Translate

Mostrando entradas con la etiqueta Pacto del Botánico. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Pacto del Botánico. Mostrar todas las entradas

jueves, 1 de marzo de 2018

La Constitución, el independentismo y Alicante (tercera parte).




Hay que repetirlo porque se trata de un hecho incontestable que, sin embargo, no es percibido por mucha gente: el balance de la pertenencia de la Provincia de Alicante a la Comunidad Valenciana es negativo. Las cifras no engañan. Hoy la provincia de Alicante es más pobre respecto a la Provincia de Valencia que hace 36 años por lo que sin ningún género de dudas se puede afirmar que la Generalidad Valenciana es, como administración pública, un fracaso. Y mientras los ciudadanos de Alicante no tengamos conciencia de ello seguiremos condenados a padecer una administración regional centralista y discriminatoria.

Pero es que, además, a esta sumisión de Alicante a los intereses socioeconómicos de la Generalidad hay que añadir ahora una peculiar situación política que está poniendo en riesgo la propia identidad libre y plural de la sociedad alicantina. La Generalidad Valenciana está presidida por un socialista, el Sr. Puig, que carece de un proyecto político propio y gobierna de la mano de otros grupos de izquierdas cuyas señas de identidad son pancatalanistas. Es el eterno problema del PSOE allí donde no alcanza la mayoría suficiente para gobernar, que se vende a cualquier grupo político por muy antiespañol que sea.

La Generalidad Valenciana, con el Pacto del Botánico, está desarrollando políticas impregnadas de pancatalanismo, contrarias a la identidad propia valenciana y más aún alicantina y de carácter excluyente. No hay más que repasar las hemerotecas para comprobar el origen ideológico de muchos altos cargos del Gobierno de la Generalidad que consideran a la Comunidad Valenciana como parte integrante de los imaginarios países catalanes y a la Provincia de Alicante como las playas del sur de Cataluña. Paso a paso, la Generalidad Valenciana está sembrando las semillas del odio hacia lo español, desde la lengua, pasando por las tradiciones hasta los símbolos, en un calco perfecto del proceso que se inició hace décadas en Cataluña y cuyas funestas consecuencias estamos viviendo estos meses. La nueva televisión autonómica ya está en manos de filoindependentistas catalanes, y la inmersión lingüística ya está en marcha para barrer la lengua materna de la mayoría de los alicantinos, el español. Todo está ya inventado. Usan la lengua y la educación como elementos de segregación y de neutralización ideológica, no es nada nuevo.

Ante todo ello, la discriminación económica permanente de nuestra provincia que se plasma en una deuda histórica de la Generalidad de más de 1200 millones de euros, la progresiva catalanización de las instituciones autonómicas y los permanentes y progresivos ataques a la escasa autonomía de la Diputación Provincial junto con una evidente voluntad de diluir las señas de identidad propias de nuestra Provincia es necesario ofrecer una respuesta, una solución para frenar este proceso. ¿Realmente queremos que dentro de unos años ningún alicantino pueda optar a un empleo público si no sabe el catalán? ¿Estamos dispuestos a que dentro de unos años los sanitarios tengan que marcharse por no saber catalán como está ocurriendo ahora mismo en las Baleares? ¿Queremos que se impida a los padres elegir el idioma en el que quieren que estudien sus hijos? ¿Nos resignamos sin más a que desde Valencia se señale cuándo deben abrir o no los centros comerciales de nuestra Provincia? ¿Nos conformamos con que se siga invirtiendo más en Valencia y Castellón que en Alicante? La respuesta es clara. Si no estamos dispuestos a todo ello, si creemos en la singularidad de Alicante, en sus propias señas de identidad, en su historia singular, en su pluralidad social, en su capacidad de gestión y en su absoluta lealtad e identificación con España es imprescindible reivindicar sus derechos y, llegado el caso, su autonomía en el marco de la Constitución.

Y no, no se trata de crear un nuevo monstruo autonómico. Se trata de transformar a la Diputación Provincial en gobierno autonómico, democratizándola, dotándola de aquellas competencias autonómicas que sirvan de verdad al progreso de nuestra tierra y devolviendo al Estado competencias cuya gestión quiebran la igualdad entre los españoles, como la sanidad, la educación o la justicia. Dos serían las consecuencias prácticas inmediatas: que los alicantinos tendríamos que sostener una administración menos y que el poder de decisión en muchos ámbitos se quedaría en Alicante.

Es un reto muy difícil, quizás un ideal de difícil consecución, pero el simple crecimiento y expansión de esta propuesta y su materialización en poder político servirá, sin duda, de acicate para que la voz de Alicante sea tenida en cuenta y para que sus justas reivindicaciones no sigan cayendo en saco roto. Si no nos respetan que al menos nos teman.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 1 de mayo de 2016

Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña.


Desde hace décadas, gobernando la izquierda o la derecha en el Estado o en la Generalidad valenciana, lo cierto, y así lo indican todos los datos económicos, es que la Provincia de Alicante ha sido discriminada en todos los presupuestos, recibiendo menos de lo que le correspondía por su población y sus necesidades. La Provincia de Alicante ha venido siendo tratada como una provincia de segunda clase y ello ha sido especialmente significativo en el ámbito de las competencias de la Generalidad Valenciana. En los últimos 20 años la diferencia entre la renta media de los alicantinos y los valencianos se ha agrandado en perjuicio de los primeros. Hoy los alicantinos son más pobres respecto a los valencianos que hace 20 años. Es evidente que si una institución regional como la Generalidad Valenciana no logra disminuir las diferencias del nivel de vida entre los habitantes de sus territorios, sino que, al contrario, las agranda, es una institución fracasada. Sin ir muy lejos, hace tan sólo unos días el Consejo de la Generalidad redujo a la mitad el presupuesto del programa de Desarrollo Rural LEADER para la agricultura destinado a la provincia de Alicante, un tijeretazo de tres millones de euros menos para nuestra provincia.

A esta intolerable discriminación a la que incomprensiblemente están acostumbrados los políticos alicantinos hay que añadir ahora dos nuevas políticas de la Generalidad que ponen en peligro la propia identidad de la Provincia de Alicante. El tripartito que gobierna la Generalidad Valenciana compuesto por un partido socialista anémico e ideológicamente desnortado, por los “nacionalistas” de Compromis y los populistas-podemitas de València en Comú ha puesto en marcha, al amparo del extraño Pacto del Botánico, dos procesos claramente perjudiciales para nuestra Provincia que se suman a la discriminación económica de siempre.

De una parte, el tripartito de Valencia ha iniciado un procedimiento de centralización política para despojar de competencias a las Diputaciones Provinciales en determinadas áreas como se ha visto recientemente en el ámbito de la política turística, uno de los motores de nuestra provincia. Con ello, ponen claramente de manifiesto su aversión a todo lo que suene descentralización y alejan de los alicantinos la capacidad de toma de decisiones en sectores claves para nuestra provincia. Quieren y lo están haciendo que determinadas decisiones se tomen en Valencia y no en Alicante excusándose en la necesidad de coordinar ciertas políticas. Si eso fuera cierto, si tan importante es coordinar las políticas sobre turismo, por ejemplo, ¿Por qué no transfieren las competencias sobre turismo al Estado?

De otra parte, la nueva política de la Generalidad que pone en peligro la propia identidad de la Provincia de Alicante viene marcada por el sesgo catalanista que mantiene la propia composición del tripartito y al que no son ajenas algunas decisiones. Este sesgo catalanista no es sólo debido a Compromís o a la versión valenciana de Podemos, sino al propio PSPV con el presidente Puig al frente, responsable en última instancia del gobierno tripartito. Él es quien ha nombrado consejero de Educación a Vicente Marzà defensor de los llamados Países Catalanes y para quien “los Países Catalanes son una realidad más allá de lo que pinta el Estado...no solo cultural sino políticamente, y deberían serlo en un futuro todavía más” o para quien la Costa Blanca no es otra cosa que las playas del sur de los países catalanes.  Marzà, de la mano de los socialistas, está poniendo en marcha la inmersión lingüística en valenciano de modo que en el próximo curso alcanzará al 65% de las nuevas líneas. No es posible obviar que Vicente Marzà pertenece a la entidad Escuela Valenciana, una entidad subvencionada por la Generalidad de Cataluña, galardonada por su defensa del catalán y por su apoyo al referéndum independentista de Mas. Al tiempo que impulsan la inmersión lingüística eliminan los conciertos con la enseñanza privada sin ser capaces tan siquiera de ofertar las correspondientes plazas públicas.

Y tenemos el caso del Consejero de Transparencia Manuel Alcaraz para quien “un País Valenciano aislado es una utopía y sería una traición a su propia esencia. Si el País Valenciano quiere salvaguardar su personalidad ha de ser preservándose fiel a su catalanidad básica”. Defiende la “catalanidad” de Valencia y califica a España de “superestructura coercitiva”. No hay que olvidar además que este tripartito que también gobierna la Diputación de Valencia otorgó recientemente una subvención de 17.000 euros a la “Institució per al Foment de les Arts, Les Ciències i la Cultura”, ACPV,  una entidad supuestamente cultural que promueve en la Comunidad Valenciana las tesis de los “países catalanes”.


Este es el contexto en el que el progreso, el bienestar y la propia identidad cultural de nuestra Provincia se hacen insostenibles. El PP ni está ni se le espera salvo voces aisladas. Es hora de plantar cara, de reclamar instrumentos legales de gobierno que defiendan el derecho y la capacidad de los alicantinos de decidir por si mismos en aquellas cuestiones que constitucionalmente les pueden competer. Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña.

Santiago de Munck Loyola


martes, 16 de junio de 2015

El Pacto del Botánico.


Pronto la administración autonómica cambiará de manos. Tras la desastrosa gestión del Partido Popular, la Generalidad Valenciana pasará a estar gobernada por un bipartito compuesto por el PSPV y Compromís, presidido por Ximo Puig, y apoyado parlamentariamente por Podemos. Estas tres fuerzas políticas han firmado el 11 de junio de 2015 un acuerdo, el Pacto del Botánico, que siendo desconocido por la mayoría de los ciudadanos marcará el rumbo político de los próximos cuatro años. Este acuerdo, que no llega a ser un programa de gobierno, fija una serie de directrices políticas que van más lejos, según algunos comentaristas políticos, de lo que el PSPV postulaba en su propio programa y obliga a este partido a asumir las propuestas de Compromís y Podemos.

El Pacto del Botánico se divide en cinco grandes grupos de propuestas: el Rescate de personas, la Regeneración democrática y lucha contra la corrupción, Gobernar para las personas, un Nuevo modelo productivo y una Financiación justa y auditoría ciudadana. En cada uno de estos apartados se enumeran una serie de propuestas y se hace, por regla general, de forma bastante imprecisa y, por supuesto, sin cuantificar. El trasfondo ideológico de este documento ya es conocido, llevamos meses escuchándolo en los medios de comunicación a los tertulianos de Podemos. Se promete establecer la renta garantizada de ciudadanía sin cuantificar, por supuesto su coste económico ni su alcance social; se promete “asegurar que todas las familias puedan acceder a un consumo mínimo” de luz, agua y gas y no cabe más remedio que preguntarse qué quieren decir con esto porque el derecho al acceso a un consumo mínimo de estos suministros ya existe y otra cosa muy diferente es lo relativo al pago de ese consumo mínimo. Cuando hablan de “todas las familias” ¿significa realmente todas?; prometen crear una “Oficina de lucha contra el fraude y la corrupción, que debe ser un organismo independiente con autonomía presupuestaria encargado de la investigación y la prevención”, es decir, más gasto público, otra poltrona innecesaria que pretende suplantar las funciones de la policía y la fiscalía; omiten, en el apartado de la regeneración, algo tan importante y elemental como potenciar las incompatibilidades para que nadie pueda ocupar simultáneamente dos cargos públicos; prometen una “auditoría ciudadana” de la deuda de la Generalidad pero no explican en qué consiste ese nuevo invento y proponen la “creación de una Agencia Tributaria propia, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía” algo que, por cierto, no está recogido como tal en el Art. 69.1 del Estatuto y olvidan o desconocen, además, que ya ha sido creado al amparo de ese artículo el Instituto Valenciano de Administración Tributaria.

Pero este documento que es de por si preocupante por la falta de consistencia de muchas de sus medidas lo es también, además, por lo que omite y que afecta de forma especial a la discriminada Provincia de Alicante. No se olvidan los del tripartito de mencionar la reclamación de la Deuda Histórica al Estado, pero sí se olvidan de la Deuda Histórica de la Generalidad Valenciana con la Provincia de Alicante a la que lleva décadas discriminando presupuestariamente. Se trata de una deuda real y cuantificable que ningún partido salvo Esperanza Ciudadana se atreve a reconocer y a exigir. Reclaman la dotación de infraestructuras estratégicas pero no dedican ni una línea a las infraestructuras hidrológicas que nuestra sedienta provincia necesita para su agricultura y su desarrollo empresarial. Y, para colmo, dicen que van a impulsar la integración de las diputaciones en la Generalidad asfixiando así la más mínima capacidad gestora de carácter provincial.

En definitiva, el Pacto del Botánico no augura nada bueno para nuestra provincia. Ni por las políticas de sobrecarga del gasto público que pretende desarrollar con una administración ya arruinada, ni por la deliberada omisión de las necesidades más elementales para garantizar el progreso de Alicante. Si la Generalidad Valenciana ya ha demostrado su inviabilidad económica, terminará con esta línea por demostrar su inviabilidad política. Y sorprende mucho el silencio sobre este documento de los dos principales partidos de la futura oposición, quizás porque uno anda aún noqueado y porque el otro no se sabe si sube o si baja.

Santiago de Munck Loyola