Todo parece indicar que el
Presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha decidido anunciar su predisposición a
abrir el melón de la reforma constitucional. Es difícil saber si esta
predisposición responde a una simple estrategia electoral de cara a los
próximos comicios o si responde, tras casi cuatro años de gobierno, a la
necesidad de “hacer política” una vez que ha considerado que ya se ha ocupado
suficientemente de la economía. Es indudable que, sean cuales fueren los motivos,
nuestra Constitución para algunos está necesitada de algunos retoques cuando
menos y para otros de cambios más profundos que podrían afectar a la propia
configuración territorial del estado.
Los socialistas y otros grupos
se han apresurado a descalificar esta predisposición del Presidente aun cuando
no ha anunciado qué temas quiere poner encima de la mesa de la reforma
constitucional. Unos dicen que ellos ya habían propuesto iniciar un proceso de
reforma hace tiempo y que el Partido Popular no había hecho ni caso y otros
enseguida han sentido que se estaba aludiendo exclusivamente al poder
autonómico. Cada cual, en definitiva, arrimando el ascua a su sardina.
Si finalmente se abre el melón
de la reforma constitucional, sin duda, van a ponerse sobre la mesa de debate toda
clase de propuestas, desde la abolición de la monarquía hasta la
recentralización del Estado, pasando por el federalismo, el derecho de autodeterminación
o la supresión del Senado. Aunque es obvio, no está de más recordar que la
estabilidad y longevidad de un texto constitucional depende, sobre todo, del
grado de consenso que se alcance entre los principales actores políticos y del
nivel de arraigo que éstos tengan en el conjunto de la ciudadanía. A los
principales partidos políticos corresponde, por tanto, un consenso inicial
básico consistente en acotar de antemano aquellos aspectos de la Constitución
que van a ser objeto de debate para su reforma. Y ello exige mucho sentido
común, altura de miras, generosidad, sentido de Estado y, por qué no decirlo, patriotismo,
cualidades difíciles de encontrar en el actual panorama político. La Constitución
es reformable y cualquier propuesta de reforma es susceptible de ser analizada.
No faltarán los agoreros, los
que pongan el grito en el cielo ante determinadas propuestas y los que, con más
ignorancia que sentido común, se apresuren a gritar ante alguna de ellas que es
inconstitucional o anticonstitucional, olvidando que solo las normas aprobadas
y no las propuestas de nuevas normas pueden ser tachadas de inconstitucionales
o anticonstitucionales. Una ley es inconstitucional cuando viola la
Constitución y es anticonstitucional cuando, además de infringir preceptos
constitucionales, pretende sustituir el actual ordenamiento jurídico por otro
diferente. En todo caso hablamos de normas y no de propuestas de normas o de
reforma constitucional.
Hace tan solo unos meses se
armó algo de revuelo en torno al resumen, mal redactado, de una propuesta
electoral de Esperanza Ciudadana que algunos se apresuraron a descalificarla
tachándola de anticonstitucional sobre la permanencia o no y en qué condiciones
de la Provincia de Alicante en el seno de la Comunidad Valenciana. Ante la
constatación, por nadie rebatida, de que nuestra Provincia sufre desde hace
décadas un maltrato presupuestario y una marginación política intolerable por
parte de la Generalidad Valenciana, Esperanza Ciudadana proponía exigir el fin
de esa situación, reclamar la deuda histórica de la Generalidad con nuestra
Provincia y revisar su estatus en el seno de la Comunidad Autónoma reclamando,
llegado el caso, la separación política y administrativa de la misma, preservando
todos los vínculos históricos y culturales a que hubiere lugar. Es evidente que
no sirve pasarse la vida lloriqueando porque el estado y la Generalidad nos
maltratan. Hay que ofrecer soluciones y debatirlas. Si una administración
pública como la Generalidad Valenciana no sirve a los intereses de los
alicantinos y si, además, lejos de propiciar la convergencia social entre los
habitantes de sus provincias lo que hace es ahondar las diferencias en
perjuicio siempre de los alicantinos, es evidente que hay que dar un paso
adelante y llegar hasta donde haga falta en defensa de la dignidad y el
progreso de la gente de Alicante.
Y la propuesta de Esperanza
Ciudadana era y es tan constitucional como pueda ser la propuesta de convertir
a España en un estado federal o de suprimir el senado, por citar sólo algunas
de las que ya se han puesto encima de la mesa.
No se puede olvidar que las
administraciones públicas tienen un carácter instrumental, que en nuestro caso,
además, se trata de una administración sin arraigo histórico o sentimental y
que cuando una administración no sirve a los fines para los que fue creada o se
reforma o se sustituye. Confundir el amor a la tierra, a la región con el amor
a una administración, bastante inútil por cierto, es de una simpleza política
que raya el ridículo. Nadie se rasga las vestiduras cuando se propone la
supresión de las Diputaciones apelando al amor a esa institución y
confundiéndola con el sentimiento de pertenencia a una determinada provincia. Y
tampoco es posible olvidar que los vínculos culturales de la Provincia de
Alicante con el resto de la Comunidad Autónoma solo son parciales y con
diferente intensidad.
Hay que recordar que, de
acuerdo a los Artículos 137 y 143 de la Constitución, la organización
territorial del Estado en Comunidades Autónomas no es obligatoria y que la
iniciativa del ejercicio del derecho a la autonomía corresponde a las
provincias de forma también opcional.
Alicante debe exigir el sitio
que le corresponde en el seno de la Comunidad Valenciana y la reparación de la
discriminación presupuestaria que históricamente ha venido sufriendo. No
hacerlo es seguir siendo ciudadanos de segunda y retroceder año tras año en los
niveles de progreso y prosperidad que podría alcanzar. Alicante tiene capacidad
y potencial de sobra para progresar y sus ciudadanos no necesitan soportar
sobre su cabeza cuatro administraciones públicas diferentes. Menos seguir
lloriqueando frente al Estado o a la Generalidad Valenciana se puede y se debe
intentar cualquier iniciativa política.
Santiago de Munck Loyola
