Galicia y País Vasco han hablado.

Tras dos semanas de campaña electoral y varios meses de tediosa precampaña, las urnas han hablado por fin en dos regiones históricas españolas: Galicia y en el País Vasco. Y lo han hecho con resultados muy diferentes. Es hora de balance, de análisis y de consecuencias y es muy probable que los que provengan de los dirigentes políticos difieran mucho de los que los ciudadanos y los analistas políticos vamos a hacer. Si en algo van a coincidir los primeros, sobre todo aquellos que han empeorado sus resultados, es en no hacer la más mínima autocrítica y en culpar a factores externos de los malos resultados obtenidos.

En Galicia ha ganado el Partido Popular, encabezado por Núñez Feijó, revalidando y, lo que era más difícil, ampliando su mayoría absoluta. Mal hicieron los socialistas al insistir a lo largo de la campaña en que votar al PP era reforzar la política de austeridad del Gobierno de España, en convertir en definitiva las elecciones autonómicas gallegas en un auténtico test de la política nacional en lugar de centrarse en los problemas, las necesidades y la situación de Galicia. A la falta de liderazgo del candidato socialista se ha unido la ruinosa herencia del zapaterismo administrada por el Sr. Rubalcaba, una pesada losa que ha terminado por hundir al desfondado PSG. El tiro les ha salido por la culata y el tanto Feijó, como Rajoy, han salidos reforzados de estos comicios gallegos. 

Conviene tomar nota, además, de la fuerte irrupción del nacionalista gallego, Sr. Beiras, que con algún que otro exabrupto de más, ha sabido capitalizar buena parte del descontento social y de los vientos independentistas que en esta época tan fuerte arrecian en diferentes regiones españolas.  Y también es conveniente subrayar el segundo fracaso del Sr. Mario Conde con unos ridículos resultados. La abstención ha sido ligeramente superior que en 2009, un 0,8 % más, algo insignificante aunque, como era de esperar, al Secretario de Organización, Óscar López, le parezca el dato más preocupante de estos comicios. Con tan sesudo análisis de tan alto jerarca socialista no es de extrañar que el PSOE coseche lo que cosecha. Por último, hay que resaltar que Núñez Feijó es quizás el único gobernante que en la actual época de recortes y restricciones no sólo gana, sino que amplía su mayoría. Algo debe estar haciendo bien y más de uno, en vez de envolverse en la bandera regional, debería tomar nota.

Y en el País Vasco tenemos la otra cara de la moneda de la jornada electoral. El partido ganador, al igual que en las últimas autonómicas vascas, vuelve a ser el PNV aunque en esta ocasión pierde tres escaños. Los partidos constitucionalistas se llevan un batacazo, el PSOE, responsable del Gobierno vasco y del adelanto e estas elecciones, pierde nada menos que nueve escaños y el Partido Popular, su socio hasta hace unos meses, pierde tres pasando de trece a diez. El Sr. Basagoiti, en su comparecencia tras conocer los resultados, no ha hecho, como era de esperar, ninguna autocrítica y debería hacerla, al menos, en los próximos días porque estos resultados son malos para el PP vasco y confirman el progresivo distanciamiento que su particular liderazgo ha ido generando en torno al núcleo de dirigentes históricos populares y de importantes bolsas tradicionales de votos del Partido popular vasco. Pero lo más preocupante es que los verdaderos vencedores de estos comicios son los representantes de ETA, Bildu, que logra entrar en la cámara vasca con nada menos que 21 escaños, convirtiéndose así en la segunda fuerza política de la cámara de Vitoria, algo que habrá que agradecer, entre otros, a los miembros del Tribunal Constitucional. Con ello, los nacionalistas, la suma de PNV y Bildu, supone los dos tercios de la cámara vasca. Se abre ahora un período político cuando menos inquietante y preocupante para quienes defienden la convivencia pacífica, la desaparición definitiva de ETA y la tolerancia y respeto en el País Vasco. Hoy, sin ir más lejos, se ha podido ver claramente, cuando el Lendakari iba a votar, cómo se las gastan los energúmenos de Bildu y su respeto por el acto más importante en toda democracia, el ejercicio del voto en libertad y sin coacciones. Es posible que el PNV encuentre en Bildu el aliado imprescindible si decide situar prioritariamente en la agenda política el tema de la independencia. Pero, si no es así, no conviene olvidar que PNV y Bildu son enemigos ideológicos y que los puntos de encuentro en los temas sociales y políticos del día a día son muy escasos.

En todo caso, hoy ha vuelto a ser la fiesta de la democracia en estas dos regiones españolas y habrá que confiar en que próximamente se vayan despejando dudas e incertidumbres y que se haga en el mejor sentido posible para la sociedad española en su conjunto.

Santiago de Munck Loyola

Las envenenadas propuestas de Urkullu.

No sabe nada, el Presidente del PNV, el Sr. Urkullu. Para que lo luego vayan diciendo que los nacionalistas no son solidarios con el resto de los ciudadanos de eso que ellos llaman “el Estado” y que otros llamamos España. Los nacionalistas vascos son muy solidarios con los maketos y con todos los que no tenemos la inmensa suerte de vivir en las tierras vascas, aunque no tengamos el RH como ellos. Prueba de ello, de su solidaridad y de su talante colaborador y constructivo, el presidente de los nacionalistas vascos ha formulado una serie de propuestas para combatir la crisis económica y los recortes con los que estamos siendo castigados un viernes sí y otro también. El Sr. Urkullu con el simple ánimo de aportar su granito de arena en la búsqueda de soluciones que alivien las cargas de las administraciones públicas ha hecho sus propuestas.

Y ¿qué han propuesto los nacionalistas para reducir el gasto público? Varias cosas, a saber: Reformar la Constitución española, esta Constitución que ellos no apoyaron ni apoyan, para eliminar el Senado y para suprimir las delegaciones del Gobierno de España en las comunidades autónomas. Así, según los nacionalistas vascos, se ahorrarían los gastos que supone que el Estado tenga presencia y coordine su administración en los territorios de las 17 comunidades autónomas y justifican esta propuesta por que existe una situación de “extrema gravedad” y hace falta, por tanto, “adelgazar la estructura del estado”. Así, en el País Vasco y en todas las Comunidades Autónomas el Estado (se supone que el central) no tendría presencia alguna. No explican los nacionalistas vascos qué pasaría entonces con las competencias estatales en las CCAA, quién las ejercería y las coordinaría, pero, viniendo de donde viene la propuesta, es de suponer que dichas competencias desaparecerían y serían absorbidas por las propias CCAA. ¿Para qué entonces tener un Estado central? No sabe nada, el Sr. Urkullu. La posibilidad de eliminar el Senado no es nueva y considerando su trayectoria seguramente sería mejor suprimirlo. Ahora bien, si los nacionalistas vascos se quieren “cargar” el Senado a lo mejor no tan buena idea. Habría que reconsiderarlo.

No acaban aquí las constructivas propuestas de los nacionalistas, Proponen también reducir drásticamente los presupuestos de dos Ministerios que ciertamente les incomodan: el de Defensa y el de Interior. No es casualidad que el PNV proponga recortar duramente los presupuestos de estos dos Ministerio. Desde hace tiempo, los nacionalistas vascos defienden la salida de los efectivos militares del País Vasco y una mínima presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Blanco y en botella: sin representación del Estado, sin Fuerzas Armadas en su territorio y con un mínimo de Policía en la frontera francesa ¿qué vendría después?

Puestos a ahorrar y a adelgazar la estructura de las administraciones públicas el Sr. Urkullu podría tener en cuenta que si desapareciese la Policía autónoma vasca y fuese sustituida por Policías Nacionales o Guardias Civiles se produciría sólo en gastos de personal un ahorro de 100 millones de euros anuales; si se redujese a la mitad el Parlamento Vasco ahorraría 17 millones de euros; si eliminasen los gastos de protocolo del Lehendakari ahorrarían 461.000 euros al año o si, por ejemplo, el Gobierno Vasco no desarrollase funciones en el exterior que le corresponden al Estado ahorraría más de 9 millones de euros año.

Puestos a recortar y a adelgazar la estructura de las administraciones públicas, la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, según todos los sondeos realizados recientemente, prefieren que se adelgace a las autonomías, a todas las autonomías. Claro que hablarle a un nacionalista de lo que opina la inmensa mayoría de los ciudadanos es perder el tiempo.

Santiago de Munck Loyola

Devolver el voto a los exiliados vascos: una reparación histórica.

Estos días estamos asistiendo al debate abierto por la posibilidad de que los vascos exiliados por culpa de ETA, entre 150.000 y 300.000 según las distintas fuentes, pudieran participar en los procesos electorales que se celebren en su tierra. El anuncio efectuado por el Ministro del interior de que el Gobierno está estudiando esta reforma legislativa, propuesta por el Presidente de los Populares vascos Antonio Basagoiti, ha provocado diferentes reacciones, algunas de ellas muy significativas que han retratado a sus autores, una vez más, a la perfección.

Lo que nadie admite en voz alta es el fondo del asunto y que va mucho más allá de que los exiliados por culpa del terrorismo puedan o no votar. Será seguramente políticamente incorrecto pero el fondo de la cuestión es que la presencia ininterrumpida de la violencia etarra ha generado, entre otras cosas, un déficit de legitimidad de las instituciones vascas. Para que unas instituciones democráticas gocen de legitimidad de origen plena es imprescindible, y en ello coinciden todos los politólogos como Duverger, que se den una serie de requisitos básicos y esenciales de modo que el voto ciudadano pueda ejercerse con total y absoluta normalidad. En las últimas décadas, en el País Vasco, las libertades y derechos fundamentales consustanciales a un estado democrático pleno no se han desplegado con total y absoluta normalidad. Empezando por el derecho a la vida y a la integridad física y moral y siguiendo por el derecho de reunión, la libertad de asociación o de prensa, la libertad para elegir o ser elegido no han sido plenos en los territorios vascos. Las elecciones que se han venido celebrando allí siempre han estado bajo la amenaza de la violencia y la coacción permanente de los etarras y su entorno por lo que las instituciones surgidas de las mismas se han constituido mediante unos resultados electorales que de no haber mediado la violencia hubieran sido distintos. Es un hecho y una evidencia incuestionable, guste o no.

Y a esa situación perturbadora de la vida democrática hay que añadir que los resultados electorales y las instituciones nacidas de los mismos se han realizado con la exclusión de miles de ciudadanos que tuvieron que marcharse por miedo.

Ahora parece que existe en el Partido Popular cierta voluntad de reparar esa injusticia histórica. No obstante, al anuncio del Ministro, ha seguido la rápida matización del portavoz Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, aclarando que la propuesta tiene “dificultades técnicas” y que debe ser analizada jurídicamente, por lo que se han convocado unas jornadas de estudio en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Por su parte, desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán ha interpretado la iniciativa como una "cortina de humo" del Ejecutivo y ve esta propuesta "de difícil solución constitucional" porque, según él, en propiedad en España no existen exiliados y la disminución del censo electoral en Euskadi puede obedecer a muchos otros factores que no tengan nada ver con la presión de ETA.

Pero, como siempre, los que se han vuelto a retratar con precisión son los del PNV. El PNV ha trasladado a Europa este debate. Los nacionalistas quieren que la Comisión Europea dictamine si esta propuesta es factible dentro de los estándares de la UE. Consideran que esta medida daría “lugar a un votante con doble derecho a voto inédita en el panorama jurídico europeo”, e indican que la reforma propuesta por Fernández Díaz “se basa en un concepto, como el de las personas que han abandonado el País Vasco por la presión terrorista, imposible de objetivar desde una perspectiva material y en consecuencia jurídica”.       

Claro que al considerar el recelo de los nacionalistas vascos a que se devuelvan los derechos políticos y civiles a los vascos expulsados de su territorio por la violencia etarra, no queda más remedio que recordar la frase de Arzalluz: “Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas”. Y no es difícil adivinar quién ha estado sacudiendo el árbol y quién ha estado recogiendo las nueces para repartirlas, reparto que con el voto de los exiliados podría variar sustancialmente.

Por muchas dificultades técnicas y jurídicas que pudieran plantearse, lo cierto es que son perfectamente salvables. Hoy se puede devolver el voto a quienes se han visto injustamente privados de ello y hay mecanismos legales y técnicos para hacerlo, además con absolutas garantías para su ejercicio libre y secreto. Es una cuestión de justicia y de voluntad política. Lo que no puede el Partido Popular es esperar el más mínimo respaldo de quienes han estado repartiendo las nueces durante todos estos años.

Santiago de Munck Loyola

El déficit democrático español: el País Vasco.

Resulta muy frecuente escuchar a tertulianos políticos asegurar que los resultados electorales que se producen en el País Vasco son la expresión de la voluntad del pueblo vasco y que, por tanto, las instituciones que allí se constituyen ostentan una legitimidad democrática indiscutible. Esta afirmación y otras similares son tan habituales que en la mayoría de los casos no suelen ser discutidas. La opinión pública, en general, admite como válidas estas afirmaciones sin más. Llevamos décadas admitiendo que hay democracia en el País Vasco y que éste cuenta con instituciones legítimas. Se trata, sin duda, de una ficción política admitida por la mayoría pero que no se corresponde con la realidad política y social.

Existen numerosas teorías plasmadas en cientos de libros de politólogos, sociólogos o filósofos sobre conceptos tales como democracias, sistemas políticos, legalidad o legitimidad. Sin entrar en ellas ni en las distintas clasificaciones o grupos existentes, es posible subrayar algunos elementos o nociones básicas que nos permiten afirmar sin temor a equivocarse que en el país Vasco no existe una democracia real y que sus instituciones padecen un fuerte déficit de legitimidad democrática. Y a estas mismas conclusiones permite llegar el simple sentido común.

Para que unas instituciones puedan ser consideradas legítimas en su origen, y sin entrar ahora en el tema de la legitimidad en el ejercicio, es necesario que el proceso en virtud del cual se constituyen reúna una serie de requisitos esenciales, sin los cuales no es posible hablar de democracia. La democracia se convierte en una palabra hueca y puramente formal si los derechos de reunión, de asociación, de expresión, de residencia, de sufragio activo y pasivo no son respetados en su integridad. Es evidente y no es posible afirmar lo contrario que el ejercicio de estos derechos en el País Vasco no es posible desde hace décadas. Quienes lo han intentado o lo intentan han pagado un precio muy alto o lo pueden pagar en el futuro: la marginación social y laboral, la violencia sobre sus bienes o sus personas, el exilio o la propia vida. El ejercicio pleno de estos derechos básicos que cualifican y califican a una democracia no es posible en el País Vasco y lo es menos cuanto menor sea el ámbito territorial donde se pretendan ejercer. Cuando hay personas que no pueden desarrollar su actividad empresarial sin tener que pagar un chantaje a unos extorsionadores, cuando en muchos pueblos hay vecinos que no se atreven a concurrir a las elecciones municipales, cuando existen personas que deben ocultar sus inclinaciones políticas para encontrar trabajo o no perder el que tienen, cuando los medios de comunicación deben medir sus palabras por temor a recibir un paquete bomba en sus redacciones o por el simple recuerdo de periodistas asesinados o cuando la policía debe ocultar su rostro, afirmar que allí existe la democracia es un sarcasmo.

Si además se tiene en cuenta que los resultados electorales son los que son gracias a que 250.000 vascos se han tenido que exiliar por temor a ser asesinados y que no han podido votar, entre otras cosas, porque hasta el día de hoy ningún gobierno se ha preocupado de articular un sistema seguro para que puedan ejercer su derecho a decidir sobre el futuro de su tierra, es evidente que las instituciones municipales, provinciales o regionales carecen de una legitimidad plena.

El que quiera seguir creyendo que allí hay democracia que lo haga, pero la realidad es mucho más dura de lo que esa ficción tan extendida pretende hacernos creer. Y esta realidad sí que es un buen motivo para indignarse. Es mejor despertar y aceptar la realidad para poder enderezar el rumbo y garantizar con la ley en la mano los derechos de tanta gente.

Santiago de Munck Loyola