IU y PSOE DE MONFORTE DEL CID AVALAN EL TRANSFUGUISMO.

Los hechos.

Martes 4-4-2017. Diario Información:

Ciudadanos expulsa a sus dos concejales de Monforte por gobernar con EU y PSOE. María Teresa de las Nieves y José Carlos Martínez tienen hasta el viernes para recurrir la decisión de la dirección nacional del partido. “…En todo caso, si finalmente no prospera el recurso que tienen previsto enviar al Comité de Garantías de C’s antes del viernes, ninguno de los dos concejales tiene intención de renunciar a sus actas. No descartan en convertirse en concejales no adscritos y seguir en el Ayuntamiento”.

Miércoles 5-4-2017. Diario Información:

EU y PSOE mantendrán en el gobierno a los dos ediles de Cs aunque sean expulsados. La alcaldesa María Dolores Berenguer elogia la gestión de ambos y les muestra su apoyo tras criticar la decisión adoptada por el partido de Rivera. María Dolores Berenguer, de EU, como el primer teniente alcalde Vicente García, del PSOE, han querido mostrarles públicamente su apoyo sea cual sea la decisión que adopte Ciudadanos. 

Es decir, los mantendrán en el ejecutivo local si finalmente son expulsados y deciden mantener sus actas de concejal en el grupo (POR CIERTO, ES ILEGAL QUE LOS NO ADSCRITOS SE CONSTITUYEN EN GRUPO MUNICIPAL) de No Adscritos. Algo que, en principio, es lo que han anunciado que piensan hacer.

Definición:

“ACUERDO SOBRE UN CÓDIGO DE CONDUCTA POLÍTICA EN RELACIÓN CON EL TRANSFUGUISMO EN LAS CORPORACIONES LOCALES”.

ACUERDOS.

Primero.- A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por tránsfugas a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo -manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad.

Medidas a adoptar según el pacto firmado por PSOE e IU.

Tercero.- En consecuencia, los concejales tránsfugas no adscritos:

a) no podrán ejercer los derechos atribuidos por la regulación aplicable a los grupos políticos en el desarrollo de las sesiones plenarias, sin perjuicio de los derechos que constitucionalmente le corresponden como concejal.

b) no podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo municipal de origen en cuanto a su participación en las Comisiones, de tal manera que un nuevo reparto proporcional en la composición de las Comisiones ni puede perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón de transfuguismo, ni beneficiar al concejal no adscrito más de lo que suponía su situación anterior.

No existe, pues, un derecho del concejal no adscrito a participar en todas las Comisiones plenarias, y el grupo municipal que sufre merma por la acción del tránsfuga no deberá ver reducida su participación en las mismas, sin que, como en el apartado anterior, implique vulneración alguna de los derechos individuales del concejal.

c) no podrán participar en la Junta de Portavoces, pues la referida Junta sólo puede ser constituida por los portavoces de los grupos políticos municipales.

d) En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, en modo alguno son reconocibles en favor del concejal no adscrito; toda asignación por concepto de grupo político no es aplicable bajo ningún concepto al concejal tránsfuga no adscrito, ni en su importe fijo, ni en su componente variable por razón del número de concejales.

Asimismo, el grupo político perjudicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad. Por tanto, no se asignará al concejal no adscrito otras ventajas económicas y materiales por el hecho de tener tal condición. La condición de concejal no adscrito no es equiparable en ningún caso al grupo político por cuanto comporta una violación de la Ley reguladora de las bases del régimen Local.

Igualmente, los Partidos Políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de Gobierno municipal a miembros de la Corporación que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, y rechazan la posibilidad de que por parte del Alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas.

Finalmente, se comprometen a no nombrar a los concejales tránsfugas representantes del Ayuntamiento en Entidades Empresariales o Financieras, Fundaciones, Cajas y demás Entidades de las que el Ayuntamiento forme parte.

Cuarto.- Suscrito este Acuerdo, los supuestos de incumplimiento o desobediencia por alguno de los grupos locales integrantes de los partidos firmantes, habrán de ser explícitamente rechazados. Para ello los partidos políticos firmantes asumen la obligación de, mediante la aplicación de sus propios Estatutos, incoar los correspondientes expedientes disciplinarios y expulsar de la organización al concejal tránsfuga, o a aquéllos que violenten el citado compromiso instrumentalizando o apoyándose, en su provecho, en los concejales tránsfugas.

A la vista de lo anterior, algunos podrán desarrollar toda clase de juegos florales y dialécticos para justificarse, pero la realidad es tozuda: todo parece indicar que se ciernen negros y sucios nubarrones sobre el horizonte de la ética política en Monforte del Cid.

Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com.es

Con la que está cayendo ¿una comisión de ética?

La reiteración de conductas repudiables de algunos dirigentes políticos o empresariales está generando un verdadero hartazgo entre los ciudadanos. Cada día que pasa irrumpe un nuevo escándalo sobre los abusos y latrocinios de unos pocos sobre los bienes públicos, pero que salpican irremediable pero inmerecidamente al conjunto de la clase dirigente de nuestro país. Y las reacciones de esta clase dirigente no son siempre las más acertadas. Hay cierta sensación de que todo este ambiente de corrupciones  y abusos está cogiendo con el pie cambiado a los principales responsables políticos y, por supuesto, a las lentas maquinarias de los partidos políticos. Si los ciudadanos están indignados, no menos desconcertados lo están los miles de militantes de las formaciones políticas que se debaten entre el cierre de filas, la incredulidad o la exigencia de responsabilidades. Se proponen pactos anticorrupción, auditorías internas y externas de las cuentas de los partidos, "fiscales anticorrupción" internos, se marcan líneas rojas respecto a la situación de cargos públicos imputados o procesados, se amaga pero no se da, en fin, que todo anda francamente revuelto y no parece existir un rumbo claro para acabar con una lacra que no ha nacido ahora, sino que viene incubándose desde hace muchos años gracias a un conjunto de normas que facilitan este tipo de conductas: la legislación vigente sobre contrataciones públicas, la regulación de la financiación de los partidos políticos, un derecho procesal anquilosado y una justicia escasa de medios.

Y en medio de este panorama aparece una noticia que merece la pena ser comentada: el Partido Popular de la Provincia de Alicante ha encargado a su “comité de ética” (sólo ya la denominación del citado comité tiene lo suyo) la redacción de un “libro blanco” para trasladar transparencia, rigor y firmeza en su gestión pública. Este comité a pesar de llevar varios meses constituido, “será a partir de ahora decisivo en el modelo de comportamiento que el Partido Popular de la Provincia de Alicante va a exigir a sus responsables y cargos públicos”. ¿Y antes? Según se ha comunicado a la prensa, la dirección provincial ha encargado al comité de ética la elaboración de un reglamento, un libro blanco que responderá a la máxima de que “no basta con ser honrados. Además, hay que parecerlo”. También se ha comunicado desde la Provincial popular que el citado comité, que preside Pascual Díaz, requerirá a los políticos populares, transparencia, rigor y firmeza. Y uno no tiene más remedio que preguntarse ¿es que es necesario un comité para exigir a los políticos populares transparencia, rigor y firmeza? ¿Se está poniendo bajo sospecha a todos los políticos populares por la existencia de determinados y notorios casos sobre los que precisamente la dirección provincial no se pronuncia públicamente? ¿Hace falta un comité para exigir a los políticos populares lo que ya el propio Partido Popular y la legislación vigente exigen?

Es de suponer que este comité y el reglamento que va a elaborar versa sobre la ética, es decir, sobre esa rama de la filosofía que trata sobre los actos que el ser humano realiza de modo consciente y libre y que no se limita sólo a ver cómo se realizan esos actos, sino que busca emitir un juicio sobre estos, para tratar de determinar si un acto ha sido éticamente bueno o éticamente malo. La ética establece una distinción entre lo que es bueno y lo que es malo desde el punto de vista ético, y si el bien y el mal éticos coinciden o no con lo que serían el bien y el mal en sí. Complejo campo el de la ética como para andar jugando con ella. Pero es que, además, los criterios éticos, siempre cambiantes según la evolución de la conciencia social, son previos al derecho positivo y su arraigo social impulsa la transformación de las leyes que los ciudadanos nos damos. Y entre la multitud de normas que rigen nuestras vidas, nacidas de una determinada conciencia social ética, hay algunas que permiten aproximarse a esos conceptos que en el funcionamiento de las instituciones pretende trasladar el citado comité de tan pomposo nombre: la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, por citar solo algunas en el ámbito de la legislación estatal. Y sin ir muy lejos, dentro de la propia casa, es decir en el Partido Popular, además de los propios Estatutos del Partido, en el año 2009, se aprobó el Código de Buenas Prácticas cuyo objetivo es establecer con precisión unas pautas de conducta, a las que deben ajustarse los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización.

Una de dos, o dicho código interno ya no está vigente en el Partido Popular y no nos lo han comunicado, para variar, a los afiliados o sí que está vigente y lo que ocurre es que la Dirección Provincial Alicantina, que no se pronuncia sobre si los cargos públicos del PP imputados de Alicante deben o no dimitir, lo considera insuficiente y por ello ha tenido que encargar un nuevo Reglamento sobre “la ética” de ciertas conductas. Por cierto, que repasando dicho código aparecen algunas cuestiones más que llamativas, por ejemplo, en el mismo se exige que los candidatos a cargos públicos deben suscribir una Carta de Compromisos y que dicha carta se publicará en la página web del partido ¿la ha visto alguien en Alicante? ¿la han suscrito todos? o que “Se constituirán las Mesas de Contratación del Partido Popular, órgano deliberante que, en los distintos ámbitos territoriales, tendrán por cometido analizar y ponderar ofertas en los contratos que tengan por objeto la publicidad, los viajes y los actos de Partido y las campañas electorales. La Mesa de Contratación contará con al menos cinco miembros, de los que uno será en todo caso un audito interno que garantice que el proceso de contratación se atiene a los principios y al procedimiento establecidos en este documento.” ¿Se ha constituido dicha Mesa en la Dirección Provincial de Alicante? ¿Cuándo? ¿Quién la compone?

Como puede observarse no será por falta de normas y reglamentos que ahora sea necesario un comité de estas características para elaborar un reglamento más a añadir a los que existen y no se cumplen. Hay otra forma de hacer las cosas. Los ciudadanos queremos ejemplaridad, que se cumplan las leyes existentes y si no son suficientes que se reformen. Hay demasiados problemas por resolver como para andarse con juegos florales a mayor gloria de los protagonistas de turno. Trabajo constante, silencioso y tenaz y menos cohetes es lo que hace falta, no sea que haya que terminar pensando que Napoleón Bonaparte tenía razón cuando decía que “si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”.

Santiago de Munck Loyola

           

Anguita y Almodóvar: cara y cruz de la coherencia.

Las actitudes y comportamientos de los personajes públicos, sus hechos, son mucho más relevantes que sus palabras. En estos días de agitación y añoranza para algunos del movimiento 15 M han coincidido dos comportamientos completamente opuestos y muy significativos sobre la ética y personalidad de sus protagonistas. De una parte, D. Julio Anguita ex coordinador de Izquierda Unida ha renunciado por escrito a la paga de pensión máxima vitalicia a la que tenía derecho como ex-parlamentario y para justificar tal decisión ha dicho que “con la pensión que le correspondía como maestro tenía bastante”. ¡Chapeau! Sí señor, un comportamiento más que ejemplar que pone de manifiesto la honestidad y, sobre todo, la coherencia del Sr. Anguita. Hay que reconocérselo sin ningún tipo de objeción. Y un servidor lo hace desde la más profunda discrepancia ideológica. Lo que ha hecho el Sr. Anguita es todo un ejemplo de un político de los pies a la cabeza, un ejemplo que le sitúa en un plano de superioridad moral sobre los demás políticos que, con seguridad, no le van a imitar.

Y en la otra cara de la moneda de la coherencia y honestidad política tenemos a Pedro Almodóvar (Peeeeedro…). Al Sr. Almodóvar le ha faltado tiempo para correr a la Puerta del Sol y solidarizarse con los indignados. Foto por aquí, declaraciones por allí, un autógrafo por allá y un pequeño baño de multitudes. Almodóvar es un indignado más. Claro, que Pedrito, que no es un pozo de sabiduría política (no se puede n pedir peras al olmo) debe ignorar que entre muchas otras cosas los indignados piden la supresión de las SICAV, ese invento para que los ricos paguen pocos impuestos. Y da la casualidad que nuestro renombrado cineasta, con un patrimonio superior a los 41 millones de euros, tiene varias de estas sociedades para pagar pocos impuestos, proporcionalmente mucho menos impuestos que cualquiera de los indignados.

Como buen miembro de la ceja, la sociedad de Almodóvar El Deseo ha percibido de las arcas públicas las siguientes subvenciones desde 2004 a 2008 por:

1.270.000 euros: para la distribución de “La mala educación”.      

399.000 euros: para la presencia en festivales (Cannes, Venecia, San Sebastián) y la ceremonia de los Oscar            .

383.000 euros: para la producción de ‘El patio de mi cárcel'          .

300.506 euros: para la producción de ‘Hable con ella'         .

250.000 euros: para la obra experimental ‘Historia de la montaña de la bruma'.

167.000 euros: para la conservación de negativos de diversas películas de Almodóvar.

Más de 2.7 millones de euros de dinero público para la SICAV y a tributar al 1 %. Casualmente las sociedades de Almodóvar invirtieron en 2008 dinero en Lux Invest, fondo que invertía en productos tóxicos de Bernard Madoff ¿les suena este pájaro financiero, no?

En fin, que no parece muy coherente que alguien que recibe dinero público en subvenciones, que goza de un considerable patrimonio y que elude el pago de impuestos a través de sociedades financieras legales pero éticamente reprobables, ande por ahí de “indignado”. Sus méritos cinematográficos no se cuestionan, pero su papel de figurante con pretensiones estelares en la Puerta del Sol es patético e indigno. No hay en su comportamiento la más mínima coherencia ética o política. Es la otra cara de la moneda. Y es la cara más dura e impresentable de estos agitados días.

Con su actitud no sólo se pone en evidencia, sino que además pone en evidencia las reivindicaciones de todo un colectivo que con más o menos argumentos reivindica unos postulados muy alejados de los que practica el Sr. Almodóvar. Mi admiración y respeto para el Sr. Anguita y todo lo contrario para Peeeeedro.

Santiago de Munck Loyola

XIII Congreso del PPCV: una enmienda para acabar con el fraude a los electores.

El próximo fin de semana se celebrará el XIII Congreso del PPCV en Alicante. En dicho Congreso, amén de la renovación de cargos, se debatirán tres ponencias que teóricamente tendrán una importante repercusión en la vida política del partido y en sus políticas públicas. Los afiliados del Partido Popular, a diferencia de lo que ocurre en otros partidos, no tienen estatutariamente el derecho a presentar enmiendas a las ponencias congresuales, algo que desde una perspectiva de la participación y la democracia interna chirría bastante. Pueden ser apoderados o interventores cuando hay elecciones, pueden pagar sus cuotas de afiliación o acudir a rellenar los actos del partido cuando son convocados, pero no pueden enviar enmiendas a las ponencias que se discuten en los diferentes congresos territoriales, algo que en la era de las comunicaciones, de las redes sociales y de la información carece de sentido.

Sólo los afiliados que resultan “elegidos” compromisarios tienen el derecho a presentar enmiendas a las ponencias a discutir en un Congreso del Partido Popular. Y ya se sabe que para poder ser compromisario en la ciudad de Alicante hay que ser miembro de alguna “familia” o participar de alguna “sensibilidad” dentro del partido. Dicho de otro modo: o tienes etiqueta o no tienes nada que hacer. Lo de las “familias” suena bastante mal, la verdad, más que nada por las connotaciones peyorativas de la expresión cuando se aplica ciertos colectivos. Lo de las “sensibilidades” recuerda bastante a aquel “contraste ordenado de pareceres” del tardofranquismo. En todo caso, por más que uno repase los estatutos del partido Popular ni las familias ni las sensibilidades aparecen por ningún sitio, sólo se menciona al afiliado como sujeto de derecho y obligaciones. Por tanto, cuando se cierran listas a compromisarios por “consenso” entre las distintas “familias y sensibilidades” existentes en el partido parece evidente que se está hurtando el protagonismo a los únicos que pueden establecer consensos, los sujetos de los derechos y obligaciones, es decir, a los afiliados.

Adela Pedrosa, Alcaldesa de Elda.
Ejemplo de político pluriempleado.

Según recoge el Diario Información en su edición de hoy (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/05/13/enmienda-plantea-castedo-barbera-rus-tengan-renunciar-escano-cortes/1253137.html) se ha presentado una enmienda a la ponencia de estatutos del próximo Congreso del PPCV por parte de D. José María Rodríguez Galán, exdirector general de Ciudad de la Luz, con el fin de que los alcaldes y portavoces populares en municipios de más de 5.000 habitantes no puedan compatibilizar ese cargo con otros. Concretamente, con un escaño en las instituciones provinciales y las cámaras autonómicas. Se trata de una excelente iniciativa, ya propuesta desde estas páginas haces meses (http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2011/09/el-pluriempleo-de-los-politicos-un.html), para evitar el pluriempleo de los políticos, aunque sólo sea parcialmente. Lamentablemente y tal como se señala el periódico en esa misma información y tras consultar con fuentes del Partido Popular es muy posible que no prospere o que, de hacerlo, sea muy adulterada. Es más que sintomático que con casi 900 compromisarios el número de aportaciones, de enmiendas, no llegue ni a las 500. Tan elevado grado de conformidad es algo decepcionante.

Esta enmienda, que podría ser mejorada y ampliada, participa de lleno del sentido común y de una exigencia ética que debería ser insoslayable para quienes habrán de votarla. Los puestos de alcaldes o de diputados están pensados y retribuidos para que los desempeñe una persona con absoluta dedicación. Ser alcalde de Alicante o diputado por la provincia es lo suficientemente relevante e importante como para que no se deba ni se pueda simultanear con otra dedicación. Hacer lo contrario, simultanear una alcaldía con un escaño, es sencillamente no hacer bien ninguna de las dos cosas. Y si se pretende afirmar lo contrario se deja en evidencia a los que sólo se dedican a su escaño o a su Alcaldía.

Las incompatibilidades deben ser hoy más rigurosas y claras que nunca. Los vecinos, los contribuyentes, los electores se merecen que los cargos electos se dediquen al cien por cien al puesto para el que han sido elegidos. Es preciso acabar con las prácticas de acaparamiento de puestos públicos por algunos insaciables coleccionistas de cargos y no sólo por la exigible dedicación y eficacia en el desempeño de los mismos, sino como medida ejemplarizante de la regeneración y la ética políticas. La norma debería ser igual para todos: una persona, un cargo, una sola retribución proveniente de las arcas públicas. Y ya está bien de acudir a subterfugios: cobrar un solo suelo público pero ampliarlo con dietas, asignaciones u otros pagos provenientes también del erario público. Y al que no le convenga que se vaya a su casa que esto de la política no es obligatorio y que a nadie se le pide que se sacrifique abnegadamente por la colectividad. Lo más probable es que muchos, si se tuviesen que buscar la vida en el sector privado, nunca alcanzarían ni de lejos los sueldos que cobran del erario público. Lo dicho, el pluriempleo de los cargos públicos es un fraude a los votantes y hay que acabar con él.

Santiago de Munck Loyola