Para muchos ciudadanos conocer
los sueldos de los políticos publicados en el portal de la Transparencia
recientemente puesto en marcha ha sido una auténtica sorpresa. Los datos no son
nuevos, ya eran públicos pero eran de difícil acceso y no estaban agrupados en
ninguna publicación. Pero si hay algo que sorprende es que bastantes medios de
comunicación parezcan también “sorprendidos” por esos datos y, sobre todo, por
el hecho de que haya centenares de cargos públicos que cobran mucho más de lo
que cobra el máximo responsable de lo público, el Presidente del Gobierno. Eso
lo sabían o debían saberlo los medios de comunicación pero, por la razón que
sea, no han puesto esta espinosa cuestión
hasta ahora sobre el tapete del debate público.
No es difícil imaginarse o mejor
dicho soñar con que en una empresa un empleado pueda cobrar dos o tres veces más
que el dueño de la misma o que su jefe. La imaginación es libre y soñar lo es aún
más. Pero solo es un simple sueño porque en el mundo de la empresa privada es
absolutamente imposible que algo así pueda darse. Sin embargo, en este nuestro
país, cuando hablamos de lo público, de las administraciones públicas cualquier
cosa es posible incluso eso, que los empleados cobren hasta cuatro veces más de
lo que cobra su jefe. Y no estamos hablando solo de la Administración del
Estado central, sino también de las administraciones autonómicas y locales y,
además, de entidades públicas y privadas cuyos ingresos provienen
principalmente de la hacienda pública, de subvenciones o ayudas.
Es evidente que existe desde hace
muchos años una absoluta anarquía en cuanto a la cuantificación de todas las
retribuciones públicas, es decir, de las retribuciones que se pagan el dinero
de los contribuyentes y que nadie ha sido capaz o ha tenido la voluntad política
suficiente para poner orden y sentido común en este asunto. Desde estas
modestas páginas se viene denunciando esta circunstancia desde hace tiempo, sin
necesidad de portal alguno de Transparencia. Buena parte de nuestro dinero recaudado por las administraciones
públicas se destina a pagar el sueldo de los empleados públicos (políticos y
asimilados, funcionarios, funcionarios de empleo, laborales, etc.) y otra buena
parte de ese dinero se destina a empresas privadas a través de ayudas o
subvenciones, en las que como es lógico se pagan sueldos. En cualquier caso, se
trata de dinero público que se destina al pago de retribuciones. Pues bien,
tratándose de dinero público no tiene mucho sentido que en España, en medio
además de esta situación económica que impone criterios de austeridad, no
exista una norma que regule y unifique las tablas salariales que puedan
aplicarse. Nos encontramos con una curiosa situación: el máximo jefe del dinero
público, el Presidente del Gobierno, gana en muchos casos menos que muchos de
sus subordinados. Una situación impensable en el ámbito de la empresa privada.
Los reinos de taifas salariales son una realidad en España.
Por una parte, los Presupuestos Generales del Estado fijan anualmente
los topes retributivos de los empleados públicos pero de esta limitación se
escapan todos los cargos políticos (nacionales, autonómicos y locales) de modo
que muchos Alcaldes y Presidentes autonómicos ganan hasta un 50 % o más que el
Presidente del Gobierno. Por otra parte, los directivos de las empresas
públicas y algunos empleados, como los de RTVE con contratos superiores a los
150.000 € anuales, también se escapan de las tablas salariales fijadas en los
Presupuestos del Estado. Hay directivos de ADIF y de otros entes públicos que
triplican el salario del Presidente del Gobierno, del “Jefe” de la “empresa”.
Por último, nos encontramos que empresas privadas o semi-privadas que subsisten
gracias a las ayudas o subvenciones públicas, es decir, al dinero de los
contribuyentes abonan retribuciones de 500.000 € anuales como en el caso de las
entidades financieras que reciben ayudas públicas. No tiene lógica, ni sentido
común esta situación. Si para percibir subvenciones o determinadas ayudas públicas
una empresa privada tuviese que ajustar las retribuciones de su personal a los
baremos públicos el panorama cambiaría radicalmente.
A raíz de las noticias surgidas
por la puesta en marcha del Portal de la Transparencia, el líder
socialista, Pedro Sánchez, parece que ha encontrado la solución: que todos los
cargos públicos se bajen el sueldo por debajo del correspondiente al Presidente
del Gobierno. Resulta curioso que el líder socialista sólo sea capaz de lanzar
una propuesta cuando saltan las noticias porque, como político profesional,
hace tiempo que conocía esta escandalosa situación y nunca ha realizado ni él,
ni su partido propuesta alguna para racionalizar el uso del dinero de los
contribuyentes. Pero es que, además, su idea es simplista e insuficiente. No se
trata sólo de que nadie gane más que el Presidente del Gobierno, sino que hay
que evitar caer en la demagogia y el populismo. Seguramente habrá que empezar
por asignar a la
Presidencia una retribución razonable porque la actual es a
todas luces insuficiente y a partir de ella establecer unos baremos hacia abajo
que vinculen a las retribuciones de la administración central, de las autonómicas,
de las locales y de cualquier entidad que perciba un solo euro proveniente de
las arcas públicas. Y eso sólo se puede hacer con la aprobación de una Ley de
Retribuciones Públicas, aplicando el concepto de público en el más amplio
sentido posible.
Santiago de Munck Loyola
