¿Quién le pondrá el cascabel al estado de las Autonomías?

Buena la ha liado el Presidente de la Generalidad catalana, el Sr. Mas, con su apuesta independentista, que no “soberanista” (no existe en el Diccionario de la RAE) por mucho que con esa denominación la intenten dulcificar periodistas y políticos ignorantes. No es la primera ni la segunda vez que un dirigente catalán apuesta por un Estado catalán. Ya lo hizo el 14 de abril de 1931 Francesc Macià quien se dirigió a la multitud proclamando en nombre del pueblo de Cataluña, "L'Estat Català, que amb tota la cordialitat procurarem intergrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques”. Ya lo hizo de nuevo el 6 de octubre de 1934 Lluís Companys quien proclamó el "l'Estat Català de la República Federal Espanyola", proclamación que se saldó con 46 muertos y 3.000 encarcelados.

Es la vieja estrategia de siempre: ante la incapacidad propia para solucionar los problemas se inventa un enemigo exterior al que culpar de todos los males. El Sr. Mas y sus conmilitones, incapaces de adoptar las medidas necesarias para resolver el grave problema económico y social derivado del inmenso agujero heredado del tripartito, han encontrado al culpable: el resto de los españoles que les expoliamos fiscalmente y los hundimos en la miseria. No es nuevo. Llevan años hablando de una supuesta balanza fiscal siempre desfavorable para Cataluña, llevan años calentando el ambiente, fomentando un sentimiento antiespañol que les servía para exigir cada vez más financiación. Poco importa que reputados economistas demuestren la falacia de esa supuesta balanza fiscal desfavorable para los catalanes: una mentira mil veces repetida termina por convertirse en una verdad para quien no quiere analizar otras perspectivas. Argumentan que como contribuyen a la caja común con más dinero que el resto de los españoles tienen, no sólo derecho a recibir más, sino a separarse para gestionarlo ellos solos. Declaraba hoy en un diario nacional el ex Presidente de las Cortes, Sr. Bono, que cuando pagar más impuestos implica exigir más nos encontramos ante una metástasis en el estado. De aceptarse esta tesis independentista y trasladándola del ámbito de los territorios al de las clases sociales, habría que deducir que quienes más impuestos pagan, más deben recibir del estado. Y éso es algo que choca frontalmente con la solidaridad y la redistribución de la riqueza, características esenciales de todo estado social y democrático de derecho.

Y en este contexto ¿dónde está el límite? ¿Quién decide cual es el ámbito de decisión? ¿Quién es el pueblo soberano? ¿El pueblo español? ¿El pueblo catalán? ¿El pueblo barcelonés? Nos dicen que tras una manifestación de un millón de personas pidiendo la independencia es el pueblo catalán el que ha hablado. ¿Y los seis millones de catalanes que no se han manifestado? ¿No cuentan?

Hoy, no son pocos los ciudadanos y los analistas políticos y económicos que coinciden en que nuestro estado autonómico es en su formulación actual absolutamente inviable. La crisis económica lo ha puesto de manifiesto de una forma desgarradora. Hasta no hace mucho hemos venido cerrando los ojos ante una realidad evidente: el estado autonómico estaba rompiendo la igualdad de derechos y de oportunidades de los ciudadanos. El estado autonómico ha ido levantando poco a poco muchas barreras entre los españoles: en educación, en sanidad, en el mercado, en el derecho de propiedad, etc. Barreras que imperceptiblemente iban dificultando hasta la movilidad de los ciudadanos. Lo que en la transición se nos vendió como un acercamiento de la toma de decisiones hacia los administrados se ha ido convirtiendo en un complejo laberinto legislativo, en un complicado entramado de instituciones más al servicio de la clase política que de los intereses de los ciudadanos. Empezamos a verlo gracias a la crisis y otros, desde fuera, también lo ven. En un reciente artículo, Stefanie Claudia Müller, corresponsal alemana en Madrid y economista, escribía: España … “no puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.”

No parece pues que los problemas sociales y económicos que pesan sobre el conjunto de los ciudadanos puedan resolverse con más autonomía o con la independencia en el caso de Cataluña. No podemos sostener el actual estado autonómico y eso lo ve y lo sabe cualquiera. Es inviable económicamente y terminará por serlo social y políticamente si no se aborda su reforma inmediata. Es evidente que los últimos interesados en reformar la configuración del estado son los miembros de la clase política, los partidos políticos que han encontrado en el actual estado autonómico un inmenso coto en el que instalar y extender sus inmensas maquinarias burocráticas y en el que realizar su insaciable afán ocupador. Nos proponen ahora fórmulas federales cuando es evidente que a los nacionalistas no les interesan porque supondrían una igualdad entre territorios inasumible para ellos. Nos hablan de los derechos de los territorios y olvidan los derechos de las personas. Nos levantan barreras territoriales cada vez más costosas mientras que Europa transita por el camino contrario. Y mientras, los ciudadanos seguimos pagando los delirios de grandeza de tanto iluminado y de tanto cobarde.

Santiago de Munck Loyola

A vueltas con los recortes y la organización del estado.

Las nuevas medidas que está adoptando el Gobierno con el fin de reducir el gasto público están desatando muy variadas reacciones en distintos sectores sociales y propiciando críticas en los diferentes agentes sociales y políticos. Parece que, tal y como están las cosas, no hay dinero suficiente para poder seguir manteniendo intocables las prestaciones públicas. Si no hay dinero no queda más remedio que gastar menos y tratar de ingresar más. Es evidente que durante los últimos años, nuestras administraciones públicas han gastado más de lo que ingresaban, es decir, han ido acumulando, año tras año, déficits. Esos desfases entre los ingresos y los gastos se fueron cubriendo con préstamos, es decir, nuestras distintas administraciones se fueron endeudando y ahora, en medio de una crisis internacional, no sólo seguimos gastando más de lo que ingresamos, sino que además tenemos que pagar los intereses de las deudas acumuladas en los últimos años. Estos intereses anuales que hay que pagar se elevan a más 29.000 millones de euros anuales. Para hacerse una idea de lo que esta cifra significa basta considerar que los salarios de un año de los funcionarios suponen menos de esa cantidad.

Por tanto, parece razonable pensar que hay que acabar con el déficit para impedir que siga creciendo la cantidad anual que los intereses suponen. De no hacerlo pronto, los 29.000 millones de euros seguirán creciendo y llegará un momento en que sea de todo punto imposible pagarlos, colapsando el sistema. Es un poco absurdo pensar que no es tan importante reducir el déficit público, pero un debate muy distinto es cómo hacerlo, dónde priorizar la reducción de los gastos y cómo articular el imprescindible incremento de ingresos públicos.

En el amplio debate generado estos días, distintos dirigentes políticos han puesto en cuestión el modelo de funcionamiento de las Comunidades Autónomas, responsables en gran parte del déficit de las cuentas públicas. De una parte, Esperanza Aguirre ha manifestado que si es conveniente para el interés nacional, la Comunidad de Madrid está dispuesta a devolver las competencias de Sanidad y Educación al Estado y transferir otras competencias a los Municipios.

De otra, José Bono ha criticado duramente el gasto que supone el mantenimiento de 17 parlamentos autonómicos, 17 defensores del pueblo, 17 tribunales de cuentas, decenas de canales de televisión autonómicos. Ante estas declaraciones, responsables de los dos grandes partidos se han apresurado a manifestar su satisfacción por la evolución del estado de las autonomías y su pleno respaldo al diseño constitucional del mismo. Por su parte, algunos politólogos también han manifestado en distintos medios de comunicación la irreversibilidad del estado autonómico.

De todo ello, se desprende una sensación de miedo a formular públicamente críticas que puedan cuestionar la actual organización territorial del estado. Se cierran los ojos ante las evidencias:

-          El estado de las autonomías es un modelo caro que, hoy por hoy, es difícil de sostener. Si no hay dinero para mantener las actuales prestaciones sanitarias o educativas ¿por qué hay que mantener un modelo de estado caro y plagado de duplicidades e ineficiencias? ¿Por qué la prioridad en la reducción del gasto público no aborda en primer lugar la corrección de una de las principales causas del déficit público?

-          El funcionamiento actual del estado de las autonomías incumple sistemáticamente el Art. 138.2 de la C.E. “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales” y el Art. 139.1 “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.” Basta con comparar los distintos Estatutos de Autonomía o palpar la realidad de la calle para comprobarlo.

-          Las autonomías han generado una inflación legislativa sin precedentes en los países occidentales que supone una verdadera losa para la libre circulación en el territorio nacional de los flujos económicos y sociales que sustentan el progreso de una sociedad.

-          La devolución de competencias al Estado no es imposible y, si con ella se gana eficiencia en algunas materias, es, además, necesaria. El proceso autonómico no es como algunos pretenden constitucionalmente irreversible porque la propia constitución de las CCAA no es obligatoria, sino opcional, a tenor de la redacción del Art. 143 de la propia C.E.

En todo caso, tan constitucional es propugnar la reforma de la propia Constitución para reclamar, por ejemplo, la República como para reivindicar la reforma de la estructura territorial del estado si se considera que ello puede favorecer el interés general y el bienestar de los ciudadanos. Por tanto, no son muy comprensibles esos recelos instalados en amplios sectores de la clase política y ese cierre de filas ante cualquier propuesta de racionalización de nuestras instituciones y del gasto público generado por las mismas.

Meter la tijera en el gasto público hay que meterla, pero es mucho más sensato, aunque sea más costoso políticamente, hacerlo por las raíces de los problemas. La saturación de plantas en una jardinera pequeña puede terminar por matar a la mayoría.

Santiago de Munck Loyola

El estado se come a la sociedad del bienestar.

El Diario El Mundo, en su edición de ayer 14 de agosto de 2011, se hacía eco de las drásticas reformas emprendidas en Italia con el fin de adelgazar sus administraciones públicas. De paso, subrayaba tres cuestiones: primera, que nuestro Estado es insostenible en las actuales circunstancias; segunda, que los dos Partidos mayoritarios coinciden en la necesidad de acometer reformas para reorganizar nuestras administraciones públicas y adaptarlas a la coyuntura actual y, tercera, que sorprendentemente ni el PP ni el PSOE se atreven a plantear soluciones programáticas concretas para conseguirlo.

Una vez más, esta situación pone de manifiesto la estrechez de miras, la cobardía política o la falta de sinceridad de los dirigentes de nuestra clase política a la hora de plantear soluciones, que son más que urgentes, ante una cita electoral cercana. Lo más probable es que los electores lleguemos al 20 N sin saber exactamente qué propone cada partido político para solucionar un problema que todos coinciden en diagnosticar: la inviabilidad de nuestra estructura política, de nuestro Estado. Lo que en tiempos de las vacas gordas podía funcionar a pesar del despilfarro permanente al que nos habíamos acostumbrado, hoy es una pesada losa que hace peligrar la sociedad del bienestar en la que vivimos.

El incremento paulatino y constante de las prestaciones sociales producido en las últimas décadas ha venido acompañado de un crecimiento proporcionalmente muy superior de las administraciones públicas encargadas de gestionarlas. La universalización y mejora de la educación, la sanidad, la justicia, las pensiones o las prestaciones por desempleo han conllevado un sustancial incremento de los aparatos administrativos y burocráticos que eran sostenibles mientras la economía se mantenía en sendas de crecimiento. Los ingresos públicos permitían sin grandes problemas afrontar los gastos generados. Sin embargo, la caída de los ingresos ha puesto en evidencia la imposibilidad de seguir así.

Simultáneamente, la descentralización política y administrativa desarrollada por el Estado de las autonomías no ha supuesto una racionalización de los gastos de la burocracia política y administrativa. Al contrario, todas las administraciones han crecido vertiginosamente. No se aplica el principio de a una competencia, una administración, sino que, en muchas ocasiones, nos encontramos hasta con cuatro administraciones para desarrollar lo que antes hacía una sola. Resulta cuando menos llamativo que esta explosión burocrática se ha producido en el mismo período en que se desarrollaban e implantaban las nuevas tecnologías, aquellas que precisamente iban a permitir mejorar e incrementar la productividad, la eficacia y la operatividad de sus usuarios.

Hoy más que nunca peligra la sociedad del bienestar porque los recursos necesarios para su sostenimiento se los está comiendo el Estado, también del bienestar. No es posible seguir así. Los ciudadanos debemos reflexionar y plantearnos cuáles son nuestras prioridades porque vamos a tener que poner en la balanza muchas opciones y decidir cuáles queremos conservar. Todo a la vez no se puede. ¿Queremos educación universal y gratuita? ¿Queremos una sanidad pública de calidad y gratis? ¿Queremos unas pensiones dignas? ¿Queremos en definitiva unas prestaciones sociales de calidad? O por el contrario ¿Queremos seguir triplicando competencias administrativas y, por tanto, multiplicando el número de funcionarios? ¿Preferimos mantener miles de Ayuntamientos minúsculos con escasa capacidad? ¿Queremos seguir financiando a Partidos Políticos, a Sindicatos y Patronales con el dinero que se quita a los pensionistas? ¿Queremos seguir manteniendo unas Fuerzas Armadas profesionalizadas? ¿Queremos mantener unas Diputaciones inoperantes e innecesarias? ¿Queremos seguir manteniendo 17 parlamentos, 17 gobiernos, miles de asesores y miles de coches oficiales? ¿Queremos seguir manteniendo los injustificables e inmorales privilegios fiscales y sociales de nuestra clase política?

Éstas son las disyuntivas o una cosa o la otra. Hoy por hoy, no cabe todo a la vez. O sociedad de bienestar o Estado de bienestar, pero las dos cosas juntas se han vuelto incompatibles. Y si nuestra clase política no quiere verlo, los ciudadanos tenemos que hacer que lo vea.

Santiago de Munck Loyola

El idioma como arma arrojadiza.

Dígase lo que se diga, lo cierto es que los conflictos lingüísticos han estado a la orden del día durante los últimos años. Una gran parte de la clase política ha venido negando reiteradamente la existencia de problema alguno en torno al uso de los diferentes idiomas que coexisten en nuestra nación. Colaboradores necesarios en esta tarea de proclamar una absoluta calma en este tema han venido siendo una gran parte de los medios de comunicación. Y si en alguna extraña ocasión ha sido noticia que se multe a alguien por rotular en español en Barcelona o por no poder educar a sus hijos en su lengua materna o por no ser atendido adecuadamente en su idioma por parte de una administración, se ha considerado como un caso aislado, como una excepción en el inexistente oasis de la tolerancia de algunas autonomías.

El idioma propio, su uso, su potenciación y su imposición ha sido siempre un instrumento de los políticos nacionalistas y de sus imitadores. El credo nacionalista se sustenta fundamentalmente en la exaltación de lo particular, de lo propio como signo diferenciador y como elemento de autoafirmación frente a lo considerado extraño. Basta ver lo que está ocurriendo en Bélgica donde el francés está siendo laminado en Flandes para ser sustituido por el inglés en la enseñanza obligatoria. Décadas de un enriquecedor bilingüismo y, en muchos casos, trilingüismo están siendo arrinconadas por un más que rancio y estrecho nacionalismo.

En nuestro país, este afán nacionalista termina por tratar de eliminar y excluir del entorno social a cualquier elemento considerado extraño, ajeno, sean los toros, las castañuelas o el español. Por ello, lamentablemente, la necesaria revitalización de las lenguas vernáculas cuando es emprendida por los nacionalistas lleva aparejada un empobrecimiento de la educación y formación de quienes sufren sus imposiciones, es decir, una pérdida progresiva en el manejo de una de las lenguas más importantes del mundo, el español.

La coexistencia en condiciones de igualdad del español con las demás lenguas españolas debería ser un principio básico y perfectamente garantizado por todos los poderes públicos y no lo es. Al igual que debería garantizarse por Ley la libertad de elección de la lengua, sin discriminación alguna, en las relaciones que los ciudadanos podamos mantener con las diferentes administraciones. Sin embargo, la realidad, pese a los silencios de cierta prensa y los deseos de algunos políticos, dista mucho de una situación pacífica y exenta de conflictos. La realidad nos muestra que en algunos municipios de Alicante, hay padres con dificultades para poder escolarizar a sus hijos en español. La realidad nos muestra que, en algunas administraciones, tiene más valor para acceder a una plaza de médico saber catalán que los propios conocimientos en medicina. La realidad es que no se rotula en los dos idiomas, español y valenciano, en todas partes: podemos ver carteles sólo en español o sólo en valenciano. Hace poco, el Sindic de Greuges, Sr. Cholbi, acaba de recriminar al Ayuntamiento de Alicante por no rotular en valenciano también un cartel del nuevo centro comunitario del Garbinet. Y lo mismo vale para los vehículos del Tram, Sr. Cholbi, que sólo están rotulados en valenciano y no en español.

Va siendo hora de poder enfocar el uso de los idiomas fuera de la perspectiva política y al margen de las pretensiones de los nacionalistas. El conocimiento y el uso de diferentes idiomas sólo pueden concebirse como un elemento más del enriquecimiento cultural y de la dignificación de la persona. Si los nacionalistas quieren caer en el mismo error de los franquistas persiguiendo un idioma, allá ellos, pero los demás deberíamos hacer un serio esfuerzo por apostar por la tolerancia y la diversidad cultural.

Santiago de Munck Loyola

El pesado lastre de las autonomías.

En medio de las consecuencias de la asfixiante crisis económica que golpea a nuestra sociedad, la configuración actual del estado de las autonomías está logrando un puesto destacado en la agenda del debate político. Son muchas las voces que se alzan para señalar a las autonomías como lastres que dificultan el saneamiento de las cuentas públicas y, por tanto, de la recuperación económica. Lo cierto es que el gigantesco déficit de la mayor parte de las autonomías ha dañado muy seriamente al tejido productivo y empresarial de la nación.

Ahora el Gobierno se ha planteado establecer un techo para el nivel de gasto de las administraciones autonómicas. Lo paradójico es que esta medida, después de haberla rechazado en el Parlamento en el pasado, la promueva ahora el mismo Gobierno que ha roto todas las reglas de estabilidad presupuestaria y que ha colocado a las cuentas del Estado al borde del precipicio. Claro que de un Presidente del Gobierno para el que bajar los impuestos eran tan progresista como subirlos, según el día, o para que el que el déficit lo mismo era estupendo que lo contrario no se podía esperar otra cosa.

Esta pretensión de limitar el gasto de las administraciones autonómicas, por otra parte lógica cuando el mismo estado ha de moverse en los márgenes señalados por la Unión Europea, ha encontrado el respaldo y la bendición de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, ese engendro que legalizó la presencia de terroristas en las instituciones locales.

Parece que cuando se habla de dinero todo puede valer. ¡Poderoso caballero, Don Dinero! En este tema, el Tribunal Constitucional no anda con sus habituales “sensibilidades” autonómicas. ¡Faltaría más! Tratándose de Don Dinero, el Estado puede legislar y limitar la capacidad de las autonomías sin ningún problema. Es más que significativo que pueda hacerlo y, sin embargo, el Estado no pueda aprobar una Ley del Suelo, amplia, profunda y homogeneizadora, sin que, al parecer, vulnere las competencias de las autonomías de tal suerte que se limite la legislación estatal a una raquítica regulación y sobrevivan múltiples legislaciones regionales que pueden terminar volviendo loco a cualquiera. Debe ser que las peculiaridades identitarias regionales están profundamente enraizadas en la gestión de los solares. Hoy tampoco es posible, gracias a nuestro sistema autonómico, disfrutar de la caza o pesca en el territorio nacional sin contar con 17 permisos distintos y no es lo mismo ponerse enfermo en Madrid o en Andalucía pues las prestaciones sanitarias y los derechos del paciente variarán en función de la autonomía de residencia. El Gobierno de España puede limitar el gasto de las administraciones autonómicas, pero no puede garantizar en todo el territorio nacional los derechos de los españoles, por ejemplo, el derecho a elegir el español como lengua vehicular en la escuela. Ni siquiera puede el Estado garantizar que los estudiantes españoles estudien las mismas materias en toda España. ¡Curioso!

De la deseada descentralización administrativa anunciada en el período preconstitucional se pasó a una fragmentación jerarquizada de la soberanía popular y las autonomías diseñadas en la Constitución pasaron a ser entes con una altísima capacidad normativa que ha fragmentado el ordenamiento jurídico de una manera insospechada, levantando así unas barreras cada vez más altas al ejercicio de las libertades y al desarrollo de los principios de igualdad y solidaridad entre los españoles. Hoy, todos los españoles somos iguales ante la Ley, pero unos más que otros.

La construcción del estado de las Autonomías ha seguido el proceso inverso al de la construcción de la Unidad Europea. Mientras que a través de las Instituciones Europeas se avanza lentamente hacia la homogeneización y armonización de las legislaciones estatales, en España hemos seguido el camino inverso.

Es indudable que las autonomías son hoy un pesado lastre para la recuperación económica de España, pero también lo son para que los españoles podamos gozar de los mismos derechos y de las mismas oportunidades independientemente de nuestro lugar de residencia dentro del territorio nacional.

¿Habrá alguien dispuesto a ponerle el cascabel al gato?

Santiago de Munck Loyola

LAS AUTONOMÍAS Y LOS CIUDADANOS.

En declaraciones recientes el ex Presidente Aznar se refería al estado autonómico como inviable a la vista del contexto económico actual. Hoy, el Secretario de Organización del PSOE y Presidente de Aragón lo califica de éxito y se remonta para justificarlo, nada menos, que a la experiencia de las guerras carlistas. Por su parte, Mariano Rajoy habla de reformar el estado autonómico para evitar duplicidades y limitar el techo del gasto de las autonomías pero no concreta ninguna medida.

Parece que la grave crisis económica empuja a los políticos a cuestionarse algunos extremos del funcionamiento de las autonomías más por necesidad que por convicción. Una vez más, da la impresión que la percepción de la clase política está muy alejada de las preocupaciones de los ciudadanos que sólo reparan en la existencia misma y la forma de este estado cuando se convierte en una rémora para su progreso personal y colectivo. Durante más de dos años el debate político ha estado profundamente marcado por la tramitación, aprobación y constitucionalidad del Estatuto catalán y en la estela del mismo se iniciaban reformas de otros estatutos autonómicos. Muchos políticos hablaban de trascendencia vital, de aspiraciones irrenunciables, de sentimientos nacionales,… pero ¿de quién? Porque lo que fue evidente es que la mayor parte de la población “pasaba” olímpicamente de tan grandilocuentes palabras, empezando por los catalanes. Parecía que si no se aprobaba el estatuto catalán sus ciudadanos se inmolarían ante tamaña afrenta y ¿qué pasó cuando los catalanes tuvieron que ir a las urnas para aprobar tan vital y esencial Estatuto? Pues que la mayoría prefirió quedarse en casa o irse a la playa antes que cumplir con tan patriótica proeza ante las urnas: más de la mitad de los electores no fue a votar y del total de electores censados a penas llegó al 36 % el porcentaje de los que dieron el sí a tan ansiada norma. Es evidente, por tanto, que el Estatuto, norma identitaria por excelencia de Cataluña, interesaba fundamentalmente a la clase política y no a la mayoría de los ciudadanos. Las autonomías son sobre todo un objeto de interés y atención de la clase política y no de la mayoría de los ciudadanos. Son los políticos quienes envolviéndose en las banderas regionales levantan polémicas, atizan diferencias, inventan agravios y justifican así su propio papel, la necesidad de su existencia para resolver la agenda que ellos mismos llenan. Sin agravios, sin diferencias y sin polémicas ¿qué razón de ser tendrían los políticos nacionalistas, regionalistas y asimilados?

Hoy, cuando los recursos escasean las miradas se vuelven hacia los presupuestos públicos. Lo hacen los ciudadanos que ven cómo día a día crecen las dificultades y empiezan a hacerlo algunos medios de comunicación. Este domingo, en un diario nacional se recogían algunas cifras relativas al funcionamiento de las comunidades autónomas. Los datos son asombrosos. 17 parlamentos autonómicos que nos cuestan 410 millones de euros al año. 161 millones para los altos cargos de las autonomías y como deben ser un poco incompetentes necesitan otros 100 millones en asesores. 1000 millones para las televisiones autonómicas, todas deficitarias. 500 millones de euros para asuntos exteriores, con la salvedad de que se trata de una competencia exclusiva del Estado. Tribunales de cuentas autonómicos, Defensores del Pueblo autonómicos, Boletines oficiales, coches oficiales, gastos de representación (tan solo el Presidente de Aragón dispone de más de 600.000 euros al año para estos menesteres), etc. que suponen otros centenares de millones de euros a cargo de los contribuyentes. Y 65.000 millones anuales para las nóminas de los funcionarios autonómicos. En fin, todo un catálogo de gastos de las autonomías que en muchos casos duplican competencias y funciones del Estado. ¿Todo esto, de verdad, redunda en una mayor calidad de vida de los ciudadanos? ¿Hay más democracia así?

En los debates preconstitucionales se decía que las autonomías servían para acercar la administración a los ciudadanos y para recuperar y fortalecer las personalidades de cada región. Simultáneamente se fue introduciendo el concepto de autonomía política, concepto de difícil encaje con el de soberanía nacional. Hoy la cercanía de los centros de toma de decisiones a los ciudadanos no es más que un concepto geográfico pues entre estos y aquellos se han construido enormes burocracias, calcadas del Estado, y en muchas ocasiones generando duplicidades. En la era de las nuevas tecnologías y de las comunicaciones globales hay otras formas para acercar el poder al ciudadano. Por otra parte, hoy resulta irrelevante, en un régimen de libertades como el nuestro, la existencia de poderes periféricos para que las peculiaridades culturales territoriales tengan el espacio natural que les corresponde.

Mientras que el proceso de construcción europea se ha basado en una progresiva cesión de competencias de los estados hacia entes superiores y en una progresiva armonización de las normas estatales con el fin de lograr un espacio común en el que se haga realidad la libre circulación de bienes y personas, en España hemos seguido un proceso inverso. El resultado de este proceso es un progresivo aumento de las diferencias territoriales que dificultan cada vez más esa libre circulación interior. ¿Es un avance que hoy existan 17 permisos diferentes para la práctica de la caza o la pesca? ¿Es un avance que los ciudadanos de una región tengan derecho a unas prestaciones sanitarias concretas y los de la región vecina no? ¿Es un avance que en un mundo globalizado los jóvenes catalanes manejen peor el castellano que los de hace 25 años? ¿Es un avance que alguien no pueda estudiar en castellano en algunos lugares de España?

Son muchas más las cuestiones que merece la pena plantearse. No se trata simplemente de la viabilidad o no económica de nuestro estado, sino de las prioridades a las que debe servir sobre todo. Si el ciudadano y sus necesidades no pasan a ocupar el primer lugar de la agenda política, será estéril cualquier debate sobre la configuración de nuestro Estado. Y si la conciencia colectiva no se despierta y se cuestiona estos aspectos, tampoco servirá de nada.

Santiago de Munck Loyola