IU y sus asociaciones
satélites han estado recogiendo firmas para que la Iglesia Católica pague el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles entre otras cosas y las 35.000 recogidas las han entregado en el Congreso de los Diputados.
Por su parte, algunos Ayuntamientos han hecho pública su intención igualmente
de cobrar dicho impuesto a la Iglesia Católica. Una cosa es presentar firmas en
el Congreso para que esta cámara proceda a la modificación, si la mayoría
parlamentaria así lo entiende necesario, de las leyes vigentes para que se
pueda cobrar el IBI o para que se deroguen los acuerdos con la Santa Sede y
otra muy distinta es que algunos Ayuntamientos decidan por su cuenta cobrar
ilegalmente dicho impuesto. Una cosa es evidente o los responsables de esos
Ayuntamientos están engañando a los ciudadanos anunciando esa medida o están
poniendo en marcha procedimientos recaudatorios ilegales que terminarán en los
tribunales y que costarán mucho dinero a esos consistorios. La Ley de Haciendas
locales regula claramente quienes están exentos de pagar el IBI y no se puede cobrar dicho impuesto mientras esa Ley
no se modificada parlamentariamente ni a la Iglesia, ni al Estado, ni a las
Comunidades Autónomas, ni los de cualquier confesión religiosa legalmente
reconocida, ni a la Cruz Roja, ni a embajadas u oficinas similares, ni a la RENFE
o a Adif, ni a determinados bienes comunales, etc.
Parece que tras estas
iniciativas no se esconde otra cosa que un odio y una animadversión profunda
hacia la Iglesia Católica, sobre quien se centran todos los ataques, y no un
sincero deseo de justicia fiscal. Desde una perspectiva laicista se olvida con
frecuencia que nuestro Estado es aconfesional pero que la el Artículo 16.3 de la Constitución señala expresamente que ninguna confesión
tendrá carácter estatal y que los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes
relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Las
exenciones tributarias de la Iglesia, las ayudas o subvenciones públicas o la
asignación tributaria de la discutida X del IRPF responden a ese reconocimiento
constitucional expreso y, en definitiva, al reconocimiento del peso de una
mayoría sociológica de los católicos en España.
Desde esas posiciones de IU
y anticlericales se pretende acabar con la libertad de los contribuyentes para
decidir si quieren o no aportar una pequeña parte de sus impuestos a la Iglesia
y/o a otros fines sociales. Cada año son más los contribuyentes que marcan la X
a favor de la Iglesia y ese hecho excita paralelamente los deseos de una parte
de la izquierda de acabar con una de las pocas libertades que los contribuyentes
gozamos a la hora de opinar sobre el destino de nuestros impuestos. No podemos
opinar ni decidir si queremos que nuestros impuestos se dediquen a armamento, a
subvencionar artistas, a engordar a la SGAE, a financiar a los partidos y
sindicatos por poner unos ejemplos y, al parecer, tampoco deberíamos poder
opinar sobre si queremos o no destinar una pequeña parte de nuestros impuestos
a la Iglesia. Curioso concepto el de algunos sobre la libertad.
Hoy, más que nunca, la
Iglesia y sus organizaciones desarrollan una labor social ingente supliendo la
incapacidad de las administraciones públicas para llegar y socorrer a los más
necesitados. La Iglesia y sus organizaciones trabajan en el campo de la
educación, de la sanidad, de la dependencia, de la inmigración y extienden su
labor incluso más allá de nuestras fronteras, usando sus recursos con muchísima
más eficiencia que los entes públicos.
No son los sindicatos, ni
los partidos políticos, ni todos los demás que están exentos de pagar el IBI
quienes están junto a los más pobres, quienes atienden a enfermos y ancianos o
quienes dan de comer a miles de personas diariamente, no, no son ellos. Y de
eso no se habla cuando se critican los ingresos que percibe la Iglesia. De eso
parece que no interesa hablar.
Por ejemplo, el programa de
acogida de Caritas, uno de los más emblemáticos y por el que pasaban antes de
la crisis unas 400.000 personas al año, atendió en el último ejercicio a un
millón y medio. La mayoría de personas atendidas tenían cargas familiares y una
media de edad de 40 años. Por otra parte, el 67% de las personas que acuden a Caritas
vienen derivadas desde los servicios sociales públicos, incapaces de ofrecer
respuestas rápidas y eficaces. Mientras el tiempo para concertar una primera
cita o entrevista inicial en los servicios sociales públicos es, como media, de
casi un mes (25,9 días), en los servicios de Acogida de Caritas la espera para
concertar una primera cita o entrevista inicial es, por término medio, de 4
días. Otro tanto sucede con las respuestas, ya que si el plazo de tramitación y
gestión de las respuestas efectivas es de algo más de dos meses en los
servicios sociales públicos (65,3 días), en Caritas el tiempo medio entre la
primera cita y la respuesta efectiva es de 7,3 días. En el campo de la
Educación, otro de los campos de batalla, las Escuela católicas atienden a más
de 1.200.000 alumnos, lo que supone el 16 % del total del sistema educativo. Y
mientras el coste medio abonado por el Estado a los centros concertados es de
2.480 euros anuales, en la escuela pública es de 5.299 euros al año.
Y para qué hablar de los
comedores, albergues, centros de asistencia sanitaria, hogares de acogida o
residencias de ancianos de la Iglesia y sus organizaciones. Si no los pudieran
sostener los católicos, sería el estado
quien tendría que asumir su coste. Dejando al margen cualquier posicionamiento
ideológico y pensando de una manera fría y calculadora solo se puede concluir
que la Iglesia, con las ayudas y beneficios que recibe, ahorra además miles de
millones de euros al erario público. Según algunas fuentes, este ahorro para el
estado se podría situar en torno a los 30.000 millones de euros anuales.
En fin, parece que las
fobias ancestrales de algunos pueden más que la lógica y la racionalidad
económica, sin mencionar la sensibilidad social y el respeto a las libertades
individuales. Allá cada cual. Un servidor lo tiene claro, seguirá poniendo las
X en el impreso del IRPF en favor de la Iglesia y de los fines sociales.
Santiago de Munck Loyola
