaraciones del líder de CCOO se resalta más al Parlamento como adversario por aprobar la reforma laboral que al Gobierno que ha propuesto y cuyo partido ha aprobado en solitario esa reforma. Parece como si se sintieran culpables por tener que convocar una huelga general al amigo y colega Zapatero que tantas subvenciones les facilita.

Y en esta huelga general casi cinco millones de ciudadanos no podrán ejercer su derecho a la huelga porque tampoco pueden ejercer su derecho al trabajo. Para estos cinco millones de españoles los sindicatos aún no han tenido tiempo de convocar una protesta como la del 29 de septiembre. Claro, que estando desempleados para qué necesitan de los sindicatos y viceversa.

Es evidente que hay muchos motivos para protestar contra este Gobierno, motivos de toda índole: económica, social, territorial, cultural, etc. Pero estos motivos están desde hace mucho en la agenda pública y ni los sindicatos, ni la oposición han adoptado las necesarias medidas de protesta que pudieran, al menos, hacer sentir a los gobernantes que la realidad de la calle es muy distinta a la que perciben desde sus enmoquetados despachos.

El Gobierno se merece una huelga general, pero ¿se la merece España? ¿Está en condiciones la economía española de soportar el inmenso coste económico que supondría el triunfo de esta convocatoria? ¿Pueden resistir las pequeñas empresas este coste? ¿Lo pueden resistir los bolsillos de los trabajadores?

Son cuestiones sobre las que merece la pena reflexionar, con permiso de los sindicatos, a la hora de decidir la posición individual a la hora de apoyar o no la huelga. Yo no lo tengo claro.

Fdo. Santiago de Munck Loyola.