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miércoles, 6 de noviembre de 2013
martes, 29 de octubre de 2013
Admitida a trámite la demanda por incumplimiento de Estatutos contra el Comité Ejecutivo Provincial del PP de Alicante.
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29-X-2013
NOTA DE PRENSA.
El
25 de octubre de 2013, el Juzgado de Instrucción nº 7 de Alicante ha dictado un
Decreto mediante el cual admite a trámite la demanda presentada por varios
afiliados del Partido Popular de Alicante, miembros todos de la Asociación Foro
Esperanza Popular – Movimiento de Bases, contra el Comité Ejecutivo Provincial
del Partido Popular de Alicante por la adopción del acuerdo de supresión del la Junta Local
A
este respecto, Santiago de Munck, uno de los demandantes ha señalado que
“resulta lamentable que ante las continuas vulneraciones de los derechos de los
afiliados tutelados por la Ley
de Partidos Políticos y por los propios Estatutos del PP, los afiliados tengan
que acudir a la Justicia
a causa de la pasividad, cuando no complicidad, de los órganos internos que
deberían garantizar y tutelar esos derechos vulnerados por la Dirección Provincialla Dirección Provincialla Justicia ”.
viernes, 25 de octubre de 2013
Carta abierta a D. Felipe del Baño.
Sr. del Baño:
Pocas veces en mi vida política,
y mire que llevo años en esto, me he tropezado en el Partido Popular con un
individuo como usted. No alcanzo a comprender las razones ni las cualidades o
méritos que deben adornarle para que alguien así haya podido llegar a ser
Diputado en las Cortes Valencianas o a Presidente Local del Partido Popular. Ha
actuado usted como instructor (acusador) en el expediente disciplinario que se
me ha incoado por presuntas infracciones de los Estatutos del Partido Popular y
que ha desembocado con su propuesta para expulsarme, ratificada por el Comité
Regional de Derechos y Garantías del PPCV.
Como tantos otros militantes he
trabajado durante muchos años para contribuir al crecimiento de este Partido y
para hacer de él una gran organización al servicio de la sociedad española. Y
lo he hecho por un compromiso personal con unos principios y unos ideales que
lamentablemente gente como usted ensucian con su proceder. Tras 32 años de
militancia en el Partido Popular con lealtad absoluta y un enorme sacrificio personal
y familiar, resulta que aparece un tipo con su catadura moral a enjuiciarme y a
pedir mi expulsión. ¿El motivo? Pedir más democracia interna y más
participación de los militantes en el Partido, pedir más honradez y ejemplaridad
entre los cargos públicos, reivindicar la necesidad de impulsar la regeneración
democrática, tal y como lo hacen muchos de nuestros líderes. Y se lo voy a
decir claramente: usted no tiene ni vergüenza ni el más mínimo atisbo de
decencia política. Bueno, ni usted ni el resto de los miembros del citado
Comité. Hay que tener unas tragaderas muy, pero que muy grandes, y usted ha
dado buenas muestras de ello, para actuar como la ha hecho usted, como un
vulgar sicario presto a ejecutar cualquier orden por inmoral que sea con tal de
complacer a sus superiores a los que, al parecer, tanto debe. Eso sí, debo
reconocer que sintoniza usted perfectamente con algunos de los dirigentes
provinciales de Alicante, los que le han utilizado para tan repugnante encargo.
A pesar de que para actuar como
instructor en un procedimiento disciplinario es preciso ser licenciado o
graduado en derecho, de la tosquedad jurídica de sus escritos, Sr. del Baño, es
imposible deducir que reúna usted tal condición. El escrito de acusación por
usted perpetrado constituye un fantástico relato de hechos inconexos construido
con la única finalidad, no de averiguar la verdad que a usted le resbala, sino
de justificar y dar cumplimiento de una sentencia ya anunciada en los
periódicos antes, incluso, de iniciar el procedimiento: la expulsión. Fíjese,
Sr. del Baño, que hasta para cuidar las formas en la Cuba de Castro son más
diligentes que usted y sus conmilitones. Podría desgranar durante páginas cada
una de las falsedades, de las incoherencias o de las burdas manipulaciones de
su escrito de acusación, tal y como hice en mi escrito de alegaciones que, al
parecer, usted no ha leído o bien no ha entendido, pero no voy a perder el
tiempo con ello. Tiene usted la sensibilidad jurídica de un mejillón. Y que me
perdonen los mejillones.
Sr. del Baño, no sólo es usted un
indigno sicario político y el prototipo de los fiscales de la antigua Unión
Soviética, es, además, un gran hipócrita. Usted, que se permite el lujo de
atribuirme nada menos que el deseo de dañar intencionadamente a mi partido,
carece de la más mínima legitimidad moral y política para acusar a nadie de
incumplir los Estatutos del Partido Popular. Según una certificación expedida
por el Ayuntamiento de San Antonio de Benageber, usted el pasado 26 de
septiembre vulneró esos mismos Estatutos, cometiendo una infracción muy grave
de los mismos, al votar en su Ayuntamiento en contra de una Moción del Grupo
Popular, grupo al que se supone que usted pertenece, y lo hizo porque esa
Moción dejaba en evidencia que usted, a pesar de que se supone que posee
conocimientos jurídicos, realizó, a sabiendas, contrataciones innecesarias,
según el propio Ayuntamiento, por un importe cercano a los 50.000 euros y lo
hizo usando su sucio dedo y prescindiendo absolutamente del procedimiento
legalmente establecido, vulnerando de paso el Código Ético del Partido Popular.
¿Cómo puede alguien que actúa así tener la poca vergüenza y la mucha cara dura
de acusar a nadie de nada? Ahora se puede comprender su aversión e inquina
hacia quienes propugnamos la regeneración democrática y la honradez en el
Partido Popular.
Si tuviese la más mínima
vergüenza política usted habría dimitido ya. Y si los que han respaldado su repugnante
propuesta de expulsión en ese Comité, en el que no existen garantías jurídicas
para los derechos de los afiliados, la tuvieran ya le habrían expedientado. Me
alegro sinceramente de que ya le hayan denunciado ante la fiscalía
anticorrupción. Yo voy a hacerlo también.
Como ciudadano siento vergüenza
de que alguien como usted pueda ser el prototipo del político del PPCV, vista
su forma de proceder y del respaldo superior que la misma parece tener. Como
ciudadano de esta Comunidad siento vergüenza de que los dirigentes del PPCV
respalden actuaciones como la suya y simultáneamente persigan a quienes
reclamamos más honradez, más democracia interna y más ejemplaridad. Confío en
que al menos la Justicia
haga realidad el dicho popular sobre la festividad de San Martín.
Con mi más absoluto desprecio.
Santiago de Munck
Loyola
lunes, 7 de octubre de 2013
Demanda contra el Comité Ejecutivo Provincial de Alicante por incumplimiento de los Estatutos del PP.
AL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA QUE POR TURNO CORRESPONDA DE ALICANTE
Doña XXXXXXXXXXXXX, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre y
representación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme acredito
con las pertinentes escrituras de poder que debidamente bastanteadas acompaño,
ante el juzgado de primera instancia de Alicante comparezco y DIGO:
Que por mediación del
presente escrito y en la citada representación que ostento vengo a formular
DEMANDA DE JUCIO ORDINARIO contra el Comité Ejecutivo Provincial del Partido
Popular de Alicante sobre la base a de los siguientes
HECHOS.
Primero.- Mis mandantes en su condición de afiliados
del Partido Popular de Alicante tuvieron conocimiento a través de los medios de
comunicación que, con fecha 11 de octubre de 2012, el Comité Ejecutivo
Provincial del Partido Popular de Alicante acordó “sustituir” la Junta Local de
Alicante por un número indeterminado de Distritos y nombrar una Gestora, tal y
como recogieron e interpretaron todos los medios de comunicación (documento 1.-)
sin que, en ningún momento, desde la Dirección Provincial
se matizase o rectificasen las informaciones publicadas. Dicha decisión del
Comité se tomó sin haber sido incluida en el Orden del Día y hasta el día de
hoy no ha sido notificada a los afiliados.
Segundo.- Con fecha 19 de octubre de 2012, este
acuerdo fue objeto de impugnación por varios afiliados ante el Comité Ejecutivo
Provincial y el Presidente Provincial (documento 2.-) por considerarlo una
vulneración de los Estatutos Nacionales del Partido Popular (Artículos 20.3 y
21.5) que facultan al Comité Ejecutivo Provincial para crear distritos pero no
para “sustituir”, es decir, suprimir una Junta Local.
Tercero.- Con fecha 13 de diciembre de 2012, fue
solicitado mediante escrito la entrega de diversa documentación, entre otra el
Orden del Día del Comité Ejecutivo Provincial de 11 de octubre de 2012 y la
transcripción literal del acuerdo impugnado, a fin de iniciar acciones
judiciales de tutela de los derechos políticos de los afiliados (documento 3.-).
Cuarto.- Mediante escrito de fecha 17 de diciembre
de 2012, el Secretario General Provincial (documento 4.-), ejerciendo funciones
para las que estatutariamente no está facultado, acordó desestimar la
impugnación presentada y negarse a entregar la documentación requerida.
Quinto.- Con fecha 19 de enero fue presentado
recurso contra este acuerdo de supresión de la Junta local de Alicante ante el Comité Regional
de Derechos y Garantías del PPCV (documento 5.-) que nunca ha sido respondido.
Sexto.- En el mes de marzo se presentó escrito de
impugnación contra el citado acuerdo ante el Comité Nacional de Derechos y
Garantías del PPCV sin haber obtenido respuesta alguna.
Séptimo.- El 29 de julio, según apareció publicado en el Diario
Información (documento 6.-), “la
ejecutiva aprobó ayer la división de la ciudad en cinco agrupaciones, a los que
los militantes se adscribirán por su código postal. Para septiembre se aprobará
el reglamento y se pondrá la fecha de las asambleas. Posteriormente, se elegirá
un coordinador de la ciudad”.
A
los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS
DE DERECHO
a) Jurídico-Procesales.
I.- JURISDICCION.
La impugnación judicial de las sanciones partidarias ha de canalizarse
ante la jurisdicción civil al ser un tipo de controversias entre particulares,
y deducirse de lo dispuesto en el art. 9.2 LOPJ y por aplicación supletoria de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (art. 40) en virtud del juego de las
Disposiciones Finales Primera y Segunda de esta última ley.
II.- COMPETENCIA TERRITORIAL.-
Es competente para conocer
de ellas el Juzgado de Primera Instancia de Alicante.
III.- CAPACIDAD.- El demandante tiene plena capacidad para ejercitar las acciones que en
la demanda se contienen por hallarse en el pleno uso de sus derechos civiles
IV.- LEGITIMACION ACTIVA.- Los demandantes se encuentran legitimados
activamente por ser afiliados del Partido Popular, como se acredita con las
copias de los carnets de afiliados (documento 7.-).
V.- LEGITIMACION PASIVA.- Debe dirigirse esta demanda contra el Comité
Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante, que es la entidad que ha
adoptado los acuerdos impugnados.
VI.- REPRESENTACION Y
POSTULACION.- Los
demandantes intervienen a través de Procurador y asistidos de Letrado.
VII.- PROCEDIMIENTO.- El Procedimiento por el que se ha de seguir
la presente demanda es el ordinario.
FUNDAMENTOS
JURÍDICO MATERIALES
Primero.- El Artículo 8 d) de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos
Políticos, otorga a los afiliados a los mismos el derecho a impugnar los
acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos.
Segundo.- Tanto el acuerdo del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de
Alicante de fecha 11 de octubre de 2012, como el acuerdo de 29 de julio de 2013,
relativos a la sustitución de la Junta Local de Alicante por Juntas de Distrito
no han sido notificados a los afiliados del Partido Popular pertenecientes a
dicha Junta Local vulnerando el Artículo 8.2 c) de la Ley Orgánica 6/2002, de
27 de junio, de Partidos Políticos que señala entre los derechos de los
afiliados de un partido político “a ser
informados acerca de la composición de los órganos directivos y de
administración o sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos,
sobre las actividades realizadas y sobre la situación económica” y vulnerando
el Artículo 6º f) de los Estatutos Nacionales del Partido Popular que determina
que es un derecho de los afiliados “ser informado sobre las actividades del
Partido”.
Tercero.- A la falta de notificación
a los afiliados de acuerdos tan relevantes hay que señalar la negativa expresa
del Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante a librar
certificaciones de los acuerdos adoptados o copias de las actas de las sesiones
de los órganos que los han adoptado, tal y como se refleja en su escrito de
fecha 17 de diciembre de 2012. En dicho escrito además transcribe parcialmente
el acuerdo impugnado: “Alicante, respecto de la cual el Presidente
propone el acuerdo, que es aprobado por unanimidad, de sustituir el actual sistema organizativo de Junta Local, por el de
Juntas de Distrito,…” Y en el mismo escrito añade de forma
contradictora que “ni se ha disuelto la
actual Junta Local, ni se ha nombrado ninguna Gestora”. El acuerdo
transcrito parcialmente habla de sustituir
la actual organización de Junta Local (es decir, Presidente Local, Secretario
Local, ambos órganos unipersonales, Junta Directiva Local, Comité Ejecutivo
Local, etc.) por Juntas de Distrito. Sustituir significa “poner a alguien o
algo en lugar de otra persona o cosa” por lo que es evidente que al ser
sustituida por Juntas de Distrito deja de existir la Junta Local de
Alicante. Es metafísicamente imposible sustituir una cosa por otra y que
sobrevivan las dos simultáneamente. Constituye una evidente contradicción
mantener que “no se ha disuelto la Junta Local ” de Alicante y buena prueba de ello,
de la falsedad de esta afirmación, es que de seguir existiendo dicha Junta
deberían haberse convocado las elecciones internas a la misma de conformidad
con lo establecido en las normas internas del Partido Popular, algo que no se
ha hecho. Otra cosa muy distinta sería que la actual estructura organizativa de
la Junta Local
de Alicante hubiese sido complementada
o potenciada (por utilizar el mismo
verbo empleado en el mandato contenido en el Artículo 19 de los Estatutos
Nacionales del Partido Popular) con la creación de Juntas de Distrito. Pero no
es esto lo que, al parecer, señala este acuerdo, ni el adoptado el 29 de julio
de 2013 que, profundiza en la vulneración estatutaria del acuerdo de 11 de
octubre de 2012, señalando, al parecer, la creación de cinco distritos y la
posterior elección de un “coordinador de la ciudad de Alicante”, figura que no
aparece en los Estatutos del Partido Popular y destinada inequívocamente a
suplir la existencia de un Presidente de la Junta Local de
Alicante, elegido por todos los afiliados de la ciudad, y a eludir finalmente
un proceso democrático interno en el conjunto del Partido Popular de la Ciudad de Alicante.
Cuarto.- El Secretario Provincial del Partido Popular
de Alicante ha vulnerado, además, el Artículo 14.1 d) de los Estatutos Nacionales del Partido
Popular al “suplantar o atribuirse cargos
o funciones de cualquier clase o naturaleza que no le corresponda” al desestimar
“per se” la impugnación ante el Comité Ejecutivo Provincial del acuerdo de 11
de octubre de 2012 ya que entre sus competencias recogidas en el Artículo 36
del Reglamento Provincial del Partido Popular de Alicante no figura la
resolución de los recursos o impugnaciones de los acuerdos. Se adjunta numerado como documento 8.- Copia de los estatutos del
partido.
Quinto.- La democratización interna de los partidos
políticos es un requisito ineludible para un correcto funcionamiento del
sistema político y no sólo porque lo diga el art. 6 de la Constitución, sino
porque, en caso contrario, se corre el riesgo de que el ciudadano se desencante
definitivamente del instrumento «partido» y no tengamos modelos alternativos,
al menos, en sentido democrático, para estructurar democráticamente los órganos
de poder político del Estado. De aquí la necesidad de seguir profundizando en
la democratización interna de los partidos y en la plena vigencia en el
interior de los mismos de los derechos constitucionales de sus afiliados, ya
que constituyen el momento inicial del proceso de participación política
democrática. La exigencia constitucional de un funcionamiento interno
democrático y la financiación pública de los partidos debe conllevar la plena
vigencia en el interior de los partidos políticos de los derechos fundamentales
que componen el Estado democrático en España, es decir, de todos aquellos
derechos y libertades del Título I que puedan ejercerse en el seno de un
partido por directa imposición del art. 6 de la Constitución y no condicionados
a su mero reflejo en la Ley que desarrolle el artículo constitucional o en los
Estatutos del partido. En este sentido, la LO de partidos políticos de 2002
supone sólo un avance mínimo con respecto a la legislación anterior y un
desarrollo muy limitado de lo dispuesto en la Constitución. Sigue faltando un
desarrollo más detallado de aspectos centrales de la democracia interna como
puede ser la forma de elección de los órganos ejecutivos del partido. En cuanto
a los derechos de los afiliados, se propugna el reconocimiento de la plena
vigencia de los derechos fundamentales en el interior de los partidos,
especialmente en el plano procedimental, los consagrados en los artículos 24 y
25 de la Constitución.
A tenor de lo que se plasma en las Sentencias del Tribunal
Constitucional 10/1983 y 75/1985, debemos poner de relieve que la Constitución establece, con respecto a los
partidos políticos, la exigencia de que su estructura interna y su
funcionamiento deben ser democráticos, y, además que deben respetar en su vida
interna unos principios estructurales y funcionales mínimos, y dentro de estos
parámetros jurisprudenciales es cuando se podrá solicitar el amparo judicial
oportuno, y, en este aspecto, la iniciación de la presente contienda judicial
por la parte, ahora, recurrente, tiene la suficiente base legal, y, entonces,
en esgrimir el artículo 22 de la Constitución, en su aspecto de la llamada
libertad positiva de asociación, que tiene plena vigencia» (STS de 21 de
septiembre de 1996; en el mismo sentido, SSTS de 12 de mayo de 1998 y de 14 de
enero de 2000).
En su virtud,
SUPLICO
Que teniendo por presentado este escrito se sirva
admitirlo, tenga por formulada demanda de procedimiento ordinario contra el
Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante, y por impugnados
los acuerdos adoptados referenciados, a fin de que, previos los trámites de ley que fueren
oportunos, se dicte en su día sentencia por la que se resuelva:
Primero.-
Anular los acuerdos del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de
Alicante por los que se aprueba la sustitución de la Junta Local de
Alicante por Juntas de Distrito y la división de la ciudad de Alicante en cinco
distritos por suponer una vulneración de lo dispuesto en los Artículos 20.3 y
21.5 de los Estatutos Nacionales del Partido Popular y por crear un órgano
unipersonal, la figura de un “coordinador” de la ciudad de Alicante, no
prevista en los Estatutos del Partido Popular.
Segundo.-
Que sea declarada contraria
a derecho la negativa efectuada por el Secretario Provincial del Partido
Popular de Alicante en su escrito de 17 de diciembre de 2012 a entregar las actas o
certificaciones de los órganos colegiados, obligando al Partido Popular de la Provincia de Alicante a
entregar toda la documentación solicitada.
Tercero.- Que sea condenado la demandada a las costas
devengadas en el presente proceso.
PRIMER
OTROSI DIGO.- Que se
proceda a suspender cautelarmente la convocatoria de elecciones internas a las
Juntas de Distrito hasta que se haya dilucidado su legalidad y la de la supresión
de la Junta Local
AL
JUZGADO SUPLICO.- Que tenga
por formulada la anterior manifestación a los efectos oportunos y, en su
consecuencia proceda a acordar la suspensión cautelar del acuerdo impugnado.
Es justicia que pido en Alicante a veinte de
septiembre de 2013.
miércoles, 2 de octubre de 2013
Demandado el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Alicante por presunta vulneración de los Estatutos del PP.
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2-X-2013
NOTA DE PRENSA.
Demandado el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de
Alicante por presunta vulneración de los Estatutos del PP.
Ante la absoluta falta de talante
dialogante de la dirección provincial del PP de Alicante, varios afiliados del
Partido Popular de Alicante y miembros de la Asociación Foro
Los demandantes, acogiéndose a la
tutela judicial de los derechos políticos recogida en la Ley de Partidos políticos,
entienden que la decisión de suprimir la Junta
Localla
Ciudad de Alicante es contraria a los Estatutos del Partido
Popular al igual que la decisión de nombrar “un coordinador” de la ciudad,
figura no prevista tampoco en el ordenamiento interno de la formación Popular.
Igualmente, la demanda pretende que se declare contraria a derecho la actuación
del Secretario Provincial, José Juan Zaplana, que por escrito se negó a
entregar las actas y demás documentación solicitada sobre los acuerdos
adoptados por el Comité Ejecutivo provincial de Alicante y que se suspenda de
forma cautelar la celebración de elecciones internas a las nuevas Juntas de
Distrito del PP de Alicante. En concreto, los demandantes solicitan del Juzgado
lo siguiente:
“Primero.- Anular los acuerdos del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular
de Alicante por los que se aprueba la sustitución de la Junta Local de
Alicante por Juntas de Distrito y la división de la ciudad de Alicante en cinco
distritos por suponer una vulneración de lo dispuesto en los Artículos 20.3 y
21.5 de los Estatutos Nacionales del Partido Popular y por crear un órgano
unipersonal, la figura de un “coordinador” de la ciudad de Alicante, no
prevista en los Estatutos del Partido Popular.
Segundo.- Que sea declarada contraria a derecho la
negativa a entregar las actas o certificaciones de los órganos colegiados
efectuada por el Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante en su
escrito de 17 de diciembre de 2012, obligando al Partido Popular de la Provincia de Alicante a
entregar toda la documentación solicitada.
Tercero.- Que sea condenado la demandada a las costas
devengadas en el presente proceso.
PRIMER OTROSI DIGO.- Que se proceda a suspender cautelarmente la
convocatoria de elecciones internas a las Juntas de Distrito hasta que se haya
dilucidado su legalidad y la de la supresión de la Junta Local
AL JUZGADO SUPLICO.- Que tenga por formulada la anterior
manifestación a los efectos oportunos y, en su consecuencia proceda a acordar
la suspensión cautelar del acuerdo impugnado.”
En los próximos días, está
previsto que más afiliados de la ciudad de Alicante y de otras localidades se
sumen a esta actuación judicial.
martes, 30 de julio de 2013
Alicante sin representación colectiva del centro derecha.
De otra parte, hay que resaltar y
con ello no creo hacer otra cosa que describir la realidad, que esta decisión
de suprimir la Junta Local de Alicante se ha tomado sin consultar a los miles
de afiliados de la ciudad y ni tan siquiera se les ha comunicado por escrito.
Los afiliados de Alicante nos limitamos a pagar nuestra cuota, que se la queda
la Provincial, y a enterarnos por la prensa de lo que pasa y lo que deciden
otros con nuestra organización local.
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Y la segunda cuestión afecta a la
ciudad en sí. Del mismo modo que se convierte a los afiliados alicantinos en
afiliados de segunda, también la ciudad de Alicante parece ser tratada, una vez
más, de la misma manera. Los problemas y las necesidades de una ciudad como la
nuestra no van por distritos, por barrios, sino que la mayoría de los mismos
son globales, tienen un carácter transversal y por tanto requieren un
tratamiento unitario. El desempleo, los desahucios, la marginalidad, el
turismo, los transportes, el Plan General, la promoción cultural, las
infraestructuras comunitarias, por citar algunos asuntos, son cuestiones que
afectan al conjunto de los alicantinos y su análisis, sus soluciones y su
tratamiento debe hacerse desde una perspectiva global y no por distritos. Al
igual que ocurre con las demás organizaciones políticas de la ciudad, el centro
derecha debería tener una organización de y para la ciudad en su conjunto y no
5 organizaciones débiles coordinadas no se sabe muy bien por quién designado
por no sabe tampoco por quién. La sociedad alicantina se merece, también en el
ámbito del centro derecha, una organización para toda la ciudad, nacida de la
voluntad de los afiliados del centro derecha y con un liderazgo nacido de las
bases y no impuesto, ni tutelado. Alicante y sus vecinos no pueden ser tratados
de diferente forma que los demás municipios de la provincia. Y si se hace, debería
explicarse muy bien por qué.
Los hechos y la experiencia de
los últimos años han demostrado que el PP de Alicante era una formidable máquina
electoral, pero poco más. Unas siglas controladas por grupos y “familias”, pero
no una organización dinámica, viva, participativa en la que los afiliados
pudieran trabajar, proponer ideas, realizar propuestas o simplemente opinar
sobre el programa electoral o sobre quienes deberían formar parte de las listas
electorales. Y la solución más lógica y más democrática para superar esa
situación no era otra que la de devolver la palabra a la militancia para que
decidiese lo mejor sobre el futuro de su organización local. Pero no, no se ha
optado por esa solución. Se ha optado por imponer a la militancia un modelo
dudosamente legal desde la perspectiva de los Estatutos del partido Popular y
por privar a la ciudad de Alicante de una interlocución única para el conjunto
de la ciudad. Seguramente los demás partidos políticos estarán muy contentos
con ello.
Santiago de Munck Loyola
miércoles, 8 de mayo de 2013
El PP expedienta al militante que pidió honestidad a sus cargos.
El PP expedienta al militante que pidió honestidad a sus cargos.
Dice crear una corriente de opinión contraria al interés del Partido.
(Página 1, El Mundo,
Edición Alicante, martes 7 de mayo de 2013).
El PP expedienta al militante alicantino que pidió apartar a los cargos
imputados.
Le acusa de “creación de
corrientes de opinión contraria a los intereses del partido”.
H. Fernández/Alicante.
El PP de la Comunidad Valenciana
El escrito, firmado por el
instructor del caso y diputado Felipe del Baño, le da la oportunidad a De Munck
de responder en un plazo de 15 días y ayer mismo el afiliado contestó que le es
“imposible efectuar alegación alguna en
mi defensa si no se me da traslado del expediente íntegro que sirve de base
para la incoación del expediente informativo”. También se queja de que “estamos ante un claro supuesto de indefensión
que sumado al previo anuncio” en un medio de comunicación provincial el 22
de febrero “retrataría perfectamente el modo de proceder del Comité de Derechos
y garantías”.
De Munck además muestra su
extrañeza con que se abra expediente “sin
haber resuelto previamente el recurso que presenté por la vulneración por parte
de la dirección local y de la provincial de Alicante de mis derechos políticos
recogidos en los estatutos del partido, sin que se haya pronunciado tampoco
sobre la apertura o no de expedientes informativos a los cargos del partido que
han venido incumpliendo los estatutos del partido y de cuyas actuaciones he
informado y sin que tampoco haya resuelto el Comité Nacional de Derechos y
Garantías otro recurso que he presentado”.
De Munck, que es interventor (1)
municipal de Monforte del Cid, se opuso desde el primer momento a la división
de la Junta Local
Fue entonces cuando, junto a
otros compañeros del Partido agrupados bajo Esperanza
Popular, redactó un manifiesto “por la regeneración interna del PP” que
recogió cerca de 400 firmas y que elevó a Madrid, a la secretaría general del
PP, María Dolores de Cospedal. Posteriormente De Munck y sus afines comenzaron
a trabajar en la campaña interna del PP local de Alicante abriendo un foro
público de discusión que en principio iba a ser oficina electoral. No obstante
la provincial ha paralizado el proceso de los distritos. En este tiempo, la
cúpula del PP alicantino envió información al comité disciplinario para que
actuase contra el afiliado por todo lo anterior.
(1) Se
trata de un error. Es funcionario, pero no Interventor.
ORGANIZACIÓN.
Y los distritos, paralizados.
Mientras se incoa el expediente contra el afiliado Santiago de Munck,
la dirección provincial ha ralentizado la implantación de los distritos de la
junta Local del PP de Alicante a la espera del futuro judicial de la alcaldesa
(una probable apertura de juicio oral por tres graves delitos en la trama
“Brugal”) y en previsión de que ella utilizase este proceso para reivindicarse
ante la militancia y si gana, ante los órganos superiores del partido cuando
llegue la confección de listas electorales. El proceso se encuentra estancado
en la redacción de un reglamento de funcionamiento.
(Página 5, El Mundo, Edición
Alicante, martes 7 de mayo de 2013).
viernes, 29 de marzo de 2013
Las cuentas del PP de la ciudad de Alicante.
Durante
las últimas semanas se han venido sucediendo noticias relacionadas con la
financiación o la contabilidad del Partido Popular, de sus sedes locales o de
las últimas campañas electorales. De una parte, el juez José Ceres, que
instruye el caso Gürtel en Valencia, ha ordenado varias diligencias para
desentrañar las cuentas de la campaña electoral de las autonómicas de 2007. El
magistrado ha solicitado a nueve empresas, radicadas en Valencia, Castellón y
Alicante, información detallada sobre la contratación de vallas publicitarias
del PP durante las semanas anteriores a los comicios celebrados el 27 de mayo
de 2007. Hay también, al parecer, dificultades para conocer los gastos
electorales populares en las municipales de la ciudad de Alicante. De otra, parece
que está bastante extendida en sedes del PP de Alicante la costumbre de llevar
un sistema de "contabilidades paralelas" a nombre de particulares o
de asociaciones y no la contabilidad oficial del Partido. Una anómala práctica a
la que, tras hacerse público por los medios de comunicación, ha decidido poner
fin la Dirección Provincial Alicantina quien lo venía consintiendo desde hace
tiempo, incumpliendo los Estatutos Nacionales del Partido Popular (http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/03/29/pp-regulara-finanzas-juntas-locales-atajar-descontrol-dinero/1358435.html).
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Esta
forma de proceder, conocida y consentida al parecer por la Dirección
Provincial, resulta más que sorprendente para cualquiera que haya tenido
responsabilidades en el Partido Popular en otras zonas de España. La ausencia
de una contabilidad oficial del Partido en una localidad, la inexistencia de
cuentas bancarias a nombre del propio partido, el manejo de fondos a través de
asociaciones paralelas y la opacidad contable para los propios militantes no
sólo vulnera los Estatutos del propio partido, sino que además constituye una
práctica absolutamente fraudulenta que debería saldarse con la exigencia y
depuración de responsabilidades, tanto de los autores como de los consentidores
o encubridores. Un servidor que durante catorce años presidió una junta local
en un municipio madrileño nunca conoció semejantes prácticas. El partido local
contaba con una cuenta bancaria abierta con la presentación previa del
apoderamineto de la gerencia regional (el equivalente a la provincial en
Alicante). Los militantes eran informados anualmente de los ingresos y gastos
de la sede local y aprobaban en asamblea el presupuesto anual. Periódicamente,
el tesorero local se reunía con el gerente regional que fiscalizaba los libros
y las cuentas de la Junta local. Un funcionamiento que nada tiene que ver con la
práctica vivida en la Junta Local de Alicante durante los últimos diez años.
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Aquí no se da cuenta a los militantes de los gastos e ingresos de la Junta
local, eso sí, desde la provincial se pide un euro por afiliado sin explicar
nada a los interesados. ¿Será ésta una de las razones para acabar con la Junta
Local de Alicante y sustituirla por Distritos? ¿No será multiplicar por diez el
descontrol económico existente? Resulta lógico que estando tan ocupados en la
provincial en perseguir a los militantes que pedimos transparencia, honradez y
participación en el Partido no hayan tenido tiempo ni para cumplir ni para hacer
cumplir los propios Estatutos del Partido, ni para poner en limpio las cuentas
de las juntas locales de Alicante.
Y
el Artículo 55 de los mismos Estatutos señala por su parte que 1.- Los ejercicios económicos de todas las organizaciones territoriales
tendrán la duración del año natural y se cerrarán a 31 de diciembre con el
visto bueno del Presidente, autorización del Secretario e intervención del
responsable correspondiente de finanzas.
2.- El
Presupuesto anual de cada organización territorial deberá ser aprobado por el
Comité Ejecutivo de ésta dentro de los cuarenta y cinco primeros días hábiles
del nuevo ejercicio. Cuando en el transcurso de un ejercicio corresponda la
convocatoria de elecciones se elaborará también un Presupuesto Especial en el que se contemplen las previsiones de
ingresos y gastos necesarios para la concurrencia del Partido a dichos
comicios.
3.- Anualmente se someterán las cuentas
del Partido a una auditoría externa.
¿Se
han cumplido estas disposiciones en todas las Juntas locales de la Provincia?
¿Y en la Junta Local de Alicante? Si es así, nada que objetar. Y si no se han
cumplido los Estatutos ¿se abrirán expedientes disciplinarios a los responsables
o éstos sólo se reservan a los llamados críticos? Dado que en diez años de
pagar puntualmente la cuota de afiliado un servidor nunca ha sido informado, a
pesar del derecho que le asiste a ello según los propios Estatutos del partido
Popular, sobre el estado de gastos e ingresos de su Junta Local, la de
Alicante, ni de los presupuestos de la misma aprobados conforme a la norma
antes citada, es por lo que el pasado 15 de marzo solicitó por escrito al
Presidente local, D. Julio de España, la información económica pertinente. Y, a
pesar de haber pasado quince días desde entonces, mutismo total, silencio
absoluto, nada de nada. Luego dicen que les molesta tener que enterarse de
estas cosas por la prensa. ¿Y cómo creen que nos sentimos los militantes cuando
nos enteramos por la prensa de sus decisiones? ¿Cómo creen que nos sentimos
cuando comprobamos, día a día, que se pasan por el arco del triunfo los
Estatutos del Partido y que nos niegan a los afiliados los derechos de
información y de participación? Pues nada, ahora le reitero en público, a ver
si lo lee, la misma petición: copia de los presupuestos anuales, balances y
acceso a la documentación económica de mi Junta local porque quiero saber cómo
se ha gestionado mi dinero y porque me preocupan tantas noticias negativas
sobre las cuentas de mi partido. ¿Hay algo de malo en ello?
Santiago
de Munck Loyola
domingo, 24 de febrero de 2013
¿Sentencias a la cubana en Alicante?
Hay noticias que no tienen desperdicio. El pasado 22 de febrero, la
edición alicantina del Diario ABC (http://www.abc.es/comunidad-valencia/20130222/abcp-expulsara-afiliados-criticos-castedo-20130222.html)
publicó el siguiente e ilustrativo titular El PP expulsará a dos afiliados críticos con Castedo y Císcar. Continuaba
así: El comité de derechos y garantías
del PPCV, que preside el alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, ha iniciado el
procedimiento para expulsar del partido a dos militantes de la agrupación
alicantina: Santiago de Munck y Antonio Sobrino. La noticia, publicada
por D. Martínez, se basaba en las informaciones ofrecidas por “fuentes próximas al comité de derechos y
garantías”. Ya se sabe que cuando un periodista acude a la expresión de “fuentes próximas” se está refiriendo a
alguien que no quiere dar la cara, a un cobarde, a un sujeto que o bien quiere
esconder sus datos porque miente o porque no está autorizado a expresar lo que
dice. Lo más preocupante de esta noticia es que seguramente el periodista no se
ha inventado nada, sino que ha trasladado lo que la citada fuente, aunque dado
el contenido debería ser calificada mejor de cloaca, le ha transmitido ya que
nadie, con capacidad para ello, ha rectificado, ni ha puntualizado una sola
coma.
Para ver el alcance y el calado de lo que esta noticia encierra, hagamos
un ejercicio de ficción e imaginemos que un periódico traslada de fuentes próximas
al juzgado el siguiente titular: El Juez condenará a la cárcel a la
Alcaldesa de Alicante y todo ello sin que se haya iniciado procedimiento
judicial alguno. Sería un escándalo de primeras proporciones. Sería una prueba
evidente de que no se va a celebrar ningún juicio conforme a las garantías
mínimas procesales que nuestra Constitución ampara, se estaría vulnerando
clarísimamente la presunción de inocencia y todo el proceso judicial que se
desarrollase después no sería más que una farsa. Estaríamos ante un proceso a
la cubana, o a la soviética, donde el acusado, antes siquiera de serlo, ya
estaría condenado. Pues es exactamente el mismo caso que el descrito por el
corresponsal de ABC a instancias de las informaciones facilitadas por las
fuentes próximas al llamado “Comité de Derechos y Garantías” (¿de quién?) que
preside, al parecer, el Sr. Castelló.
Es más, según esas mismas turbias fuentes la intención de Castelló es que ambos
militantes reciban la notificación del inicio de su expediente de expulsión la
próxima semana. Como puede ver cualquiera no se trata de un expediente
para averiguar hechos, dar trámite de audiencia y decidir, en su caso, la
imposición de una determinada pena, no, eso sería lo normal en una organización
democrática propia de un estado de derecho, pero parece que lo normal, y lo
legal, es algo que desconocen las fuentes próximas al Comité de Derechos y
Garantías.
Si el redactor de esta noticia, la hubiese contrastado con los condenados
sin juicio, perdón los afectados por el presunto “decreto” cubano de expulsión
podría haber contribuido a clarificar las aguas sucias vertidas por su fuente
informativa. Podría saber que las supuestas críticas deben de referirse a la
impugnación del acuerdo de la Junta Provincial de sustituir a la Junta local de
Alicante por Juntas de Distrito, impugnación que desde el 15 de enero está en
manos de ese mismo Comité de Derechos y Garantías sin que, hasta el día de hoy, ni
haya acusado recibo de la misma, ni se haya pronunciado sobre su fondo; acuerdo
que se tomó de espaldas a los militantes de la ciudad de Alicante (no es una
crítica, sino un hecho real), y que aún no se ha notificado a los mismos (eso
sí se ha anunciado por la prensa de forma confusa y contradictoria como si
cualquier afiliado tuviera la obligación de atender a la prensa para saber
cuando se modifican o no sus derechos estatutarios); acuerdo que además, según
nuestra opinión, podría vulnerar los Estatutos Nacionales del Partido Popular.
Podría saber el periodista que las referencias filtradas sobre la Asamblea para
la elección de compromisarios es incompleta; que falta mencionar que ser
candidato a compromisario es un derecho de cualquier afiliado y que para
ejercerlo las normas internas indican que todo afiliado debe ser convocado por carta para que pueda
presentarse y que ese requisito fue incumplido; que un servidor no obligó a
realizar ninguna votación, sino que es obligatoria por Estatutos cuando hay más
aspirantes que puestos y que en aquella ocasión un servidor y otra persona se
negaron a retirar su candidatura pese a las presiones a las que fueron
sometidos por J.J. Zaplana, actual Secretario Provincial, quien manifestaba que
sobrábamos porque los puestos disponibles ya habían sido repartidos entre las
diferentes “sensibilidades” o corrientes existentes en el partido y en cuyo
nombre se expresaba. Podría haber completado su información sabiendo que varias
personas del Partido Popular llamaron a mis superiores laborales para que me
presionaran y renunciara a mis derechos de participación. Por cierto, ignoro la
razón por la que en esta información, al igual que en otras, se incluyen los
datos de mi puesto de trabajo. Soy funcionario público y no cargo político por
lo que es evidente que existe un diferente e intencionado tratamiento cuando se
ofrecen informaciones que me afectan en mi ámbito personal a las que se hacen sobre terceras
personas. Suena cubano también ¿no? ¿O acaso mi centro de trabajo y mi
ocupación profesional son relevantes a la hora de complementar las
informaciones nacidas de fuentes o cloacas determinadas?
Y podría haber complementado su información el firmante de la misma con
las supuestas críticas a la Alcaldesa de Alicante. Podría haber sabido que como
vecino de esta ciudad tengo el mismo derecho que cualquier otro a criticar en
público o en privado cualquier asunto de la gestión municipal que me afecte. En
todo caso, lo relevante y parece ser lo determinante en este caso es que he
pedido públicamente que los cargos públicos imputados dimitan, que dejen sus
responsabilidades mientras la justicia actúa y que, de resultar inocentes, sean
repuestos en sus responsabilidades. Es exactamente lo mismo que hace años
pedían los dirigentes del Partido Popular. Y lo mantengo. Como también mantengo
que hace falta ejemplaridad en la clase política en todos sus niveles, incluido
el Ayuntamiento de Alicante.
Por último, contrastar las informaciones con los interesados, podría
haber servido para aclarar que ni Antonio Sobrino ni un servidor hemos abierto
ninguna Oficina Electoral porque cumplimos estrictamente con el único
requerimiento recibido en ese sentido hecho por la Dirección Provincial.
Esperanza Popular es, de momento, un foro que llevaba funcionando muchos meses
en Internet y que desde el 15 de febrero cuenta con un local para seguir
haciendo lo que venía haciendo en las redes sociales: facilitar el encuentro
entre afiliados del Partido Popular y entre éstos y los vecinos de Alicante
para informar, debatir e intercambiar ideas. Nosotros, a diferencia de la
Dirección Provincial, no nos reunimos con nadie para “apuntalar” las elecciones
internas (http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/02/06/pp-pide-apoyo-castedo-apuntalar-nueva-estructura-partido-alicante/1340896.html).
Esperanza Popular es un Foro del que forman parte afiliados y no afiliados del
PP, todos ellos haciendo uso de sus derechos políticos constitucionales, para
tratar temas políticos y sociales desde la perspectiva de la regeneración
democrática, la libertad, la honradez, la participación, la democracia interna
y la ejemplaridad de los cargos públicos ¿a quién molesta tanto y por qué? Somos
lo que somos, lo que decimos que somos y no lo que otros quieran decir que
somos para justificar sus decisiones antidemocráticas.
Aunque peque de iluso, me niego a creer que mi Partido, a pesar del
silencio oficial sobre esta noticia, asuma y practique el matonismo, la
arbitrariedad, la injusticia y la vulneración de la más mínima garantía
procesal que se derivan de las informaciones ofrecidas por las anónimas
“fuentes” próximas al Comité de Derechos y Garantías. No puede ser.
Santiago de Munck Loyola
miércoles, 6 de febrero de 2013
¿Apuntalando la elecciones internas del PP o de los PPs de Alicante?
El
pasado domingo los afiliados del Partido Popular de la ciudad de Alicante nos
sorprendíamos relativamente con una noticia recogida por el Diario El Mundo
según la cual Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante, barajaba crear un partido
propio para 2015 si rompía con el PP por el caso 'Brugal'. Según esta
información “Nuevo Alicante pivotaría
sobre sus asesores, el apoyo del mundo vecinal y de las Hogueras. Amaga su
constitución al menos hasta marzo cuando se elegirá al nuevo presidente local.”
La sorpresa era relativa porque en realidad el periódico no hacía otra cosa que
confirmar lo que es “vox populi” entre la militancia popular alicantina.
Al
elevar a nivel de noticia lo que hasta ahora no era más que un rumor o simples
especulaciones había quien esperaba que desde la Dirección Provincial
alicantina, ya que local ni está ni se la espera desde hace años, emitiese
algún tipo de comunicado desmintiendo la citada información o que requiriese
públicamente a la Alcaldesa para que desmintiese esa información y
tranquilizase así al conjunto de los afiliados de la ciudad. Ni una cosa, ni la
otra. La Alcaldesa calla al respecto y ya se sabe lo que dice el refranero
sobre el que calla…Y es que algunos esperamos demasiado: una cosa es contar con
los afiliados populares para que te llenen una cena y otra muy distinta es
proporcionales la información a la que según los Estatutos del partido tienen
derecho. Aquí que cada uno se busque la vida y que crea o no las informaciones
que se publican, los bulos o los rumores. Aunque, volviendo al refranero, ya se
sabe que cuando el río suena…
Sin
embargo y para tranquilidad del personal hoy hemos conocido otra noticia
publicada por el Diario Información bajo el siguiente titular: El PP pide apoyo a Castedo para apuntalar
la nueva estructura del partido en Alicante. Según el periódico la
dirección provincial del PP ya ha solicitado a la alcaldesa de Alicante, Sonia
Castedo, su "colaboración" para
poner en marcha el nuevo organigrama interno de la agrupación popular en
Alicante, que prevé "trocear" la ciudad en cinco ejecutivas de
distrito. Hace unos días, Castedo visitó la nueva sede junto al "núcleo
duro" de sus concejales. Acudieron a la cita con José Juan Zaplana, número
dos de José Císcar en el PP, la propia Castedo junto al vicealcalde Andrés
Llorens; el concejal Juan Seva y la portavoz municipal, Marta García-Romeu.
Todo el que tiene algo que decir dentro del grupo del PP en el Ayuntamiento de
Alicante estaba alrededor de la mesa, apuntan fuentes populares. ¿Objetivo del
encuentro? Apuntalar la elección de las cinco nuevas ejecutivas locales con el
respaldo explícito y claro del grupo de concejales alicantinos.
 |
| El Secretario General, JJ Zaplana, en la mesa presidencial junto a Sonia Castedo en la cena homenaje tras su imputación. |
Los que
creemos y propugnamos la Democracia Interna en el Partido Popular podemos estar
tranquilos: la Dirección provincial está trabajando para apuntalar con la colaboración de los cargos públicos imputados (es
decir, con los que no pueden concurrir a los procesos electorales internos
según la línea roja trazada por el Presidente Fabra) el desarrollo de esos
mismos procesos electorales internos para elegir las Juntas de Distrito creadas
sin consultar con los militantes y mediante un acuerdo impugnado por vulnerar
presuntamente los Estatutos Nacionales del partido Popular. ¿Alguien da más?
Es
posible que algún mal pensado le suene feo eso de “apuntalar” la elección de las cinco nuevas ejecutivas locales,
pero seguramente estará equivocado. Aquí no hay ni “familias”, ni
“sensibilidades”, ni “grupitos” manejando el cotarro, no. Ya se sabe, será cosa
de los periodistas que, a veces, no interpretan bien las cosas o no se enteran
como cuando publicaron que la Dirección Provincial había disuelto la Junta
Local de la ciudad de Alicante. En carta del propio Secretario General
Provincial de 17 de diciembre de 2012 remitida a este servidor se decía que “ni
se ha disuelto la actual Junta Local, ni se ha nombrado ninguna Gestora”,
porque eso no se deduce del acuerdo del Comité Provincial de 11 del 10 de 2012
que decía “Alicante, respecto de la cual
el Presidente propone el acuerdo, que es aprobado por unanimidad, de sustituir
el actual sistema organizativo de Junta Local, por el de Juntas de Distrito,…”.
Es más, según rumores, la Real Academia de la Lengua va a añadir una nueva
acepción de la palabra sustituir que consistirá, básicamente, en “cambiar una
cosa por otra pero dejando las dos a la vez”.
Todos
tranquilos. Lo de apuntalar las
elecciones internas entre la Dirección Provincial y algunos imputados no
debe ser lo que parece, ni mucho menos. Son cosas de la prensa que ya se sabe
como es. Nos lo van a aclarar muy pronto, como siempre.
Santiago
de Munck Loyola
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