Translate

domingo, 24 de marzo de 2013

Alicante: paradigma de la discriminación pública.



Un somero examen de los datos y cifras socio económicos pone en cuestión, muchas veces, la eficiencia de las administraciones públicas y la propia capacidad de gestión de muchos políticos. Y éso es lo que ocurre especialmente cuando echamos un vistazo a la situación de nuestra provincia.

En primer lugar, contrasta poderosamente el empuje, la capacidad y la creatividad de la sociedad alicantina con los resultados de la gestión pública. Alicante es la cuarta provincia de España no sólo por su población, superior incluso a la de varias Comunidades Autónoma, sino que es, además, la cuarta por Producto Interior Bruto. Y ello a pesar de que las inversiones públicas, tanto del estado, como de la Generalitat Valenciana, en la Provincia han sido claramente insuficientes y discriminatorias con respecto a las realizadas en otros territorios, es decir, que Alicante está en el cuarto puesto a pesar de la falta de impulso de las Administraciones Públicas o lo que es lo mismo soportando una pesada losa pública.

Durante mucho tiempo, se ha venido denunciando por parte de una parte de la clase política la discriminación que suponía la escasa inversión anual de los Gobiernos de Zapatero. Según los datos del estudio recientemente publicado de INECA, las inversiones anuales del Estado han venido estando muy por debajo de la media nacional y esta anómala situación, paradójicamente, no se ha corregido en el ejercicio 2013, con el Gobierno del Partido Popular. La inversión del Estado por habitante en la provincia de Alicante en 2013 está un 40% por debajo de la media nacional. Por cada alicantino el Estado invertirá 132,53 euros, lo que supone 90,31 euros menos que la media nacional. Siendo la cuarta provincia en número de habitantes y en PIB, Alicante pasa a la posición 44 si se atiende al número de censados y a la posición 14 si se atiende al PIB. Para que nos hagamos una idea, desde 2008 a 2013, la Provincia de Alicante ha percibido del Estado 1.662 millones de euros menos de lo que debería haber recibido atendiendo a su población.

Y si analizamos las inversiones de la Generalitat Valenciana, de las que no se puede culpar a los gobiernos de Zapatero, nos encontramos con que representando Alicante el 40% de la población de la Comunidad Valenciana en los últimos cinco años sólo ha recibido el 29 % de las inversiones de la Generalitat, es decir, 210 millones de euros menos de lo que le correspondería por su peso poblacional. Señala el estudio de Ineca que entre 2008 y 2012 la Generalitat Valenciana gastó en infraestructuras 802,85 euros por cada castellonense censado; en Valencia la suma equivale a 502,19 euros por persona; mientras que en Alicante la cifra desciende a tan sólo 376,66 euros.

Se trate del Gobierno central o del autonómico, gobierne el PP o el PSOE, se reproduce exactamente la misma tendencia, el mismo criterio de discriminación hacia los alicantinos. No valen excusas, las cifras cantan y las responsabilidades son tan evidentes que es difícil encontrar justificaciones a las mismas.

Pero hay más cifras que ponen en cuestión la justicia y la solidaridad de nuestro actual sistema político en relación al trato que reciben los alicantinos. Un pensionista alicantino recibe de media 741,57 euros mensuales mientras que la media nacional es de 849,60 al mes y la regional es de 781,30 euros. Y en la provincia hay con 293.743 pensionistas. El año pasado los magistrados de la provincia de Alicante recibieron 5.645 procedimientos por desahucios, de los que ordenaron un total de 5.373. A nivel nacional, los magistrados ordenaron 101.304 desalojos a lo largo del año pasado. Los datos colocan a la provincia de Alicante como la tercera de España en lanzamientos de viviendas registradas en los juzgados por lo que también salimos peor parados en la media.

Nos cae ahora, si no se remedia, le decisión del Gobierno de elevar hasta los 400 hm3 la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía recortando entre 40 hm3 y 50 hm3 el caudal anual disponible para trasvasar a Alicante y Murcia, poniendo en serio peligro la continuidad del riego tan esencial para la agricultura de la Provincia. Si escasa y cara es el agua para nuestra agricultura, tampoco encontramos compensación en el agua para consumo doméstico que es una de las más caras de España y la más cara si atendemos al tramo de contadores de 15mm y consumo de 10m3 mensual.

Y si queremos seguir analizando otras cifras nos encontraremos con resultados similares y conclusiones parecidas. Alicante es lo que es gracias a su población, a su sociedad más que gracias a la clase política. Y Alicante podría ser mucho más si no fuera por quienes nos representan y nos gobiernan. Pero, sobre todo, se quedan en el aire algunas preguntas, con estos datos ¿a qué c… se dedican nuestros representantes provinciales? ¿Cómo se puede lograr que Alicante alcance el peso que le corresponde ante la Generalitat o ante el Estado? ¿La Provincia más dinámica, más abierta y cosmopolita de la Comunidad Valenciana puede seguir así indefinidamente?

Santiago de Munck Loyola