A
veces, desde determinadas instancias administrativas se toman algunas
decisiones que aparentemente tienen poca trascendencia y que poco influyen en
vida del ciudadano. Sin embargo, cuando se analizan detalladamente parece que
no es así. Es lo que ocurre con la reciente decisión del Ayuntamiento de
Alicante de transferir la gestión de los impuestos municipales a SUMA, la
entidad tributaria gestora de la Diputación Provincial de Alicante. Uno diría
que, a primera vista, al contribuyente de Alicante le resulta indiferente quién
le cobre el Impuesto de Bienes Inmuebles o el de vehículos porque, al fin y al
cabo, va a tener que pagar lo mismo. Pero si se examina con detalle el asunto
parece que el hecho de que sea SUMA la que cobre estos impuestos y no el propio
Ayuntamiento terminará repercutiendo en el bolsillo del ciudadano. SUMA, como
es lógico, cobra por su gestión y el Ayuntamiento de Alicante tendrá que
consignar en sus presupuestos anuales al menos 2,5 millones de euros para pagar
a SUMA por hacer lo que antes venía haciendo el propio Ayuntamiento.
Si
se examinan los presupuestos generales del Ayuntamiento de Alicante se
encuentra una partida de 1.847.763.- € correspondientes a los sueldos de los
funcionarios destinados a la gestión del sistema tributario, al cobro de
nuestros impuestos. Si se da por correcta la cifra publicada de 52 funcionarios
municipales destinados a la gestión tributaria y de éstos sólo 15 funcionarios
son trasladados a SUMA, el Ayuntamiento deberá seguir pagando las retribuciones
de 37 funcionarios que, según las informaciones publicadas, van a ser
destinados a otras tareas dentro del Ayuntamiento. Es decir que el Ayuntamiento
de Alicante tendrá que seguir consignando en su presupuesto 1.314.768.- € para
el pago de las retribuciones de los funcionarios antes adscritos a la gestión
tributaria municipal y añadir los 2.500.000.- € para el pago a SUMA por su
gestión. En resumen que la decisión política de que SUMA nos cobre los
impuestos a los vecinos de la ciudad de Alicante supondrá pasar de un gasto de
1.847.763.- € a la cifra de 3.814.768.- € al año, cifra que se reflejará en los
presupuestos municipales y que, por tanto, sí que terminará por tener una
incidencia real en los bolsillos de los contribuyentes.
La
razón de fondo de esta decisión no se encuentra en el objetivo de dotar a la
gestión de los tributos de una mayor calidad o eficacia pues están fuera de
toda duda los niveles de profesionalidad y la capacidad de los funcionarios
municipales dedicados a esta tarea, perfectamente equiparables a los de SUMA.
Es evidente que esta decisión de tan hondo calado obedece a la necesidad de
proporcionar más liquidez a la tesorería municipal que podrá verse beneficiada
con los anticipos ordinarios que SUMA entrega sin intereses. No se trata, por
tanto, ni de una medida de ahorro para las maltrechas arcas del Ayuntamiento
alicantino, ni de una medida de carácter coyuntural. Y tratándose de una
decisión de tanta trascendencia para los contribuyentes y para el personal del
Ayuntamiento, parece que ha faltado algo
de transparencia y de debate y, sobre todo, la búsqueda del consenso con la
oposición.
La
consecución de más liquidez para la hacienda municipal, es decir, un flujo de
ingresos mensuales regulares se podría haber conjugado mejor con la necesidad
de muchos contribuyentes de fraccionar mensualmente el conjunto de los tributos
municipales. Hoy más que nunca, el hecho de tener que pagar en un mes el
elevado IBI que pagamos en Alicante o en otro mes el IVTM se hace bastante
cuesta arriba. Al contribuyente le es mucho más fácil pagar mensualmente, como
hace con la cuota de la comunidad de vecinos por ejemplo, una cuota tributaria
equivalente al prorrateo mensual del conjunto de los tributos municipales. Con
una adecuada promoción municipal de esta fórmula durante los últimos años, el
Ayuntamiento habría conseguido de una parte facilitar a los vecinos el pago de
sus impuestos y de otra obtener esa liquidez mensual tan ansiada ahora.
Santiago
de Munck Loyola
