Una reforma constitucional legal, pero con déficit de legitimidad.

Esta mañana, algunas tertulias radiofónicas se hacían eco de la innecesaria reforma constitucional puesta en marcha para intentar frenar el gasto de nuestras administraciones públicas. Y, al igual que en algunos periódicos, los intervinientes debatían sobre la legalidad y la legitimidad de esta reforma de la Constitución. Así, se argumentaba que la reforma era legal puesto que se hacía respetando al pie de la letra el mecanismo de reforma previsto en la carta Magna y legítima pues estaba respaldada, además, por más del 80 % de los representantes de la soberanía popular, los diputados socialistas y populares.

No es ésta la primera vez que puede observarse como, en los medios de comunicación, se usa el concepto de legitimidad política con tanta ligereza, como desconocimiento. Ya hace tiempo que, a propósito de la formación del primer gobierno de Rodríguez Zapatero, el periodista Jiménez Losantos, afirmaba con su rotundidad habitual que “este gobierno es legal y, por tanto, es legítimo”. Con ello, parecía asimilar el concepto de legalidad con el de legitimidad, error muy frecuente. Los gobiernos del dictador Fidel Castro serán muy legales porque se habrán constituido conforme a la legalidad cubana vigente, pero no son legítimos porque ni las leyes que los producen están elaboradas con criterios de legitimidad, ni dichos gobiernos cuentan con el respaldo democrático necesario. Es práctica frecuente también obviar la distinción, clásica en la ciencia política, entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio.

Volviendo a la reforma constitucional hay algunos aspectos que merece la pena ser considerados. Es cierto que la reforma es legal pues se está haciendo mediante el sistema constitucionalmente previsto. Como también lo es que los parlamentarios son los legítimos representantes de la soberanía popular. Pero también es un hecho cierto que cuando los partidos políticos presentaron sus programas electorales en la elecciones generales de 2008 no propusieron a los votantes reformar la Constitución en el sentido en que lo van a hacer. Los electores no respaldaron con su voto, no otorgaron mandato a los parlamentarios electos para que procediesen a reformar la constitución. Es decir que la soberanía popular no se pronunció en el año 2008 sobre este punto. El mandato y la representatividad de los parlamentarios, su legitimidad, se sustenta en esa relación de confianza que se puede resumir en “yo te voto para que hagas lo que me has propuesto en tu programa”. Por tanto, los parlamentarios socialistas y populares no tienen mandato alguno de los ciudadanos para emprender esta reforma, no cuentan con la legitimidad suficiente para realizar una reforma de tanto calado de la norma superior del estado, la norma que regula la convivencia y organización de la nación. Esto es un hecho evidente.

Subrayada la ausencia de mandato para reformar la constitución y la inexistencia de pronunciamiento de la soberanía popular sobre el asunto, resulta aún más llamativo que esta reforma se haga sin un referéndum, mecanismo legalmente no exigible, o que se haga sin esperar al resultado de las próximas elecciones generales en cuya campaña los partidos políticos tendrían una ocasión de oro para proponer y explicar a los votantes la necesidad y el alcance de esta reforma constitucional y de obtener así el mandato necesario de la soberanía popular para modificar la Constitución.

El déficit de legitimidad para realizar esta reforma constitucional es evidente por mucho que editorialicen en contrario determinados medios de comunicación. Podrán poner el énfasis sobre la legitimidad de esta decisión pero, por mucho que lo hagan, no podrán soslayar el hecho de que esta reforma se hace, pudiendo hacerlo, sin contar con el pueblo soberano.

Santiago de Munck Loyola

Francisco Camps ha dimitido.

Hoy, 20 de julio, el Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, ha anunciado su dimisión al frente de esta institución a consecuencia de su procesamiento por el caso del presunto regalo de tres trajes realizado por la trama corrupta Gürtel.

Afirma que es inocente y que ahora podrá defenderse y responder a todas las insidias y ataques de los que ha sido objeto. Igualmente ha expresado que se trata de un sacrificio personal y político que ofrece por el bien de España para no entorpecer una victoria del Partido Popular en las próximas elecciones generales.

Con este gesto, Camps ha despejado notablemente la agenda política de las próximas semanas y ha allanado con seguridad el camino de su defensa judicial. Se trata, sin duda, de una decisión necesaria, inteligente y valiente de un político que ha sabido ganarse el respaldo mayoritario en tres ocasiones del electorado de la Comunidad Valenciana lo que le ha valido un odio e inquina feroces por parte de sus adversarios políticos siempre tentados a ganar en los tribunales lo que pierden en las urnas. Lo cierto es que en las últimas elecciones del pasado 22 de mayo la inmensa mayoría de los votantes ha preferido votar a un político bajo sospecha de haber recibido regalos poco recomendables antes que votar a cualquiera de los candidatos de la izquierda valenciana. Las cifras están ahí y son incuestionables.

Camps ha hecho lo que debía hacer porque así lo exigía no sólo el sentido común, sino también el espíritu y la letra del Código de buenas prácticas del Partido Popular. Su dimisión es un claro referente para poder construir un discurso ético coherente con el que promover la necesaria regeneración del sistema político. Y si tras el proceso judicial que se desarrolle resulta que se demuestra su inocencia, no debería existir ningún obstáculo por parte del Partido Popular para promover su recuperación de la Presidencia de la Generalidad Valenciana.

No hay nada escrito, pero algunos se están apresurando a llamarle delincuente sin que se haya demostrado su culpabilidad y tan solo por haber presentado la dimisión. Dan por hecho, con ese sentido totalitario y estalinista que les caracteriza, que Camps es culpable, pese a sus repetidas manifestaciones de inocencia y pese a la existencia legal, al día de hoy y aunque les moleste, del principio de presunción de inocencia. Menos mal que estos aspirantes a verdugos no son jueces, porque si no ya se habrían “cepillado” lo que queda del Estado de Derecho.

Camps ha dimitido y eso le honra. Y ahora que tenga suerte y se haga justicia.

Santiago de Munck Loyola

Camps debe dimitir.

El pasado 27 de junio, el Secretario General del PPCV, Antonio Clemente, exigía al Portavoz Socialista, Jorge Alarte, que dimitiera por haber resultado imputado por un supuesto delito contra el honor por injurias y calumnias con publicidad contra sesenta cargos del PP valenciano.

Ahora, es el propio Presidente del PPCV y Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, el que ha resultado, no ya imputado, sino procesado por un presunto delito de cohecho impropio, es decir, por el caso de los tres trajes que recibió, presuntamente, como regalo de los cabecillas de la trama corrupta Gürtel.

La justicia ha dado un paso más al dejar atrás la siempre discutible condición de “imputado” de Francisco Camps y ahora le ha procesado. Esto significa que la Justicia aprecia en la conducta de Francisco Camps indicios racionales de criminalidad que han de ser examinados a fondo y, en su caso, sancionados o ignorados por no confirmarse.

En este contexto no está de más recordar que el Partido Popular tiene un Código de Buenas Prácticas en el que se señala que los cargos públicos del Partido deben mantener una conducta ejemplar y que deben abstenerse de cualquier conducta que, aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización (Art. 1.a). Igualmente en el art. 7 del citado código se determina que los cargos públicos populares tienen prohibido aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales. Por último, el art. 8 señala que los cargos públicos del Partido Popular tienen el compromiso de comunicar a la Dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del Partido el cargo público que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública.

Es evidente que el Comité Nacional de Derechos y Garantías tiene la obligación política y moral de determinar si la permanencia en el cargo del Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, una vez procesado, daña a la propia organización o a la institución pública. Quien piense que no la daña, se equivoca.

Parece que en un reciente cambio de la estrategia de la defensa de Camps se ha llegado a plantear incluso la admisión de la existencia de los regalos como algo normal. Sin embargo, este cambio de estrategia colisiona frontalmente con el Código citado, en concreto, con su artículo 7 lo que supone, sin ninguna duda, un claro error político.

No sé si Camps recibió o no como regalo los famosos trajes. No sé si en el caso de recibirlos lo hizo a cambio o no de favores, algo que sería bastante ridículo. Ahora y desde la perspectiva de la regeneración democrática es indiferente. Lo cierto es que la Justicia entiende que con los datos existentes al día de hoy su conducta contiene aparentemente indicios de criminalidad. Y eso debe ser suficiente para que Camps presente su dimisión lo antes posible, que conserve mientras tanto su escaño, que se sustancie el procedimiento y se dirima, de una vez por todas, su inocencia o su culpabilidad. Y si es inocente no habrá ningún obstáculo para recuperar la Presidencia de la Generalitat y, si no lo es, que renuncie a su escaño y cumpla con la pena que le sea impuesta.

No vale en este caso esgrimir a modo de defensa el excelente resultado electoral del Partido popular como salvoconducto. No vale tampoco esgrimir, como es habitual, lo que hacen o dejan de hacer los adversarios políticos. El Partido Popular tiene un código ético y unos principios que deben ser respetados y la conducta del Partido debe ser ejemplarizante en un contexto social en el que la clase política goza de la peor apreciación ciudadana de los últimos tiempos.

Es impresentable pedir dimisiones porque alguien ha sido imputado y hacer lo contrario cuando el nuestro ha sido procesado. Si la cúpula policial ha sido procesada por posible colaboración con banda terrorista en el caso Faisán debe cesar en sus puestos hasta que se dicte sentencia y, además, deberían investigarse las responsabilidades políticas a que hubiese lugar. Y si el Presidente Camps ha sido procesado, también debe dimitir. No hay que dar más vueltas al asunto.

La mujer del César, además de honrada, ha de parecerlo.

Santiago de Munck Loyola.