Aunque
lo diga el mismo Rey, eso de que todos somos iguales ante la Ley es una simple
mentira, una frase barata políticamente muy correcta pero socialmente poco
creíble. La resolución que acabamos de conocer del caso Pallerols, la trama de
financiación irregular de Unión Democrática de Cataluña, lo ha puesto de
manifiesto con absoluta claridad, añadiendo de paso una palada más de estiércol
sobre la deteriorada imagen de la clase política. Aquí hay dos justicias, dos
leyes, una para los ciudadanos y otra para la clase dirigente entre la que
destaca la clase política. Aquí resulta que se pueden llevar ilegalmente
cientos de miles de euros de la caja pública para financiar a un partido y tras
veinte años de instrucción judicial no pasa nada, nadie va a ir a la cárcel y
nadie dimite en ese partido político. No hay que ir muy lejos para encontrar
casos de ciudadanos normales y corrientes que por mucho menos y para cubrir
necesidades vitales terminan a la sombra durante una larga temporada.
Durante
años, los conmilitones del Sr. Durán Lleida, el veterano e independentista
político democristiano catalán que no hace mucho se permitía el lujo de
calificar de cloaca a la política española, organizaron toda una trama para
recibir dinero público, proveniente de los fondos europeos, a través de una
empresa dedicada a la formación que después desviaba buena parte de ese dinero
a la caja del partido del Sr. Durán Lleida. Pillados con las manos en la masa
han pasado veinte años de proceso judicial, que se dice pronto, y ahora resulta
que los acusados hacen un trato con la fiscalía para devolver 380.000 euros al
erario público y evitar una condena. 380.000 euros que estos sinvergüenzas van
a devolver con una mano mientras con la otra reciben subvenciones públicas
pagadas con el dinero de los contribuyentes a los que previamente habían
sableado. Nadie va a ir a la cárcel. Muy ejemplar. Ni a Felipe II se la ponían
así. Será muy legal, no lo dudo, que la fiscalía llegue a semejante trato, será
muy práctico, sobre todo si tras veinte años de investigación no se tenían
pruebas suficientes para concluir un proceso judicial con garantías de éxito
para la Justicia, pero es, se mire por donde se mire, un infumable pasteleo, un
sospechoso trato que en nada beneficia a la Justicia, a la ejemplaridad y a la
confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de nuestro sistema
democrático.
Y
si indignante es este trato de lujo recibido por estos miembros de la casta
política, indignantes son algunas de las reacciones escuchadas en las últimas
horas por la sencilla razón de que pocos ponen el dedo sobre la llaga y menos
aún los que proponen soluciones para evitar que lo mismo vuelva a repetirse en
el futuro. La primera reacción indignante es la del propio jefe de los
“presuntos chorizos” que en el año 2000 se comprometió a dimitir si se
demostraba que había habido financiación irregular de su partido y que ahora
dice que de lo dicho no hay nada. Gracias al tecnicismo legal y al trato por el
que se evita una condena los independentistas de Unión entienden que no se ha
demostrado que se hayan financiado ilegalmente aunque sí irregularmente y por
eso deben devolver el dinero. ¿Alguien lo entiende?
El
ex Portavoz del Consejo General del Poder Judicial, en plan contemporizador a
ver si se le promociona al Tribunal Constitucional, venía esta mañana a
aleccionar a los oyentes de una emisora explicando que este tipo de trato de la
fiscalía con los presuntos delincuentes es muy habitual en el entorno
anglosajón. ¿Y qué? No estamos en un país anglosajón, sino que nos regimos por
un modelo continental que poco tiene que ver con aquél. Podría explicarnos
también si en ese entorno se tardan también veinte años en instruir un caso a
políticos corruptos ¿no?
Por
su lado el Fiscal General ponía “el grito en el cielo” porque a su juicio se ha
tardado veinte años en instruir este caso. ¿Y se ha enterado ahora? ¿Por qué no
nos cuenta cómo un subordinado suyo ha pactado con los “presuntos chorizos”
esta salida política? ¿Quién, en una estructura jerarquizada como la fiscalía,
ha dado el visto bueno a su subordinado para pastelear de forma tan repugnante?
Los
independentista de ERC, socios parlamentarios de Unión Democrática, han pedido,
con boca pequeña, la dimisión de Durán, pero eso sí sin cuestionarse el seguir
siendo socios políticos de estos corruptos aunque no depuren las
correspondientes responsabilidades políticas.
Y
por último, desde el PP, su Secretaria General ha pedido la dimisión del Sr.
Durán y ha cuestionado su permanencia como Portavoz de Exteriores del Congreso
de los Diputados. Pero uno no tiene más remedio que preguntarse ¿por qué el PP
con mayoría absoluta en el Congreso ha colocado al Sr. Durán, un
independentista, un político que trabaja por la voladura de España, un señor
que califica de cloaca a la política española como representante internacional
del Congreso de un país al que quiere romper? Y siendo así ¿a qué espera el PP
para destituirlo? Hay cosas que sinceramente no se entienden y que indignan día
tras día.
Y lo
peor de todo es que ningún responsable político ha salido a palestra para
explicar qué medidas se van a tomar para que estos escándalos no se vuelvan a
producir o qué reformas legislativas van a impulsar para que un procedimiento
judicial que afecta a la corrupción política no vuelva a dilatarse durante
veinte años. Nada, ni una palabra. Si tomamos como cierto que todos somos
iguales ante la Ley aquí tenemos un claro mensaje: cualquier ciudadanos se
puede llevar de las arcas públicas hasta 380.000 euros con la seguridad de que
en caso de ser pillado tendrá un juicio que durará veinte años y que no irá a
la cárcel si pastelea como es debido con el fiscal de turno. Aunque mucho me
temo que va a ser que no, que lo cierto es que todos somos iguales ante la Ley,
pero unos más que otros.
Santiago
de Munck Loyola