El listón de Dívar para todos.

Los pronósticos se han cumplido de forma inexorable y hoy el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo D. Carlos Dívar ha presentado su dimisión. Fue objeto de una falsa denuncia por malversación por parte de otro miembro del Consejo, D. José Manuel Gómez Benito, gran amigo del ex juez y delincuente D. Baltasar Garzón, denuncia que no prosperó, pese a lo cual no ha dimitido. Resulta paradójico que quien formula una falsa denuncia siga en su puesto y quien es objeto de la misma dimita. Pero hay que tener en cuenta que, al margen de lo anterior, los gastos en los que ha incurrido el Sr. Dívar en sus viajes y que ha cargado al erario público son legales, de acuerdo con las normas internas del propio Consejo, y no constituyen un delito, pero a todas luces cargar al presupuesto público parte de dichos gastos es éticamente reprobable e inaceptable para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Ni ética, ni estéticamente resulta admisible que el máximo representante del Poder Judicial haga un uso tan pródigo de los fondos públicos, por lo que su dimisión está más que justificada.

Ahora bien, la dimisión por unos hechos legales, pero socialmente reprobables, supone establecer un listón alto, un nivel de exigencia ética que debe ser extensible a tota la clase política, Este caso no puede ser considerado como un hecho aislado sin repercusiones en todos los ámbitos de la vida pública española. Lo coherente es exigir lo mismo, es decir, la dimisión de cuantos haciendo un uso legal de fondos públicos su conducta suponga un beneficio particular, de cuantos aprovechan los fondos públicos para viajar y hacer turismo político a costa de los contribuyentes. Es muy probable que los viajes del Defensor del Pueblo de Cataluña, el ex comunista D. Rafael Ribó, a más de 50 países, entre ellos Las Bermudas, Colombia o Taiwán, en dos años y acompañado de un importante séquito hayan sido absolutamente legales, pero son ética y moralmente reprobables. Se mire por donde se mire no hay quien se crea que para desarrollar sus funciones como Defensor del Pueblo catalán tenga la necesidad de viajar a 50 países y pasar cerca de 200 días, en dos años, fuera de su despacho de trabajo. El Sr. Ribó debería haber sido el primero en aplicarse a si mismo y a sus 85 colaboradores la austeridad que se impone al resto de los ciudadanos. Por tanto, su dimisión es tan exigible como la del Sr. Dívar salvo que en este caso, por ser de izquierdas y catalán, goce de algún tipo de bula que le exima de esta exigencia ética.

Y no se puede pasar por alto, puestos a subrayar la generosidad con que algunos emplean a favor de si mismos los fondos públicos, el hecho de que nuestros Diputados y Senadores viajan gratis total aún cuando se trate de desplazamientos estrictamente privados. Es una práctica legal porque sus señorías se han dotado a si mismos de las normas que bendicen esta práctica, pero es, hoy más que nunca, un hábito tan reprobable como los anteriores. Como ya se destacó en estas páginas, el Congreso de los Diputados en el año 2011 pagó a Iberia y a Renfe más de 7 millones de euros por los viajes públicos y privados de sus señorías. Todo legal, pero repugnantemente inmoral y más con la que está cayendo.

Un servidor, harto de tanto abuso, quiere saber los nombres de los parlamentarios que cargan a la cuenta del Congreso sus viajes privados así como el importe de los mismos. Es un derecho elemental para conocer el destino de sus impuestos y la catadura moral de sus representantes. Para ello, el autor de este escrito envió una instancia al Congreso de los Diputados que a continuación se reproduce por si algún lector, tentado por la misma curiosidad, desea copiarla y remitirla. Es muy probable que no respondan, pero por intentarlo que no quede.

Santiago de Munck Loyola

INSTANCIA 

________________________, con DNI ----------, con domicilio en la C/ ______________ nº ____, C.P._________ de _________________,

EXPONE

Que ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación (  http://www.larazon.es/noticia/8106-los-diputados-gastaron-mas-de-7-millones-en-aviones-y-trenes-en-2011 ) que el Congreso de los Diputados pagó en 2011 a las compañías Iberia y Renfe más de 7.200.000 euros por viajes de sus Señorías, tanto de carácter público como privado;

Que el pago de los viajes privados de los diputados puede que sea una práctica legal si así está establecido en las disposiciones aplicables y en el presupuesto del propio Congreso, pero constituye, de ser cierta la noticia, una práctica inmoral y carente de ética especialmente relevante en las actuales circunstancias económicas y sociales;

Que, en todo caso, si esta información es cierta, el compareciente desea conocer la cuantía exacta abonada a estas empresa o a otras en concepto de viajes privados de sus señorías, así como la cuantía exacta abonada en concepto de viajes privados de cada miembro del Congreso de los Diputados, en la seguridad de que dicha información debe ser pública y transparente y de que su conocimiento no supone ni un peligro para la seguridad del estado, ni una intromisión en la intimidad de sus señorías, por lo que

SOLICITA

Que, habiendo presentado este escrito, se sirva admitirlo y, a su vista, proceda a entregar al solicitante certificación comprensiva de los gastos abonados por el Congreso de los Diputados en concepto de viajes privados de los Diputados y la relación nominal de los Diputados que han cargado los gastos derivados de sus viajes privados con indicación de la cuantía correspondiente.

En ________, a _____ de __________ de 2012.

Fdo.___________________________

A/a Excmo. Sr. D. Jesús María Posada Moreno. Presidente del Congreso de los Diputados.

El culebrón de Dívar en la recta final.

Parece que la muerte del Príncipe heredero saudí le ha venido al Rey como anillo al dedo para evitar hacerse la foto junto con el denostado Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Sr. Dívar, centro de toda clase de dardos y diatribas. Vamos, que le ha faltado tiempo a Su Majestad para hacer las maletas y salir pitando hacia Arabia Saudí para rendir homenaje al cadáver del heredero saudí, dejando la papeleta de la foto de rigor con el otro “cadáver” político y judicial a su hijo, D. Felipe. A la retórica franquista de la “tradicional amistad con el mundo árabe” le sucedió el invento de la “Alianza de Civilizaciones” aunque en esta ocasión parece que se ha escogido la “gran amistad y hermandad” del Rey con los “tiranos coronados del petróleo” para justificar este desplazamiento regio tan raudo y veloz.

Da igual el motivo con el que se justifique este desplazamiento real, pero lo cierto es que el Jefe del Estado padece cierto tipo de alergia a ciertas fotos. Al Rey no le importa que le fotografíen junto al cadáver de un hermoso paquidermo o junto a esa seudo princesa alemana que le ha estado acompañando hasta en algunos viajes oficiales a los que no iba D. ª Sofía. Pero por donde al parecer no pasa Su Majestad, o sus asesores de la Casa Real, es por dejarse fotografiar junto a la cuarta autoridad del Estado, desacreditada y en el punto de mira por algunos gastos de sus viajes, o junto al padre de algunos de sus nietos, el Sr. Urdangarin, bajo sospecha judicial por sus suculentos negocios cocinados en la trastienda de algunas administraciones públicas.

El “marrón” para el nene, el heredero, que se ha tragado hoy un acto institucional de lo más agrio y desagradable. Resulta curioso, cuando menos, el criterio selectivo del Rey al que, según noticias recientes, parece que le salen problemas por todos lados: ahora, una ciudadana belga y un español catalán están reivindicando la paternidad de D. Juan Carlos. A lo mejor, dentro de poco, los españoles nos llevamos una sorpresa similar a la que se llevaron los belgas cuando el Rey Alberto les comunicó por televisión que tenía una hija extramatrimonial. Nunca se sabe. Los “pecados” de la juventud llaman a veces a la puerta de uno en el ocaso de la vida. Una vez más, se pone de manifiesto que la ejemplaridad, esa cualidad que podría justificar en estos tiempos la supervivencia de las Monarquías, está muy lejos de la realidad de la Familia Real española o, por lo menos, de la de su máximo representante y exponente, el Rey.

Volviendo al acto de hoy presidido por D. Felipe, parece claro que los días del Sr. Dívar el frente del poder judicial están más que contados y que renunciará a su cargo el próximo jueves. El Sr. Dívar ha pagado y va a pagar muy caro los gastos personales que intentó ahorrarse cargándolos a la espalda de todos los españoles. Dice el dicho popular que “al pobre y al miserable, las cosas le cuestan doble”. Es evidente que el Sr. Dívar lo que se dice pobre, pobre, no lo es.

Es cierto que algunos medios de comunicación se han cebado con el Sr. Dívar. Algunos analistas interpretan esta actitud así como la del vocal que destapó este asunto como una venganza del entorno del ex juez Garzón. Sea cierto o no, y tampoco tendría nada de extraño que lo fuera, parece que el Sr. Dívar, y en eso coincide casi todo el mundo, no ha cometido ningún delito y que su actuación se ha ajustado de forma estricta a las normas y prácticas habituales en el Consejo General del poder Judicial respecto a la forma de justificar este tipo de gastos. Su error, que no delito ni falta, está precisamente en la utilización en beneficio propio de unas normas y procedimientos de por sí rechazables desde una perspectiva ética y moral. Y tan rechazable es el uso de esas normas, como el hecho de que los jueces se autorregulen los procedimientos del uso del dinero público y el control de los mismos.

En esta cultura del despilfarro, de las prebendas, de los privilegios de nuestra clase dirigente, lo del Sr. Dívar no es más que una pequeña gota de agua, aunque por pequeña que sea, lo es de agua sucia. Da igual que el Sr. Dívar haya empleado 100 o 100.000 euros en gastos de carácter privado y aunque fuese conforme a las normas internas del Consejo General del Poder Judicial. Aquí lo determinante de la censura social no está en la cantidad, sino en la calidad. Y un jurista como él y un purista como él debería haberlo sabido desde el principio. Aquí, como en el primer escalón del Estado, ha fallado la ejemplaridad, cualidad esencial en un sistema representativo. Así que deberían ir tomando nota los de más arriba. Sin ejemplaridad, a casa y punto.

Santiago de Munck Loyola

Los jetas siguen malgastando nuestro dinero.

Lo que ha estado ocurriendo en nuestro país en los últimos años y lo que sigue ocurriendo es alucinante. La crisis, los recortes y los apuros económicos están haciendo aflorar noticias diferentes sobre el uso del dinero público, sobre el uso de nuestro dinero por parte de la clase política que evidencian la extensión y magnitud de la desfachatez y la cara dura de muchísima gente. Habría que hablar de, más que de servidores públicos, de aprovechados públicos. En un país en el que tenemos serias dificultades para pagar los medicamentos, a los pequeños proveedores, a los parados, resulta que hay una buena parte de la clase dirigente absolutamente indigna que se aprovecha de nuestro dinero para pegarse una buena vida. En muchos casos se trata de perfectos incompetentes que en una empresa privada no durarían ni dos días y que, desde luego, nunca ganarían lo que ganan en el ámbito público. Pero ahí están por obra y gracia de las burocracias endogámicas de los partidos políticos.

No hace mucho, una ex ministra socialista, haciendo gala de una ignorancia y una jeta sin parangón, nos decía que “el dinero público no es de nadie”. No, claro, el dinero público es de todos y por tanto debería ser usado como si tuvieran que rendir cuenta de su uso a todos. Pero, no, en esta cultura de la fiesta permanente, de la orgía financiera, de la especulación y el despilfarro valía todo. Ahora que no hay un euro, relucen con más fuerza los casos de abusos que antes eran el pan nuestro de cada día.

El tema de estos días son los gastos en viajes difícilmente justificables desde un punto de vista político y ético del Sr. Dívar. Dicen algunos que el Sr. Dívar ha podido emplear 13.000 euros públicos en desplazamientos privados. El lo niega y aporta sus pruebas. Algunos diputados quieren que comparezca en el Congreso. La mayoría parlamentaria se niega a ello. La minoría, por boca de la Portavoz socialista, dice que el Sr. Dívar debe comparecer en el Congreso porque es la sede de la soberanía y que si no lo hace pedirán su dimisión. Olvida dicha Portavoz que la soberanía popular se expresa mediante las decisiones de la mayoría parlamentaria. Pero, claro, no se pueden pedir peras al Olmo.

Por su parte, un periodista pseudo progre, el Sr. Calleja, dispuesto a arremeter contra el Sr. Dívar, cueste lo que cueste, llega a insinuar, cobardemente por supuesto, que dichos gastos se han ocasionado como consecuencia de que el Sr. Dívar se “esta zumbando” a otro señor. Hay que ser miserable. Tan progre y tan miserable que tiene que destapar su homofobia para justificar su exigencia de la rendición de cuentas del Sr. Dívar. Tan miserable como gratuito este ataque.

A esta cacería inmisericorde se ha sumado una vocal del Consejo general, la Sra. Inmaculada Montalbán que se ha visto obligada a visitar con cargo a nuestro dinero Colombia, Brasil, Panamá, Nicaragua, Argentina y Marruecos en los últimos años. ¡Pobrecita!

Los 13.000 euros presuntamente malgastados en este asunto son una minúscula gota de agua en la pocilga política del despilfarro. Hemos sabido estos días que el defensor del pueblo de Cataluña se ha pegado 60 viajes por el mundo en tres años a costa de los contribuyentes. El pobre ha tenido que recorrer el planeta para ejercer sus innecesarias y duplicadas funciones de defensor del pueblo catalán. Claro que en este caso habrá que andarse con pies de plomo con las críticas porque enseguida te pueden tachar de anticatalán. Tanto sacrificio viajero, tanta abnegación turística a favor de los derechos del pueblo catalán me tiene profundamente conmovido. Deberían sustituir la estatua de Colón por la del Sr. Ribó. Quedaría la mar de mono y expresivo con su dedito señalando los destinos de sus expediciones turísticas.

No hace mucho, siendo Presidente el Sr. Zapatero, ya se organizaron diferentes polémicas por la costumbre del Sr. Zapatero de usar los medios públicos, un avión especial, para que su mujer y sus hijas fuesen a Londres de compras y por la de usar dicho avión para actos de su partido Político cada vez que acudía a los mítines. Este hábito contrastaba mucho con la actitud de la reina de España que se desplazaba por aquellas fechas, también a Londres y a otras ciudades, en líneas aéreas regulares de bajo coste.

En los años 90, el entonces Alcalde de Elche, se hizo nacionalmente famoso por su propensión a ejercer su alcaldía por diferentes países del mundo. Se ganó el apodo del Marco Polo Ilicitano. Es evidente que su ejemplo caló profundamente en la clase política, que creó escuela y que ahora nuestro país está saturado de nuevos Marcos Polos dispuestos a sacrificarse por todos nosotros y con nuestro dinero por todo el globo terráqueo. Y ya está bien ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar los viajes a todos estos señores? ¿Por qué tienen que desarrollar su trabajo fuera de sus despachos? Incluso ¿por qué puñetas tenemos que pagar a diputados y senadores sus viajes privados? Me gustaría conocer la razón, me gustaría que alguien diera una explicación. Han despilfarrado nuestro dinero en obras y equipamientos inútiles y carísimos, han gastado nuestro dinero a manos llenas en proyectos faraónicos que ni siquiera se pueden mantener para gloria de los egos de políticos incompetentes e incapaces. Y se han gastado y se siguen gastando nuestro dinero en darse una buena vida que la inmensa mayoría de ciudadanos no podemos. ¿Hasta cuando?

Santiago de Munck Loyola

Una de viajes.

Lo del Presidente del Consejo General del Poder Judicial canta y mucho. Y además, por si fuera poco, canta desafinando. Uno no puede terminar de creerse la versión que da el Sr. Dívar sobre sus gastos y la supuesta escrupulosidad con que diferencia sus gastos privados de los públicos. En primer lugar resulta extremadamente raro que deba desplazarse tan a menudo a Marbella por razones reservadas derivadas del ejercicio de su cargo. Es de suponer que la máxima autoridad del poder judicial no debería necesitar desplazarse personalmente para poder mantener entrevistas secretas originadas por asuntos relativos a su cargo ¿O acaso la máxima autoridad del poder judicial no puede citar en su despacho para que comparezca en el mismo a su o sus interlocutores cuando se trata de reuniones de trabajo?

En segundo lugar llama poderosamente la atención que estas entrevistas de trabajo con su secreto interlocutor deban incluir forzosamente ágapes costeados por el bolsillo de los contribuyentes. Es cierto que la práctica de mezclar mantel y trabajo se encuentra muy extendida en nuestro país, pero lo es más bien en ámbitos empresariales y, en ocasiones, suele ir seguida, sobre todo cuando se trata de concertar grandes negocios, de visitas a ciertos lugares poco recomendables.

En tercer lugar, resulta cuando menos extraño que algunos de sus desplazamientos costeados con los fondos públicos, y siempre a Marbella, con ocasión de actos públicos hayan ido seguidos de tres días de reposo, en días laborables, junto a las agradables playas marbellíes.

Ciertamente estos gastos abonados por los contribuyentes cantan y mucho. La desafinada partitura mezcla asuntos privados con públicos, gastos estrictamente privados abonados al parecer por el interesado junto con otros pagados por los contribuyentes, desplazamientos por razón del cargo junto con días de descanso personal, etc. y como no podía ser de otra forma el resultado final es confuso, sospechoso y chirriante. Esto terminará seguramente mal y parece poco razonable impedir que el asunto pueda disponer de luz y taquígrafos en el Congreso de los Diputados. Se está hablando del uso que un cargo público está haciendo del dinero de los contribuyentes y tenemos todo el derecho del mundo a que se sepa qué se hace con nuestro dinero.

Claro que este asunto debe ser puesto en su verdadero contexto y que no es otro que el de un abuso permanente del dinero público que nuestra clase política administra o debería administrar con la diligencia de un “buen padre de familia”. Sin entrar a valorar si nuestros políticos ganan o no mucho en relación a lo que ganan en otros países de nuestro entorno y en relación al contexto económico actual, lo cierto es que la clase política no hace un uso ejemplar y austero del dinero con que se dota a si misma. Hay que subrayar en primer lugar que a nadie se le obliga a aceptar un cargo público con un determinado sueldo. Es voluntario y el que se mete en ello ya sabe a lo que se somete. En segundo lugar, los sueldos son lo que son y resulta inadmisible de todo punto que se utilicen toda clase triquiñuelas para engordarlos bajo el nombre de dietas, complementos, ayudas o cualquier otro subterfugio como son teléfonos móviles, ordenadores portátiles, viajes gratis, coches oficiales, etc.

Es llamativo que, tanto los diputados que piden la investigación sobre el presunto pago con fondos públicos de viajes privados del Sr. Dívar como los diputados que se oponen a que se investigue, son los mismos que pagan sus desplazamientos públicos y privados con cargo a fondos públicos. Durante el año 2011, el Congreso de los Diputados pagó a dos empresas (Iberia y Renfe) más de 7.200.000 euros por los viajes de sus señorías sin importar ni distinguir si se trataba de viajes públicos o privados. Parece que sus señorías no tienen bastante con su sueldo de diputados ni con sus dietas y complementos de diversa índole y los pobres tienen que viajar gratis total con cargo al bolsillo de los ciudadanos. Hay que tener mucha cara y muy dura para que ellos se rasguen las vestiduras sobre quién ha pagado o no los viajes privados del Sr. Dívar. Que nos indignemos los contribuyentes y que queramos saber quién ha pagado finalmente esos supuestos viajes es lo normal, pero que lo hagan unos parlamentarios cuyos viajes privados se pagan con fondos públicos tiene lo suyo. Como también sería normal que el Congreso de los Diputados hiciera pública la lista de los diputados que cargan sus viajes privados a la cuenta del Congreso y la cuantía que ha supuesto esta práctica legal, pero inmoral, en dicha cuenta. Un servidor, al menos, lo quiere saber para así evaluar la catadura moral de sus señorías.

Santiago de Munck Loyola