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viernes, 9 de octubre de 2020

La república dinamitada.


Una parte del Gobierno de España, la parte comunista-podemita, ha decidido dedicar buena parte de sus esfuerzos no a combatir las gravísimas consecuencias de la pandemia, sino a cuestionar y a atacar a la Jefatura del Estado, al Rey, al que acusan, entre otras cosas, de mantener un comportamiento no neutral y de actuar contra el gobierno, es decir, que, según ellos, una institución carente de legitimidad porque nadie ha votado al Rey, la Corona, está socavando a otra, el gobierno, que cuenta con la legitimidad de las urnas. A esta afirmación habría que responder que el Rey sí cuenta con la legitimidad de origen en el Artículo 57 de la Constitución votada mayoritariamente por los españoles y con la legitimidad de ejercicio, la que se deriva del impecable ejercicio de sus funciones constitucionales por parte de Felipe VI, mientras que al gobierno actual no lo han elegido los ciudadanos, sino los parlamentarios incumpliendo los compromisos electorales del actual Presidente del Consejo de Ministros. Pero, en esta situación lo que primero llama la atención es la falta de liderazgo del Presidente del Gobierno porque mientras él hace llamamientos continuos a la unidad para salir de la crisis, parte de su gobierno se dedica a fomentar la división y el enfrentamiento, nada menos que contra la Jefatura del Estado. Y no se trata de un hecho aislado. Todos recordamos que mientras los ciudadanos nos reuníamos en los balcones todas las noches para aplaudir a los sanitarios y demás servidores públicos que luchaban contra la pandemia durante el confinamiento, la primera iniciativa de la parte comunista-podemita del gobierno fue organizar una cacerolada contra el Jefe del Estado.


Vaya por delante que en la situación en la que nos encontramos como Nación, con la economía destruida y en recesión, con millones de desempleados, con más de 55.000 muertos y cientos de miles de contagiados y con tantos y tantos problemas que aquejan a millones de familias como consecuencia de la gestión que se ha hecho de la pandemia, no parece que sea muy oportuno abrir una crisis entre las instituciones del Estado, ni promover ahora un cambio de régimen pasando de una Monarquía a una República, salvo que de lo que se trate sea precisamente de extender una cortina de humo para eludir las responsabilidades que a los gestores de esta situación pudieran corresponderles. Es evidente que, siendo completamente inoportuna para los intereses de los ciudadanos, para quienes por otra parte la Monarquía no supone un problema según las encuestas, abrir esta polémica no debe serlo para la parte comunista-podemita del Gobierno. No abren la polémica por casualidad. La elección del momento y del contexto ha sido perfectamente calculada: lo han hecho con el Gobierno más débil de la democracia, bajo el liderazgo más espurio conocido y en medio de la más grave crisis económica y social de los últimos 80 años. Es decir, en medio de un contexto, según los politólogos, típicamente prerrevolucionario. Su error, sin embargo, es que tratan de aplicar recetas de manuales caducos en medio de una sociedad mucho más madura de lo que ellos suponen.

 

Y resulta especialmente llamativo que los argumentos de los comunistas y podemitas para defender sus ataques al Rey pasen por descalificar a los que le defienden y que dichos argumentos no sólo sean sostenidos por periodistas y comentaristas apesebrados en las televisiones públicas, sino también sean “comprados” por otros supuestamente independientes. Dice el Sr. Iglesias que la reacción de los constitucionalistas defendiendo al Rey en realidad le perjudican, que dañan a la Monarquía y eso favorece al objetivo republicano. Así se lo manifestó al Secretario General de los populares, Sr. Egea, en el Congreso, en la primera sesión de control al Gobierno, tras el veto a la presencia del Rey en Barcelona. O sea que según el líder podemita sus descalificaciones y críticas al Rey contribuyen a la causa republicana y la defensa y los elogios al Rey por parte de los constitucionalistas, también. Curioso ¿no? Pues bien, pocos días después, una periodista de RTVE, Mónica López, entrevistando a Cayetana Álvarez de Toledo le preguntó, asumiendo o transmitiendo la peregrina tesis del Sr. Iglesias, si no creía que la defensa del Rey que estaban realizando los dirigentes populares estaba perjudicando a la Monarquía. La perversa pregunta, como la calificó la Sra. Álvarez de Toledo, no tenía desperdicio. Y es que en el fondo del argumento podemita y de esta pregunta lo que subyace es una descalificación personal y política de los constitucionalistas: ustedes son tan indignos que cuando se posicionan en favor del Monarca o de la Monarquía la manchan.

 

No queda más remedio que preguntarse por qué tantos sesudos periodistas y comentaristas políticos que en diferentes medios de comunicación asumen el razonamiento podemita (que la defensa del Rey por parte de los constitucionalistas de las insidias de parte del Gobierno supone perjudicarle y dañar a la causa de la Monarquía) no son coherentes y aplican la lógica podemita a la inversa, es decir, que la defensa de la causa republicana y los ataques a la Monarquía por parte de sujetos como Pablo Iglesias perjudica a dicha causa y refuerza a la Monarquía. Es la misma y perversa lógica que comunistas y podemitas están usando. Una causa pierde su bondad en función de quién la enarbola. Por tanto, bien podría afirmarse que flaco favor hace a la causa republicana que su abanderado sea un trepa, un sujeto que ha traicionado todos y cada unos de sus “ideales” proclamados, que se ha convertido en pura casta, que ha renegado de las limitaciones salariales autoimpuestas, que ha huido de su querida Vallecas porque es un barrio incompatible con el desarrollo de un proyecto familiar, que se compra el mismo tipo de vivienda que criticaba antes a sus adversarios, que ha laminado a los críticos en su partido, que solo acepta el “jarabe democrático” para los demás, que se esconde tras los aforamientos que no hace mucho criticaba, que dirige un partido acusado de financiación ilegal, que se rodea de gente de confianza condenada por contratar trabajadores en negro, por usar sociedades para eludir impuestos, que recibe alegremente dinero de los homófobos iraníes o los narcopolíticos bolivarianos, que le gustaría azotar hasta sangrar a ciertas mujeres, que experimenta orgasmos cuando la policía es vapuleada por manifestantes, que quiere controlar al poder judicial y amordazar a la prensa independiente o que se encuentra más a gusto de la mano de los herederos de los asesinos etarras y de los independentistas y golpistas catalanes, es decir, de los enemigos de la existencia de España. 

 

En definitiva, para cualquier persona sensata, coherente y demócrata, la mera hipótesis de tener a un Pablo Iglesias como Jefe del Estado español constituye el mejor revulsivo para cuestionarse la idoneidad de un sistema republicano hoy en España. Pablo Iglesias y sus seguidores están dinamitando cualquier oportunidad republicana porque encarnan los peores valores para promover una convivencia pacífica. La Jefatura del Estado requiere la capacidad de transmitir al menos la voluntad de representar a todos los españoles, incluso a quienes odian a España, de conciliar posiciones y eso es algo que queda a años luz de quienes hoy en día promueven como objetivo prioritario, no una nueva República, sino la resurrección de un experimento fracasado en el pasado.

 

Santiago de Munck Loyola

viernes, 1 de junio de 2018

De Guatemala a Guatepeor.



Termina una semana de vértigo político. En tan sólo siete días hemos pasado del aplauso de los populares festejando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con la ayuda de Ciudadanos y el PNV, al aplauso de despedida de los mismos diputados a su jefe, al Presidente Rajoy que deja de serlo al triunfar la moción de censura presentada por el exdiputado socialista Pedro Sánchez. Mañana, sábado 2 de junio, a las 11 horas Pedro Sánchez tomará posesión en la Zarzuela ante el Jefe del Estado.

Se cierra una semana de vértigo político que se inició al hacerse pública la Sentencia de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta sentencia considera acreditado que entre 1999 y 2005 entre las empresas de Correa y el Partido Popular de Majadahonda y de Pozuelo de Alarcón se tejió “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”. El tribunal ve probado que el PP se benefició, sin ser consciente de su procedencia delictiva, de 111.186 euros para la campaña de las municipales de 2003 en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y de 133.628 euros en la campaña de Majadahonda. Y esta sentencia que prueba hechos delictivos por un importe total de 244.814 euros cometidos antes de ser Mariano Rajoy Presidente del PP es la que ha conseguido unir a la mayoría de la oposición para echar a Rajoy y desalojar al PP del gobierno de España. Es evidente que se trata de fantasmas del pasado que han aparecido ahora y han terminado por tumbar a Mariano Rajoy. Es muy posible que Rajoy esté pagando los platos rotos por otros, pero suya es la culpa por no haber actuado con contundencia contra la corrupción, por haber mirado a veces hacia otro lado y, sobre todo, por no haber puesto en marcha los mecanismos necesarios para regenerar al Partido Popular y para democratizarlo de abajo a arriba. Y lo peor para el PP está por venir. De aquí a las próximas elecciones municipales y autonómicas van a seguir apareciendo más fantasmas del pasado a través de diferentes sentencias.

Al votante de centro derecha no puede servirle de consuelo o justificación que los socialistas estén peor en materia de corrupción con treinta procedimientos judiciales abiertos, con 4.000 millones de euros bajo sospecha y con casi 600 imputados. La política informativa desarrollada por el PP durante años ha conseguido una mayoría de medios de comunicación para los que un estornudo de un “pepero” se convierte en una pandemia de ébola, mientras que una epidemia de ébola entre los “sociatas” son simples casos de alergias individuales y, por tanto, no son noticia.

Ahora se abre una nueva etapa que además está lastrada por los apoyos que ha recibido Sánchez para ganar la moción de censura: los populistas y comunistas de Unidos Podemos, los separatistas y golpistas de ERC, los golpistas y racistas del PDeCat, los nacionalistas del PNV, los pancatalanistas de Compromís y el brazo político de los terroristas de ETA. Sánchez ha aceptado gustoso el apoyo de todos, no ha hecho ascos a ningún apoyo por muy repugnante que fuera con tal de llegar a la Presidencia del Gobierno. Como es normal no se sabe exactamente a cambio de qué, excepto en el caso del PNV, aunque en otros casos podemos intuirlo. Pero ahora viene lo más difícil: gobernar con 84 diputados socialistas, cumplir los acuerdos a los que haya podido llegar y “torear” en un senado con mayoría absoluta del PP. Y ahí es por donde va a tener que empezar. Sánchez ha prometido al PNV gobernar con los presupuestos del PP, vetados por él mismo y el PSOE hace siete días, aprobados la semana pasada en el Congreso y que aún han de ser aprobados en el Senado donde cinco de los partidos que le han apoyado en la moción de censura, Podemos, PDeCAT, EH Bildu, ERC y Compromís, han registrado este mismo viernes sus vetos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Sánchez ha logrado la Presidencia del Gobierno de España sin haber ganado unas elecciones generales, habiendo cosechado los peores resultados del PSOE desde la restauración de la democracia en España, sin presentar a las Cortes un programa de gobierno alternativo y sin haber construido una nueva mayoría parlamentaria de gobierno. En estas circunstancias y en una lógica democrática sólo tiene una salida política decente: dar la palabra al pueblo español para que decida. Unas elecciones generales anticipadas son imperativas para cualquier demócrata.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 4 de mayo de 2017

Antena 3 ofende a la memoria de las víctimas.


No me voy a andar con paños calientes. Durante décadas una mafia como ETA ha regado de sangre de hombres, mujeres y niños las calles de España para doblegar al Estado y conseguir la independencia del País Vasco e implantar allí una dictadura marxista leninista. No nos confundamos, los etarras ni eran, ni son unos fascistas, son unos asesinos, unos delincuentes de la más baja estofa, unos terroristas de ultraizquierda marxista leninista y punto. Y lo más delirante de estas últimas décadas es que no han estado solos. No me refiero ya a la famosa frase del páter Arzallus “ETA mueve el árbol y nosotros recogemos los frutos”, sino a decenas de miles de personas, hombres y mujeres aparentemente normales, que votaban y votan a la rama política etarra, se llame Batasuna, Sortu o Bildu, sin que la foto de un niño con el cráneo destrozado o la de una mujer embarazada de siete meses asesinada, les conmoviera lo más mínimo y les mueva a cuestionarse lo más mínimo la moral de esos crímenes.

Había urnas pero preferían y prefieren las bombas, la extorsión, los secuestros y la bala en la nuca. Me resulta imposible comprender que una persona normal y corriente no se conmueva lo más mínimo ante las matanzas de inocentes y que encuentre toda clase de justificaciones para explicar que, a pesar de tanto dolor, se puede votar y defender a los representantes de los asesinos.

Más fácil de comprender es que una parte de los partidos políticos de la izquierda hayan mostrado en muchas ocasiones una gran complacencia y tolerancia con los representantes políticos de los asesinos. Incluso el PSOE en más de una institución ha sido capaz de llegar a acuerdos con esa chusma por una alcaldía o una diputación. Y para qué vamos a hablar de Izquierda Unida o de Podemos siempre prestos a ir de la mano con los bildutarras para una investidura o una moción de censura.

Hoy afortunadamente la ETA está vencida policialmente pero no políticamente y no lo está gracias a siete cobardes “magistrados” del Tribunal Constitucional que legalizaron a Bildu, la casa común de terroristas, filoterroristas y toda clase de cómplices con la violencia y el horror.

Si algo puede cimentar sólidamente la paz y la convivencia en una sociedad es la necesidad de que se haga justicia con los asesinos y con las víctimas. Y aún no se ha llegado a ello. Prueba de ello son los más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Prueba de ello también es el empeño de los amigos de los terroristas en borrar el rastro y la memoria de las víctimas arrancando las placas que las recuerdan en las calles. Y prueba de ello, por último, es toda la piara de políticos, artistas y seudointelectuales que esporádicamente reclaman el acercamiento de los asesinos al País Vasco pero nunca han dicho ni dirán una sola palabra en favor de las víctimas.

Pero vivimos en un país donde las libertades sobreviven a pesar de la violencia indiscriminada ejercida por la ETA para acabar con ellas. Y estas libertades permiten que quienes defienden o se identifican con los asesinos puedan expresar su simpatía con ellos. La línea roja que debe delimitar el espacio y la relación con los filoetarras queda para la gente decente.

Ellos tienen libertad para expresar pacíficamente sus simpatías y pueden pedir lo que quieran o reclamar el acercamiento de los presos a su tierra y los demás tenemos la misma libertad para trazar esa línea roja y no querer saber nada de ellos. Y con la misma libertad que disfrutamos todos, pese a ETA, los ciudadanos podemos promover cualquier boicot contra cualquier partido, empresa o persona que colabore con los amigos de ETA. Se trata de promover cordones sanitarios para que algunos comprendan que la violencia no es justificable y que no habrá reconciliación sin justicia para todas y cada una de las víctimas, algo que aún no se ha alcanzado.

Por ello, me he sumado con gusto al boicot a la serie “La casa de papel” emitida en Antena 3 en la que una de sus protagonistas Itziar Ituño, defendió en un vídeo el acercamiento de los presos de la ETA al País Vasco y en marzo de 2016 fue una de las convocantes del acto de apoyo a la escoria humana llamada Arnaldo Otegui en el Velódromo de Anoeta, en San Sebastián. Es una cuestión de libertad, de conciencia y de compromiso con la justicia y la paz. Itziar Ituño es muy libre y no precisamente gracias a la ETA para expresar su simpatía con los asesinos y yo soy tan libre como ella como para decidir no ver su jeta en el televisor de mi casa. Así de simple y fácil. Y no quiero acabar estas líneas sin recordar a los accionistas de Antena 3 y La Secta que existe una línea roja de la decencia, que no todo vale por dinero y que su cuenta de resultados no debería estar manchada con la sangre del recuerdo de las víctimas de ETA.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 5 de septiembre de 2016

Y llegan las “fuerzas del cambio”.


Tal y como estaba anunciado la investidura del candidato Mariano Rajoy fracasó. 170 votos a favor (PP y sus coaligados Foro Asturias y UPN + C’s + CC) frente a 180 votos contrarios. ¿Y ahora qué? Pues difícil está la cosa. El partido más votado, el Partido Popular, tiene muy difícil intentar una segunda investidura con o sin Mariano Rajoy de candidato. Su pacto con Ciudadanos tenía fecha de caducidad, algo realmente extraño cuando tanto se apela desde esta formación al diálogo y al consenso. Aunque tampoco importa mucho, visto lo que entiende el PP por regeneración al proponer al ex ministro Soria para ocupar un puesto representando a España en el Banco Mundial. Como el Sr. Soria no "valía" para seguir siendo Ministro se lo endosamos a los extranjeros. Y por otra parte, el Partido Popular se reafirma en la candidatura de Mariano Rajoy y frente a quienes desde otros partidos, con toda la hipocresía del mundo pues en el fondo “no es no” sea quien sea el candidato del PP, señala, no sin razón, que si el candidato más votado en las últimas elecciones ha de renunciar o dimitir ¿por qué no lo hacen quienes han perdido votos y escaños en las últimas elecciones?

El líder socialista, Mister “Noesno”, fracasada la investidura de Rajoy, se apresuró a hacer un llamamiento a lo que denomina “las fuerzas del cambio” para que esos 180 votos negativos se conviertan ahora en positivos para investir a un presidente del llamado cambio. La verdad es que queda hasta bonito, lo de las fuerzas del cambio, encarnadas en los 180 votos del no frente a los 170 de las fuerzas del inmovilismo o del “no cambio”. Pero, seamos serios, a parte del no en común ¿hay algún otro elemento aglutinador que permita hablar de un grupo homogéneo de “fuerzas del cambio”? Parece que no y es que entre los 180 votos negativos hay de todo, hasta de lo peorcito. Vamos a intentar aclarar lo que significan las llamadas “fuerzas del cambio”.

Podría pensarse a primera vista que el Sr. Sánchez intenta sumar a los 180 votos de las “fuerzas del cambio” a Ciudadanos. Es decir que para intentar arreglarlo, el Sr. Sánchez tendría en cuenta a parte de los 170 votos favorables a la investidura de Rajoy, es decir, a los 32 diputados de Ciudadanos que ya no serían considerados inmovilistas, ni marca blanca del PP, ni cómplices de Rajoy. ¡Faltaría más! Y así, los socialistas vuelven a su proyecto fracasado de hace unos meses, PSOE + PODEMOS +CIUDADANOS, y Pedrito Presidente. Pero, hete aquí, que al líder de Ciudadanos, Sr. Rivera, le ha faltado tiempo para decir que con Unidos Podemos, que propugna el derecho de autodeterminación entre sus filas, ni a la vuelta de la esquina. Nuevo portazo para el Sr. Sánchez cuyas desmesuradas ansias de “tocar pelo” al precio que sea ya son más evidentes que nunca.

Y vuelta a empezar. Los 180 votos de las “fuerzas del cambio” se componen de lo siguiente:

-       85 diputados de lo que queda del PSOE, socialdemócratas confusos.
-       71 diputados de Unidos Podemos, comunistas, populistas, aspirantes a socialdemócratas, separatistas y talibanes variopintos.
-       9 diputados de ERC, separatistas enemigos de la soberanía popular y de España.
-       8 diputados de CDC, iguales que los anteriores pero menos izquierdistas.
-       5 diputados del PNV, iguales que los anteriores pero derechistas.
-       2 diputados de EH BILDU, iguales que los anteriores pero izquierdistas y brazo político de los asesinos etarras.

Et voilà! Ya tenemos a las “fuerzas del cambio”, ese maravilloso cóctel que tanto fascina al Señor Sánchez y a muchos españoles que de buena fe creen en que en realidad existe una auténtica alternativa de gobierno bajo la falaz denominación de las “fuerzas del cambio”. Algunos de los que forman parte de este heterogéneo grupo de los 180, de las “fuerzas del cambio”, ya han anunciado que estarían dispuestos a apoyar al Sr. Sánchez o a cualquier otro de los 180 con ciertas condiciones. A saber: para empezar derecho a la autodeterminación, con o sin referéndum, para Cataluña y País Vasco (si me apuran para Galicia y el resto de los Países Catalanes como dicen los de Compromis, también) y los presos etarras bajo la tutela del PNV o, para el caso amnistiados, que ya está bien de “venganzas” según la impresentable portavoz de BILDU. Y para continuar ya se sabe: ministerios sociales como Defensa o Justicia para IU Podemos, amén del control sobre el CNI, los medios públicos de Comunicación, etc. Pero, con todo, ya tendríamos a D. Pedro Sánchez Pérez Castejón (de los Castejón sublevados contra la II República) como Presidente del Gobierno de lo que pueda quedar de España. Y ya está. ¡Fácil! ¿Verdad? Nunca más volvería hacer falta votar en Navidad, es más, sería imposible porque seguramente sería borrada del calendario, por reaccionaria y por heteropatriarcal que diría Garzón.

Santiago de Munck Loyola






jueves, 3 de diciembre de 2015

IMPIDEN A ESPERANZA CIUDADANA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES GENERALES.




Finalmente la candidatura de Esperanza Ciudadana al Congreso por Alicante no podrá participar en las próximas elecciones generales. El pasado 23-11-2015 la Junta Electoral Provincial de Alicante acordó lo siguiente: “NO PROCEDE PROCLAMAR las siguientes Candidaturas: …Y la denominada ESPERANZA CIUDADANA, por insuficiencia de avales a la vista del certificado emitido por el Sr. Delegado del Censo, en el que aparece “verificadas 1397, número de firmas válidas 1.199, y número de firmas inválidas 198”. Dicho acuerdo fue recurrido ante la propia Junta Electoral, aportando 65 avales adicionales más, y ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa no prosperando ninguno de los dos recursos. Presentado el pertinente recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al haberse vulnerado los derechos constitucionales recogidos en los Artículos 23.2 y 24.1 de la C.E. éste ni siquiera lo admitió a trámite excusándose en un inexistente defecto formal.

Hay que destacar, en primer lugar, que la Oficina del Censo Electoral no ha acreditado, ni certificado en ningún momento la relación nominal de avalistas anulados, la mayoría, al parecer, por haber avalado simultáneamente a otra candidatura.

En segundo lugar, que la Junta Electoral Provincial de Alicante acordó no proclamar la candidatura de Esperanza Ciudadana a falta de tan sólo 26 avales al no alcanza los 1.225 exigidos, conociendo que la Oficina del Censo había anulado más de 125 firmas sin presentar la relación nominal de las mismas y sin acreditar esa supuesta duplicidad.

En tercer lugar, resulta altamente sospechoso que el Juzgado Contencioso Administrativo recibiese el expediente administrativo de la Junta Electoral Provincial de Alicante media hora antes de hacer entrega de la sentencia desestimatoria del recurso de Esperanza Ciudadana.


Y, en cuarto lugar, hay que destacar y censurar, la actuación caciquil, desvergonzada e inadmisible del Tribunal Constitucional que, en lugar de entrar a conocer el fondo del asunto, la flagrante vulneración de derechos constitucionales de ciudadanos alicantinos, se despacha con no admitir a trámite el recurso usando la excusa de un supuesto defecto formal inexistente. Llama poderosamente la atención que el mismo Tribunal que enmienda la plana al Tribunal Supremo para legalizar a Bildu, el partido de los proetarras, y permitir así su participación electoral impida a la gente normal y pacífica de Alicante poder participar en las próximas elecciones generales. No cabe mayor desvergüenza política y jurídica.

viernes, 22 de marzo de 2013

¿Moción de censura con un acosador? Mal. ¿Moción de censura con los representantes de ETA? Bien.



Ha sido sorprendente el ruido mediático organizado por la moción de censura del pasado 8 de marzo en Ponferrada. Es cierto que la fecha elegida no era la más oportuna, pero también parece que el asunto no era tan grave, sobre todo si se compara con otras actuaciones similares recientemente llevadas a cabo por los socialistas. Claro que para mayor desgracia de los dirigentes socialistas la triunfante moción de censura de Ponferrada gracias al voto del grupo municipal liderado por un acosador sexual, elegido concejal por sus vecinos no obstante sus antecedentes, coincidía con el Día de la Mujer y con los habituales tópicos y simplezas de la número dos socialista, la inefable y morosa Sra. Valenciano. Después de afirmar que “la derecha española nunca ha movido un dedo por el conjunto de las mujeres” y que la derecha española supone “una losa” para la igualdad y para las mujeres, la Sra. Valenciano y su partido regalaban a todos los españoles y, en especial, a las mujeres la guinda de Ponferrada. 

Y para rematar la faena, el número tres del PSOE, el otrora desmemoriado Sr. Óscar López, se justificaba y asumía la responsabilidad del citado regalo afirmando “que le había cegado el deseo de apartar de la política al acosador”, parte del pacto de dicha moción de censura. Claro que con tan poca memoria y peor vista cualquiera se hubiese cegado por tan altruista objetivo. ¡Hay que tener cara dura!

Sin embargo, el cúmulo de torpezas socialista ha servido para el rechinar de dientes y el rasgado de vestiduras de algunos que, sin embargo, no han tenido inconveniente moral alguno durante años en servirse de los votos del acosador y de otros que de siempre guardan un sepulcral silencio mientras en sus filas ostenta un importante cargo orgánico un maltratador como Jesús Eguiguren o mientras su partido apoya repetidamente a los testaferros de ETA. El 12 de abril de 1992, su esposa Assunta Zubiarrain le denunció por malos tratos y a raíz de ello, el entonces vicepresidente del Parlamento vasco, fue condenado a 17 días de arresto menor. El dirigente socialista golpeó a su mujer con las manos, un paraguas y un zapato y ésta terminó cayendo por unas escaleras mientras discutían, al parecer, sobre presuntas infidelidades matrimoniales del Sr. Eguiguren. Jesús Eguiguren, produjo a su esposa hematomas y contusiones en las zonas parietal y occipital del cuero cabelludo, en los hombros, brazos, codos, manos, glúteo y muslos, lesiones que tardaron en curar un total de 20 días y que no dejaron secuelas. Puede que fuera su experiencia en el campo de la violencia la razón por la cual el Sr. Zapatero encargó a este valiente tipo negociar con los violentos asesinos de ETA. Semejante “machada”, por cierto, no ha provocado nunca la riada de improperios por la supuesta indignación entre las, también presuntas, mujeres progresistas, como la que recientemente causó unas desafortunadas declaraciones del actor y diputado Toni Cantó. Con lo que se muestra claramente dos cosas: que buena parte de la izquierda española, otorgadora de credenciales de pureza democrática, utiliza de forma innoble cualquier asunto sensible como el machismo o la violencia doméstica y que siempre aplica la Ley del Embudo.

Aún con ser inoportuno y grave el episodio de la moción de censura en Ponferrada es, con mucho, menos importante que otros episodios políticos protagonizados por los socialistas vascos o navarros. En esta última Comunidad Autónoma, los socialistas no han tenido el más mínimo escrúpulo moral y político en sumar sus votos a los de Bildu para arrebatar la alcaldía de  Egüés a UPN y situar a la cabeza del consistorio a Alfonso Etxeberria de NaBai. Y, sin ir muy lejos, tampoco han tenido los socialistas ningún problema de conciencia en facilitar a Bildu la gobernabilidad del Ayuntamiento de San Sebastián en minoría prestando sus votos para que saliesen adelante los presupuestos de 2013.

Si valerse del voto de un acosador para hacerse con la alcaldía de Ponferrada ha puesto el grito en el cielo de las representantes socialistas, no parece muy coherente aprobar con su permanente y cómplice silencio mociones de censura de la mano de los herederos o representantes de los asesinos de ETA o la gobernabilidad de los mismos en algunas instituciones. Ofenden con ello, y mucho, no sólo a la memoria de las víctimas de ETA, entre las que se encuentran muchos socialistas, sino a la sensibilidad democrática de los ciudadanos españoles decentes. ¡Hay que ser hipócritas!

Santiago de Munck Loyola

lunes, 22 de octubre de 2012

Galicia y País Vasco han hablado.




Tras dos semanas de campaña electoral y varios meses de tediosa precampaña, las urnas han hablado por fin en dos regiones históricas españolas: Galicia y en el País Vasco. Y lo han hecho con resultados muy diferentes. Es hora de balance, de análisis y de consecuencias y es muy probable que los que provengan de los dirigentes políticos difieran mucho de los que los ciudadanos y los analistas políticos vamos a hacer. Si en algo van a coincidir los primeros, sobre todo aquellos que han empeorado sus resultados, es en no hacer la más mínima autocrítica y en culpar a factores externos de los malos resultados obtenidos.

En Galicia ha ganado el Partido Popular, encabezado por Núñez Feijó, revalidando y, lo que era más difícil, ampliando su mayoría absoluta. Mal hicieron los socialistas al insistir a lo largo de la campaña en que votar al PP era reforzar la política de austeridad del Gobierno de España, en convertir en definitiva las elecciones autonómicas gallegas en un auténtico test de la política nacional en lugar de centrarse en los problemas, las necesidades y la situación de Galicia. A la falta de liderazgo del candidato socialista se ha unido la ruinosa herencia del zapaterismo administrada por el Sr. Rubalcaba, una pesada losa que ha terminado por hundir al desfondado PSG. El tiro les ha salido por la culata y el tanto Feijó, como Rajoy, han salidos reforzados de estos comicios gallegos. 

Conviene tomar nota, además, de la fuerte irrupción del nacionalista gallego, Sr. Beiras, que con algún que otro exabrupto de más, ha sabido capitalizar buena parte del descontento social y de los vientos independentistas que en esta época tan fuerte arrecian en diferentes regiones españolas.  Y también es conveniente subrayar el segundo fracaso del Sr. Mario Conde con unos ridículos resultados. La abstención ha sido ligeramente superior que en 2009, un 0,8 % más, algo insignificante aunque, como era de esperar, al Secretario de Organización, Óscar López, le parezca el dato más preocupante de estos comicios. Con tan sesudo análisis de tan alto jerarca socialista no es de extrañar que el PSOE coseche lo que cosecha. Por último, hay que resaltar que Núñez Feijó es quizás el único gobernante que en la actual época de recortes y restricciones no sólo gana, sino que amplía su mayoría. Algo debe estar haciendo bien y más de uno, en vez de envolverse en la bandera regional, debería tomar nota.

Y en el País Vasco tenemos la otra cara de la moneda de la jornada electoral. El partido ganador, al igual que en las últimas autonómicas vascas, vuelve a ser el PNV aunque en esta ocasión pierde tres escaños. Los partidos constitucionalistas se llevan un batacazo, el PSOE, responsable del Gobierno vasco y del adelanto e estas elecciones, pierde nada menos que nueve escaños y el Partido Popular, su socio hasta hace unos meses, pierde tres pasando de trece a diez. El Sr. Basagoiti, en su comparecencia tras conocer los resultados, no ha hecho, como era de esperar, ninguna autocrítica y debería hacerla, al menos, en los próximos días porque estos resultados son malos para el PP vasco y confirman el progresivo distanciamiento que su particular liderazgo ha ido generando en torno al núcleo de dirigentes históricos populares y de importantes bolsas tradicionales de votos del Partido popular vasco. Pero lo más preocupante es que los verdaderos vencedores de estos comicios son los representantes de ETA, Bildu, que logra entrar en la cámara vasca con nada menos que 21 escaños, convirtiéndose así en la segunda fuerza política de la cámara de Vitoria, algo que habrá que agradecer, entre otros, a los miembros del Tribunal Constitucional. Con ello, los nacionalistas, la suma de PNV y Bildu, supone los dos tercios de la cámara vasca. Se abre ahora un período político cuando menos inquietante y preocupante para quienes defienden la convivencia pacífica, la desaparición definitiva de ETA y la tolerancia y respeto en el País Vasco. Hoy, sin ir más lejos, se ha podido ver claramente, cuando el Lendakari iba a votar, cómo se las gastan los energúmenos de Bildu y su respeto por el acto más importante en toda democracia, el ejercicio del voto en libertad y sin coacciones. Es posible que el PNV encuentre en Bildu el aliado imprescindible si decide situar prioritariamente en la agenda política el tema de la independencia. Pero, si no es así, no conviene olvidar que PNV y Bildu son enemigos ideológicos y que los puntos de encuentro en los temas sociales y políticos del día a día son muy escasos.

En todo caso, hoy ha vuelto a ser la fiesta de la democracia en estas dos regiones españolas y habrá que confiar en que próximamente se vayan despejando dudas e incertidumbres y que se haga en el mejor sentido posible para la sociedad española en su conjunto.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 13 de agosto de 2012

A favor de una huelga de hambre abertzale.



Los palmeros de los asesinos de la ETA andan revueltos estos días y sus iniciativas están siendo, una vez más, noticia. Ya se sabe que el mes de agosto suele ser un mes más bien flojo a nivel informativo y esa circunstancia la aprovechan los etarras y sus colaboradores para obtener réditos informativos. El esquizofrénico mundo de la ETA ha encontrado su “causa” veraniega en el estado de salud del torturador y asesino frustrado de Antonio Ortega Lara. Parece que dicho delincuente, Josu Uribetxeberría Bolinaga, se encuentra enfermo de cáncer y exige ser excarcelado al margen de los procedimientos legales establecidos. Y para reforzar su exigencia se ha declarado en huelga de hambre quizás estimulado por el recuerdo de las tres huelgas de hambre que pocos años atrás protagonizó, con foto trucada en el The Times incluida, su conmilitón, el sinvergüenza y asesino en serie, José Ignacio de Juana Chaos, autor de 25 asesinatos por los que sólo cumplió 18 años de cárcel.

Y cómo era de esperar (el guión lo suelen seguir estos tipejos) a la huelga del torturador de Ortega Lara se están sumando poco a poco y bajo distintas modalidades los demás presos de la banda criminal. De momento se han sumado más de 159 etarras incluido el Sr. Otegui (el hombre de paz de Zapatero) que siguiendo los dictados de la banda confirma, una vez más, que Batasuna – Bildu - Sortu y la ETA son la misma bazofia digan lo que digan algunos magistrados sin vergüenza del Tribunal Constitucional.. Eso sí, en esto de las huelgas de hambre los etarras son muy sibaritas, las hacen a la carta: unos la hacen de un día porque tampoco hay que excederse, otros la transforman en huelga de patio (no salen al patio de la prisión y que se fastidien los carceleros), otros hacen huelga de comida del centro penitenciario pero se comen los productos de la tierra recibidos seguramente gracias a subvenciones de administraciones públicas gobernadas por su compañeros, Otegui por su parte inicia la huelga tras meterse un generoso desayuno entre pecho y espalda, en fin, un amplio catálogo de variedades huelguísticas para salir en los medios. Ya se sabe que la valentía nunca ha sido el punto fuerte de estos “gudaris” del tiro por la espalda o la bomba a distancia y que, por tanto, una huelga de hambre como es debido es un riesgo innecesario y no apto para ellos.

En definitiva, el mundo etarra, el del interior de las prisiones y el exterior de las administraciones vascas por ellos controladas, pretende con esta farsa presionar al Gobierno de España para que excarcele a este tipejo eludiendo las normas que regulan dichas excarcelaciones y aducen de cara a la opinión pública unos motivos presuntamente humanitarios. Es decir quieren que se trate al secuestrador de Ortega Lara con una compasión que él jamás se planteó con su víctima a la que retuvo en unas condiciones francamente infrahumanas durante 532 días y a la que estaba dispuesto a asesinar de hambre. Hay que recordar que en el momento de su rescate, Ortega Lara había perdido 23 kilos, masa muscular y densidad ósea. Sufría de trastornos del sueño, estrés postraumático, ansiedad y depresión.

Pues nada, pelillos a la mar y a excarcelar al “pollo” este que es un valiente “gudari”. Pero para conseguirlo, los abertzales deberían presionar mejor al Gobierno. Deberían ponerse todos, presos y políticos etarras, en huelga de hambre y sed de verdad, sin concesiones y con dos coj… Hasta el final. Ni lonchitas de jamón a lo “Chaos”, ni zumitos, ni agua. Nada de nada. Desde Garitano hasta Josu Ternera, desde el primero hasta el último por favor. Todos en huelga absoluta y solidaria hasta el final. ¡Anímense por favor! Se lo agradeceremos todos.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 20 de junio de 2012

Si la Constitución ampara a los violentos, habrá que cambiarla.

Hoy el Tribunal Constitucional, con el voto de los Magistrados Pascual Sala, Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Adela Asúa, Luis Ortega y la ponente, Elisa Pérez Vera, ha decidido legalizar al brazo político de ETA, Sortu, y enmendar la plana, una vez más, al Tribunal Supremo (a lo mejor habría que eliminar lo de “Supremo”, visto lo visto). Parece que lo políticamente correcto en estos casos es decir que se “respeta la decisión, aunque se discrepe”. Pues bien, como uno no está obligado a decir lo que no siente, un servidor ni respeta la decisión, ni respeta a los mal llamados magistrados que han decidido por seis votos contra cinco que Sortu es un partido político tan respetable como lo puedan ser el PSOE, el PP o el PNV.

Prefiero estar al lado de las víctimas del terrorismo que del lado del Tribunal Constitucional y los de Sortu. Prefiero estar del lado de las Fuerzas de Seguridad del estado, que por activa y pasiva han demostrado que ETA y Sortu son lo mismo, que del lado de los Magistrados del Constitucional que han favorecido al brazo político de ETA. Prefiero estar del lado del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que consideró a Sortu “testaferro de ETA”. Prefiero estar del lado del Tribunal Supremo que ilegalizó a Sortu que del lado de un Tribunal Constitucional que, deliberadamente o no, sigue casualmente cierta “hoja de ruta” denunciada mil veces por las víctimas de ETA. Prefiero estar del lado de quienes se oponen a la presencia de terroristas o de jaleadores de los mismos en las instituciones que de un Tribunal Constitucional más político que jurídico. Vamos, que el Tribunal Constitucional se pasa por el arco del triunfo todos los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que confirman que Sortu es Batasuna y que Batasuna es ETA y se pasa por el miso arco la Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que considera a Sortu un simple instrumento político de ETA y las mismas sentencias del Tribunal Supremo. O sea que todo el mundo está en un error menos los ilustres seis magistrados del Constitucional. Claro que para formar parte de este alto tribunal no hace falta ser juez o magistrado, sino que basta con ser “jurista” y contar con el apoyo de los partidos políticos.

Parece que para los magistrados avalistas de Sortu la simple declaración contraria a la violencia terrorista que se hace en los estatutos de Sortu es decisiva para determinar que se trata de una organización perfectamente democrática y que, por tanto, ha de ser legalizada con su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior. ¡Faltaría más! ¿Puede alguien con un mínimo de rigor intelectual plantearse la posibilidad de que Sortu hubiese expresado en sus estatutos su simpatía o comprensión hacia la violencia terrorista? Son terroristas pero no tontos de remate. Sabían perfectamente qué debía figurar en sus estatutos para poder colarse en las instituciones que pretenden derribar sea con las urnas o con la violencia cuando les conviene. Es puro sentido común, pura estrategia que, misteriosamente, no ha sido percibida por los seis ilustres juristas del Constitucional. Los estatutos del partido nazi en la República de Weimar o los de los Partidos Comunistas en la posguerra mundial eran todos formalmente respetuosos con la legalidad vigente de sus respectivos países, pero una vez en el poder liquidaron las instituciones democráticas. Por tanto, el argumento esgrimido para legalizar a Sortu centrado en el contenido de sus estatutos es un argumento falaz, injustificable e interesado.

Esta vergonzosa e inaceptable sentencia del Tribunal Constitucional no es fruto de la casualidad. Responde a todo un proceso político generado por el anterior Gobierno con su correspondiente reflejo en la propia composición del Tribunal Constitucional. Pero, si existe en este desenlace una evidente y gran responsabilidad del anterior Gobierno, no es menos cierto que el actual Gobierno también tiene una parte de responsabilidad en que el resultado final haya sido el que es porque no hay que olvidar que la renovación del Tribunal, pendiente desde hace mucho, no se ha producido tras seis meses de Gobierno del Partido Popular. No parece muy coherente que el Gobierno venga ahora con lamentos sobre el resultado de esta sentencia cuando pudiendo y debiendo actuar antes dejó pasar el tiempo.

Lo cierto, al día de hoy, es que la interpretación de nuestra Constitución permite que quienes apuestan por la violencia o la justifican como medio de acción política y quienes pretenden derribar el propio edificio constitucional que les da cobijo puedan actuar libremente en el juego democrático. Un Estado democrático puede y debe articular los medios legales necesarios para defenderse. Un Estado democrático, y ahí tenemos la experiencia de lo que ocurrió en la Alemania de los años 30, puede y debe excluir del juego político a cualquier fuerza política que no sea democrática o cuyos fines atenten contra la propia supervivencia de las garantías constitucionales que no son otras que los derechos fundamentales de todos los ciudadanos españoles. Y si esta Constitución no es capaz de hacerlo con la interpretación que de la misma hacen estos “juristas” de medio pelo, habrá que ir pensando en reformarla.

La lección que deberíamos extraer de este penoso episodio es que hay que movilizarse a favor de quienes apuesten de verdad por la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y que esa defensa pasa por dos propuestas esenciales: la primera, modificar la Constitución para garantizar la exclusión de la vida política de los violentos, de sus cómplices y de todas las fuerzas políticas cuyos fines no encajen con los valores democráticos; la segunda, que es preciso poner orden en el edificio jurisdiccional español y que el Tribunal Supremo sea de verdad la cúspide de este edificio. No puede haber, en el ámbito interno, dos cúspides coronando el edificio. La implantación del sistema de garantías constitucionales a través de un órgano específico como el Tribunal Constitucional, ajeno al poder judicial y completamente politizado, se ha demostrado un error. Con una nueva sala de Garantías Constitucionales en el Tribunal Supremo sería más que suficiente y se acabaría con este dislate jurídico aunque sea en detrimento de la permanente interferencia de los Partidos Políticos en el mundo de la Justicia.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 27 de junio de 2011

Eta en los Ayuntamientos Vascos.

Los primeros pasos que la coalición Bildu está dando en los Ayuntamientos en los que ha logrado hacerse con las alcaldías están demostrando, como muchos nos temíamos, que se trata de un simple disfraz de la organización terrorista Batasuna. Las primeras medidas que los bildubatasunos están tomando son una excelente representación de que nada ha cambiado, de que se trata de los mismos perros con diferente collar. Están escenificando con escrupulosa exactitud todos los gestos, símbolos y guiños propios de la izquierda terrorista vasca. Han empezado por incumplir sin pudor alguno la legislación vigente al retirar los retratos del Jefe del Estado de los salones de Plenos y al arriar la bandera de España de las casas consistoriales. Por cierto, ¿a qué esperan los fiscales para actuar? Igualmente y como aviso para navegantes han prohibido la entrada en los Ayuntamientos de los escoltas de los concejales amenazados por ETA  y han retirado los arcos de seguridad para detección de metales. Cualquiera puede entrar ahora en esos Ayuntamientos con una pistola bajo la chaqueta o con una granada en el bolso. Claro que habrá quien piense que de nada valen esas medidas de seguridad estando ya ETA dentro de los edificios. A ello hay que añadir la petición del acercamiento de los presos terroristas y la retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas españolas del territorio vasco, al mismo tiempo que el candidato Rubalcaba se plantea la posibilidad de reducir el tamaño del ya exiguo ejército español. Y en medio de este negro y sombrío panorama se alzan voces reclamando una “solución” para el “problema” de los presos de ETA. ¿Una solución? ¿Una solución para unos asesinos que ni siquiera están arrepentidos? ¿Una solución para estos chulos de barrio y cobardes asesinos que se hacen sus necesidades encima cuando los detienen? ¿Y qué “solución” hay para el “problema” de sus víctimas?

Por si no fuera poco con todo lo anterior, además hay que añadir el problema generado con la Presidencia de Bildu de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Gracias a la obtención de esa Diputación, Bildu – Batasuna – ETA dispone ahora de los datos fiscales de todos los españoles, incluidos los 250.000 exiliados vascos por las amenazas de ETA.

¡Sí señor! A esto se le llama hacer las cosas bien. La hoja de ruta trazada en las negociaciones con ETA que con tanta vehemencia negaron los dirigentes socialistas casualmente se ha cumplido. El Sr. Zapatero, su gobierno y su partido son los responsables de que los etarras hayan vuelto a las instituciones seudodemocráticas del País Vasco. Ellos y los miembros del Tribunal constitucional Pascual Sala, Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Elisa Pérez Vera, Adela Asúa y Luis Ignacio Ortega, presuntos autores de un delito de prevaricación según la querella presentada contra ellos por varias organizaciones sociales.

Hoy el Ministro de Justicia advierte públicamente que si Bildu no cumple la Ley, la justicia deberá actuar. ¿Por qué se hace el tonto el Ministro? ¿Acaso no ha visto ya cómo están incumpliendo la Ley los bildubatasunos? ¿O es que no le han dado permiso para verlo?

Un poco de seriedad, por favor.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 9 de mayo de 2011

EL PARTIDO POPULAR ADEMÁS DE CORNUDO, APALEADO.

La decisión del Tribunal Constitucional de revocar la sentencia del Tribunal Supremo por la que se impedía a Bildu (la nueva marca electoral de ETA) participar en las elecciones ha constituido un auténtico mazazo para quienes se oponen rotundamente a ceder un milímetro ante la banda terrorista.

El Tribunal Constitucional ha terminado por perder cualquier atisbo de credibilidad como institución encargada de garantizar la supremacía de la Constitución española. Su composición, establecida mediante reparto entre los dos grandes partidos, obedece a la lógica partidista más que a una estructura democrática de la justicia, es decir, a una decisión democrática de los componentes del poder judicial. Su funcionamiento obedece igualmente a razones de oportunidad política más que a una estricta aplicación de criterios y valoraciones de índole jurídica, habiéndose finalmente convertido en una cuarta instancia del poder judicial que no guarda relación con los principios de profesionalidad imperantes en la totalidad de los órganos jurisdiccionales.

Su decisión de primar el derecho de los terroristas y de sus amigos a presentarse a unas elecciones municipales sobre el derecho de los ciudadanos a la vida y a su integridad física y moral supone, sin ninguna duda, poner en peligro a miles de potenciales objetivos de la banda asesina ETA.

La pasividad del Partido Popular, cómplice del anormal funcionamiento de esta Institución, ante esta repugnante sentencia no puede ser dejada pasar por alto. Las encomiables palabras al respecto del ex Presidente Aznar o de Esperanza Aguirre no son suficientes. Hace falta una actuación concreta y contundente de la dirección nacional del Partido Popular para responder a esta infamia y dar así satisfacción a los demócratas y a las víctimas.

Porque no se ha tratado de una decisión jurídica e independiente de un Tribunal, no. Se ha tratado de una decisión política adoptada exclusivamente por los magistrados nombrados por el PSOE. Es evidente que cuando el Sr. Zapatero pedía hace unos días al Sr. Urkullu tranquilidad hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciase es porque ya estaban dictadas las instrucciones pertinentes a los dóciles magistrados socialistas. Y el que quiera pensar o decir otra cosa que lo haga, pero a nadie va a engañar. El guión pactado con ETA se ha cumplido.

El Partido Popular debe mover ficha y debería romper el pacto que en el País Vasco mantiene con quienes deseaban y han apoyado e impulsado esta decisión, los socialistas. Ya que era tan aficionado el Sr. Basagoiti a las metáforas matrimoniales cuando negociaba con los socialistas debería recordar el dicho “además de cornudos apaleados”. Y eso es exactamente como está quedando el Partido Popular. Mantener un pacto portando semejantes “cuernos” sería una indignidad política igual o mayor que la de apoyar esta sentencia.

Santiago de Munck Loyola


sábado, 7 de mayo de 2011

UNA SENTENCIA HISTÓRICAMENTE VOMITIVA.

Ocurrió lo que tenía que ocurrir en un país en el que la justicia, en su más alta instancia, está politizada o más bien podrida por la partitocracia. El guión que al parecer había pactado el gobierno socialista con ETA se ha cumplido, tal y como predijo hace meses Jaime Mayor Oreja y tal y como se deducía de las famosas actas de ETA, cuya veracidad, es de suponer, no será nuevamente puesta en duda.
Demostrado ha quedado que ETA había diseñado una estrategia para estar presente en las instituciones municipales. Demostrado ha quedado que los batasunos son etarras en labores de activismo político y social. Demostrado está también que en las listas de Bildu, junto a personas no terroristas, se han situado muchos batasunos, muchos etarras. Demostrado está entonces que en las listas de Bildu hay etarras.

La infame decisión del Tribunal Constitucional no es comprensible desde una óptica de estricta observancia jurídica ni desde una perspectiva ética o moral. En el fondo el Tribunal Constitucional ha optado por la supremacía del Art. 23.2 de la Constitución “…tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las Leyes” sobre el Art. 15 del mismo cuerpo legal “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra”. El derecho de los asesinos y sus cómplices a presentarse a las elecciones frente el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral. Ni más, ni menos. Y el Tribunal Constitucional ha elegido proteger el derecho de los primeros.

A partir de hoy, los asesinos y sus cómplices dispondrán de los censos electorales con los nombres y domicilios de todos los ciudadanos, recibirán dinero público por presentarse y, en caso de resultar elegidos, podrán gestionar unos 225 millones de euros con lo que ello implica.

Los “buenistas” llevan días diciendo que es bueno que se presenten a las elecciones, que hay que integrar a esta gente en las instituciones, que hay que dar una oportunidad a la paz y más simplezas del mismo calibre. ¡Qué flaca memoria la suya! Deberían repasar las hemerotecas y comprobar que cuando Batasuna ha estado en los Ayuntamientos, ETA ha matado, robado y extorsionado más. Y que cuando Batasuna ha salido de los mismos, la actividad de ETA ha decrecido radicalmente. Ahí están los datos, compruébenlos y si después de hacerlo siguen pensando lo mismo es que son necios o algo peor.

La paz no puede llegar por la vía de los acuerdos y concesiones a los asesinos. La paz sólo puede llegar con la victoria de las víctimas y del Estado. Aquí debe haber vencedores y vencidos y entre éstos todos los terroristas y sus cómplices.
                
Sabemos los nombres de los autores de esta vomitiva sentencia: Pascual Sala, Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Elisa Pérez Vera, Adela Asúa y Luis Ignacio Ortega. Sabemos el nombre del partido impulsor de esta decisión: PSOE. Aún no sabemos el nombre de la próxima víctima de ETA y ojala tardemos mucho en saberlo pero, sin duda, sabemos quienes están ayudando, voluntaria o involuntariamente, a la organización terrorista.
Santiago de Munck Loyola