Alicante: paradigma de la discriminación pública.

Un somero examen de los datos y cifras socio económicos pone en cuestión, muchas veces, la eficiencia de las administraciones públicas y la propia capacidad de gestión de muchos políticos. Y éso es lo que ocurre especialmente cuando echamos un vistazo a la situación de nuestra provincia.

En primer lugar, contrasta poderosamente el empuje, la capacidad y la creatividad de la sociedad alicantina con los resultados de la gestión pública. Alicante es la cuarta provincia de España no sólo por su población, superior incluso a la de varias Comunidades Autónoma, sino que es, además, la cuarta por Producto Interior Bruto. Y ello a pesar de que las inversiones públicas, tanto del estado, como de la Generalitat Valenciana, en la Provincia han sido claramente insuficientes y discriminatorias con respecto a las realizadas en otros territorios, es decir, que Alicante está en el cuarto puesto a pesar de la falta de impulso de las Administraciones Públicas o lo que es lo mismo soportando una pesada losa pública.

Durante mucho tiempo, se ha venido denunciando por parte de una parte de la clase política la discriminación que suponía la escasa inversión anual de los Gobiernos de Zapatero. Según los datos del estudio recientemente publicado de INECA, las inversiones anuales del Estado han venido estando muy por debajo de la media nacional y esta anómala situación, paradójicamente, no se ha corregido en el ejercicio 2013, con el Gobierno del Partido Popular. La inversión del Estado por habitante en la provincia de Alicante en 2013 está un 40% por debajo de la media nacional. Por cada alicantino el Estado invertirá 132,53 euros, lo que supone 90,31 euros menos que la media nacional. Siendo la cuarta provincia en número de habitantes y en PIB, Alicante pasa a la posición 44 si se atiende al número de censados y a la posición 14 si se atiende al PIB. Para que nos hagamos una idea, desde 2008 a 2013, la Provincia de Alicante ha percibido del Estado 1.662 millones de euros menos de lo que debería haber recibido atendiendo a su población.

Y si analizamos las inversiones de la Generalitat Valenciana, de las que no se puede culpar a los gobiernos de Zapatero, nos encontramos con que representando Alicante el 40% de la población de la Comunidad Valenciana en los últimos cinco años sólo ha recibido el 29 % de las inversiones de la Generalitat, es decir, 210 millones de euros menos de lo que le correspondería por su peso poblacional. Señala el estudio de Ineca que entre 2008 y 2012 la Generalitat Valenciana gastó en infraestructuras 802,85 euros por cada castellonense censado; en Valencia la suma equivale a 502,19 euros por persona; mientras que en Alicante la cifra desciende a tan sólo 376,66 euros.

Se trate del Gobierno central o del autonómico, gobierne el PP o el PSOE, se reproduce exactamente la misma tendencia, el mismo criterio de discriminación hacia los alicantinos. No valen excusas, las cifras cantan y las responsabilidades son tan evidentes que es difícil encontrar justificaciones a las mismas.

Pero hay más cifras que ponen en cuestión la justicia y la solidaridad de nuestro actual sistema político en relación al trato que reciben los alicantinos. Un pensionista alicantino recibe de media 741,57 euros mensuales mientras que la media nacional es de 849,60 al mes y la regional es de 781,30 euros. Y en la provincia hay con 293.743 pensionistas. El año pasado los magistrados de la provincia de Alicante recibieron 5.645 procedimientos por desahucios, de los que ordenaron un total de 5.373. A nivel nacional, los magistrados ordenaron 101.304 desalojos a lo largo del año pasado. Los datos colocan a la provincia de Alicante como la tercera de España en lanzamientos de viviendas registradas en los juzgados por lo que también salimos peor parados en la media.

Nos cae ahora, si no se remedia, le decisión del Gobierno de elevar hasta los 400 hm3 la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía recortando entre 40 hm3 y 50 hm3 el caudal anual disponible para trasvasar a Alicante y Murcia, poniendo en serio peligro la continuidad del riego tan esencial para la agricultura de la Provincia. Si escasa y cara es el agua para nuestra agricultura, tampoco encontramos compensación en el agua para consumo doméstico que es una de las más caras de España y la más cara si atendemos al tramo de contadores de 15mm y consumo de 10m3 mensual.

Y si queremos seguir analizando otras cifras nos encontraremos con resultados similares y conclusiones parecidas. Alicante es lo que es gracias a su población, a su sociedad más que gracias a la clase política. Y Alicante podría ser mucho más si no fuera por quienes nos representan y nos gobiernan. Pero, sobre todo, se quedan en el aire algunas preguntas, con estos datos ¿a qué c… se dedican nuestros representantes provinciales? ¿Cómo se puede lograr que Alicante alcance el peso que le corresponde ante la Generalitat o ante el Estado? ¿La Provincia más dinámica, más abierta y cosmopolita de la Comunidad Valenciana puede seguir así indefinidamente?

Santiago de Munck Loyola

http://santiagodemunck.blogspot.com.es

Carta abierta a D. Juan Rosell, patrón de patronos.

Sr. Rossell:

Permítame, como empleado público y como contribuyente que con mis impuestos ayudo a mantener la asociación que usted preside, que le traslade mediante esta carta pública mi profunda gratitud por su persistente interés en torno al funcionamiento de las administraciones públicas y a la situación de los empleados públicos. Tanta dedicación a la “cosa pública” le supondrá, seguramente, una menor atención a la “cosa privada” que es la que usted representa. No obstante, he de decirle que no comparto en absoluto las peregrinas conclusiones a las que le conduce tanto interés y esfuerzo intelectual de su parte. Comprendo perfectamente que alguien como usted, que no ha conseguido acabar los estudios de ciencias políticas, confunda conceptos básicos y sea, por tanto, incapaz de establecer criterios elementales diferenciadores en torno a la función pública y a la iniciativa privada, que es la que usted representa, o que sea capaz de manifestarse en la calle contra las sentencias del mismo Tribunal Constitucional con gritos en contra de la unidad de España. Quizás esa propensión suya a mezclar conceptos y procedimientos privados con los públicos derive también de su propia condición profesional de cuasi funcionario empresarial ya que, aunque usted presida la mayor organización empresarial española, nunca ha sido capaz de crear su propia empresa arriesgando su patrimonio tal y como hacen cientos de miles de empresarios. Y no, Sr. Rosell, no es lo mismo acceder a un puesto de trabajo en una empresa mediante la recomendación de un amigo, como en su caso, que acceder a un puesto de trabajo en una administración pública mediante una prueba objetiva en la que se miden los conocimientos, los méritos y la capacidad.

Da la sensación, Sr. Rosell, que usted padece algún tipo de obsesión enfermiza hacia los empleados públicos como parece deducirse de sus periódicos y repetidos ataques hacia los mismos. Y en cada una de sus declaraciones se evidencia su profunda ignorancia en torno a la función pública. Sinceramente, los contribuyentes que anualmente le entregamos más de 400 millones de euros a la asociación que usted preside, no nos merecemos tantas impúdicas exhibiciones de fobias y, posiblemente, frustraciones personales. Que usted pueda padecer una vocación funcionarial frustrada no nos importa. Ahórrenos por favor sus obsesiones funcionariales.

Las generalizaciones son el refugio de los vagos o de los ignorantes. Y usted, con perdón, generaliza mucho. Afirmar sin más que en España sobran 900.000 funcionarios no es otra cosa que una generalización, Sr. Rosell. ¿Por qué no concreta un poco? Digo yo que con los 400 millones de euros que se ha embolsado de los contribuyentes en 2010 bien puede pagar algún estudio serio que permita cuantificar y determinar con precisión el número de funcionarios que, según usted, sobran y dónde sobran.

Díganos mejor Sr. Rosell cuántos médicos, ATS, profesores, policías, Guardias Civiles, militares, operarios de limpieza, administrativos, conserjes, asistentes sociales, funcionarios de prisiones, etc. sobran y dónde sobran. Ilumínenos Sr. Rosell, por favor, y precise con rigor y seriedad una afirmación tan importante como la que acaba de hacer.

Y dicho esto, Sr. Rosell, no voy a entrar sobre su disparate en torno a sus palabras sobre la posibilidad de despidos de los empleados públicos que, con tanta ligereza como ignorancia, ha proferido. Tan sólo le quiero recordar que las Administraciones Públicas no son empresas privadas; que sus funciones son radicalmente distintas y que mientras la obligación del empresario es procurarse el máximo beneficio sobre su inversión no ocurre lo mismo en el ámbito público en el que prima el concepto de rentabilidad social.

No obstante lo anterior, Sr. Rosell, si sus observaciones sobre los 900.000 funcionarios que a su juicio sobran obedecen a un deseo sincero de aligerar el gasto del Estado, permítame que le sugiera que empiece usted por predicar con el ejemplo y que renuncie a los 400 millones de euros que le regalamos anualmente los españoles. Y, hecho ésto, pida a sus colegas sindicales y a los partidos políticos que hagan lo mismo. Manténganse ustedes con las cuotas de sus afiliados exclusivamente porque se supone  que unos brillantes empresarios, unos empresarios de éxito como usted bien pueden costearse sus clubes y organizaciones. ¿O me va a decir que son tan malos empresarios que no ganan ni para éso? Y, cuando lo haya hecho, entreténgase si le parece en denunciar la evasión fiscal de algunos empresarios o los 11.000 euros mensuales de pensión del Sr. Bono. ¡A ver si tiene lo que hay que tener para hacerlo!

Un saludo.

Santiago de Munck Loyola.

El estado se come a la sociedad del bienestar.

El Diario El Mundo, en su edición de ayer 14 de agosto de 2011, se hacía eco de las drásticas reformas emprendidas en Italia con el fin de adelgazar sus administraciones públicas. De paso, subrayaba tres cuestiones: primera, que nuestro Estado es insostenible en las actuales circunstancias; segunda, que los dos Partidos mayoritarios coinciden en la necesidad de acometer reformas para reorganizar nuestras administraciones públicas y adaptarlas a la coyuntura actual y, tercera, que sorprendentemente ni el PP ni el PSOE se atreven a plantear soluciones programáticas concretas para conseguirlo.

Una vez más, esta situación pone de manifiesto la estrechez de miras, la cobardía política o la falta de sinceridad de los dirigentes de nuestra clase política a la hora de plantear soluciones, que son más que urgentes, ante una cita electoral cercana. Lo más probable es que los electores lleguemos al 20 N sin saber exactamente qué propone cada partido político para solucionar un problema que todos coinciden en diagnosticar: la inviabilidad de nuestra estructura política, de nuestro Estado. Lo que en tiempos de las vacas gordas podía funcionar a pesar del despilfarro permanente al que nos habíamos acostumbrado, hoy es una pesada losa que hace peligrar la sociedad del bienestar en la que vivimos.

El incremento paulatino y constante de las prestaciones sociales producido en las últimas décadas ha venido acompañado de un crecimiento proporcionalmente muy superior de las administraciones públicas encargadas de gestionarlas. La universalización y mejora de la educación, la sanidad, la justicia, las pensiones o las prestaciones por desempleo han conllevado un sustancial incremento de los aparatos administrativos y burocráticos que eran sostenibles mientras la economía se mantenía en sendas de crecimiento. Los ingresos públicos permitían sin grandes problemas afrontar los gastos generados. Sin embargo, la caída de los ingresos ha puesto en evidencia la imposibilidad de seguir así.

Simultáneamente, la descentralización política y administrativa desarrollada por el Estado de las autonomías no ha supuesto una racionalización de los gastos de la burocracia política y administrativa. Al contrario, todas las administraciones han crecido vertiginosamente. No se aplica el principio de a una competencia, una administración, sino que, en muchas ocasiones, nos encontramos hasta con cuatro administraciones para desarrollar lo que antes hacía una sola. Resulta cuando menos llamativo que esta explosión burocrática se ha producido en el mismo período en que se desarrollaban e implantaban las nuevas tecnologías, aquellas que precisamente iban a permitir mejorar e incrementar la productividad, la eficacia y la operatividad de sus usuarios.

Hoy más que nunca peligra la sociedad del bienestar porque los recursos necesarios para su sostenimiento se los está comiendo el Estado, también del bienestar. No es posible seguir así. Los ciudadanos debemos reflexionar y plantearnos cuáles son nuestras prioridades porque vamos a tener que poner en la balanza muchas opciones y decidir cuáles queremos conservar. Todo a la vez no se puede. ¿Queremos educación universal y gratuita? ¿Queremos una sanidad pública de calidad y gratis? ¿Queremos unas pensiones dignas? ¿Queremos en definitiva unas prestaciones sociales de calidad? O por el contrario ¿Queremos seguir triplicando competencias administrativas y, por tanto, multiplicando el número de funcionarios? ¿Preferimos mantener miles de Ayuntamientos minúsculos con escasa capacidad? ¿Queremos seguir financiando a Partidos Políticos, a Sindicatos y Patronales con el dinero que se quita a los pensionistas? ¿Queremos seguir manteniendo unas Fuerzas Armadas profesionalizadas? ¿Queremos mantener unas Diputaciones inoperantes e innecesarias? ¿Queremos seguir manteniendo 17 parlamentos, 17 gobiernos, miles de asesores y miles de coches oficiales? ¿Queremos seguir manteniendo los injustificables e inmorales privilegios fiscales y sociales de nuestra clase política?

Éstas son las disyuntivas o una cosa o la otra. Hoy por hoy, no cabe todo a la vez. O sociedad de bienestar o Estado de bienestar, pero las dos cosas juntas se han vuelto incompatibles. Y si nuestra clase política no quiere verlo, los ciudadanos tenemos que hacer que lo vea.

Santiago de Munck Loyola

El pesado lastre de las autonomías.

En medio de las consecuencias de la asfixiante crisis económica que golpea a nuestra sociedad, la configuración actual del estado de las autonomías está logrando un puesto destacado en la agenda del debate político. Son muchas las voces que se alzan para señalar a las autonomías como lastres que dificultan el saneamiento de las cuentas públicas y, por tanto, de la recuperación económica. Lo cierto es que el gigantesco déficit de la mayor parte de las autonomías ha dañado muy seriamente al tejido productivo y empresarial de la nación.

Ahora el Gobierno se ha planteado establecer un techo para el nivel de gasto de las administraciones autonómicas. Lo paradójico es que esta medida, después de haberla rechazado en el Parlamento en el pasado, la promueva ahora el mismo Gobierno que ha roto todas las reglas de estabilidad presupuestaria y que ha colocado a las cuentas del Estado al borde del precipicio. Claro que de un Presidente del Gobierno para el que bajar los impuestos eran tan progresista como subirlos, según el día, o para que el que el déficit lo mismo era estupendo que lo contrario no se podía esperar otra cosa.

Esta pretensión de limitar el gasto de las administraciones autonómicas, por otra parte lógica cuando el mismo estado ha de moverse en los márgenes señalados por la Unión Europea, ha encontrado el respaldo y la bendición de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, ese engendro que legalizó la presencia de terroristas en las instituciones locales.

Parece que cuando se habla de dinero todo puede valer. ¡Poderoso caballero, Don Dinero! En este tema, el Tribunal Constitucional no anda con sus habituales “sensibilidades” autonómicas. ¡Faltaría más! Tratándose de Don Dinero, el Estado puede legislar y limitar la capacidad de las autonomías sin ningún problema. Es más que significativo que pueda hacerlo y, sin embargo, el Estado no pueda aprobar una Ley del Suelo, amplia, profunda y homogeneizadora, sin que, al parecer, vulnere las competencias de las autonomías de tal suerte que se limite la legislación estatal a una raquítica regulación y sobrevivan múltiples legislaciones regionales que pueden terminar volviendo loco a cualquiera. Debe ser que las peculiaridades identitarias regionales están profundamente enraizadas en la gestión de los solares. Hoy tampoco es posible, gracias a nuestro sistema autonómico, disfrutar de la caza o pesca en el territorio nacional sin contar con 17 permisos distintos y no es lo mismo ponerse enfermo en Madrid o en Andalucía pues las prestaciones sanitarias y los derechos del paciente variarán en función de la autonomía de residencia. El Gobierno de España puede limitar el gasto de las administraciones autonómicas, pero no puede garantizar en todo el territorio nacional los derechos de los españoles, por ejemplo, el derecho a elegir el español como lengua vehicular en la escuela. Ni siquiera puede el Estado garantizar que los estudiantes españoles estudien las mismas materias en toda España. ¡Curioso!

De la deseada descentralización administrativa anunciada en el período preconstitucional se pasó a una fragmentación jerarquizada de la soberanía popular y las autonomías diseñadas en la Constitución pasaron a ser entes con una altísima capacidad normativa que ha fragmentado el ordenamiento jurídico de una manera insospechada, levantando así unas barreras cada vez más altas al ejercicio de las libertades y al desarrollo de los principios de igualdad y solidaridad entre los españoles. Hoy, todos los españoles somos iguales ante la Ley, pero unos más que otros.

La construcción del estado de las Autonomías ha seguido el proceso inverso al de la construcción de la Unidad Europea. Mientras que a través de las Instituciones Europeas se avanza lentamente hacia la homogeneización y armonización de las legislaciones estatales, en España hemos seguido el camino inverso.

Es indudable que las autonomías son hoy un pesado lastre para la recuperación económica de España, pero también lo son para que los españoles podamos gozar de los mismos derechos y de las mismas oportunidades independientemente de nuestro lugar de residencia dentro del territorio nacional.

¿Habrá alguien dispuesto a ponerle el cascabel al gato?

Santiago de Munck Loyola

LAS AUTONOMÍAS Y LOS CIUDADANOS.

En declaraciones recientes el ex Presidente Aznar se refería al estado autonómico como inviable a la vista del contexto económico actual. Hoy, el Secretario de Organización del PSOE y Presidente de Aragón lo califica de éxito y se remonta para justificarlo, nada menos, que a la experiencia de las guerras carlistas. Por su parte, Mariano Rajoy habla de reformar el estado autonómico para evitar duplicidades y limitar el techo del gasto de las autonomías pero no concreta ninguna medida.

Parece que la grave crisis económica empuja a los políticos a cuestionarse algunos extremos del funcionamiento de las autonomías más por necesidad que por convicción. Una vez más, da la impresión que la percepción de la clase política está muy alejada de las preocupaciones de los ciudadanos que sólo reparan en la existencia misma y la forma de este estado cuando se convierte en una rémora para su progreso personal y colectivo. Durante más de dos años el debate político ha estado profundamente marcado por la tramitación, aprobación y constitucionalidad del Estatuto catalán y en la estela del mismo se iniciaban reformas de otros estatutos autonómicos. Muchos políticos hablaban de trascendencia vital, de aspiraciones irrenunciables, de sentimientos nacionales,… pero ¿de quién? Porque lo que fue evidente es que la mayor parte de la población “pasaba” olímpicamente de tan grandilocuentes palabras, empezando por los catalanes. Parecía que si no se aprobaba el estatuto catalán sus ciudadanos se inmolarían ante tamaña afrenta y ¿qué pasó cuando los catalanes tuvieron que ir a las urnas para aprobar tan vital y esencial Estatuto? Pues que la mayoría prefirió quedarse en casa o irse a la playa antes que cumplir con tan patriótica proeza ante las urnas: más de la mitad de los electores no fue a votar y del total de electores censados a penas llegó al 36 % el porcentaje de los que dieron el sí a tan ansiada norma. Es evidente, por tanto, que el Estatuto, norma identitaria por excelencia de Cataluña, interesaba fundamentalmente a la clase política y no a la mayoría de los ciudadanos. Las autonomías son sobre todo un objeto de interés y atención de la clase política y no de la mayoría de los ciudadanos. Son los políticos quienes envolviéndose en las banderas regionales levantan polémicas, atizan diferencias, inventan agravios y justifican así su propio papel, la necesidad de su existencia para resolver la agenda que ellos mismos llenan. Sin agravios, sin diferencias y sin polémicas ¿qué razón de ser tendrían los políticos nacionalistas, regionalistas y asimilados?

Hoy, cuando los recursos escasean las miradas se vuelven hacia los presupuestos públicos. Lo hacen los ciudadanos que ven cómo día a día crecen las dificultades y empiezan a hacerlo algunos medios de comunicación. Este domingo, en un diario nacional se recogían algunas cifras relativas al funcionamiento de las comunidades autónomas. Los datos son asombrosos. 17 parlamentos autonómicos que nos cuestan 410 millones de euros al año. 161 millones para los altos cargos de las autonomías y como deben ser un poco incompetentes necesitan otros 100 millones en asesores. 1000 millones para las televisiones autonómicas, todas deficitarias. 500 millones de euros para asuntos exteriores, con la salvedad de que se trata de una competencia exclusiva del Estado. Tribunales de cuentas autonómicos, Defensores del Pueblo autonómicos, Boletines oficiales, coches oficiales, gastos de representación (tan solo el Presidente de Aragón dispone de más de 600.000 euros al año para estos menesteres), etc. que suponen otros centenares de millones de euros a cargo de los contribuyentes. Y 65.000 millones anuales para las nóminas de los funcionarios autonómicos. En fin, todo un catálogo de gastos de las autonomías que en muchos casos duplican competencias y funciones del Estado. ¿Todo esto, de verdad, redunda en una mayor calidad de vida de los ciudadanos? ¿Hay más democracia así?

En los debates preconstitucionales se decía que las autonomías servían para acercar la administración a los ciudadanos y para recuperar y fortalecer las personalidades de cada región. Simultáneamente se fue introduciendo el concepto de autonomía política, concepto de difícil encaje con el de soberanía nacional. Hoy la cercanía de los centros de toma de decisiones a los ciudadanos no es más que un concepto geográfico pues entre estos y aquellos se han construido enormes burocracias, calcadas del Estado, y en muchas ocasiones generando duplicidades. En la era de las nuevas tecnologías y de las comunicaciones globales hay otras formas para acercar el poder al ciudadano. Por otra parte, hoy resulta irrelevante, en un régimen de libertades como el nuestro, la existencia de poderes periféricos para que las peculiaridades culturales territoriales tengan el espacio natural que les corresponde.

Mientras que el proceso de construcción europea se ha basado en una progresiva cesión de competencias de los estados hacia entes superiores y en una progresiva armonización de las normas estatales con el fin de lograr un espacio común en el que se haga realidad la libre circulación de bienes y personas, en España hemos seguido un proceso inverso. El resultado de este proceso es un progresivo aumento de las diferencias territoriales que dificultan cada vez más esa libre circulación interior. ¿Es un avance que hoy existan 17 permisos diferentes para la práctica de la caza o la pesca? ¿Es un avance que los ciudadanos de una región tengan derecho a unas prestaciones sanitarias concretas y los de la región vecina no? ¿Es un avance que en un mundo globalizado los jóvenes catalanes manejen peor el castellano que los de hace 25 años? ¿Es un avance que alguien no pueda estudiar en castellano en algunos lugares de España?

Son muchas más las cuestiones que merece la pena plantearse. No se trata simplemente de la viabilidad o no económica de nuestro estado, sino de las prioridades a las que debe servir sobre todo. Si el ciudadano y sus necesidades no pasan a ocupar el primer lugar de la agenda política, será estéril cualquier debate sobre la configuración de nuestro Estado. Y si la conciencia colectiva no se despierta y se cuestiona estos aspectos, tampoco servirá de nada.

Santiago de Munck Loyola