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jueves, 22 de marzo de 2012

Quo vadis, Camps?

Al leer las declaraciones que Francisco Camps ha hecho estos días me ha invadido una mezcla de sentimientos: bochorno, vergüenza ajena y pena. Supongo que habrá quien diga que se han tergiversado, pero, en todo caso, en las mismas se encuentran párrafos que no tienen desperdicio. En cierto modo, estas declaraciones guardan mucha similitud con las que nos solían obsequiar algunas folclóricas: “mi público me adora”, “España me quiere” y simplezas similares. Desde un punto de vista humano puede resultar perfectamente comprensible que alguien que se ha visto sometido durante meses a toda clase de descalificaciones, injurias o vejaciones y a la tensión inherente que la incertidumbre sobre el sentido de un veredicto judicial ocasiona, no haya recuperado aún el necesario equilibrio para saber dimensionar y enfocar la realidad en sus justos términos. Pero alguien de su entorno debería haberle aconsejado o disuadido de la conveniencia y oportunidad de dicha entrevista y, más concretamente, de los contenidos de la misma.

Más que anunciar su intención de volver al ruedo político, Francisco Camps ha certificado con sus declaraciones la inconveniencia de que, hoy por hoy, ese deseo o posibilidad pueda hacerse realidad. De sus palabras parece desprenderse que posee una percepción de la realidad muy distinta a la que tenemos la inmensa mayoría de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Su gestión al frente de la Generalitat ha sido manifiestamente mejorable y ahí están los datos económicos y financieros para acreditar esta afirmación. Se mire por donde se mire existen muchos puntos débiles, junto a indudables aciertos, que empañan la gestión y trayectoria de Francisco Camps. Si, en algún momento, la Comunidad Valenciana llegó a convertirse en el “motor de España”, como asegura, lo cierto es que ese motor está hoy gripado.

Puede que no haya ahora atascos en la ciudad de Valencia, no lo sé, pero sí que los hay en el funcionamiento de las diferentes consellerías y son atascos heredados de su Presidencia. Es lamentable y triste la referencia a su etapa de concejal de tráfico en Valencia, si se esgrime como aval para acreditar su solvencia y talla política.

Y qué decir de su gestión al frente del PPCV. Durante años el PPCV ha sido el escenario de una guerra fraticida que ha tenido su lamentable reflejo incluso en el funcionamiento de las instituciones públicas, faltando con ello al respeto que los ciudadanos nos merecemos. Los afiliados populares han asistido atónitos y avergonzados a toda clase de escaramuzas políticas sin más razón de fondo que las afinidades personales. Siempre que han podido y con el beneplácito e impulso, en ocasiones, del Presidente Regional la voluntad de los militantes populares ha sido ignorada a la hora de que pudieran elegir a sus legítimos representantes: o se exhibía la ridícula etiqueta de “campista” o se entraba en la lista negra. Alcaldes presionados para posicionarse al lado del jefe de Valencia, Alcaldes y concejales laminados de las listas, etc. Un lamentable espectáculo que sólo tiene un responsable: Francisco Camps.

El PP de la Comunidad Valenciana, el de Alicante y el de cada uno de los municipios necesita realizar una profunda autocrítica y extraer de ella las lecciones necesarias para no volver a incurrir en los mismos errores. Y, sinceramente, parece que el futuro del PP no pasa, hoy por hoy, por la vuelta de Francisco Camps. En política es muy difícil que el tren pase dos veces por el mismo sitio. El PP necesita y merece un futuro distinto, renovado y surgido de la voluntad real de sus afiliados. Debate interno, autocrítica y liderazgos nacidos de la base, ganados a pulso, no tutelados, ni heredados pueden contribuir a ofrecer a los ciudadanos un Partido sólido y creíble.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 26 de enero de 2012

Camps inocente, de momento.

El jurado del proceso seguido contra el ex Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, ha declarado que tanto él, como Ricardo Costa son no culpables de los cargos por los que estaban siendo enjuiciados, es decir, por el delito de cohecho impropio. El jurado entiende que ni Camps, ni Costa recibieron regalos por razón de su cargo y que no se ha demostrado en el juicio que hubiese regalos pagados por la trama corrupta de Gürtel. Esta decisión del jurado deberá plasmarse en los próximos días en una sentencia absolutoria a partir de la cual podrán presentarse recursos ante el Tribunal Supremo por lo que el asunto no está definitivamente zanjado.

Ahora se producirá una auténtica explosión de reacciones y declaraciones de toda índole en función de la posición ideológica de cada uno. Es evidente que quienes durante estos últimos tres años han ignorado y pisoteado el derecho a la presunción de inocencia van ahora a pisar y a desacreditar esta resolución favorable a los Sres. Camps y Costa. Los impulsores o autores del escandaloso linchamiento político y moral al que durante tanto tiempo han sometido a los acusados van a seguir haciéndolo porque “su verdad” está, como siempre, por encima de los pronunciamientos de la Justicia y del respeto a los más elementales derechos tutelados en un estado de Derecho. Es su modus operandi y no van a renunciar a él ante ninguna evidencia que desmonte sus difamaciones.

Llama la atención alguna reacción inmediata, como la del Secretario general Socialista en el Congreso, Eduardo Medina, que se ha apresurado a mentir a la ciudadanía afirmando lo siguiente: "Francisco Camps absuelto de la trama Gurtel. Garzón... en el banquillo de los acusados por investigarlo”. El Sr. Medina es un mentiroso con todas las letras. De semejante afirmación puede deducirse fácilmente el nivel intelectual del personaje y su catadura moral. El Sr. Camps no ha sido enjuiciado por la trama Gürtel, no. Fue acusado de un presunto delito de cohecho impropio, recibir tres trajes de regalo, del que ha sido, por segunda vez, absuelto. Y el Sr. Garzón, por su parte, no ha sido juzgado por investigar dicha trama, no. El Sr. Garzón ha sido enjuiciado por vulnerar la Ley ordenando grabar las conversaciones de los abogados con sus defendidos cuando dichas grabaciones no tienen amparo legal para su ejecución. Es decir, por violar un derecho elemental, como el derecho de defensa, sin un amparo legal que lo justificase. Así de sencillo y de claro. Posiblemente el público afín al Sr. Medina requiera de simplificaciones, o mejor dicho de simplezas, como las que profiere el Portavoz Socialista, pero tales simplezas son falsas y manipulan la realidad. Como también constituye una falsedad monumental la afirmación tan repetida últimamente de que el Sr. Garzón también está siendo juzgado por investigar los crímenes del franquismo. No es así. Está siendo juzgado por saltarse la Ley, por tratar de instruir procesos para los que legalmente no era competente.

Y qué diferencia de tratamiento mediático entre ambos casos. Abismal. Como también ha sido muy diferente la actitud ante los tribunales de ambos acusados. Era de esperar, además, que el respeto por la Justicia que los seguidores de Garzón tienen se pusiera hoy de manifiesto al conocer la sentencia absolutoria de Camps. Coherentes con su ideología su reacción ha sido insultar al acusado absuelto y lanzar objetos contra su vehículo. Era de esperar: de tal juez, tales defensores.

Todo parece indicar que habrá recursos contra la absolución de Camps y Costa y también señalan los expertos que será difícil que tales recursos prosperen. Ahora, con la absolución “provisional” en la mano, y más adelante, si ésta deviene firme, será imposible restituir a los acusados lo que se les ha arrebatado: su dignidad. No habrá, con seguridad, reparación posible al daño causado. ¿Quién pagará los platos rotos? Seguro que nadie.

Santiago de Munck Loyola.


sábado, 10 de septiembre de 2011

Ripoll al Puerto y nuestros votos al retrete.

La costumbre de los dirigentes de los Partidos Políticos, sean del color que sean, para usar, abusar y mercadear con los cargos públicos, con los puestos de designación directa en instituciones públicas no tiene, en nuestro país, límite alguno. Los nombramientos o los ceses en determinados puestos se realizan no desde la perspectiva de la prestación del mejor servicio posible a los ciudadanos, sino desde la que corresponde al interés partidista, al amiguismo o a la “limpieza” ideológica.

Que alguien organiza fenomenales excursiones a Roma con el Opus Dei, pues, nada, se la termina haciendo Diputada nacional aunque no sepa hacer la “o” con un canuto. Que un Alcalde se atreve a expresar, desde su conciencia, sus objeciones al aborto, pues, nada, se le mueve la silla y se le envía de embajador al Vaticano aunque no sepa idiomas ni sepa dónde es forman los diplomáticos. Que se crea un Ministerio inútil y después se suprime dejando en evidencia a su incompetente titular, pues, nada, se le nombra asesora de la Agencia de la Mujer de las Naciones Unidas aunque para ello haya que gastarse cientos de miles de euros para conseguirlo a pesar de que las arcas públicas están en la ruina. La lista puede ser interminable.

Hace poco más de cuatro meses, los alicantinos decidimos con nuestro voto respaldar la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Alicante. No se trataba del respaldo a una lista abierta, como todo el mundo sabe, sino del voto a una lista cerrada, es decir, a un equipo propuesto por el Partido Popular para que los componentes de dicha lista ocupasen los sillones de concejales del Pleno de la Corporación y, en su caso, gobernasen la ciudad. La mayoría de los alicantinos dio su voto a esta lista íntegra, sin posibilidad de excluir a nadie. Por tanto, decidimos, entre otros nombres, que Sonia Castedo y Joaquín Ripoll fuesen concejales.

Pues bien, parece que Sonia Castedo y la dirección regional del Partido Popular (antes con Camps, ahora con Fabra) se pasan por el arco del triunfo la voluntad de los alicantinos expresada en las urnas. Sonia Castedo, convertida en Alcaldesa, decidió que no quería trabajar en el equipo de gobierno de la ciudad con su número dos, con el que los electores habían votado, su Presidente Provincial del PP, Joaquín Ripoll y lo envió al paro. Así, sin más. Todo un alarde de chulería y soberbia, de venganza cainita que supone un sonoro mazazo sobre las urnas y todo ello con el consentimiento y beneplácito de la Dirección Regional Popular.

Que a la Sra. Alcaldesa se le pone que no quiere a su número dos, pues nada se le deja sin competencias municipales, sin sueldo y se le presiona para que renuncie al acta de concejal que los electores le han conferido y, una vez conseguida la renuncia, se nombra al dimitido Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante. Todo un espectáculo de indignidad y de miseria política y moral la que están ofreciendo desde la Casa Consistorial alicantina.

Al Sr. Ripoll los alicantinos le hemos elegido para que esté en el Ayuntamiento, no en el puerto. Ése fue el mandato de la urnas, Sra. Alcaldesa, y no hace tanto de ello. Podrá enviar a Ripoll al puerto y, de paso,  nuestra papeleta, nuestro voto al retrete pero en Política no hay caminos sólo de ida.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 20 de julio de 2011

Francisco Camps ha dimitido.

Hoy, 20 de julio, el Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, ha anunciado su dimisión al frente de esta institución a consecuencia de su procesamiento por el caso del presunto regalo de tres trajes realizado por la trama corrupta Gürtel.

Afirma que es inocente y que ahora podrá defenderse y responder a todas las insidias y ataques de los que ha sido objeto. Igualmente ha expresado que se trata de un sacrificio personal y político que ofrece por el bien de España para no entorpecer una victoria del Partido Popular en las próximas elecciones generales.

Con este gesto, Camps ha despejado notablemente la agenda política de las próximas semanas y ha allanado con seguridad el camino de su defensa judicial. Se trata, sin duda, de una decisión necesaria, inteligente y valiente de un político que ha sabido ganarse el respaldo mayoritario en tres ocasiones del electorado de la Comunidad Valenciana lo que le ha valido un odio e inquina feroces por parte de sus adversarios políticos siempre tentados a ganar en los tribunales lo que pierden en las urnas. Lo cierto es que en las últimas elecciones del pasado 22 de mayo la inmensa mayoría de los votantes ha preferido votar a un político bajo sospecha de haber recibido regalos poco recomendables antes que votar a cualquiera de los candidatos de la izquierda valenciana. Las cifras están ahí y son incuestionables.

Camps ha hecho lo que debía hacer porque así lo exigía no sólo el sentido común, sino también el espíritu y la letra del Código de buenas prácticas del Partido Popular. Su dimisión es un claro referente para poder construir un discurso ético coherente con el que promover la necesaria regeneración del sistema político. Y si tras el proceso judicial que se desarrolle resulta que se demuestra su inocencia, no debería existir ningún obstáculo por parte del Partido Popular para promover su recuperación de la Presidencia de la Generalidad Valenciana.

No hay nada escrito, pero algunos se están apresurando a llamarle delincuente sin que se haya demostrado su culpabilidad y tan solo por haber presentado la dimisión. Dan por hecho, con ese sentido totalitario y estalinista que les caracteriza, que Camps es culpable, pese a sus repetidas manifestaciones de inocencia y pese a la existencia legal, al día de hoy y aunque les moleste, del principio de presunción de inocencia. Menos mal que estos aspirantes a verdugos no son jueces, porque si no ya se habrían “cepillado” lo que queda del Estado de Derecho.

Camps ha dimitido y eso le honra. Y ahora que tenga suerte y se haga justicia.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 17 de julio de 2011

Camps debe dimitir.

El pasado 27 de junio, el Secretario General del PPCV, Antonio Clemente, exigía al Portavoz Socialista, Jorge Alarte, que dimitiera por haber resultado imputado por un supuesto delito contra el honor por injurias y calumnias con publicidad contra sesenta cargos del PP valenciano.

Ahora, es el propio Presidente del PPCV y Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, el que ha resultado, no ya imputado, sino procesado por un presunto delito de cohecho impropio, es decir, por el caso de los tres trajes que recibió, presuntamente, como regalo de los cabecillas de la trama corrupta Gürtel.

La justicia ha dado un paso más al dejar atrás la siempre discutible condición de “imputado” de Francisco Camps y ahora le ha procesado. Esto significa que la Justicia aprecia en la conducta de Francisco Camps indicios racionales de criminalidad que han de ser examinados a fondo y, en su caso, sancionados o ignorados por no confirmarse.

En este contexto no está de más recordar que el Partido Popular tiene un Código de Buenas Prácticas en el que se señala que los cargos públicos del Partido deben mantener una conducta ejemplar y que deben abstenerse de cualquier conducta que, aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización (Art. 1.a). Igualmente en el art. 7 del citado código se determina que los cargos públicos populares tienen prohibido aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales. Por último, el art. 8 señala que los cargos públicos del Partido Popular tienen el compromiso de comunicar a la Dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del Partido el cargo público que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública.

Es evidente que el Comité Nacional de Derechos y Garantías tiene la obligación política y moral de determinar si la permanencia en el cargo del Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, una vez procesado, daña a la propia organización o a la institución pública. Quien piense que no la daña, se equivoca.

Parece que en un reciente cambio de la estrategia de la defensa de Camps se ha llegado a plantear incluso la admisión de la existencia de los regalos como algo normal. Sin embargo, este cambio de estrategia colisiona frontalmente con el Código citado, en concreto, con su artículo 7 lo que supone, sin ninguna duda, un claro error político.

No sé si Camps recibió o no como regalo los famosos trajes. No sé si en el caso de recibirlos lo hizo a cambio o no de favores, algo que sería bastante ridículo. Ahora y desde la perspectiva de la regeneración democrática es indiferente. Lo cierto es que la Justicia entiende que con los datos existentes al día de hoy su conducta contiene aparentemente indicios de criminalidad. Y eso debe ser suficiente para que Camps presente su dimisión lo antes posible, que conserve mientras tanto su escaño, que se sustancie el procedimiento y se dirima, de una vez por todas, su inocencia o su culpabilidad. Y si es inocente no habrá ningún obstáculo para recuperar la Presidencia de la Generalitat y, si no lo es, que renuncie a su escaño y cumpla con la pena que le sea impuesta.

No vale en este caso esgrimir a modo de defensa el excelente resultado electoral del Partido popular como salvoconducto. No vale tampoco esgrimir, como es habitual, lo que hacen o dejan de hacer los adversarios políticos. El Partido Popular tiene un código ético y unos principios que deben ser respetados y la conducta del Partido debe ser ejemplarizante en un contexto social en el que la clase política goza de la peor apreciación ciudadana de los últimos tiempos.

Es impresentable pedir dimisiones porque alguien ha sido imputado y hacer lo contrario cuando el nuestro ha sido procesado. Si la cúpula policial ha sido procesada por posible colaboración con banda terrorista en el caso Faisán debe cesar en sus puestos hasta que se dicte sentencia y, además, deberían investigarse las responsabilidades políticas a que hubiese lugar. Y si el Presidente Camps ha sido procesado, también debe dimitir. No hay que dar más vueltas al asunto.

La mujer del César, además de honrada, ha de parecerlo.

Santiago de Munck Loyola.


martes, 12 de julio de 2011

Camps y Luna, Luna y Camps.

La política es como un tinte líquido, como un colorante que se extiende, se infiltra y termina por teñir todo lo que toca. Pocas facetas de la vida cotidiana escapan a su tremendo poder colorante y muchas veces es preciso un serio esfuerzo para poder conocer el color original de las cosas.

Y la influencia de la política es especialmente significativa en los medios de comunicación. Los informes, las noticias o los comentarios de los profesionales raramente escapan del poder arrollador de la política y termina por colorear también cualquier pretensión de objetividad y ecuanimidad en la información. Es entonces cuando el sectarismo más rabioso y el partidismo integrista anulan una visión sosegada de la realidad diaria y se instala como guía y norma de conducta profesional diaria.

Las consecuencias se ven a diario. Según el medio de comunicación usado por un ciudadano su percepción de la realidad quedará restringida al campo de visión escogido por los profesionales del mismo. Verá que sólo hay corrupción en el PP o sólo en el PSOE o pensará que los casos de uno son más graves que los del otro. Conceptos e ideas como “la presunción de inocencia”, “la imputación”, “la prescripción” o “el cohecho” cobrarán un valor diferente según a quién se refieran.

Hay quienes se rasgan las vestiduras y elevan a la categoría de “crimen contra la humanidad” la posibilidad de que Camps haya podido recibir tres trajes como regalo de la trama corrupta de Gürtel y claman por su dimisión en el caso de que fuese condenado por ello. Y simultáneamente guardan un repugnante silencio por el hecho de que Luna, hipócrita portavoz socialista parlamentario contra la corrupción, haya sido beneficiario de múltiples favores (el Audi, las obras de su casa, etc.) provenientes de personas implicadas en varias tramas de corrupción. En este caso no pasa nada, puede ser nombrado tranquilamente presidente de la gestora socialista de Alicante. Parece que entienden que, por el hecho de que hayan podido prescribir determinadas actuaciones, éstas no han existido a pesar de que los datos publicados proporcionen el convencimiento moral de la existencia de conductas también repudiables.

Dicen que tras los tres trajes, la trama Gürtel se ha embolsado millones de euros de las arcas públicas. Y pocos cuentan que el Ayuntamiento de Alicante debió abonar por sentencia judicial 20 millones de euros a la empresa Hansa, beneficiaria de actuaciones urbanísticas aprobadas por Luna cuando era Alcalde de la ciudad y para la que ocho años después, en 2002, se convirtió en su abogado urbanista.

Todo parece indicar la existencia de una doble vara de medir que conscientemente y deliberadamente se traslada a los ciudadanos. Y no, no vale hablar de pequeñas o grandes corrupciones según la militancia política del interesado. La exigencia de honestidad y escrupulosidad a la hora de gestionar los bienes públicos debe ser igual para todos, sin excepciones.

O todos moros, o todos cristianos.

Fdo. Santiago de Munck Loyola

jueves, 16 de junio de 2011

Carta abierta a Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante y compañera de Partido.

Estimada Alcaldesa y compañera:

Tan sólo unas modestas líneas de un vecino de Alicante, afiliado del PP y votante de la candidatura municipal del PP en las pasadas elecciones para trasladarte algunas consideraciones. Esta mañana, escuchaba un informativo de la Cope y a propósito de la pugna interna del PP por la Diputación en el que declarabas que el Partido Popular es un partido integrador y que no peligraba su unidad en Alicante. ¡Que alivio! Sabiendo que dejar a tu número dos, a tu Presidente Provincial, como has hecho sin delegaciones municipales y sin sueldo es integrar a las personas me quedo mucho más tranquilo. Pensaba que se trataba de una vulgar venganza, pero no, me has sacado del error, integrar debe ser eso y yo no lo sabía, disculpa mi ignorancia.

Ya sé que se trata solo de tu Presidente Provincial, del mío y el de muchos miles de afiliados, y que, aunque algunos mal pensados puedan ver en tu actitud un trato humillante, soberbio y cainita, no hay nada de eso, hay sólo integración pura y dura, como Camps manda.

En mi ignorancia voté a la lista municipal del PP que encabezabas pensando que estaba votando a todo un equipo propuesto por mi partido para que los que resultasen elegidos desempeñasen tareas en el Ayuntamiento pero nadie me dijo que así era menos para dos o tres de sus miembros. ¡Qué descuido! No sabía nada del concepto campista de la integración. Pero sabiéndolo tú, no comprendo por qué formabas parte de la misma lista. Si se trataba de una imposición externa podrías haberte negado y te habrías ahorrado el mal trago de tener que ir ahora integrando a la gente.

Aunque supongo, estimada Alcaldesa que estarás muy ocupada dedicando el cien por cien de tu tiempo a la ciudad de Alicante y el cien por cien de tu tiempo a la Provincia de Alicante como diputada (¿el 200 % de tu tiempo?), te quedará aún algún minuto para seguir velando por la unidad y dignidad del Partido Popular y de su legítimo Presidente Provincial. Ya sabes que el Presidente Provincial representa a todos los afiliados populares de la Provincia y que, por tanto, el trato que reciba no debería ser ofensivo para los mismos.

En fin, me alegro mucho de que no pase nada en el PP y de que la unidad interna no esté en peligro, pero me da la impresión de que ni los medios de comunicación ni los afiliados te creen. ¡Cómo son!

Un saludo, Alcaldesa.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 5 de junio de 2011

Harto de las guerras cainitas del PP.

Una vez pasadas las elecciones autonómicas y municipales, puede ser un buen momento para hacer públicas algunas reflexiones sobre lo que ha pasado y pasa dentro del Partido Popular de la Provincia de Alicante. Lo cierto es que le lectura de muchas noticias de prensa y de comentarios sobre actuaciones de dirigentes populares locales, provinciales y regionales, antes, durante y después de la campaña despiertan a los militantes populares asombro, hastío y hasta repugnancia.

La división interna del partido llega a extremos insospechados y se pone de manifiesto en actitudes vergonzosas, deslealtades y traiciones de todo tipo que mueven a pensar que sus protagonistas se mueven exclusivamente por intereses personales, por odios irreconciliables y ambiciones inconfesables. Se ve de todo menos un sincero deseo de contribuir a la forja de un partido fuerte y al servicio de los ciudadanos y de cada uno de los pueblos y ciudades de Alicante. Candidatos que comparten lista electoral pero que se niegan a compartir foto; candidatos y militantes que en algunos pueblos reparten concienzudamente las papeletas blancas y se olvidan de las sepias o viceversa; dirigentes locales que excluyen a compañeros no por su valía, sino por sus simpatías o antipatías hacia el Presidente Regional o el Provincial y ahora se ven en la necesidad de mendigar pactos; militantes que se alegran de batacazos electorales de compañeros; afiliados que procuran ir difundiendo dossiers sobre compañeros o que airean noticias desfavorables, etc. Hay de todo y de todos lados. Aquí pocos se salvan. Han convertido al Partido Popular de Alicante en un campo de batalla en el que al que le coloquen una etiqueta de campista o ripollista va listo.

Y todo proviene del empeño antidemocrático de algunos de querer situar a sus peones, sus paracas y esbirros en determinados puestos, pasándose por el arco del triunfo, merced a unos estatutos que lo facilitan, la voluntad de los militantes, de la base electoral del Partido Popular.
A lo mejor hay alguien en el Partido Popular que podría explicar a la militancia  qué diferencias ideológicas existen entre los campistas y los zaplanistas, por citar un ejemplo, porque sinceramente cuesta apreciarlas. Sin embargo, salvo honrosas excepciones, las coincidencias entre unos y otros son enormes, sobre todo, a la hora de ignorar la voluntad de los militantes y de carecer de escrúpulos a la hora de dañar al Partido.

En un partido democrático el hecho de que un Presidente provincial le guste o no al Presidente regional es, o debería ser, irrelevante. Del mismo modo, que un Presidente local o un candidato local sea o no del agrado del Presidente provincial también es, o debería ser, intrascendente. Lo único que debe importar es que unos y otros sean del agrado de los militantes, que sean ellos los que los elijan y respalden. Lo demás sobra. Toda intervención desde arriba, toda injerencia y manipulación por muy respaldada que pueda estar en unos estatutos manifiestamente mejorables sobra también.

Somos muchos los militantes populares que estamos hartos de esta situación y que queremos un Partido unido y fuerte, no sólo capaz de ganar elecciones, sino de servir de verdad a la ciudadanía y de ser cauce de participación de verdad.

Y si las cosas no cambian pronto, deberán intervenir desde la C/ Génova y devolver la palabra a los militantes, en un proceso limpio y abierto, para que decidamos lo que queremos para nuestro partido.

Santiago de Munck Loyola