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jueves, 13 de septiembre de 2012

La libertad de Bolinaga: una sentencia inacatable.



La decisión de la Audiencia Nacional de confirmar la libertad condicional del asesino y torturador Bolinaga será todo lo legal que se quiera, todo lo ajustada a derecho que se argumente, pero no por ello deja de molestar e indignar a las personas decentes. Es evidente que algo falla en nuestro sistema judicial y político cuando nuestra legalidad consagra que una persona condenada a más de 300 años de prisión por unos crímenes terribles e injustificables, en concreto por asesinar cobardemente y con ensañamiento a tres guardias civiles (y si descerrajar 18 tiros sobre una persona no es ensañamiento que venga Dios y lo vea) y por secuestrar y torturar a otra persona durante casi dos años estando dispuesto incluso a dejarla morir de hambre, puede salir de la cárcel y gozar de la libertad condicional por estar enferma sin haberse arrepentido, sin haber pedido perdón a las víctimas y animando a otros a practicar los mismos crímenes que a él le llevaron a prisión. Cuando eso es posible en nuestro sistema es que algo muy grave está mal. Cuando nuestro sistema de garantías legales favorece en la balanza el bienestar del asesino frente al dolor de las víctimas es que nuestro sistema está equivocado. Frente a la justicia con las víctimas, frente a la reparación del daño están prevaleciendo otras consideraciones que, siendo importantes, deberían tener una posición secundaria.

La inmensa mayoría de los dirigentes políticos se están apresurando a decir lo de siempre: que las sentencias hay que respetarlas y acatarlas aunque no las compartan. Es decir, lo que los cánones de lo “políticamente correcto” mandan. Es evidente que las sentencias deben ser cumplidas, no hay otra salida en un estado de derecho, pero una cosa es cumplir las sentencias cuando ya no cabe recurso alguno y otra muy distinta acatarlas. Según el diccionario de la Real Academia, acatar significa:

1. Tributar homenaje de sumisión y respeto.
2. Aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, etc.
3. Mirar con atención.
4. Considerar bien algo.

Desde esta consideración, un servidor no acata la sentencia de la Audiencia Nacional que deja en libertad a este individuo. Ni respeto, ni acato semejante sentencia. Para ella todo el desprecio y desconsideración posible. Así de sencillo y de claro.

Sorprende que, entre las declaraciones de los políticos, alguno como José Ignacio Wert, Ministro de Educación afirme que "hay que ser capaces de identificar que la fortaleza del estado de derecho está en que desconoce entre sus principios el de la venganza y también contempla el de la humanidad". Se trata de una obviedad pero no exenta de cierta “maldad” para justificar una sentencia judicial nacida de una decisión política del Gobierno. Traer a colación el concepto de venganza es un dardo envenenado dirigido, sobre todo, a las víctimas quienes han encabezado la oposición a la concesión de la libertad condicional del asesino etarra. Reclamar que no se suelte a Bolinaga no es cuestión de venganza, sino de simple y elemental justicia porque fue por Justicia por lo que fue condenado a una pena de prisión que ahora no va a cumplir. Y la justicia deja de ser digna de tal nombre cuando no puede ni siquiera satisfacer la reparación del daño moral a las víctimas y, menos aún, cuando acrecienta su dolor y desamparo.

No puede olvidarse que si la Audiencia Nacional ha terminado dictando una sentencia concediendo la libertad condicional es porque el Director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, es decir, el Gobierno, decidió conceder el tercer grado a Bolinaga, requisito indispensable para que el Juez de Vigilancia Penitenciaria pudiese posteriormente conceder la libertad condicional. Sin tercer grado no podía haber libertad condicional. Y el Gobierno podía o no conceder el tercer grado. Tan legal era adoptar una decisión como la contraria. No estaba el Gobierno obligado a conceder el tercer grado. Nadie habría prevaricado si no se hubiese concedido, algo evidente a pesar de la simpleza y demostración de ignorancia del Ministro de Interior afirmando lo contrario. Pero lo hizo. El Gobierno atendiendo a razones humanitarias e ignorando a las víctimas decidió conceder el tercer grado y esa decisión ha desembocado en la sentencia de la Audiencia Nacional. No es descabellado, por tanto, afirmar que el Gobierno ha adoptado una decisión claramente política que supone una ruptura con toda una trayectoria en relación al terrorismo y a las víctimas y que, como es natural, levantará muchas sospechas sobre el fondo de tal decisión. El Gobierno y no los jueces es el que ha allanado el camino para la libertad condicional de Bolinaga. Acertado o no, el tiempo lo dirá.

Hoy no queda más que intentar solidarizarse y compartir el profundo dolor de los familiares de las víctimas de Bolinaga que por desgracia nunca volverán, para los que nunca hubo ni compasión, ni trato humanitario y cuya ausencia seguramente será hoy más dolorosa que ayer.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 19 de agosto de 2012

El Gobierno con Bolinaga y no con las víctimas.




El pasado viernes, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias concedió el tercer grado al asesino, secuestrador y torturador etarra Jesús María Uribetxeberria Bolinaga. Con esta clasificación penitenciaria, Bolinaga podrá solicitar la libertad condicional al juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que decidirá la semana que viene.

El Director General de Prisiones, Ángel Yuste, ha adoptado esta decisión después de que el parte médico del centro sanitario pronosticase que el etarra tiene un 90 por ciento de posibilidades de morir en el plazo de un año dado el cáncer que padece. El ministerio de Interior apela en un comunicado a “razones humanitarias”, pese a “la entidad de los delitos cometidos”, tres asesinatos (Mario Leal Baquero, Pedro Galnares Barreda y Antonio López Martínez Colmenero)  y dos sonados secuestros por los que el etarra nunca ha pedido perdón.

El Gobierno ha basado su decisión en lo dispuesto en el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario que prevé la posibilidad de otorgar el tercer grado a un preso por razones humanitarias o por enfermedad grave. Es decir, nos encontramos ante una decisión del Gobierno absolutamente legal sustentada en el carácter discrecional de una norma: se puede otorgar el tercer grado en algunos casos, pero ello no significa que se deba otorgar. Tan legal habría sido otorgarlo como denegarlo y la opción entre ambas posibilidades depende de valoraciones subjetivas de las autoridades.

Con ello, la decisión de otorgar el tercer grado a este sujeto es, cuando menos, sorprendente y más si se tienen en cuenta las noticias hoy publicadas sobre el tratamiento que reciben otros delincuentes en la misma o peor situación que la del etarra. Según publica hoy el Diario el Mundo, entre los años 2005 y 2010, 799 presos enfermos de cáncer fallecieron en las prisiones españolas, es decir, que no se les concedió el mismo trato que a Bolinaga, no se les concedió el tercer grado y, por tanto, no pudieron acceder a la libertad condicional para terminar sus días fuera de prisión. Y si a este dato se suma además el hecho de que este asesino no se ha desvinculado de la banda terrorista, no ha pedido perdón a las víctimas, ni ha satisfecho sus responsabilidades civiles, tal y como exige la reforma del Código penal del año 2003, su probable puesta en libertad por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, constituiría una burla legal y una afrenta más a las víctimas.

Frente a las palabras de presunta firmeza del Ministro Interior parece que la realidad que se está abriendo paso no es otra que la de la claudicación y cesión frente a las presiones de los terroristas y, correlativamente, el olvido y la humillación a las víctimas del terrorismo. Es moralmente inaceptable que el denostado por tantos funcionarios de prisiones, el Director General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, con el beneplácito del Gobierno de España, haya adoptado una decisión legal, a la que no estaba obligado en modo alguno, que abre la puerta grande a la excarcelación de un terrorista no arrepentido, de un sanguinario asesino, de un implacable torturador como Bolinaga.  No es ésto lo que votaron los que eligieron al PP hace unos meses, ni mucho menos.

Si el Sr. Yuste o el Ministro de Interior fuesen capaces de explicar claramente por qué se le concede el tercer grado al Sr. Bolinaga y por qué no se concede a los demás delincuentes en situación similar, a lo mejor podría entenderse semejante decisión. Pero seguramente no lo harán porque la razón, como sospechan las víctimas, puede que sea inconfesable.

¿Por qué se esgrimen razones humanitarias en el caso de Bolinaga y no en el caso de los demás presos? ¿Por qué hay que ser compasivo con quien no lo fue con sus víctimas y con quien, además, no se ha arrepentido de los irreparables daños que ha causado? ¿Es más importante el bienestar de este tipejo que el de los demás presos con dolencias similares?

No concederle el tercer grado era también una decisión legal y, además, una decisión más justa, más ética y más comprensible para quienes detestamos la violencia y la historia de las ratas de la ETA y de sus cómplices. Hacer lo contrario se llama simplemente traición a las víctimas.

Santiago de Munck Loyola