Es evidente que la cercanía a unas elecciones no es el mejor momento para escuchar propuestas sensatas e inteligentes. Es difícil saber a qué se debe. O bien los políticos toman por tontos a la inmensa mayoría de los ciudadanos o realmente son ellos los tontos. El debate en torno al impuesto sobre el patrimonio es un buen ejemplo de ello y está siendo un verdadero espectáculo de incoherencias y demagogias aderezadas con importantes dosis de cinismo político.
Hace pocas semanas, los representantes de las grandes fortunas de Francia hicieron un ofrecimiento para pagar más impuestos con el fin de ayudar a la salida de la crisis en el País vecino. Esta propuesta obtuvo un eco rápido en nuestro país y se reabrió el debate sobre la fiscalidad centrándose, incomprensiblemente, en la necesidad de restablecer el suspendido impuesto sobre el Patrimonio. Enseguida, P. Rubalcaba se apresuró a erigirse en defensor del restablecimiento de este impuesto y nos deleitó con su interpretación teatral de que iba a pedirle al Presidente del Gobierno que lo restableciese. Dicho y hecho. Zapatero cuyo Gobierno, con P. Rubalcaba dentro, había retirado de la circulación en 2007 el citado impuesto porque “hablando con los ricos había comprobado que no lo pagaban” se apresuró a restablecerlo de manera solícita y diligente. Primero iban a recaudar más de 2.000 millones de euros que el candidato socialista iba a destinar a crear empleo juvenil. Después ya no eran tantos millones, parece que sólo iban a recaudar 500, y además iban a servir para pagar deudas de los Ayuntamientos. Todo un record: nunca una cuantía tan indefinible ha servido para tantos agujeros y descosidos. Y todo este circo envuelto además con soflamas y discursos altisonantes: que los que más tienen que paguen más, que los ricos tienen que contribuir más,… El Partido Popular, por su parte, argumentando por boca de sus innumerables portavoces que este impuesto no sirve, que su restablecimiento es dañino para la recuperación, que sólo va a servir para castigar a la clase media ahorradora, etc. En fin, toda clase de razones y argumentos para oponerse al impuesto y cuando llega la hora de la verdad en lugar de votar en contra, el Partido popular se abstiene. ¿Alguien entiende algo?
Así es nuestra clase política. En lugar de desarrollar un debate serio y constructivo, una jaula de grillos que no se sabe muy bien si suben o bajan por la escalera.
Hay algunos hechos y datos que parecen incuestionables en torno al Impuesto sobre el patrimonio. Hay que considerar, en primer lugar, que nuestra economía está al borde de la catástrofe, se diga lo que se diga. Hacen falta ingresos extraordinarios para paliar la pérdida brutal de ingresos que la recesión económica, con sus secuelas, implica para poder sostener unos niveles mínimos de atención social. Y justo es que quienes más tienen, más contribuyan a las cargas económicas del sostenimiento del estado. Pero constituye una demagogia de primer orden y una injusticia social profunda pretender que con el restablecimiento del Impuesto sobre el patrimonio en su actual configuración vaya a lograrse ese objetivo. Este impuesto, tal cual, va a recaer una vez más sobre las clases medias, no sobre los ricos de verdad, no sobre las grandes fortunas. Se ha repetido hasta la saciedad estos días y así lo ha reconocido prácticamente todo el mundo y, sin embargo, nadie ha dado un solo paso para corregir esta tremenda injusticia.
Se va a restablecer el Impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas, no sobre el patrimonio de las personas jurídicas. Las grandes fortunas no tienen patrimonio propio, su patrimonio está en manos de personas jurídicas, de sociedades de distinto tipo, que están exentas de tributar sobre ese Patrimonio.
Los principios constitucionales de igualdad ante la Ley y de justicia y progresividad fiscal quiebran de manera inequívoca con esta precipitada decisión tributaria. ¿Que hay que volver a tributar por el Patrimonio? Vale, pero todos los patrimonios, los de los ciudadanos individuales y los de las sociedades también. Y además tributando de forma progresiva, a más patrimonio mayor tipo impositivo. Todo lo que no sea así es un fraude a la ciudadanía y una burla a la Constitución. Si consideramos además que las famosas SICAV siguen siendo un refugio seguro sin apenas tributación para los multimillonarios no queda más remedio que preguntarse sobre a quienes sirve nuestra clase política. Con que tan sólo tributasen las SICAV un poco más se recaudaría 5 veces la recaudación prevista con el impuesto sobre el Patrimonio. Así de sencillo.
Visto lo visto, si los gobernantes de Cataluña pueden negarse a cumplir las sentencias judiciales sin ninguna consecuencia penal por su desacato, a lo mejor los ciudadanos de a pie también podríamos declararnos insumisos ante una norma fiscal injusta, regresiva e inconstitucional sin tampoco padecer consecuencia negativa alguna. No sé. Habrá que pensarlo.
Santiago de Munck Loyola.
