El culebrón de Dívar en la recta final.

Parece que la muerte del Príncipe heredero saudí le ha venido al Rey como anillo al dedo para evitar hacerse la foto junto con el denostado Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Sr. Dívar, centro de toda clase de dardos y diatribas. Vamos, que le ha faltado tiempo a Su Majestad para hacer las maletas y salir pitando hacia Arabia Saudí para rendir homenaje al cadáver del heredero saudí, dejando la papeleta de la foto de rigor con el otro “cadáver” político y judicial a su hijo, D. Felipe. A la retórica franquista de la “tradicional amistad con el mundo árabe” le sucedió el invento de la “Alianza de Civilizaciones” aunque en esta ocasión parece que se ha escogido la “gran amistad y hermandad” del Rey con los “tiranos coronados del petróleo” para justificar este desplazamiento regio tan raudo y veloz.

Da igual el motivo con el que se justifique este desplazamiento real, pero lo cierto es que el Jefe del Estado padece cierto tipo de alergia a ciertas fotos. Al Rey no le importa que le fotografíen junto al cadáver de un hermoso paquidermo o junto a esa seudo princesa alemana que le ha estado acompañando hasta en algunos viajes oficiales a los que no iba D. ª Sofía. Pero por donde al parecer no pasa Su Majestad, o sus asesores de la Casa Real, es por dejarse fotografiar junto a la cuarta autoridad del Estado, desacreditada y en el punto de mira por algunos gastos de sus viajes, o junto al padre de algunos de sus nietos, el Sr. Urdangarin, bajo sospecha judicial por sus suculentos negocios cocinados en la trastienda de algunas administraciones públicas.

El “marrón” para el nene, el heredero, que se ha tragado hoy un acto institucional de lo más agrio y desagradable. Resulta curioso, cuando menos, el criterio selectivo del Rey al que, según noticias recientes, parece que le salen problemas por todos lados: ahora, una ciudadana belga y un español catalán están reivindicando la paternidad de D. Juan Carlos. A lo mejor, dentro de poco, los españoles nos llevamos una sorpresa similar a la que se llevaron los belgas cuando el Rey Alberto les comunicó por televisión que tenía una hija extramatrimonial. Nunca se sabe. Los “pecados” de la juventud llaman a veces a la puerta de uno en el ocaso de la vida. Una vez más, se pone de manifiesto que la ejemplaridad, esa cualidad que podría justificar en estos tiempos la supervivencia de las Monarquías, está muy lejos de la realidad de la Familia Real española o, por lo menos, de la de su máximo representante y exponente, el Rey.

Volviendo al acto de hoy presidido por D. Felipe, parece claro que los días del Sr. Dívar el frente del poder judicial están más que contados y que renunciará a su cargo el próximo jueves. El Sr. Dívar ha pagado y va a pagar muy caro los gastos personales que intentó ahorrarse cargándolos a la espalda de todos los españoles. Dice el dicho popular que “al pobre y al miserable, las cosas le cuestan doble”. Es evidente que el Sr. Dívar lo que se dice pobre, pobre, no lo es.

Es cierto que algunos medios de comunicación se han cebado con el Sr. Dívar. Algunos analistas interpretan esta actitud así como la del vocal que destapó este asunto como una venganza del entorno del ex juez Garzón. Sea cierto o no, y tampoco tendría nada de extraño que lo fuera, parece que el Sr. Dívar, y en eso coincide casi todo el mundo, no ha cometido ningún delito y que su actuación se ha ajustado de forma estricta a las normas y prácticas habituales en el Consejo General del poder Judicial respecto a la forma de justificar este tipo de gastos. Su error, que no delito ni falta, está precisamente en la utilización en beneficio propio de unas normas y procedimientos de por sí rechazables desde una perspectiva ética y moral. Y tan rechazable es el uso de esas normas, como el hecho de que los jueces se autorregulen los procedimientos del uso del dinero público y el control de los mismos.

En esta cultura del despilfarro, de las prebendas, de los privilegios de nuestra clase dirigente, lo del Sr. Dívar no es más que una pequeña gota de agua, aunque por pequeña que sea, lo es de agua sucia. Da igual que el Sr. Dívar haya empleado 100 o 100.000 euros en gastos de carácter privado y aunque fuese conforme a las normas internas del Consejo General del Poder Judicial. Aquí lo determinante de la censura social no está en la cantidad, sino en la calidad. Y un jurista como él y un purista como él debería haberlo sabido desde el principio. Aquí, como en el primer escalón del Estado, ha fallado la ejemplaridad, cualidad esencial en un sistema representativo. Así que deberían ir tomando nota los de más arriba. Sin ejemplaridad, a casa y punto.

Santiago de Munck Loyola

Garzón, la izquierda y la Ley del embudo.

Hace 14 años, el Juez Javier Gómez de Liaño fue condenado por prevaricación como consecuencia de las denuncias presentadas por Jesús de Polanco a raíz de la instrucción que el Juez había llevado a cabo en el llamado caso Sogecable, una denuncia contra el grupo Prisa por una presunta apropiación indebida. Ni el Tribunal Supremo, ni el Constitucional rectificaron la sentencia condenatoria y el Juez fue apartado de la carrera judicial. ¿Se imagina alguien lo que se habría dicho si miembros del Partido Popular hubiesen realizado críticas a aquella sentencia o hubiesen descalificado a la Justicia por esa decisión?

Por aquel entonces, nadie de los que hoy se rasgan las vestiduras y descalifican a la Justicia por la sentencia del Tribunal Supremo que, por unanimidad, ha condenado al Juez Garzón por prevaricación, abrió la boca. Los partidarios de Garzón llevan semanas calentando motores e intoxicando a la opinión pública sobre las razones por las que el Juez estrella, y ahora estrellado, se ha tenido que sentar en el banquillo de los acusados. Cuando no se ha tratado de descalificar a los denunciantes de las atípicas conductas del juez, se han tergiversado los motivos por los que debía rendir cuentas el acusado. Se ha llegado a decir que estaba siendo juzgado “por investigar a la trama Gürtel” o “por investigar los crímenes del franquismo”. Y es mentira. Lo saben, pero no importa. Tratan de convertir en mártir al acusado que lo ha sido por “dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran”, igual que en el caso de Gómez de Liaño. Garzón ha sido acusado y condenado porque mandó grabar las conversaciones entre abogado defensor y cliente cuando la ley no permite que éso se haga salvo en casos de terrorismo y previa orden de la autoridad judicial competente. Garzón violó un derecho fundamental, la confidencialidad de la defensa judicial, a sabiendas de que lo hacía y con ello ponía en peligro la validez de la instrucción del procedimiento para regocijo de los presuntos delincuentes de la trama Gürtel.

No es admisible argumentar que la violación de este derecho fundamental era un mal menor ante el hipotético beneficio de asegurar la condena de los culpables porque, en primer lugar, de esta forma se obtenían posibles pruebas no válidas para el juicio posterior y, en segundo lugar, porque la teoría del mal menor constituye la aceptación de una peligrosa premisa que hace inútiles las garantías constitucionales y que, por analogía, podría aplicarse a la vulneración de otros derechos fundamentales con el fin de obtener un hipotético beneficio superior. ¿Sería entonces aceptable torturar, por ejemplo, a los participantes en el asesinato de Marta del Castillo para que confiesen dónde está el cuerpo de la víctima? Evidentemente no.

Garzón ha prevaricado según sentencia del Tribunal Supremo dictada tras un procedimiento donde se han respetado todas las garantías legales de defensa del acusado, las mismas que él no respetó en su momento. Ha cometido un delito y la Justicia ha actuado sobre el delincuente como debe hacerlo con cualquier ciudadano y como lo hizo en su día con Javier Gómez de Liaño, en cuya condena el testimonio del propio Garzón tuvo bastante que ver. Y un ejercicio de honestidad intelectual y de rigor no estaría de más entre toda esta vociferante izquierda tan amante de la Ley del Embudo.

Santiago de Munck Loyola

Camps inocente, de momento.

El jurado del proceso seguido contra el ex Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, ha declarado que tanto él, como Ricardo Costa son no culpables de los cargos por los que estaban siendo enjuiciados, es decir, por el delito de cohecho impropio. El jurado entiende que ni Camps, ni Costa recibieron regalos por razón de su cargo y que no se ha demostrado en el juicio que hubiese regalos pagados por la trama corrupta de Gürtel. Esta decisión del jurado deberá plasmarse en los próximos días en una sentencia absolutoria a partir de la cual podrán presentarse recursos ante el Tribunal Supremo por lo que el asunto no está definitivamente zanjado.

Ahora se producirá una auténtica explosión de reacciones y declaraciones de toda índole en función de la posición ideológica de cada uno. Es evidente que quienes durante estos últimos tres años han ignorado y pisoteado el derecho a la presunción de inocencia van ahora a pisar y a desacreditar esta resolución favorable a los Sres. Camps y Costa. Los impulsores o autores del escandaloso linchamiento político y moral al que durante tanto tiempo han sometido a los acusados van a seguir haciéndolo porque “su verdad” está, como siempre, por encima de los pronunciamientos de la Justicia y del respeto a los más elementales derechos tutelados en un estado de Derecho. Es su modus operandi y no van a renunciar a él ante ninguna evidencia que desmonte sus difamaciones.

Llama la atención alguna reacción inmediata, como la del Secretario general Socialista en el Congreso, Eduardo Medina, que se ha apresurado a mentir a la ciudadanía afirmando lo siguiente: "Francisco Camps absuelto de la trama Gurtel. Garzón... en el banquillo de los acusados por investigarlo”. El Sr. Medina es un mentiroso con todas las letras. De semejante afirmación puede deducirse fácilmente el nivel intelectual del personaje y su catadura moral. El Sr. Camps no ha sido enjuiciado por la trama Gürtel, no. Fue acusado de un presunto delito de cohecho impropio, recibir tres trajes de regalo, del que ha sido, por segunda vez, absuelto. Y el Sr. Garzón, por su parte, no ha sido juzgado por investigar dicha trama, no. El Sr. Garzón ha sido enjuiciado por vulnerar la Ley ordenando grabar las conversaciones de los abogados con sus defendidos cuando dichas grabaciones no tienen amparo legal para su ejecución. Es decir, por violar un derecho elemental, como el derecho de defensa, sin un amparo legal que lo justificase. Así de sencillo y de claro. Posiblemente el público afín al Sr. Medina requiera de simplificaciones, o mejor dicho de simplezas, como las que profiere el Portavoz Socialista, pero tales simplezas son falsas y manipulan la realidad. Como también constituye una falsedad monumental la afirmación tan repetida últimamente de que el Sr. Garzón también está siendo juzgado por investigar los crímenes del franquismo. No es así. Está siendo juzgado por saltarse la Ley, por tratar de instruir procesos para los que legalmente no era competente.

Y qué diferencia de tratamiento mediático entre ambos casos. Abismal. Como también ha sido muy diferente la actitud ante los tribunales de ambos acusados. Era de esperar, además, que el respeto por la Justicia que los seguidores de Garzón tienen se pusiera hoy de manifiesto al conocer la sentencia absolutoria de Camps. Coherentes con su ideología su reacción ha sido insultar al acusado absuelto y lanzar objetos contra su vehículo. Era de esperar: de tal juez, tales defensores.

Todo parece indicar que habrá recursos contra la absolución de Camps y Costa y también señalan los expertos que será difícil que tales recursos prosperen. Ahora, con la absolución “provisional” en la mano, y más adelante, si ésta deviene firme, será imposible restituir a los acusados lo que se les ha arrebatado: su dignidad. No habrá, con seguridad, reparación posible al daño causado. ¿Quién pagará los platos rotos? Seguro que nadie.

Santiago de Munck Loyola.