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miércoles, 28 de junio de 2017

Unidos Podemos, objetivo: liquidar la transición española a la Democracia.


Si en la segunda mitad del siglo XVIII se extendió en gran parte de Europa el despotismo ilustrado como concepto político que asociaba la Monarquía absoluta con las ideas filosóficas de la Ilustración, hoy en muchos países padecemos el despotismo sin ilustrar. Los neopopulistas esconden como pueden su carácter despótico y su vocación autoritaria pero difícilmente pueden ocultar su falta de ilustración, su ignorancia.
Pueden ser más o menos toscos como el Presidente Maduro de Venezuela o un poco más pulidos con aires profesorales como los cabecillas de Unidos Podemos, pero en cuanto rascas un poco aparecen sus lagunas intelectuales, eso sí, convertidas en dogmas. Son la nueva versión del “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Su paternalismo llega a ser vomitivo.

Una buena muestra de ello, acaban de ofrecerla los dirigentes el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea (nombre largo donde los haya para disfrazar al comunismo de toda la vida) con el escrito que han dirigido hoy, 27 de junio de 2017, a la Presidenta del Congreso en el que piden básicamente que se excluya del homenaje a los parlamentarios de la transición que se celebra el 28 de este mes a Rodolfo Martín Villa y que de paso el Gobierno atienda la orden de búsqueda y captura contra Martin Villa dictada por una jueza pirada argentina para investigar los crímenes del franquismo.

En el escrito presentada por los confederados podemitas se dice que “Sin duda alguna, el caso más recordado, por dramático y sangriento, de las actuaciones acaecidas bajo el ejercicio de Martín Villa como ministro, es la carnicería que ocasionó la muerte de 5 obreros y heridas a otros 150 en la Iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria el 3 de marzo de 1976. Es decir, apenas un año antes de las elecciones de 1977 ahora conmemoradas. Tanto es así que, como es bien sabido, la jueza argentina María Servini emitió por este caso en 2014 una orden internacional de busca y captura contra Martín Villa, en el marco de un proceso general por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista. En este sentido, Rodolfo Martín Villa no solamente no debe ser homenajeado como “constituyente” sino que, al contrario, el Estado español debería atender la petición de que Martín Villa, o  bien sea extraditado, o bien rinda declaración ante la justicia internacional en territorio español. No hay democracia sin justicia. Y a la inversa, el principio de universalización de la justicia para crímenes políticos de masas especialmente atroces, viene siendo desde el siglo pasado un indicador de la madurez democrática de las sociedades avanzadas”.

Hay que recordar a esta pandilla que:
- El Ministro de Gobernación en aquellas fechas era Manuel Fraga Iribarne.
- Fraga estaba de viaje oficial en Alemania el 3 de marzo del 76 y regresó a España el 6 del mismo mes por lo que no estaba al mando de las Fuerzas de Orden Público.
- Rodolfo Martín Villa era a la sazón Ministro de Relaciones Sindicales y no recibió delegación alguna para sustituir a Fraga.
- El sustituto del Ministro de Gobernación en aquel trágico día fue el Ministro Secretario General del Movimiento que se llamaba Adolfo Suárez González.
- La idea de la universalización de la justicia no es un concepto pacífico en la doctrina jurídica, no es un principio absoluto y se encuentra limitado en nuestro ordenamiento jurídico. Pero, por sentido común, ¿por qué va a juzgar una jueza argentina a un ciudadano español cuando los tribunales españoles no lo han hecho ni lo van a hacer? ¿Qué co… tiene que ver Martín Villa con “crímenes políticos de masa especialmente atroces”? ¿Qué pasa con la prescripción de los delitos, aunque tales delitos no existan en este caso? Nada de nada de nada. Si los podemitas no lo saben que estudien, que aprendan o que apliquen el sentido común pero que no se empeñen en exhibir su ignorancia como dogma político. Sólo faltaba eso.

El hecho de que el Ayuntamiento de Barcelona el pasado 31 de marzo de 2017 retirase a Martín Villa la medalla de oro de la ciudad gracias a los votos de BComú y PSC, grupo Demòcrata, ERC, CUP y Demòcrates y la abstención de Ciudadanos no puede servir de antecedente para justificar, como lo hacen, esta absurda y malparida petición.

No hay que engañarse, detrás de la misma solo existen enormes deseos de liquidar la transición democrática española y la reconciliación entre las dos España que supuso. Hombres como Rodolfo Martín Villa,  Adolfo Suárez y muchos otros, como el propio Rey Juan Carlos, criados políticamente en y por el franquismo fueron los artífices del mayor éxito político de la historia moderna de España. 

Hay que recordar, además, que si el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas en España desde hacía décadas fue gracias a la última Ley Fundamental aprobada por las Cortes franquistas, aprobada en Referéndum Nacional en el que la gran mayoría de la izquierda española propugnó la abstención. Unidos Podemos, y parece que el PSOE empieza a estar en ello también, quieren jugar al revisionismo histórico, quieren desenterrar antiguos fantasmas y abrir viejas heridas borrando los méritos de quienes protagonizaron la transición y, de paso, su principal creación, la Constitución de 1978 gracias a la cual semejantes individuos podrían llegar a gobernar España. ¡Ojo! La combinación de la ignorancia con el fanatismo, con el odio, con el revanchismo y con la vocación totalitaria constituye un peligroso cóctel y es prólogo de la violencia.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 16 de noviembre de 2011

La invasión de los tecnócratas: todo para el pueblo, pero sin el pueblo.

Los mercados internacionales decidieron que había que acabar con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, cuyo partido, el Polo de la Libertad, había ganado las últimas elecciones generales, y sustituirlo por un técnico, Mario Monti. Tras tiras y aflojas, Mario Monti ha sido nombrado primer ministro, ha compuesto un gobierno sin políticos y en breve habrá de someterse a la cámaras para obtener el respaldo de los partidos políticos, es decir, de los representantes de la soberanía popular. Esta complicada operación parece reunir todas las formalidades exigibles por la Constitución italiana, pero siendo un proceso técnicamente legal se plantean dudas más que razonables sobre su legitimidad y, por tanto, sobre la calidad de la democracia italiana. A lo mejor, con ello mejora la calificación de la deuda italiana, pero indudablemente empeora la calificación sobre la calidad democrática del sistema político italiano.

Los italianos no han sido consultados en las urnas sobre esta decisión que sus representantes han tomado para complacer a los mercados internacionales. El poder del dinero se ha impuesto sobre la soberanía popular. Hay quien saluda esta decisión y justifica la legitimidad de la misma argumentando que los parlamentarios son los legítimos representantes de los ciudadanos y, por tanto, los únicos con capacidad decisoria al respecto. Una vez más, se confunde la legitimidad de origen con la legitimidad de ejercicio. Los parlamentarios lo son porque fueron elegidos presentando un programa a los electores que, en virtud del mismo, les confirieron el voto. Ninguno de esos programas electorales contemplaba una eventualidad como ésta y, por tanto, los parlamentarios carecen de mandato alguno de los electores para adoptar una decisión tan trascendental como ésta.

A esta circunstancia hay que sumar otra que resta aún más legitimidad al nuevo gobierno italiano. Ninguno de los nuevos ministros propuestos por el Profesor Monti son políticos, ninguno ha comparecido ante las urnas y ninguno de ellos, por tanto, ha recibido mandato alguno de los votantes.

Las democracias reales, las democracias serias no funcionan así. Nos encontramos ante una recuperación del viejo principios del absolutismo ilustrado de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Es muy posible que los italianos eligieran mal en las últimas elecciones y que el gobierno surgido entonces haya resultado un desastre, pero es lo que eligieron y si ahora es preciso rectificar el rumbo debería ser la propia ciudadanía la que tomase una nueva decisión.

Las reglas de juego básicas en cualquier democracia pasan porque los ciudadanos elijan un programa de gobierno y un determinado gobierno o que adopte decisiones que permitan a los partidos políticos llegar a determinados acuerdos para hacerlo cuando no hay un mandato claro al respecto. En este caso, estas reglas no se cumplen.

Es muy posible y lo hemos visto recientemente en España que un gobierno no esté compuesto precisamente por personas preparadas para abordar situaciones tan difíciles como las actuales pero ese error, si así lo aprecian los ciudadanos, se debe pagar en las urnas. Si los llamados tecnócratas tienen que gobernar un país deben recibir el mandato de los ciudadanos para ello, es decir, deben presentarse a las elecciones con las siglas de su preferencia (no nos engañemos, por muy técnicos que sean cada uno tiene su ideología política) o formalizar programas y candidaturas independientes. Pero si los tecnócratas llegan al poder por vías diferentes estamos ante una auténtica prostitución de la democracia y ante una estafa legal a los ciudadanos. De seguir con esta vía, cualquier día nos quitan las elecciones y convocan oposiciones a Presidente del Gobierno. Y, si no, al tiempo.

Santiago de Munck Loyola