Tal
y como vaticinaban muchos comentaristas en los diferentes medios de
comunicación, el trato protocolario que ha recibido hoy la Alcaldesa de
Alicante, Sonia Castedo, con ocasión de los actos de inauguración del nuevo AVE
a Alicante, ha sido objeto de un detallado seguimiento y análisis. Todos los
medios de comunicación, casi sin excepción, han coincidido en varias cosas: que
la Alcaldesa de Alicante ha sido relegada en el protocolo oficial, que Mariano
Rajoy la ha eludido cuanto ha podido y que la Alcaldesa ha conseguido
finalmente “salir” en la foto, aunque fuera a costa de la Bellea del Foc y del
Presidente de las Hogueras de San Juan. Incluso a última hora, la Presidenta de
Castilla la Mancha y Secretaria General del Partido Popular, Mª Dolores de
Cospedal, ha tenido que acudir a los medios para aclarar que ella no ha tratado
de evitar a la Alcaldesa de Alicante durante la ceremonia. ¡Cómo habrá sido la
cosa para tener que realizar esta aclaración!
Al
ver las imágenes y leer las diferentes crónicas sobre este importante día para
Alicante, como vecino, tengo cierta sensación de malestar y de vergüenza.
Malestar porque cuando alguien evita a la Alcaldesa de nuestra ciudad porque
está imputada por tres graves delitos o cuando se la margina en los actos
protocolarios, con diferentes excusas, pero se la margina al fin y al cabo, a
quien se está evitando o marginando es a la representante de todos los vecinos
de Alicante, a la máxima autoridad de la ciudad de Alicante. Vergüenza por los
intentos, aparentemente desesperados, de la máxima autoridad municipal por
arrancar una foto con quienes no tienen muchas ganas de fotografiarse con ella.
Da
la sensación de que hace tiempo que la dignidad política ha desaparecido de
nuestro entorno próximo. Cuando se leen las transcripciones de las grabaciones
de las conversaciones de toda una Alcaldesa con un proveedor municipal se
siente bochorno por el tono cutre que se emplea. Cuando se leen determinadas
declaraciones judiciales en las que se reconoce abiertamente que se usa el más
alto cargo de la ciudad para pedir empleo para los amigos y conocidos, se
siente bochorno. Cuando se conocen las informaciones sobre cómo se realizan
determinadas adjudicaciones y a quien en una ciudad como la nuestra, se siente
bochorno. Y cuando se ven determinadas escenas como las de hoy se siente también
bochorno y vuelve la pregunta ¿dónde está la dignidad inherente al desempeño de
un cargo político representativo?
Es
francamente difícil entender la situación porque quienes deberían haber tomado
determinadas decisiones no lo han hecho o lo han hecho de forma bastante tibia.
Y ello sólo contribuye a aumentar el desconcierto de los ciudadanos. Es
bastante difícil comprender que alguien que esté imputado no pueda ostentar
ningún cargo interno en el PPCV, tal y como ha establecido el Presidente Fabra,
y simultáneamente no exista inconveniente alguno para que siga perteneciendo al
Grupo Popular en las Cortes Valencianas o en su Ayuntamiento. Es difícil de
entender que el Secretario Provincial del Partido Popular de Alicante presida
una cena de homenaje a la Alcaldesa organizada tras su imputación y el
Presidente Nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, evite saludarla o
fotografiarse con ella. Tiene poca lógica que los cargos de designación directa
que resultan imputados sean cesados fulminantemente y que los cargos electos
igualmente imputados no reciban la petición pública de dimisión, aunque dicha
petición resulte inútil en la mayoría de las ocasiones. Era imprescindible trazar
una línea roja como hizo el Presidente Fabra, pero resulta bastante
desconcertante que esa línea roja sea discontinua. No es sencillo el problema,
hay muchas variables a tener en cuenta, pero es imprescindible un criterio
único y muy claro.
No
es difícil lograr hoy en día que un cargo público sea imputado y, en muchas
ocasiones, la imputación se ha convertido en un estigma y en un instrumento de
la lucha partidista. Hay quienes tratan de ganar en los tribunales lo que no
ganan en las urnas. Sin embargo, establecer un criterio en función de las
circunstancias de cada caso parece bastante complicado. Habría que atender a la
gravedad de las acusaciones, el origen de las mismas o a los indicios
incriminatorias existentes lo que terminaría por promover unos juicios
paralelos inaceptables. Más fácil parece el caso de los cargos públicos
procesados porque en esos casos, el juez ya aprecia indicios racionales de
criminalidad. Y no se trata de vulnerar, como algunos argumentan, la presunción
de inocencia. Al día de hoy el Sr. Blesa es inocente de cualquier delito y, sin
embargo, está en la cárcel de forma preventiva sin vulnerar su derecho a la
presunción de inocencia.
Sin
embargo y a pesar de las dificultades que entraña establecer un criterio claro
y ejemplarizante, lo cierto es que cuando el egoísmo o la falta de altura de
miras de los imputados dañan gravemente a la imagen de las instituciones a las
que representan y a los partidos que los han aupado a esas responsabilidades,
no queda más remedio que tomar una decisión que signifique públicamente que no
se comparte su situación y que no se les protege. Y más vale una vez colorado
que ciento amarillo.
Santiago
de Munck Loyola