La democracia, entendida como
la forma de gobierno de una organización en función de la voluntad de la
mayoría de sus miembros, es uno de los mayores logros del ser humano y su
ejercicio auténtico constituye siempre un saludable y enriquecedor espectáculo.
Es evidente que en las sociedades occidentales no todas las organizaciones o
grupos humanos se organizan de forma democrática sino que su aplicación y
alcance depende de los fines y naturaleza de cada entidad. Sin embargo, en un
estado democrático lo que sí se espera y se exige es que los partidos
políticos, es decir, los agentes y motores de las instituciones democráticas,
tengan un funcionamiento interno democrático. Esta exigencia se eleva hasta tal
punto que en nuestro caso la Constitución de 1978 la consagra en el propio
texto constitucional y en un lugar privilegiado, en el Título preliminar, cuyo Artículo 6 señala que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la
formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental
para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son
libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Como puede apreciarse se trata de
un mandato constitucional claro y sin matices que exige la democracia interna
de los partidos políticos.
Sin embargo, la experiencia que se repite una y otra vez
señala, sin lugar a dudas, que se trata de una asignatura más aún pendiente de
nuestro sistema de partidos. Es cierto que todos ellos poseen formalmente unos
Estatutos que pasan el filtro democrático, pero no es menos cierto de del papel
a la práctica existe, en la mayoría de los casos y con mayor o menor intensidad,
un buen trecho.
Desde que se celebraron las últimas elecciones autonómicas
que otorgaron la mayoría simple al Partido Popular en Extremadura, los
problemas para los dirigentes de IU de Extremadura no han cesado. La decisión
de los militantes extremeños de IU, tomada en las diferentes asambleas, de no
aliarse con el PSOE, el partido perdedor de los comicios regionales, para
impedir el Gobierno del Sr. Monago ha desatado las iras del Sr. Cayo Lara que
no admite que las bases de la organización extremeña hayan optado por una
estrategia radicalmente opuesta a la suya. El pasado 14 de octubre, el
coordinador general de IU en Extremadura, Pedro Escobar, fue reelegido por la
Asamblea de la formación en contra del criterio y las directrices del Sr. Cayo
Lara, poco creyente de las bondades de los procedimientos democráticos. La
consecuencia inmediata ha sido que la Comisión de Garantías Federal de IU ha
decidido anular esa Asamblea y ordenar su repetición a ver si, con un poco de
suerte, los partidarios del Sr. Cayo Lara consiguen echar al recién elegido
Coordinador extremeño. Siempre se puede encontrar cualquier excusa, cualquier
formalismo para dinamitar una decisión de la mayoría en un partido político
contraria a los intereses de los que mandan y, lo más paradójico, es que
siempre se hará apelando a la necesidad de preservar la democracia interna.
Tras el desastre electoral de los socialistas gallegos en
los recientes comicios regionales, el hasta ahora secretario general de los
mismos y candidato a la Xunta, sin primarias, presentó ayer su dimisión. En la
reunión de los dirigentes socialistas se sucedieron distintas intervenciones analizando los resultados y
planteando posibles salidas a la profunda crisis de los socialistas gallegos.
En medio de esta reunión, intervino el inefable José Blanco, Pepiño, ex
responsable de organización del PSOE y autor directo de destituciones y
nombramientos internos “a dedo”, para reclamar, sorprendentemente, la necesidad
de democracia interna en su partido. Sus palabras provocaron el abucheo y los
pitidos de sus compañeros que no podían olvidar las consecuencias del talante
antidemocrático del otrora todopoderosos secretario de organización socialista.
El Partido Popular, en la Provincia de Alicante, está
inmerso de lleno en el proceso de renovación de sus Junta Locales. Los
afiliados de cada pueblo o ciudad tienen ahora la oportunidad de elegir a
quienes han de liderar al partido durante los próximos tres años. Todo afiliado
tiene derecho a presentar su candidatura. Sin embargo, un proceso que debía ser
ejemplar, transparente y participativo se convierte, en no pocas ocasiones, en
una fuente de conflictos y de titulares más o menos escabrosos en la prensa.
¿La razón? El uso y abuso de las reglas de funcionamiento internas para favorecer
o perjudicar a determinados candidatos en función de su afinidad con la
dirección provincial. Desde la dirección provincial se emiten mensajes cuando
menos preocupantes: que no hay más de un candidato a Presidente por localidad,
que se negocien listas únicas para evitar votaciones,… ¿Por qué tanto miedo a
que los afiliados decidan y elijan libremente?
Ayer, sin ir más lejos, el
Presidente Provincial, José Ciscar, manifestaba su apoyo público a la actual
Presidenta y candidata, Mercedes Alonso, en detrimento de los demás filiados y
candidatos, y recordaba la necesidad de cumplir los Estatutos Nacionales que
establecen que para poder votar es preciso estar al corriente de pago de las
cuotas de afiliación, caballo de batalla en no pocas Juntas Locales. No se
trata de una cuestión menor. Lo cierto es que en la inmensa mayoría de las
sedes nunca se ha pagado la cuota y que prácticamente ninguna tiene
establecidos de forma reglamentaria las excepciones que pueden contemplarse:
ser jubilado o desempleado, por ejemplo. En otras ocasiones, como en el caso de
las elecciones a compromisarios a los Congresos regionales o nacionales, la
dirección provincial no ha invocado esta norma, entonces también en vigor,
sencillamente porque no le interesaba. Ahora sí, ahora conviene cumplir los
estatutos. Claro, que habrá quien se pregunte desde cuando hay que estar al
corriente de pago para poder votar: ¿desde que se afilió? ¿de las cuotas del
último año? ¿del último mes? Y no será que este problema ha surgido de repente
pillando de improviso a los responsables provinciales porque un servidor hace
ya más de dos meses se lo planteó al Secretario General Provincial.
Tiene razón el Presidente Ciscar, hay que cumplir los
Estatutos Nacionales del PP, pero todos y siempre. Por eso, es conveniente que
recuerde que, según esos estatutos, el Comité Provincial que él preside debía
haber resuelto las decenas de afiliaciones que desde el pasado mes de junio no
han tramitado. Por eso, sería bueno que no se tomen decisiones en contra de
esos estatutos como la de suprimir la Junta Local de Alicante para impedir
elecciones a la misma porque no hay un solo artículo en los estatutos
Nacionales que ampare semejante decisión y, si lo hay, le reto a que lo
demuestre.
La democracia interna no es una simple proclama
estatutaria, es y debe ser una realidad permanente una práctica diaria que pasa
inexorablemente por el respeto a las reglas de juego y por dejar que el
protagonismo y la palabra la tengan siempre sus legítimos titulares, los
afiliados.
Santiago de Munck Loyola
